Suspensiones, despidos y el ataque de la burocracia K.
¿Usted cree que el asunto de las suspensiones es pasajero y que los despidos son aislados? ¿El problema es la izquierda que toma fábricas? En esta nota le contamos a quién está afectando la crisis y por qué mejor apoyar a los compañeros que cortan rutas.
Por Ianina Harari (TES – CEICS)
La crisis que comenzó a fines del año pasado, lejos de superarse, se profundiza cada vez más. Con ella, los puestos de trabajo de miles de obreros argentinos comenzaron a peligrar. Para el gobierno, se trata de una campaña mediática exagerada. Para los sindicatos, un pequeño abuso de las empresas que hay que tolerar. En el medio, cientos de trabajadores desesperados salen a buscar soluciones. Veamos con qué se encuentran.
La espiral
A fines de 2008, comenzaron a sentirse los primeros quiebres del modelo. Tras el conflicto del campo, quedó evidenciada la fragilidad de la expansión industrial posterior a 2003. La ola de suspensiones en ese momento pareció disiparse a fuerza de subsidios. A fines de 2011 y comienzos de 2012, nuevamente aparecieron las cesantías. Otra vez, el Gobierno salió a repartir dinero. De esa forma pareció frenar los problemas y de la conflictividad en ascenso. Sin embargo, la crisis estaba instalada. Los aumentos pactados en paritarias perdieron impulso. Desde el 2010 el incremento del salario real se desaceleró para finalmente revertirse en 2013.1
El cepo cambiario y la devaluación agravaron las dificultades en lugar de solucionarlas. Los primeros síntomas de estancamiento comenzaron a dejar obreros en la calle. Según informó el propio INDEC, la actividad industrial del país viene en caída constante desde noviembre de 2013.2 La cantidad de obreros que quedaron en la calle o que fueron suspendidos es difícil de estimar ante la falta oficial de cifras. Hay ciertos indicadores que permiten estimar la magnitud de la crisis. Por ejemplo, la consultora Tendencias Económicas contabilizaba que, en febrero de 2012, 6.605 habían perdido su trabajo y 5.775 habían sido suspendidos. Para el mismo mes de este año las cifras son de 4.758 despidos y 7.246 suspensiones.
Sin embargo, si se observan las cifras posteriores, los números crecen vertiginosamente. Tan sólo en el promocionado “polo tecnológico” de Tierra del Fuego, se han producido 5 mil despidos. A comienzos de 2012 la pérdida de trabajos en ese sector había sido de 4 mil. Claro que la patronal, el gobierno y el sindicato –UOM-, no los contabilizan como tales porque se trata de 4 mil obreros a los que no se les renovó su contrato y a mil que trabajaban para empresas tercerizadas, es decir que estaban bajo una relación laboral temporaria. Ello da cuenta que el “boom electrónico” se sustentó en condiciones sumamente precarias para los obreros. Los contratos temporales permitieron a las empresas poder utilizarlos según los ciclos económicos. Se trata de lo que llamamos sobrepoblación relativa fluctuante ocupada en una industria que subsiste con subsidios y depende de lo que el gobierno le permita importar. Por ello la situación se agravó en abril cuando, a la crisis desatada a fines del año pasado, se sumó la orden de Kiciloff de disminuir las importaciones del sector un 20%, lo cual genera la caída de su producción.
En la industria automotriz, cuya producción cayó un 22% los primeros cinco meses del año, el propio gremio reconoce que desde principio de año las suspensiones afectaron a 15 mil trabajadores entre terminales y autopartistas, es decir un 16% del total de trabajadores del sector. No es de extrañar que nadie hable de las cifras de despedidos. Al igual que sucede en otras industrias, contabilizar la cantidad de puestos de trabajo perdidos resulta difícil, porque se trata de despidos hormigas y encubiertos: jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, no renovación de contratos. Por ejemplo, en Volkswagen el SMATA y el gobierno acordaron en mayo la jubilación anticipada de 320 trabajadores, aunque ya en abril se había denunciado el despido de 100. Todas las automotrices programaron suspensiones, a excepción de Toyota, la única que no vio desplomar sus ventas.
La caída de las terminales no tardó en repercutir en las autopartistas. Lo despidos en Kromberg, Gestamp y Lear, de mayor repercusión pública, no fueron los únicos. Entre otros casos, en la firma Treves se echaron a 20 trabajadores de forma escalonada durante el primer trimestre. A fines de junio, el depósito de neumáticos de Pirelli –perteneciente al sector de logística y agremiados en Camioneros-, ubicado en las cercanías de la planta de Mercedes Benz y proveedor de ésta, cerró dejando 80 trabajadores en la calle. A comienzos de julio, la metalúrgica Visteon, proveedora de Ford y Volkswagen, también cerró dejando en la calle 290 trabajdores. En Córdoba, la UOM local denunció cerca de 200 despidos en las autopartistas de la provincia en lo que va del año. Por ejemplo, la firma Montich no renovó el contrato de 35 obreros y despidió a una cifra similar de trabajadores de planta. Y Valeo, a 45 trabajadores. Se calcula que en esa provincia hay cerca de 3.000 suspendidos. Ante este panorama, el Gobierno lanzó un plan para intentar mitigar la crisis del sector automotriz, el Pro. Cre.Auto. Pero a diez días de su implementación, las automotrices planeaban mantener sus esquemas de suspensiones durante el mes de julio.
