Héctor Löbbe
La historia del ex Astillero ASTARSA en nuestro país expresa de manera simbólica todas las características de un sistema esencialmente inhumano, como el capitalismo, que degrada las condiciones de vida de los trabajadores y despoja al conjunto de la sociedad (en beneficio exclusivo de la burguesía), desde los espacios públicos hasta la perpetuación de la memoria colectiva.
A comienzos de la década de 1970, ASTARSA (Astilleros Argentinos Río de la Plata Sociedad Anónima) era un complejo fabril, ubicado en Tigre, a orillas del río Luján, en el conurbano norte, a 30 kilómetros de Capital Federal.
Dedicado principalmente a la fabricación naval, construía también material ferroviario, piezas para obras de infraestructura, maquinaria agrícola y hasta tanques de guerra. La composición de su grupo accionario reflejaba la relación asociativa entre los sectores más concentrados de la burguesía nacional y capitales multinacionales. Esta condición le permitía disponer de fluidos contactos con el Estado, tanto con los órganos de poder político como con las instituciones militares, garantizándole no sólo ventajosos contratos sino también el control sobre sus trabajadores, como quedará demostrado, a lo largo de toda la década de 1970.
ASTARSA empleaba a 800 trabajadores metalúrgicos y 700 navales quienes, al igual que sus pares de todo el país, experimentaron un acelerado proceso de activación y radicalización política a comienzos de dicha década. Las condiciones de trabajo eran particularmente duras, tanto en lo relativo a la intensidad de los ritmos de labor, como a las deficiencias en materia de seguridad y salubridad fabril.
Uno de los frecuentes accidentes laborales y posterior muerte de un operario desatará el descontento acumulado entre los obreros, el día previo a la asunción del gobierno peronista de Cámpora, en Mayo de 1973 [1]. Encabezará esa protesta un grupo de trabajadores que venían de manera encubierta activando para denunciar las inhumanas prácticas empresarias y la pasividad cómplice de los dirigentes sindicales burócratas, claramente jugados a contener las demandas obreras.
Este núcleo de activistas impulsó la ocupación del Astillero, reteniendo en calidad de rehenes a personal jerárquico, para impedir el desalojo y las represalias. De esta forma, la toma se transforma en la primera ocurrida bajo el gobierno de Cámpora en el conurbano norte bonaerense, marcando una tendencia que se extenderá explosivamente a otros establecimientos.
La unidad, contundencia y masividad demostrada logró su objetivo después de cuatro días, rodeada de la solidaridad de otros contingentes obreros de la zona y de organizaciones políticas revolucionarias. Ante la movilización obrera, el Ministerio de Trabajo presionó a la patronal, la que finalmente, se vio obligada a reconocer el pliego de demandas de los trabajadores.
Luego del triunfo, el núcleo de activistas se incorpora a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), frente sindical de masas de Montoneros, como agrupación de navales. A partir de allí, lograrán recuperar el Cuerpo de Delegados no sólo en ASTARSA, sino también en otros astilleros de la zona.
Desde ese momento, y hasta marzo de 1976, la Agrupación Alesia (bautizada así en homenaje al obrero accidentado) y los distintos cuerpos de delegados, se convertirán en la conducción real de los navales de Tigre y San Fernando. Con su acción organizada y movilizada, lograrán mejorar de manera ostensibles las condiciones de trabajo, salubridad y ritmos de producción.
Esta perturbadora presencia, que implicaba discutirle al capital su capacidad de mando y desautorizaba a la burocracia gremial, no será perdonada. En los dos años siguientes, la burocracia sindical, con la colaboración de la legislación del gobierno nacional, frenará la recuperación del sindicato por parte de la agrupación combativa.
Con la derechización creciente del gobierno (ya en vida de Perón), la persecución política y gremial a los luchadores se intensificara: navales, familiares, militantes y solidarios golpeados y torturados por las bandas fascistas (organizadas desde el Estado), nueve de ellos asesinados antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Luego del mismo, la reacción contrarrevolucionaria del capital, se tomará la revancha: se eliminaron las conquistas obtenidas con la lucha obrera y varias decenas de trabajadores de astilleros, activistas políticos y familiares fueron cesanteados o encarcelados y se sumaron por lo menos otros 21 secuestrados-asesinados, elevando a 30 la cifra aproximada de muertos por la represión, relacionados con la industria naval [2].
