La urgencia del acuerdo con Irán solo puede entenderse al considerar la situación de Medio Oriente: es el único Estado en la región capaz de ordenar el conjunto de relaciones sociales dentro de su territorio. Resulta un aliado fundamental para controlar la zona.
Por Nadia Bustos (Laboratorio de Análisis Político-CEICS)
El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha dado pie a una importante controversia a nivel mundial. Mientras que algunos lo visualizan como un nuevo camino hacia la paz en una región tan conflictiva como Medio Oriente, los detractores lo entienden en el sentido inverso: una forma de hacer crecer la capacidad nuclear iraní en el largo plazo. En esta nota repasamos la historia de las relaciones entre EE.UU. e Irán, la naturaleza del acuerdo y las internas en la política norteamericana que suscitó, lo que permite calibrar la magnitud de las transformaciones históricas que se están operando en las relaciones internacionales entre las potencias.
Breve historia de las sanciones
La novedad que implica el acuerdo entre EE.UU. e Irán solo puede ser comprendida si se repasan los más de 30 años de conflictos y tensiones que han atravesado ambos países. Desde que en 1979 se produjo la caída del Shah Mohammad Reza Pahlevi, quien respondía abiertamente a los intereses de EE.UU. en la región, Irán pasó a ubicarse entre los principales enemigos del gobierno estadounidense. Privado de un control político en la región, EE.UU. se perdía de sacar jugo de las inversiones que el Estado iraní requería para explotar sus grandes reservas probadas de petróleo (las terceras más grandes luego de Arabia Saudita y Canadá) y gas (las más grandes luego de Rusia). Así las cosas, la implementación de sanciones a este país tuvo por objeto evitar su incorporación al mercado mundial como exportadora de gas y crudo, así como también limitar el programa nuclear desarrollado con la ayuda de Rusia. No por ello EE.UU. dejó de intentar derrocar al régimen iraní, apoyando militarmente a Saddam Hussein durante la guerra entre Irán e Iraq (1980-1988).
De esta manera, durante la presidencia de Jimmy Carter las principales sanciones se concentraron en el bloqueo de los activos del gobierno iraní y sus depósitos en los bancos estadounidenses, y un embargo comercial total. Tras un breve impasse entre 1981 y 1984, logrado gracias a los Acuerdos de Argel que desactivaron temporalmente las sanciones, Irán fue calificado como “Estado patrocinador del terrorismo”, lo que en concreto redundó en la prohibición de asistencia financiera y venta de armas desde EE.UU. De allí en más, comenzó una etapa de progresivo endurecimiento. Tres años después, Ronald Reagan vedó las importaciones de productos y servicios iraníes, fundamentalmente petróleo. Ya en pleno gobierno de Bill Clinton, hacia 1995-1996, se produjo una nueva profundización de estas últimas sanciones, estableciendo que las empresas estadounidenses no podían comercializar petróleo iraní en ninguna parte del mundo, como tampoco exportar bienes hacia un tercer país que luego los envíe a Irán. En suma, posibilitaba que EE.UU. sancionara empresas de terceros países, afectando los negocios de estos con firmas locales. La implementación del Acta de Sanción a Libia e Irán (ILSA), la primera “gran sanción extraterritorial”, le permitió al gobierno norteamericano bloquear el flujo de capitales europeos y japoneses a Irán, pero no pudo hacerlo con China y Rusia.
Sin embargo, la caída de los precios agrícolas obligó al gobierno de Clinton a flexibilizar la comercialización de estos productos. De ese modo, se implementó un sistema de licencias, donde se permitía la comercialización de alimentos y productos médicos a partir de la autorización particular de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) perteneciente al Departamento del Tesoro. Se fijaron dos tipos de licencias, una destinada a autorizar operaciones en general y una específica, que solo habilitaba las transacciones particulares. La obtención de cada una de estas licencias dependía del producto que se vendía. En el caso de los productos alimenticios y médicos, se requería de ambas.1
Hacia el cambio de siglo se sancionó una ley que buscaba evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de sanciones para personas físicas o jurídicas que hayan colaborado con programas de elaboración de armas de destrucción masiva en Irán. Las sanciones incluían la prohibición de exportación de armas y productos denominados de “doble uso” (civil y militar) por parte de EE.UU. a la entidad sancionada. En este sentido, George Bush emitió una orden en el año 2001, que le permitía a su gobierno bloquear los activos de las personas y entidades que ofrecieran apoyo, servicios o asistencia a los grupos designados por el mismo como terroristas. En el año 2005 se profundizaron las sanciones congelando los activos de los productores de armas de destrucción masiva con el objetivo de aislarlos financieramente. De modo que quedaron inhabilitadas todas las transacciones entre los designados y cualquier persona estadounidense, además de congelar cualquier activo que poseyeran en ese país.