El sector automotriz y el metalúrgico no fueron los únicos afectados. En los frigoríficos se registran más de 2.000 despidos en lo que va del año. En la vitivinicultura de Mendoza también se produjeron cesantías: al menos 60 trabajadores fueron despedidos. En el sector alimenticio, la Oleaginosa Moreno, de General Villegas, paralizó la producción de su planta. La azucarera Ledesma despidió 180 trabajadores de su ingenio en El Talar. Esta escena se repite en casi todos los sectores, incluso el público, en especial el municipal. Por ejemplo, en Santiago del Estero, en La Banda, no se renovó el contrato de 45 trabajadores del policlínico local.
No hay peor ciego…
A diferencias de años anteriores, donde el gobierno buscaba paliar la situación con la extensión de los planes REPRO y subsidios a empresas en crisis, este año el Gobierno buscó minimizar la situación y reprimir las luchas. El mismo ministro Tomada declaró que el nivel de empleo se mantiene estable y que se trata de una situación transitoria acotada a la industria automotriz. Es claro que la falta de recursos para palear la crisis laboral lleva a los K a intentar tapar el sol con la mano.
Uno de los argumentos que se han esgrimido para negar la magnitud del problema es que no se han presentado un número significativo de procedimientos preventivos de crisis (PPC). Tomada argumentó que, desde enero hasta mediados de mayo, sólo ingresaron 17 solicitudes de este procedimiento y sólo una correspondía a una autopartista e involucraba a siete trabajadores. Sin embargo, esta cifra no resulta un buen indicador.
El PPC es un trámite que las empresas deben realizar en caso de querer suspender o despedir personal por una caída en la actividad por motivos relacionados con una crisis del sector. En esos casos se realiza una presentación al Ministerio de Trabajo que media entre la patronal y el sindicato para acordar las medidas a seguir.
Pero, como toda ley, ésta también tiene su trampa. Las empresas pueden eludir la presentación de PPC. Por empezar, esta presentación sólo es obligatoria cuando afecta a un determinado porcentaje, según el tamaño de la empresa: más del 15% del personal en empresas de menos de 400 empleados; más del 10% si cuenta entre 400 y 1.000 trabajadores, y más del 5% para firmas con más de 1.000 trabajadores (Ley 24.013, Artículo 98°). Ahora bien, estos requisitos son fácilmente sorteables. Por ejemplo, cuando la empresa no tiene a todo el personal registrado o bien tiene contratados o tercerizados. Otra cuestión es si la empresa, por ejemplo, implementa suspensiones rotativas sin afectar al mismo tiempo a la cantidad de trabajadores que sanciona la ley, entonces queda exenta de presentar el PPC. Por otro lado, la legislación no establece claras sanciones en caso de no cumplir con este procedimiento. En caso de realizar la presentación, ello no garantiza a la empresa un resguardo legal sobre la justificación de los despidos, si se llegase a ellos. Es decir, se supone que mediante el PPC los despidos de trabajadores pasan a tener una causa justificada. Sin embargo, la justicia ha tomado incluso despidos bajo esta modalidad como injustificados. Al existir jurisprudencia sobre estos casos a favor del trabajador y al no estar establecidas sanciones claras en caso de no presentar los PPC, no existe demasiado incentivo para buscar la mediación del Ministerio de Trabajo. Quizás por ello, no necesariamente todos los casos de despidos y suspensiones sigan la vía del PPC.
De todas formas, la utilización de esta herramienta no implica un beneficio a los trabajadores, sino que consiste en una forma legal para que las empresas puedan despedir con causa justificada. Es más, la aplicación de este recurso impone la prohibición de llevar adelante acciones de lucha por parte de los trabajadores, como ocurre en el caso de la gráfica Donnelley. Toda una declaración de principios sobre cómo los capitales –y el Estado-buscan recuperarse de las crisis.
¿Y dónde está el piloto?