¿Condena para todos?
Desde 1983, los distintos gobiernos “democráticos” de la burguesía eludieron sistemáticamente encarar la investigación, juzgamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales de la represión antiobrera. Como en un perverso juego del Gran Bonete, cada poder del Estado descarga parte o toda su responsabilidad en los otros, aún cuando sabemos que por naturaleza y bajo el capitalismo, el Estado, es y funciona como una única pieza institucional.
Desde la sociedad, merced al doloroso y valiente testimonio de ex trabajadores, familiares y allegados, se logró reconstruir documentalmente la magnitud de la represión, plasmada parcialmente en el informe Nunca Más de la CONADEP. Sin embargo, los gobiernos de Alfonsín (con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) y de Menem (con los indultos), paralizaron y dieron impunidad a los responsables, dilapidando el esfuerzo de los testimoniantes.
En nuestro caso, dichos testimonios nos permiten conocer, el sentido y alcance de la represión a los navales, iniciada tempranamente, a mediados de 1974. A su vez, identifican quiénes y de qué forma participaron de la misma: empresarios y personal jerárquico de los astilleros que seleccionaron y denunciaron a los obreros que debían ser eliminados; funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que colaboraron sancionando leyes represivas y ejecutándolas; dirigentes sindicales del peronismo ortodoxo y activistas de ese sector, que ayudaron en la tarea de “marcar” y aportar datos para la persecución e integraron los grupos dedicados a asesinar a dichos obreros. Finalmente, decenas de integrantes de las fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería, Prefectura) y militares de todo rango, que llevaron a cabo el trabajo sucio de secuestrar, torturar, matar y eliminar clandestinamente a trabajadores, familiares y activistas.
En los últimos años, gracias a la indoblegable voluntad y trabajo de familiares, ex compañeros, abogados y de organizaciones sociales y políticas, que comprometen día a día y en forma literal su vida (como Jorge Julio López), se ha logrado impulsar los llamados Juicios por la Verdad.
En el caso de los navales de Zona Norte, recién a comienzos de 2013, producto del esfuerzo de los nombrados y de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, se comenzaría a investigar algunos hechos ocurridos a partir del 24 de Marzo de 1976, dentro de la llamada mega causa Campo de Mayo, el más importante campo de concentración y exterminio de la provincia de Buenos Aires, que funcionó en instalaciones del Ejército desde 1975 y hasta el fin de la Dictadura [3].
Desde el comienzo, el sistema impone una restricción temporal, excluyendo la posibilidad de juzgar también los hechos represivos que antecedieron al gobierno militar. Es igualmente incierta la convocatoria como declarantes o imputados a los civiles (empresarios, jerárquicos, dirigentes gremiales, políticos y funcionarios del peronismo ortodoxo, jueces del pasado y del presente), tan responsables como el personal militar y de las fuerzas de seguridad.
El juicio por la represión a los navales tendrá entonces un carácter limitado. Como mucho, un puñado de ejecutores recibirá sanciones, como forma de descomprimir los reclamos populares y cerrar simbólicamente el tema. La cuestión de fondo es que la responsabilidad está en el propio sistema, más allá de sus mandantes, ejecutores y cómplices. Porque la “justicia” bajo el capitalismo es siempre una justicia de clase y es por lo menos una gran ingenuidad pensar que la burguesía se va a investigar y castigar a sí misma. Como no lo hizo (ni hace) con las otras muertes “blancas” (accidentes de trabajo, enfermedades profesionales que incapacitan y aceleran la muerte), no admitirá responsabilizarse -y mucho menos ser condenada- por la eliminación física de sus enemigos de clase en el pasado, presente y futuro.
