Las quejas del campo y los programas de fomento manifiestan la disputa de los destinos de la riqueza nacional entre dos fracciones que son socias en la explotación. En ese punto, los trabajadores deben hacerse presentes en el escenario.
Por Sebastián Cominiello y Damián Bil (OME-CEICS)
Entre el 11 y el 13 de marzo, la Sociedad Rural, CRA y Coninagro convocaron un cese de las actividades de comercialización. Como respuesta, el gobierno buscó ganarse el apoyo de los burgueses más chicos del campo a partir de una línea de subsidios: el Programa de Estímulo a Pequeños Productores de Granos, mediante el cual se establece una escala de incentivos para distribuir entre más de 46.000 unidades económicas. Presentada como una medida progresiva para los “chacareros”, no es más que un subsidio al pequeño capital agrario, el más reaccionario; mientras que por otro lado desvía la atención sobre quién se apropia de la riqueza que ingresa al país.
Los argumentos
La Federación Agraria (FAA), también miembro de la Mesa de Enlace, no se adhirió a la medida. Omar Príncipe, su presidente, adujo que no podían hacerlo no porque se encuentren en mejores condiciones, sino porque debido a la baja de precios, la situación de sus afiliados es aun peor que la de 2008. Sin plantear una ruptura con la Mesa, continuó con su campaña de reclamo de retenciones segmentadas o diferenciales. De todas formas, algunas distritales de FAA como la de Bolívar y regionales de Entre Ríos se sumaron al cese.1
En la convocatoria, los organizadores enumeraron la inflación, la presión fiscal, las trabas a la exportación por el sistema de ROEs en ciertos granos como el trigo, el control de precios, las retenciones y el cepo cambiario. Según los convocantes, estos elementos estarían degradando la competitividad. Otra vez, detrás de estos planteos se esconde la pugna por el tipo de cambio, y la presión por devaluar.2
El conflicto latente se retrotrae a las famosas jornadas de 2008. Luego del mentado episodio, por el límite al aumento de retenciones que impuso la derrota de la 125, el mecanismo de apropiación de renta pasó a ser el tipo de cambio. Específicamente, la sobrevaluación de la moneda. Por ese mecanismo, una porción de la renta que ingresa al país por las exportaciones agrarias escapa de la apropiación de esos exportadores y fluye hacia otros sectores de la economía.3 No obstante, como poco después del conflicto los precios de los granos se recuperaron, como así también la rentabilidad de las explotaciones agrarias, el conflicto se atenuó durante unos años.
Hacia finales de 2011 y comienzos de 2012, por la necesidad de caja la pugna gobierno – campo se reavivó. El desdoblamiento del tipo de cambio (oficial y “blue”) fue una de las medidas que tomó el Ejecutivo para apropiar más renta; lo que provocó las quejas del agro y algunos conflictos de menor intensidad. En ese panorama, se inscribe tanto la acción de las entidades agropecuarias como el anuncio del gobierno.
Una ayudita (para los ineficientes)
El instrumento establece un fondo de incentivos de 2.500 millones de pesos; a distribuir entre algo más de 46.000 productores de soja, trigo, maíz y girasol de manera segmentada. O sea, disminuye a medida que aumenta el tamaño de la explotación, por lo que fue calificado de “solidario” por el propio gobierno. El tope se fijó en los que producen hasta 700 toneladas anuales.4 Si tomamos como parámetro los rendimientos de la campaña 2013/14 (la que se estableció de hecho como referencia), corresponderían a unidades máximas de 100 hectáreas para maíz, 250-260 para soja y trigo y 428 para girasol. Es decir, capitales agrarios de un tamaño reducido para lo que es el promedio de la explotación pampeana.
Otra vez, el gobierno usa la carta de entregar una concesión específica para cierto sector, con el objetivo de cooptar a la FAA y debilitar el frente agrario. De hecho, se presenta como una ayuda a pequeños productores, que tienen que sobrevivir en una actividad concentrada, perjudicados frente a los grandes. Esta evaluación es, como poco, contradictoria: los que hace menos de siete años llevaban adelante los “cortes de la abundancia” y tenían una rentabilidad nunca antes vista, ahora deben ser protegidos. Por otro lado la agricultura, por sus características, es una de las ramas menos concentradas de la economía: según el gobierno, existen casi 70.000 “productores” (patrones de explotación) de cereales y oleaginosas. Qué queda entonces para sectores como la siderurgia o la automotriz.