A partir del año 2010 el otorgamiento de licencias especiales para la comercialización con el país sancionado cobró un gran impulso bajo el paraguas de una “exención humanitaria”. Esto significó el envío de bienes de primera necesidad para el desarrollo humano, fundamentalmente aquellos pertenecientes la rama alimenticia, médica y telecomunicaciones. Fue así que se otorgaron más de 10 mil licencias. La compañía General Electric fue la primera gran beneficiada con 160 licencias. Le siguió Coico Medical LCC, compañía dedicada al equipamiento médico, con 129 licencias. En tercer lugar, America Pulp & Paper Corporation, dedicada a la comercialización de papel, con 128 licencias. También se suman alimenticias como Bunge Global Markets, Coca Cola Company, Pepsico Inc., Archer Daniels Midland y Mars; así como empresas relacionadas con la modificación genética animal. En lo referente a la industria armamentística, la única compañía beneficiada fue Hércules USA Inc.2
Además, se fijó una “regla especial” que exime de sanciones a las empresas que se comprometan a poner fin a sus negocios con Irán y renunciar a la realización futura de cualquier negocio sancionable con aquel país. Bajo esta excepción obtuvieron beneficios empresas como Total SA (Francia), Stat Oil (Noruega), Shell (Holanda), Eni Spa (Italia)3, Petronas (Malasia), Inpex (Japón) y las subsidiarias de Petróleos de Venezuela (PDVSA).4
Lo que deja como saldo esta apretada síntesis histórica es que, en efecto, desde hace varias décadas EE.UU. viene sosteniendo una política de hostilidad hacia Irán. Sin embargo, las sanciones no son unívocas ni totales, sino que han estado atadas a los intereses económicos de Norteamérica, en tanto el uso selectivo de las licencias en el último tiempo, permitió potenciar el mercado de ciertos sectores de su economía. En este sentido, las sanciones buscaron limitar el crecimiento de Irán y su capacidad de acumulación basada en la renta petrolera y, al mismo tiempo, favorecer a algunas ramas de la industria norteamericana.
El acuerdo de la discordia
Esta historia comenzó a sufrir un giro hacia noviembre de 2013, oportunidad en que se firmó el “Plan de Acción Conjunto” entre los países del G5+1 (China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos) e Irán, comprometiéndose este último a detener el progreso de su programa nuclear a cambio de un alivio en las sanciones. De esta forma, consiguió la suspensión temporal de aquellas restricciones a la compra y venta de oro y otros metales preciosos y la exportación de productos petroquímicos, entre otros. El acuerdo también permitió la apertura de canales financieros para facilitar la importación de Irán de ciertos bienes humanitarios, el pago de los gastos médicos incurridos por los iraníes en el extranjero, los pagos de las obligaciones de las Naciones Unidas, como también la liberación de $400 millones de dólares de ayuda para la matrícula de estudiantes iraníes en el extranjero.
Esta solución temporal se ha venido renovando hasta comienzos de este año. Sin embargo, Obama enfrenta una enconada oposición en el Congreso que pone en tensión su estrategia política de acercamiento a Irán. En febrero, el senador republicano Mark Kirk y el demócrata Robert Menéndez, presentaron un proyecto que propone un plan progresivo de sanciones, que tiene como piso el restablecimiento de las que temporalmente fueron suspendidas, en caso de que no se llegue a un acuerdo el 30 de junio. Además, prohíbe al Presidente otorgar cualquier tipo de exención de sanciones y fija el inmediato restablecimiento de ellas si Irán no se comporta como debe.
En un gesto de gran impacto político, Obama afirmó que vetaría la implementación de las sanciones en caso de que el proyecto fuera votado en el Congreso, ya que arruinaría las negociaciones que se han llevado adelante hasta ese momento. La oposición no se quedó atrás en las provocaciones y llevó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al Congreso, sin la autorización del presidente, para pronunciarse en contra del acercamiento a Irán.
