A poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó a una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más militantes, por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al dialogo.
Rodolfo Leyes
GICOA-CEICS
El escenario
Pocos años antes de la revolución de 1943, la economía argentina comenzaba a superar los efectos más duros de la crisis. La desocupación iba quedando atrás en su centro político y económico, mientras las fuerzas del capitalismo continuaban desarrollando sus tendencias a la creación de una población sobrante en las provincias agro-pampeanas.[1] La recuperación del trabajo vino acompañado por un crecimiento de las organizaciones obreras y, para espanto de la clase dominante, bajo el signo del Partido Comunista.
El desarrollo de la Segunda Guerra mundial, permitió a los productos agrarios argentinos encontrar mercados demandantes, mientras, las complicaciones en la provisión de insumos manufacturados planteaba un escenario más complejo para la industria liviana, que continuaba su crecimiento iniciado en la década del ‘20. Con el fin de la guerra, la preocupación de la clase dominante giraba en torno a las reacciones esperables de una clase obrera fortalecida por años de bonanza, pero que iba a enfrentarse a un escenario con características inversas.
Una política detrás del golpe
Es por todos aceptado que el golpe de Estado de 1943 fue encabezado por un grupo de militares pertenecientes a una pseudo-logia llamada “Grupo de Oficiales Unidos” o “Grupo de Obra Unificada”, según el autor que se consulte. Dicha logia, más conocida por sus siglas como GOU, había desarrollado sus bases con un fuerte acento en el avance del “peligro rojo”. Una supuesta revolución comunista en Argentina se aproximaba, facilitada por la posible victoria en las urnas del Frente Popular (la Unión Democrática). Como casos testigos se indicaba a Chile y a España. Para detener el avance era necesario embestir contra los cuadros vinculados al mundo del trabajo. Atacar a las cabezas del movimiento obrero que podía ser sindicado como revolucionario. Esa era una de las principales tareas a desarrollar.
A poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó a practicar lo que Juan Carlos Torre llamó una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más militantes; por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al dialogo. Se cerró la CGT nº2 que respondía a los comunistas, a favor de la CGT nº1, comandada por los socialistas. Se encarceló a los dirigentes más importantes, se cerraron diarios y se intervinieron sindicatos, incluyendo la nada revolucionaria Unión Ferroviaria.
Vigilar y castigar
En las provincias, la política del gobierno militar fue nombrar interventores. En el caso entrerriano, la intervención produjo medidas que intentaban abaratar el costo de vida, como el control de los precios de los alquileres, control de los precios de la carne y la leche, etc.[2] pero pronto, el control de la economía dio paso al control de las ideas y de los hombres. El nuevo interventor destacado, Ernesto Ramírez, hermano del General Pedro Ramírez -ambos entrerrianos de La Paz- dictó resoluciones para controlar la libertad de prensa y especialmente, aplicó el decreto de represión de las actividades comunistas, cuando no se había cumplido un mes del golpe.
Las clausuras de los sindicatos de panaderos, de obreros de la madera y la construcción de Paraná, se informaban, junto a los cierres de sedes gremiales en Concordia, Basavilbaso, Villa Domínguez, Rosario del Tala y otras, aunque sin especificar qué sindicatos. También se cerraron los locales de organizaciones vinculadas al Partido Comunista y Socialista, como “Italia Libre” y el “Comité femenino de apoyo a los Aliados”.
Acto seguido, fueron apresados más de una centena de militantes, de los que prolijamente fueron publicados sus nombres y apellidos. Sólo en la localidad de Gualeguay, casi una treintena de trabajadores fueron detenidos y conducidos a Paraná.[3] Dentro de la lista de “conocidos comunistas”, aparecen algunos destacados, como Juan Balsechi, líder del sindicalismo puro de Concepción del Uruguay, detenido y mantenido preso durante un mes, hasta conseguir la libertad condicional.[4] El caso de Balsechi es paradigmático en cuanto no se trata de un comunista, ni siquiera miembro del Partido Socialista, sino de un sindicalista a secas, acusado de vinculaciones con el radicalismo provincial:
“Días pasados consignamos la noticia de la detención de José Balsechi, conocido dirigente comunista de Concepción del Uruguay. Es interesante recordar como una prueba más de las estrechas concomitancias del radicalismo oficialista con el comunismo en Entre Ríos-, que días antes de la proclamación de la candidatura del Dr. Laurencena [UCR] en aquella ciudad, Balsechi había sido detenido en la Subprefectura y puesto a disposición de las autoridades nacionales, siendo puesto en libertad por el ministro del Interior, Dr. Culaciati, momentos antes del banquete servido en honor del candidato a la segunda gobernación. Balsechi pudo así llegar a tiempo para sentarse en la mesa y lo hizo a la derecha del Dr. Laurencena…”[5]
Sin embargo, el grado de autonomía que gozaban éste y todo el elenco de militantes nucleados en torno a la Unión Obrera Departamental de su ciudad y la Unión Obrera de Entre Ríos (UOPER) era demasiado para las pretensiones de los uniformados y sus impulsos totalitarios.