Más allá de estas cuestiones, es necesario analizar hacia donde se dirige el Programa. En este punto, el subsidio constituye una ayuda a uno de los sectores con peores condiciones para los trabajadores. Por ejemplo, la actividad agropecuaria es la segunda con mayor cantidad de accidentes laborales y tasa de enfermedades profesionales cada mil ocupados, solo detrás de la construcción. Además, es la rama que registra el mayor índice de informalidad o “trabajo en negro”. Como muestra de esta situación, basta recordar la campaña de De Ángeli para legalizar el trabajo infantil en la agricultura, o las denuncias de trabajo en condiciones infrahumanas en establecimientos de desflorado de maíz, avícolas y de otros rubros agropecuarios. Asimismo, es el sector con los salarios más bajos de la economía. Para 2013, el trabajador agrícola registrado ganaba en promedio menos de la mitad de lo que percibía el obrero industrial, y un 25% menos en promedio que otros sectores de la economía.5 En las explotaciones más pequeñas esto se profundiza, puesto que tienen mayores costos. En ese punto, la baja de los precios agrarios presiona con mayor fuerza sobre la rentabilidad de esta fracción. Las peores condiciones y los salarios bajos se presentan como una forma de sobrevivir en la competencia capitalista.
De dónde sale
Como observamos, el subsidio se destina al capital más pequeño de la explotación agraria, el más reaccionario en términos históricos y el que peores condiciones laborales tiene. El gobierno promete ayuda a este sector presentándose como su benefactor. No obstante el monto es un “vuelto”, apenas un 3% de lo que se escapó del agro durante 2014 por los mecanismos impositivos (retenciones) y por el tipo de cambio. Luego del conflicto de 2008, en una coyuntura de precios altos de las commodities, los mayores beneficiarios de este esquema fueron los sectores concentrados de la burguesía industrial, incluidas ciertas fracciones agrarias, por el abaratamiento de las importaciones de bienes de capital e insumos y por la posibilidad (para filiales de firmas extranjeras) de remitir ganancias con un tipo de cambio favorable, al menos hasta 2012. Las retenciones sirvieron al gobierno para sostener industrias ineficientes por medio de crecientes subsidios, abaratando al capital insumos como la energía o los salarios.
No obstante, doce años después, no hay cambios sustanciales en la matriz productiva y en la competitividad de su economía. Es decir, no fue más que un gran despilfarro de riqueza para favorecer a los burgueses que acumulan en el país. En este aspecto, la situación se plantea compleja para el gobierno: según el Centro de Exportadores de Cereales, entre enero y mediados de marzo de 2015, se liquidaron divisas por exportaciones por un monto 30% menor al del mismo período de 2014. Eso representó el valor más bajo en ocho años. El problema se agrava con el informe del USDA para 2015, que proyecta un aumento del área sojera norteamericana de más del 10% y récords para Argentina y Brasil, lo que presionaría a la baja de su cotización en el mercado mundial.6 De no consolidar otros recursos, esto plantea un inconveniente en el mediano plazo tanto para los capitalistas del agro como para el gobierno y los sectores que se benefician de las transferencias de renta.
En pleno año electoral, ambas fracciones burguesas comienzan a jugar sus cartas de cara a lo que viene. Las quejas del campo y los programas de fomento manifiestan la disputa de los destinos de la riqueza nacional entre dos fracciones que son socias en la explotación. En ese punto, los trabajadores deben hacerse presentes en el escenario. Como sosteníamos en 2008, una medida transicional urgente es exigir una paritaria nacional en la cual las organizaciones obreras discutan los destinos y gestión de esa riqueza, aumento general de salarios y mejora inmediata de las condiciones laborales en la actividad agropecuaria; medidas que pongan en cuestión el despilfarro de riqueza, en el proceso de construcción de una alternativa socialista.
Notas
1Télam, 11/3/2015 en http://goo.gl/y91QQ5; Supercampo, 4/3/2015 en http://goo.gl/IyAYNc.
2Sanz Cerbino, Gonzalo: “Devaluadores. La Mesa de Enlace, de la 125 a la puja por el dólar”, en El Aromo, n° 71, 2013.
3Bil, Damián: “Verde insuficiente”, en El Aromo n° 71, 2013.
4CFKargentina.com, 16/3/2015, en http://goo.gl/yQ2Wgq.
5En base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Boletín de Remuneraciones de los trabajadores registrados, Año 2013, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Rentabilidad, empleo y condiciones de trabajo en el sector agropecuario, Documento de Trabajo n° 8, CIFRA, 2011. Artículos periodísticos en Clarín, 19/1/2011, http://goo.gl/rgj9gz; TN, 31/5/2014, http://goo.gl/2J35lq; Tiempo Argentino, 30/4/2014; http://goo.gl/YaxSge.
6La Nación, 1/4/2015, en http://goo.gl/0OhHXQ; Cronista, 9/4/2015, en http://goo.gl/nWNXkI.
