El gobierno de Macri asumió en medio de una nueva crisis económica, con la promesa de llevar adelante las medidas que la burguesía reclamaba para superarla. El gobierno esperaba que ordenando algunas variables y arreglando con los buitres, la Argentina se volviera atractiva para el capital extranjero. Pero la tan anunciada “lluvia de inversiones” que generaría nuevos puestos de trabajo nunca llegó. Así, la desocupación siguió creciendo.
En ese contexto, la principal meta que se propuso el gobierno para este año es ofrecerla a la burguesía una disminución en los costos laborales. Se trata de un nuevo espiral de degradación al que la burguesía quiere someter a la clase obrera, con la esperanza de estar más cerca de conseguir una fuerza de trabajo a precios chinos de modo de ganar competitividad en el mercado mundial. La burguesía argentina necesita avanzar con esto al igual que sus pares de clase en otros países donde también se está imponiendo una mayor flexibilidad laboral con vistas a reducir los “costos” (India, Francia, Brasil, por ejemplo). Se trata de una disputa inter-burguesa a nivel mundial exacerbada por el curso de la crisis. La táctica para conseguirlo se basa, en principio en tres elementos: una mayor caída del salario real, con la firma de paritarias por debajo de la inflación, la renegociación de los convenios colectivos de trabajo y una disminución de los costos por accidentes de trabajo y por tanto en inversión en seguridad e higiene. Con todo ello, la burguesía se aseguraría una mayor tasa de explotación.
A diferencia del gobierno kirchnerista, el ataque del macrismo es más frontal y profundo. Por un lado, porque está despojado de toda ideología progresista y es más abiertamente anti obrero, y por otro, porque la crisis económica es más apremiante y la burguesía necesita soluciones más urgentes. La clase obrera argentina viene en un espiral descendente desde hace décadas. Macri está buscando hacernos dar otro giro. Y pretende que nos resignemos a ello. Por eso está atacando a las fábricas recuperadas, con los vetos a las expropiaciones y desalojos como sucedió en ADO (ex-Petinari). Es parte del disciplinamiento que quiere imponer frente a la ola de despidos. A los trabajadores que se quedan en la calle les advierte que no va a tolerar las ocupaciones.
Mientras tanto, las centrales sindicales siguen amenazando con tomar alguna medida que nunca llega o lo hace de forma insuficiente. La ola de despidos y la depreciación salarial del 2016 pasó con más pena que gloria para los trabajadores. La lucha de los trabajadores de Conicet para frenar parcial y momentáneamente los despidos, de los de AGR contra el cierre, fueron los primeros mojones de un camino que se empieza a recorrer para ponerle un freno al ajuste. Se trata de luchas defensivas. Pero necesitamos avanzar. No podemos quedarnos esperando que la burocracia decida convocar algún día a un paro general. Esta es una consigna inútil y desmovilizadora. Tenemos que poner en pie una organización independiente y reagrupar fuerzas. Para eso hay que organizar un congreso de militantes y activistas gremiales clasistas que resuelva un plan de lucha nacional y ponga un freno al ataque estamos sufriendo. Solo así evitaremos la debacle y conquistaremos lo que nos merecemos.