No resulta llamativo, en este marco, que la conflictividad obrera aumente. En efecto, según la estadística del Observatorio del Derecho Social de la CTA, en el primer trimestre de 2014, se produjeron 318 conflictos laborales. De mantenerse este nivel de conflictividad, este año sería uno de los más álgidos de la era kircnerista hasta el momento. De hecho estaría en línea con una tendencia al aumento de los conflictos obreros en los últimos años: 432 en 2009, 385 en 2010, 754 en 2011, 726 en 2012 y 1.078 en 2013.
Si se contabilizan las causas de los conflictos, la cantidad que se desata por la crisis –retraso salarial, despidos, suspensiones- viene también incrementándose. Sin embargo, el porcentaje de este motivo en la totalidad de las causas viene decayendo desde 2009. Si en 2009 la crisis aparecía en el 44% de los conflictos, esta cifra fue del 41% en 2010, 33% en 2011, 28,7% en 2013. El primer trimestre de este año el porcentaje se ubica en el 27.6%.3 Esta tendencia resulta llamativa si se tiene en cuenta que, si bien 2009 fue año crítico, 2013 y lo que transcurrió de 2014 fueron escenario de un estallido económico. Una posible explicación es que el aumento de conflictos haya estado motorizado principalmente por reclamos salariales en función del incremento de la inflación. De hecho, en el primer trimestre de este año las demandas relacionadas con los sueldos aparecieron en el 60% de los conflictos.
Esto nos lleva a reflexionar sobre algo que Cristina dijo hace poco a propósito del paro del 10A. La presidenta se refirió a que los obreros protestan cuando les va bien y no hacen nada cuando les va mal. En parte, el hecho de contar con condiciones económicas favorables, que aseguran cierta estabilidad, otorga a los obreros mayor capacidad de negociación frente a la patronal. En cambio, un momento de crisis, donde el empleo está amenazado, los obreros se sienten más debilitados frente a una amenaza de despidos. Es decir, cambia la correlación de fuerzas. Será cuando pierdan todo que finalmente también perderán el miedo. Es allí de donde surge el movimiento piquetero.
Ahora bien, los conflictos que se dieron por la crisis parecen tener en común la ausencia de los sindicatos, a excepción de algunas regionales de la UOM: Tierra del Fuego y Córdoba. Los dirigentes sindicales vienen desentendiéndose de la situación. La UOM cordobesa realizó un paro el 28 de mayo que pareció contar con el visto bueno de Caló. Esta seccional se encontraba jaqueada por el aumento de la conflictividad en la provincia, donde a principio de año se tomaron tres autopartistas. El SMATA local, en cambio, se negó a realizar medidas. En Tierra del Fuego, la UOM no organizó ninguna acción de lucha, aunque los trabajadores sí se manifestaron. Para el gremio que lidera la CGT oficial, no se trató de despidos, sino de no renovación contractual y, por lo tanto, no tendría nada para reclamar. El también oficialista SMATA no sólo no llevó adelante ningún reclamo sobre la situación de sus afiliados, sino que incluso atacó abiertamente, en los medios y a través de una solicitada a quienes sí reclamaron por sus puestos de trabajo. Su oposición a los obreros que lucharon no fueron sólo declamativas, sino que incluso organizó patotas contra ellos. En tanto, el sindicalismo opositor, quizás porque aún no se vio afectado del todo por la crisis, sigue más preocupado por las paritarias y el problema de ganancias, por lo cual plantean convocar a alguna medida luego del mundial-.
La izquierda es quien más ha capitalizado esta situación, recogiendo el fruto de años de trabajo gremial y de la presencia en la política nacional que ha ganado luego de las últimas elecciones. No sólo se encuentra dirigiendo conflictos importantes, sino que incluso ha sido reconocida como oponente por la burocracia sindical. Pero, parece que incluso este suelo fértil no alcanza para lograr una mayor unificación del trotskismo argentino, cuyos partidos no sólo se rehúsan a la fusión partidaria, sino incluso a la coordinación sindical más estable y profunda. Se han visto marchas conjuntas y solidaridad en cada lucha. Sin embargo, la unidad no trasciende estas instancias. Frente a la crisis del capital, hay que reclamar su reemplazo: si la burguesía no puede llevar adelante la producción, entonces es la clase obrera la que debe tomarla en su poder, para concentrarla y llevarla a otros niveles de productividad, incluso pensando en términos continentales. Claro, para eso necesita del Estado. Como el problema es político, la izquierda debe plantear una solución política. La agudización de la crisis debiera impulsar a los partidos a buscar una mayor coordinación en la dirección de los obreros que han roto (y la los que lo harán) con la burocracia y el kirchnerismo.
Notas
1 En base a datos elaborados por el Observatorio Marxista de Economía.
2 INDEC Informa, nº 6, año 19, Junio de 2014.
3 Elaboración propia en base a: Observatorio del Derecho Social CTA: Informe anual 2009; Informe anual 2010; Informe anual 2011; Informe anual 2013 e Informe I trimestre 2014.