Luego de aquel primer golpe a las organizaciones obreras y a los dirigentes, el gobierno tuvo una permanente vigilancia de los grupos sindicales. En octubre de 1943, con motivo de los 25 años del Despertar del Obrero (panadería cooperativa de los sindicalistas de Concepción del Uruguay), el jefe de la policía de aquella ciudad se hizo presente. En su discurso destacó las medidas que el gobierno de facto desarrollaba en materia de salarios mínimos, alquileres y artículos de primera necesidad, para finalizar diciendo:
“os pido como argentinos que quereís vuestra Patria ¡Ir a trabajar tranquilamente! Sin ese escuchar intrigas, ni expresiones malevolentes. Los odios y los rencores no restañan las heridas ni corrigen el mal. Vivamos todos unidos laborando para una Argentina fuerte y grande y gritemos desde el fondo de nuestro pecho, con orgullo ¡Viva la Patria!”[6]
“De la casa al trabajo y del trabajo a la casa.”
Había pasado un año desde el golpe de Estado cuando el coronel Perón, visitó el bastión sindicalista de Concepción del Uruguay, allí dijo: “La política y las ideologías extrañas que suelen ensombrecer a las masa son como bombas de tiempo, listas para estallar y llevar la destrucción al gremio, que no debe ocuparse de cuestiones ajenas a sus intereses y a sus necesidades.”[7] ¿Qué clase de trabajador querían los militares? Todo indica que los militares querían un tipo de trabajador que sea sólo productor, reducir al trabajador a su condición dentro de las relaciones sociales, como meros portadores de fuerza de trabajo, sin permitirles cuestionar el orden social, es decir, sin hacer política. Como lo reconocían ellos mismos, los políticos burgueses habían permitido la explotación más cruel de las masas trabajadoras, y esto era tierra propicia para el surgimiento de las ideologías que consideraban disolventes. Había que encontrar una nueva forma de control de los trabajadores, en ese marco deben colocarse las medidas de índole social.
La existencia de organizaciones como la UOPER, resultaron huesos duros de roer. Sin embargo, una política de hostigamiento y persecución, por un lado, y de reconocimiento de intereses secundarios, muchos de ellos necesarios para la simple reproducción de la mano de obra, habilitaron el desarrollo de una dirección sindical que midió fuerzas con los militares a cambio de aquellos beneficios. El obrero ideal, no se logró. Pero aquella estrategia peronista, que se construyó a fuerza de coerción y consenso, resultó por décadas tentadora para un movimiento obrero que disfrutaba de la expansión a costa de la apropiación estatal de renta o deuda.
Ayer como hoy, la función política del peronismo, en tanto régimen bonapartista, fue buscar contener a la clase obrera y reprimir a los sectores más combativos, a cambio de mejoras parciales y limitadas. En 1943 la dictadura reprimió, Perón cosechó los beneficios de aquella política y cuando se le hizo imposible contener el descontento, comenzó la represión nuevamente. En 1973, la Triple A, con el beneplácito de Perón trató de limar los aspectos más ásperos del movimiento obrero. En 2001, Duhalde comienza una campaña de contención asistencialista y se despide con los asesinatos de Kosteki y Santillán. Néstor Kirchner nace a la sombra de la paz de los garrotes; frente al fin de ciclo, el kirchnerismo prepara con el proyecto X, el ascenso de Milani, la ley antiterrorista, un plan de ajuste que carga sobre los salarios reducidos por la inflación y el apoyo a la burocracia sindical. Distintos gobierno para un mismo programa que ya mostró sus límites históricos y que exige ser superado.
1Hemos realizado dos notas al respecto, sobre la desocupación como una permanente en Entre Ríos y su consecuencia de expulsión de población: http://goo.gl/s2ohcS; http://goo.gl/JnCnOh
2Diario La Acción, Paraná, 15/06/1943.
3Periódico El Censor, Gualeguaychú, 14/08/1943; 15/07/1943.
4Gilbert, Isidoro & Balsechi, Elisa: Voces del sindicalismo entrerriano: Memorias de la Unión Obrera Departamental de Concepción del Uruguay, 1918-1943, Buenos Aires, Ediciones del Zorrito, 2008, p.98.
5Periódico El Litoral, Concordia, 20/06/1943.
6Periódico La Juventud, Concepción del Uruguay, 19/10/1943.
7Perón, Juan Domingo: “A los trabajadores de Concepción del Uruguay, 25 de junio de 1944” en Obras Completas, Buenos Aires, Fundación proUniversidad de la Producción y del Trabajo, 1997, Tomo 6, p.212.
