Salir del paso. Las retenciones y la debilidad del superávit fiscal
Fernando Dachevsky
Observatorio Marxista de Estadística-CEICS
El manejo del superávit explica el margen de maniobra que tuvo Kirchner durante todo su gobierno. Sin embargo, sostenerlo se está volviendo una tarea cada vez más difícil. De cara a esta situación, la administración K cierra el año aplicando medidas que le permitan evadir, por el momento, el problema. Sin embargo, lejos están de solucionar las contradicciones de la economía argentina
El problema
Si tomamos el superávit acumulado durante 2007, encontramos que el gobierno aplicó medidas extraordinarias para evitar la caída del mismo con relación al año anterior. Una de ellas fue la refor- ma previsional de mitad de año, que implicó una transferencia de recursos hacia el Estado por $7.266 millones.1 Para dar cuenta de lo que significa la cifra, si excluyésemos los recursos transfe- ridos por la reforma, el superávit acumulado a septiembre de 2007 ascendería a $15.572 millones. Es decir, sería un 32% inferior a la medición oficial e incluso un 19% por debajo del acumulado durante el mismo período de 2006.
La cuestión aquí es dilucidar qué está minando el superávit primario. El problema no radicaría en un estancamiento de los ingresos recaudados. De hecho, si tomamos los ingresos acumulados, aun excluyendo las contribuciones a la seguridad social, nos encontramos con un aumento del 30%. El problema está en el crecimiento del gasto, que alcanza un acumulado a septiembre que supera el 40%.2
Lo que impulsó el gasto público fueron principalmente dos cuestiones. En primera instancia, al aumento de jubilaciones. Esta variable explica el 43% del aumento, pero también, está el incremento de las transferencias corrientes, con un 26% de participación en la suba. Este último rubro se constituye principalmente por subsidios que apuntaron a contener las tarifas y a menguar los efectos de la crisis energética. En ambos ca- sos se trata de medidas que apa- recen como una política de mejora en la distribución del ingreso o en un rol activo en el impulso a la expansión industrial. Sin embargo, se trata más que nada de una respuesta ante el proceso inflacionario actual.
Las retenciones al agro
La inflación seguirá presionando hacia arriba el gasto primario durante el año que viene. Consciente de esto, el gobierno se vio en la necesidad de aplicar más medidas para tratar de apuntalar el superávit con ingresos extraordinarios: retenciones al agro y al petróleo. A los cuales, al cierre de esta edición, se sumaba la posibilidad de incluir a los minerales y a sus derivados. Los aumentos en el nivel de retenciones agrarias recayeron sobre la soja, el trigo, el maíz y el girasol. Los aumentos oscilaron entre 5 y 10 puntos porcentuales para los granos y derivados. Sin embargo, el eje de la discusión se cierne sobre la soja dado que constituye el principal producto de exportación.
En el caso de la exportación sojera, se observa una tendencia a que las exportaciones se centren en procesados (aceites y harinas), dejando atrás la exportación del poroto. Es importante dar cuen- ta de esta cuestión para entender qué significa el argumento del gobierno de que las retenciones ayudarán a contener los precios internos. El principal consumidor interno de poroto de soja no es la clase obrera argentina, que apenas se come el 5% de la cosecha, sino las empresas procesado- ras de granos apostadas sobre el Paraná.3
Las retenciones aplicadas a las exportaciones agrarias, a la vez que evidencian la necesidad del gobierno de asegurar el superávit, constituyen una muestra del falso enfrentamiento entre el gobierno “nacional y popular” y la “oligarquía” sojera. Si bien hace más de un mes que el aumento de las retenciones está en boca de todos, el elenco K demoró el cierre del re- gistro de exportaciones de soja, lo cual permitió que más de la mitad de las declaraciones se hicieran cuando se presuponía el aumento. A partir de una denuncia presentada por Claudio Lozano, se observa que, de esta forma, fueron declaradas 18.791.000 tns. de soja. Sin embargo, sólo 4.566.000 toneladas habrían sido compradas bajo el régimen anterior, cuando el registro fue cerrado. Así, quedaron 14.225.000 de tns. de soja que ni siquiera fue sembrada y que al momento de su comercialización no se verá afectada por el nuevo nivel de retenciones. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, que las retenciones recién tendrán impacto pleno en la co- secha del 2009.4 Por otro lado, implicarán, en lo inmediato, un beneficio impositivo cercano a los US$ 400 millones para las empresas procesadoras. Éstas recibirán, a su vez, un beneficio extra: lo procesado con las toneladas declaradas por anticipado podrán venderlo al mercado internacio- nal con el nivel de retenciones anterior; sin embargo, podrán comprar esas 14.225.000 de tns. a un precio menor al vigente (previo al aumento) y correspondiente al nivel actual de retenciones.