¿Qué intereses están detrás de esta enconada oposición a la línea de la Casa Blanca? Mark Kirk es senador por Illinois, fue co-autor del proyecto de sanciones a Irán votado en 2011 y se encuentra vinculado a varias organizaciones sionistas. La presentación del proyecto fue impulsado por cuatro lobbys pro-israel: American Israel Public Affairs Comittee (AIPAC), el American Jewish Committee, Anti-Defamation League y Zionist Organization of America. El AIPAC es el grupo pro israelí más poderoso en EE.UU. y maneja recursos por 72 millones de dólares. En los últimos cinco años, AIPAC gastó más de $14 millones en lobby en el Congreso y Agencias Federales para presionar y meter cuchara en la agenda legislativa.5 Sus principales demandas han girado en torno a lograr un acuerdo duro con Irán (lo que en concreto implica continuar con las sanciones, dado que establece condiciones que el país no va a aceptar), apoyar la asistencia y seguridad para Israel, suspender la ayuda humanitaria en Palestina y luchar contra el boicot a Israel por parte de los gobiernos europeos.6
El poder de este lobby no es menor. Un ejemplo de su influencia pudo verse en 2011, cuando logró persuadir a cuarenta y seis miembros del Congreso para oponerse al reconocimiento del Estado Palestino. En efecto, AIPAC ejerce influencia tanto en republicanos como demócratas. Desde los inicios de la presidencia de Obama, el grupo se alineó con la política de Netanyahu. Frente al estancamiento del proyecto Kirk-Menéndez, que parece haber quedado “durmiendo” en el Congreso, AIPAC impulsó el proyecto Corker-Cardin que habilita al poder legislativo a revisar el acuerdo con Irán. En sus inicios, el proyecto contemplaba 60 días para la revisión del acuerdo y obligaba a Obama a la realización de un informe periódico sobre el cumplimiento por parte de Irán.
Frente a esta oposición, naturalmente, Obama no está solo. El principal rival de AIPAC es J Street, grupo más “liberal” del lobby pro israelí. J Street se encuentra abiertamente alineado con la Casa Blanca y acuerda con la política de Obama respecto a Irán. En marzo de este año, tuvo lugar una conferencia del Jefe de Gabinete Denis McDonough, quien dio un discurso para pedir el fin de la ocupación israelí de tierras palestinas y repudiar a Netanyahu por su presencia en el Congreso.
En ocasiones J Street ya ha presionado al Congreso para oponerse a condenas a Palestina, instó a declarar un alto al fuego cuando Israel atacó la Franja de Gaza en 2008 y se opuso a la financiación del sistema antimisiles (más conocido como la “cúpula de hierro”) de Israel. El principal financista de J Street es George Soros, multimillonario judío crítico del sionismo. Desde 2008 este grupo viene teniendo un crecimiento exponencial: paso de tener cuatro empleados a 60 en la actualidad con 180 mil afiliados y un presupuesto de 8 millones de dólares. J Street brinda apoyo financiero de Judíos de América para los candidatos políticos cuyos puntos de vista no están en línea con AIPAC. El principal teórico detrás del grupo es Daniel Levy, hijo de Lord Levy de Gran Bretaña, que fue el principal recaudador de fondos del Partido Laborista del primer ministro Tony Blair7. Como es de suponer, J Street se opuso enconadamente al proyecto Kirk-Menéndez.
Por lo pronto, todo parece indicar que Obama lleva las de ganar. Actualmente, posee apoyos internacionales que le permiten el cambio de política. Fue respaldado por el Primer Ministro británico David Cameron, quien sostuvo que era necesario darle una oportunidad a las negociaciones diplomáticas. El Reino Unido forma parte de la coalición diplomática que lleva adelante las negociaciones con Teherán. A ello se suma, el apoyo del G5+1 en pleno. Con esa base, el 2 de abril el “Plan de Acción Conjunta” dejó de ser renovado como solución temporal y se alcanzó un “Acuerdo Marco”, que de concretarse estaría vigente durante 10 o 15 años. El requerimiento fundamental de los países miembros del G5+1 fue fijar parámetros para limitar el programa nuclear iraní. Se aceptó el mantenimiento de 5.000 centrifugadoras que producirán uranio enriquecido en la instalación nuclear Natanz, la mitad de las que actualmente se encuentran en ejecución. Un punto particular de preocupación fue la producción de uranio en la instalación nuclear Fordo, que fue señalada por Israel y algunos funcionarios estadounidenses como peligrosa por tener una ubicación subterránea inmune a los bombardeos aéreos. Sin embargo, esta se utilizará solo para la investigación nuclear avanzada y la producción de isótopos médicos. Otro punto álgido fue el reactor principal en Arak, que los funcionarios negociantes temían podría producir plutonio. Este operará de forma limitada, dificultando la producción del combustible suficiente para producir una bomba. A cambio de todas estas concesiones, la Unión Europea y EE.UU. comenzarán a levantar las sanciones. En primer lugar, las que afectan al sector automotriz y petrolero.
En el contexto de este “Acuerdo Marco”, Obama impuso modificaciones al proyecto de AIPAC, reduciendo el período de revisión a 30 días y obligando a la realización de informes periódicos únicamente sobre el apoyo de Irán al terrorismo. Además, en relación a dicho proyecto, obtuvo el control en los términos del acuerdo.
