Mariano Schlez
Grupo de Investigación de la Revolución de Mayo – CEICS
La revolución burguesa en América Latina dio origen a regímenes con una fuerte concentración del poder, a importantes ejércitos y a interminables purgas internas. La historiografía académica quiere ver en este proceso una supervivencia de una mentalidad “de antiguo orden” o la aspiración de una “élite” política a su propia reproducción mediante la guerra. Esas afirmaciones tienen dos corolarios. El primero, borrar la lucha de clases y reivindicar las formas “democráticas”. El segundo, deslindar el problema de la revolución y el de la dictadura. En nuestras páginas hemos sostenido que las llamadas “revoluciones de independencia” no son sino episodios de la lucha de clases. Demostramos que en el Río de la Plata una burguesía rural que pugnó por la transformación social. Explicamos las características de clase de aquellos que se opusieron a la revolución. Por último, hemos repasado las acciones que estos llevaron adelante. Sin embargo, aún se nos podría objetar que no hubo una acción sistemática por parte de la corona que justificara la violencia revolucionaria. En última instancia, la monarquía estaba disuelta. Sobre estas hipótesis se asientan los trabajos académicos. Según estos, la intención de la revolución no era romper el vínculo colonial. De hecho, la teoría de la “mascara de Fernando” sería falsa. Echemos un vistazo, entonces, al comportamiento de la metrópoli frente a la revolución.
Los corresponsales
Los primeros llamados de atención a la Península llegaron de parte de los funcionarios americanos. En Nueva España, uno de los primeros en alertar sobre la gestación de un movimiento revolucionario fue un obispo, Manuel Abad Queipo. Sus escritos instaban a la Corte a profundizar el proceso reformista para detener una posible rebelión. Una vez desatada, las reformas dejaron lugar a un plan más radical: dotar al virreinato de 30.000 soldados, designar un nuevo Virrey y suspender el decreto de libertad de imprenta, debido a que “exacerba los ánimos” y permite la circulación de “libelos infames”.1 En Montevideo fue un militar, el Comandante José María Salazar, el que producía oficios regularmente donde describía los incidentes porteños y solicitaba medidas urgentes para pacificar a los rebeldes. Sus propuestas iban desde formar una nueva Corte que rodeara al Virrey, para alejarlo de los influyentes funcionarios locales, hasta el envío de una imprenta, indispensable para ganar la opinión pública y contrarrestar los efectos de la eficaz propaganda revolucionaria. Claro que no despreciaba la importancia de la cuestión militar: recomendaba la llegada de un Estado Mayor y un Gobernador Militar, que debían recomponer la hegemonía debilitada.2 No obstante, el primer programa contrarrevolucionario no lo presentó en Cádiz ni un militar ni un sacerdote. En 1810, José Fernández de Castro, Diputado del Consulado y Comercio de Buenos Aires y representante de los comerciantes monopolistas porteños, entregó al Consejo de Regencia una representación con el primer plan de pacificación del Río de la Plata propuesto a la Corona. En un primer momento, Fernández caracterizó que la Junta porteña no tenía intenciones revolucionarias y que el verdadero peligro era una posible invasión lusitana. Para detenerla, proponía profundizar la reforma del sistema de gobierno peninsular y enviar un ejército de 3.000 hombres, costeados por el comercio de Cádiz, principal interesado en mantener la dominación sobre esos territorios.3 En pocos meses, Fernández de Castro tuvo que reconocer que se había equivocado con respecto a las intenciones del nuevo gobierno porteño. Así, en septiembre, cambió su plan de acción: ahora el ejército debía lanzarse contra los miembros de la Junta y “si se omite, dilata o disminuye el expresado remedio, Buenos Aires, y a su ejemplo toda la América Meridional, se pierden indefectiblemente para la Madre Patria”, advertía.4 A fines de 1810 y principios de 1811, a los pedidos de represión del Cabildo de Montevideo se sumaron también los oidores de Buenos Aires -que habían sido expulsados- y los comerciantes de Lima. Éstos plantearon al Rey que sólo si se enviaba una ayuda de 2.000 hombres para el General Goyeneche se lograría mantener al Virreinato del Perú y sus metales potosinos en manos de la Península.5
Diplomacia y represión
En septiembre de 1810, Fernando VII, convencido que los levantamientos se debían a un desconocimiento de la situación en la península, envió una proclama a América en la que relataba los hechos acaecidos allí y caracterizaba la insurgencia de Caracas y Buenos Aires como una provocación alentada por Bonaparte.6 La debilidad española determinaba que, en un principio, la Corona se concentrara en una salida diplomática. Por eso la proclama apelaba a la lealtad popular y a los intelectuales orgánicos del Régimen, los obispos, para que recurrieran a la Fe y mantuvieran a los súbditos en el debido orden. Esta salida fue fomentada, desde las Cortes de Cádiz, por los diputados americanos: su principal objetivo era detener cualquier intento de represión. Pero obtuvieron un éxito a medias: en octubre de 1810, las Cortes ordenaron “que no se proceda por el Gobierno a usar de rigor contra los pueblos de América, donde se han manifestado turbulencias o disgustos”.7 Sin embargo, los burócratas peninsulares no se fiaron totalmente de los diputados, por lo que también decretaron “que las Cortes se informen de lo que el Gobierno sepa en este punto y de las medidas que haya tomado”. La Corona ya visualizaba a sus principales enemigos: en la sesión secreta del 13 de noviembre se solicitó un informe sobre las pretensiones de los hacendados de Buenos