La pregunta aquí es a qué inte- reses afecta el nuevo esquema. El silencio de las procesadoras frente a las nuevas medidas es indicador de que permanecen in- demnes frente a las retenciones. No se puede decir que las nuevas retenciones estén afectando gran- des intereses. Sólo el incremento en el precio internacional permite un ingreso por tonelada, neto de retención, todavía mayor al del 2006, a pesar de haber entonces una tasa más baja. El mayor precio significa un aumento en la renta apropiable, sobre la cual podría avanzar el Estado. Aunque el gobierno decida no hacerlo. A su vez, hay que dar cuenta del efecto que la devaluación tiene en los ingresos de la burguesía sojera; no sólo el pasaje del 1 a 1 al 3 a 1 posterior a la crisis de 2001, sino que las minidevaluaciones que le sucedieron. Si comparamos la cotización de la moneda nacional en noviembre de 2007 con relación al mismo período de 2006, se devaluó en un 2,9%, pasando de un $3,06 por dólar a $3,15. Cada movimiento devaluatorio del peso implica, en lo inmediato, un beneficio extra para todos los exportadores. En este sentido, una medición más fina debería expli- car si la recaudación estatal, vía retenciones, implica algún recorte real de la renta diferencial percibida por los terratenientes y los capitales agrarios, o se trata sólo de una recirculación de riqueza que viene a compensar las ventajas que otorga el tipo de cambio devaluado.
Lo dicho hasta aquí podría sintetizarse en la siguiente afirmación: hay una masa de renta disputable entre los que “trabajan” la tierra, las procesadoras y el Estado. Esta renta apropiable consiste de una porción de riqueza por encima de la ganancia media del capital, cuya apropiación por sectores ajenos al agro no compromete la reproducción del capital agrario. Constituye un ingreso extraordinario que brota de la alta productividad del agro argentino. Según un informe elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, los productores sojeros argentinos trabajarían, en la actualidad, con la mitad de costos de los productores norteamericanos.5 De hecho, Estados Unidos produce más soja que Argentina (tercera después de EEUU y Brasil) pero, al igual que Brasil, una reducida parte es exportada debido al mayor consumo doméstico y sus mayores costos. A su vez, a diferencia de Estados Unidos, que dirige sus exportaciones a países limítrofes, Argentina puede colocar sus productos en cualquier parte del mundo. Esto le permite dominar el mercado chino e indio. En concreto, se estima que el incremento que surge de las nue- vas retenciones debiera forman una caja de US$ 2.000 millones.6 De estos, US$ 400 millones ya tienen dueño y son las exportadoras de productos procesados. Los US$ 1.600 millones restantes formarán parte del incremento recaudatorio que percibirá el Estado para afrontar el gasto del año del 2008.