Impotencia nuclear
De todo lo expuesto hasta aquí, surge una pregunta evidente: ¿Qué es lo que está en juego en este acercamiento de EE.UU. a Irán que ha llevado a la Casa Blanca a enfrentarse abiertamente con el Congreso? Veamos.
Uno de los principales motivos que se esgrime como oposición al acuerdo es el potencial desarrollo de armas de destrucción masiva por parte del gobierno iraní. Sin embargo, este país abandonó su programa de armas nucleares en 2003 y actualmente no posee la potencia suficiente como para construir una bomba. La producción de uranio enriquecido iraní estuvo destinada a fines civiles: se lo ha utilizado como combustible alternativo para las centrales atómicas, que le permiten al país disminuir su dependencia de la importación de combustible y gas.
El dato curioso aparece cuando observamos cuáles son los países que actualmente poseen armas nucleares: China, Francia, India, Pakistán, Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, Italia, Turquía, Holanda, Bélgica y Alemania. De estos, los cinco últimos almacenan armas pertenecientes a los Estados Unidos.
Netanyahu afirma la existencia de una intención genocida por parte de Irán y pide el reconocimiento del Estado israelí como condición para llevar adelante el acuerdo. Lo paradójico es que hace un tiempo se dio a conocer un documento de los Estados Unidos de 1987, donde se evalúa la capacidad nuclear de Israel y se demuestra la experimentación de este país con una codificación que les permite construir bombas de hidrógeno, mil veces más potentes que una bomba atómica. Israel desarrolló su programa nuclear a fines de la década del ‘60 a partir de la asistencia y control técnico de Estados Unidos. De este modo, queda claro que las críticas al acuerdo no se corresponden con la realidad de la producción nuclear iraní. Israel ejerce presión para mantenerse como potencia hegemónica en la región a partir de la superioridad armamentística.
Las tensiones entre Israel y Estados Unidos no son nuevas, aunque se profundizan a partir del acuerdo con Irán, y la aparición de organizaciones como el J Street las hacen más evidentes.8 A esto se agrega que Irán puede reemplazar en el largo plazo el rol de Arabia Saudita como principal socio comercial petrolero de Estados Unidos. Todo indica que vamos hacia una modificación de las alianzas históricas de las potencias mundiales. Sin embargo, la urgencia del acuerdo con Irán solo puede entenderse al considerar la situación social de Medio Oriente: el país aparece como el único Estado en la región capaz de ordenar el conjunto de relaciones sociales dentro de su territorio. En este sentido, resulta un aliado fundamental para controlar esta zona de importancia económica vital y luchar contra la insurgencia reaccionaria del ISIS.
Aquí la cuestión palestina aparece como un factor importante, ya que Obama está reevaluando la política de su país en el conflicto y podría intentar resolverlo mediante el reconocimiento de aquel Estado. Es importante tener en cuenta que en el último tiempo hubo varios cambios en la política europea respecto al conflicto palestino. En Octubre del año pasado Suecia abrió el debate reconociéndolo como Estado. En diciembre se sumó Irlanda. A esto se agrega la resolución conjunta del Parlamento Europeo que lo reconoció como estado en el mes de diciembre. Se estima que en la próxima reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Francia propondrá el reconocimiento. En este contexto, Israel está presionando a Obama para que emita un voto negativo.
La resolución de la situación Palestina es fundamental para la estabilidad de la región. Actualmente hay más de 4 millones de palestinos viviendo en los países árabes y más de 2 millones de ellos se encuentran en Jordania,9 consolidados como sobrepoblación relativa.10 En este escenario, la configuración de nuevas alianzas entre Estados Unidos e Irán no tiene nada de progresivo ni van a garantizar ninguna “paz”. El fin inmediato es apaciguar los movimientos que amenazan el domino de las burguesías locales, lo que significa que la clase obrera seguirá poniendo la sangre, a menos que aparezca una alternativa política obrera independiente.
Notas
1Véase http://goo.gl/02HZ5h.
2Véase http://goo.gl/on7Yfs.
3Véase http://goo.gl/OF1n9J, http://goo.gl/A9GCb8.
4Véase http://goo.gl/znZX5.
5Véase http://goo.gl/FUoxXN
6Véase http://goo.gl/MZAuzl.
7Véase http://goo.gl/Qql4oo.
8Véase http://goo.gl/Ygic5C.
9Véase http://goo.gl/F4qrcx.
10Harari, Fabián: “El primer mandato”, en El Aromo, nº 41, marzo-abril de 2008.