Aires y de su relación con el comercio inglés.8 En 1811, la Secretaría del Consejo de Indias elevó a la Regencia un expediente que incluía varios planes de pacificación.9 Ante la evidencia de que ni la diplomacia ni la mediación británica detenían a los revoltosos, los comerciantes gaditanos lograron imponer una salida militar, obligando al Consejo de Regencia a crear la Comisión de Arbitrios y Reemplazos, con sede en Cádiz, formada por los mismos integrantes del Tribunal, más nueve comerciantes. El Consulado de Cádiz quedaba a cargo de la preparación y financiamiento de las expediciones armadas a América, por lo que propuso crear un fondo de ocho millones de reales para vestuarios, raciones y premios a los dueños de buques mercantes que transportaran tropas. Los fondos se obtendrían con un viejo método monopolista: préstamos, amortizados con recargos a las mercaderías del tráfico americano y a los metales preciosos americanos. La mayor parte de los fondos debían ser provistos por los Consulados americanos. Esto destaca la importancia de que los revolucionarios porteños hayan logrado imponer su hegemonía en el Consulado de Buenos Aires, que no estaría dispuesto a colaborar en tal empresa.10 En siete días el proyecto estaba aprobado. Entre 1811 y 1812, siete expediciones militares, con 6.882 soldados, partieron hacia América con el objetivo de recuperar el continente para el Rey. En 1814, la Restauración llevó nuevamente al trono español a Fernando VII. El monarca Borbón declaró nula la Constitución y todos los decretos de las Cortes. Luego de asesorarse de la coyuntura americana, relanzó el combate contra las revoluciones americanas a través de cuatro expediciones a Caracas, Portobelo, Montevideo y Lima. En el cuadro puede verse la envergadura del intento de la monarquía por reconquistar sus posesiones. La empresa más importante fue comandada por Pablo Morillo quien salió de España, en febrero de 1815. Públicamente se dirigía al Río de la Plata pero, una vez en altamar, se comunicó que viajaba hacia la Capitanía General de Caracas. Este ocultamiento, que le valió a la Corona numerosas críticas de quienes consideraban prioritario reimponer la autoridad en Buenos Aires, habría sido a causa de la Comisión de Arbitrios y Reemplazos: los comerciantes gaditanos sólo destinarían su dinero a la reconquista del Río de la Plata, que le devolvería la llave de sus rutas y mercados. La llegada de Morillo a América consolidó la dominación española en Nueva Granada, Quito, Tacna, Huánaco y Cuzco. Para 1816, sólo la revolución porteña se mantenía en pie. Buenos Aires, supo ser, en aquel entonces, el centro revolucionario del continente y debía comportarse como tal.
Totalitarios prudentes
Este breve acercamiento nos permitió observar que detrás de la contrarrevolución española se encontraba una clase social, particularmente interesada en mantener sus privilegios: los comerciantes monopolistas. Junto a ellos, toda una serie de funcionarios dependientes del Estado feudal -militares, sacerdotes, oidores- reclamaban una represión a sangre y fuego del movimiento revolucionario. También la Corona reconocía, detrás de “la máscara de Fernando”, al corazón de los rebeldes rioplatenses. Ante semejante evidencia, cuesta creer que aún haya historiadores que soslayen la dureza de enfrentamiento. Las dictaduras revolucionarias tuvieron un fundamento en la lucha de clases. La revolución debía ser implacable si quería sobrevivir. En algunos lugares (Chile, Nueva Granada, Venezuela) los compromisos debilitaron la empresa. En el Río de la Plata, en cambio, la guerra se declaró desde el primer día. En 1816, la amenaza no era ninguna ilusión. Ese año, las provincias declaran la independencia y se crea un poder ejecutivo fuerte a cargo de Juan Martín de Pueyrredón, un cuadro militar y, casualmente, un gran hacendado…
Notas
1 Abad Queipo, Manuel: Colección de los escritos más importantes que en diferentes épocas dirigió al gobierno, México, 1813 y De Manuel Abad Queipo a Francisco Javier Venegas, Valladolid de Michoacán, 20 de junio de 1811, en Heredia, Edmundo: Planes españoles para reconquistar Hispanoamérica, Buenos Aires, Eudeba, 1974, pp. 42-43.
2 De José María Salazar a Gabriel de Ciscar, Montevideo, 21 de julio de 1810, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 9.
3 De José Fernández de Castro al Consejo de Regencia, Cádiz, 30 de agosto de 1810, AGI, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 10.
4 De José Fernández de Castro al Consejo de Regencia, Cádiz, 16 de septiembre de 1810, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 11.
5 Del Cabildo de Montevideo al Consejo de Regencia, Montevideo, 6 de noviembre de 1810; De Francisco Tomás de Ansotegui, Manuel de Velazco, Manuel José de Reyes, Manuel Genaro de Villota y Antonio Caspe y Rodríguez al Consejo de Regencia, Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre de 1810; De comerciantes de Lima al Regente, noviembre de 1811, en Heredia, Edmundo: op. cit., pp. 12 y 69.
6 A los Españoles Vasallos de Fernando VII en las Indias, Imprenta Real, Cádiz, 6 de septiembre de 1810, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 6.
7 Sesión del día 3 de octubre de 1810, Diario de Sesiones, t. I, p. 21, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 21.
8 Sesión secreta del 13 de noviembre de 1810, Actas de las Sesiones Secretas, p. 57, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 22.
9 Certificación de lo que resulta en la Secretaría del Consejo de Indias sobre conmociones de América, Cádiz, 30 de enero de 1811, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 5.
10Schlez, Mariano: “Un enemigo ejemplar”, en El Aromo, n° 41, Marzo-Abril de 2008.