… y al petróleo
Para el caso del petróleo, el nuevo esquema determina que en el momento que en el precio internacional se ubique por encima de los US$ 60,9 por barril y el exportador obtenga una suma fija de US$45 dólares. El resto será transferido al Estado nacional vía retenciones. Si bien, con el precio actual del barril (en torno a los US$ 100) la tasa de retención sería de 55%, es decir, bastante superior a la de los cultivos agrícolas, el margen de apropiación estatal de renta vía retenciones es menor que en el agro. Sucede que, en contraste con la situación expansiva del agro, las exportaciones argentinas de petróleo vienen sufriendo una importante caída que se arrastra ya por siete años. Desde el año 2000, se redujeron en un 61%.7 Aquí hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, la menor exportación se explica porque las petroleras buscan escaparle a las tasas de retención más altas que tiene el producto sin procesar. Así, aumentó la exportación de derivados al punto de que en la actualidad sólo el 8% del petróleo exportado está en estado crudo.8 Esta cifra tenderá a disminuir con el nuevo esquema impositivo. Esto es, en cierta medida, similar a lo que sucede en el agro. Allí, las exportaciones de aceite y de harinas crecen, mientras que las de granos caen. En el petróleo, no obstante, sucede de manera más pronunciada. Por esta razón, el aumento las retenciones es esta rama no tendrá un efecto significativo en recaudación fiscal. La clave está en el aumento a las retenciones en combustibles que pasarán de un 5% a un 45%. En lo inmediato el nuevo esquema le significará al gobierno un incremento en la recaudación de u$s 800 millones.9 Sin embargo, es de esperar que su eficacia recaudatoria decrezca dado que las ex- portaciones en derivados también tenderán a contraerse.
Por otro lado, resulta clave dar cuenta que, a diferencia de la soja, el petróleo presenta una situación de contracción general. Es que la producción nacional de crudo viene en caída desde 2001.10 A su vez, la capacidad interna de procesamiento está llegando a un límite crítico, siendo la rama de mayor utilización de su capacidad instalada (93,1%).11 Otro elemento im- portante que diferencia el caso de la soja respecto del petróleo es la composición del mercado interno. Mientras la demanda local de productos derivados de la soja es baja en proporción (y en ningún momento llega a comprometer los saldos para exportación), en el caso del petróleo, el incremento en la demanda local de nafta redujo a menos de la mitad su exportación durante este año con relación al anterior.12
Una bocanada de aire
El acelerado crecimiento del gasto primario compromete el superávit fiscal y, por lo tanto, al pilar que sostuvo a Néstor y el que, se pretende, haga lo propio con Cristina. Frente a esto, el gobierno debió cerrar el año pegando manotazos al agro y al petróleo. Esto le significará, para el año entrante, un plus estimado en u$s 2.400 millones. En el caso del agro, la posibilidad de mantener mecanismos de apropiación de renta estará sujeta al devenir del precio internacional. Mientras que en el petróleo la perspectiva es más acotada, debido a la situación crítica de su producción en la actualidad. No obstante, vale señalar que en ninguno de los dos casos el gobierno logrará revertir el problema que lo condujo a implementar el aumento en las retenciones: el crecimiento del gasto alimentado por efecto de la inflación. En definitiva, lo único que se logró fue salir del paso. Momentáneamente.
Notas
1En base a Economía & Regiones: “Superávit fiscal del sector público nacional”, Newsletter, septiembre de 2007.
2Economía & Regiones: op. cit.
3USDA: Internacional Trade Report, 2006.
4Castiñeira, Ramiro: “Contexto exter- no y retenciones revierten el deterioro del superávit fiscal”, Econométrica, Noviembre de 2007.
5Deese, William, Reeder, John: “Ex- port taxes on agricultural products: recent history end economic modeling of soybean export taxes in Argentina”, Journal of International Commerce and Economics, sept., 2007, p 7.
6Castiñeira, Ramiro: op. cit.
7En base a Instituto Argentino de Pe- tróleo y Gas (IAPG).
8Castiñeira, Ramiro: op. cit. 9Castiñeira, Ramiro: op. cit. 10En base a IAPG
11INDEC: Utilización de la capacidad instalada en la industria, Octubre de 2007.
12Castiñeira, Ramiro: op. cit.