El carácter limitado persigue adormecer la conciencia colectiva. Reclamar por todos los responsables se convierte en una desmedida pretensión “utópica”. Con ese argumento, se justifica y evita extender el castigo no sólo a todos los represores sino también a los funcionarios políticos y en especial, a los integrantes de la clase burguesa empresaria que, en definitiva mueven los hilos de sus títeres asesinos, para preservar el sistema capitalista.
Las medidas reparadoras adoptadas por el kirchnerismo, a pesar del respaldo a las mismas manifestadas por la sociedad, se revelan insuficientes, y expresan el temor o falta de voluntad para ir a fondo con la política de juicio y castigo. Este gobierno debería encarar políticas más concretas y profundas. Un programa de este tipo debiera incluir: la apertura de todos los archivos del Estado a la consideración pública y para fundamentar las acusaciones contra los represores; destituir a todos los funcionarios remanentes (en especial, en el Poder Judicial), cómplices de la Dictadura; instruir de manera perentoria a los fiscales para abrir, reabrir o acelerar las causas pendientes; dar protección y seguridad a los testigos e incentivar desde el Estado la presentación de pruebas que permitan fortalecer las acusaciones de casos denunciados o aquellos que todavía hoy siguen sin ser revelados. En suma, un política integral para ir y remover hasta las raíces al sistema que provocó (y provoca) la muerte y la represión. Un programa demasiado ambicioso para un Gobierno presidido por quien admitió años atrás, la equivocación de su generación en los `70, al no haber consolidado un capitalismo en nuestro país [4].
Si se pierde de vista y se niega que el capitalismo “a la argentina” de ayer y hoy es el responsable, poco se podrá avanzar: apenas, hasta los bordes, sin quebrar el núcleo duro de la impunidad. Sólo se confunde y crean falsas expectativas de reparación de los crímenes de ayer y de hoy.
Carnaval veneciano
En 1994, se produjo la quiebra empresaria de ASTARSA y sus talleres se cerraron definitivamente. La crisis internacional de la industria naval y la incapacidad de la burguesía nacional y del Estado que administra desde sus orígenes se sumaron y potenciaron, explicando este desenlace.
El remate de los terrenos y desguace de sus instalaciones se produjo en 1998, en uno de los turbios procesos de privatizaciones del gobierno peronista de Carlos Menem [5]. En aquel momento, una empresa “fantasma” (Marina Río Luján S.A.) adquirió los terrenos que en su momento el Estado nacional había cedido a ASTARSA para construir y ampliar sus instalaciones.
En 2008, bajo el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, hace su aparición un poderoso grupo de inversores inmobiliarios (TGLT). Con mayoría de capitales brasileños y también en el sector financiero argentino, este grupo inmobiliario compra el 50% de las acciones de Marina Río Luján S.A. e inicia el estudio y proyecto para construir un exclusivo barrio privado sobre esos terrenos, con canales y amarras privadas, para un selecto grupo de compradores. Esto es, lo que en la actualidad se conoce como Proyecto Venice (por Venecia, en inglés) ciudad navegable [6].
Sugestivamente, ni el gobierno nacional, ni el provincial de Scioli ni mucho menos el municipal de Massa, emitieron opinión o intervienen para modificar o cambiar el curso del proyecto inmobiliario lanzado en los terrenos del ex Astillero. De todos los silencios, el más retumbante es, sin dudas, el del gobierno nacional. Mas teniendo en cuenta que una parte de los terrenos involucrados eran de su propiedad, la irregularidad del proceso de quiebra y venta de la empresa, y también el volumen de recursos económicos y políticos para encarar una potencial reestatización y puesta en marcha productiva del astillero, bajo el capitalismo estatal.
La no revisión del proceso judicial es coherente con la teoría de continuidad jurídica de los actos de gobierno: con ese argumento, Néstor Kirchner justificó el “honrar” y “recuperar” la deuda pública externa con el FMI. En lo relativo a una eventual expropiación y relanzamiento del astillero, la inacción del gobierno nacional confirma que su muy declamada intención pseudo productivista se agota en lo discursivo.
El gobernador bonaerense Daniel Scioli (vecino también de Tigre) tiene orientada su brújula económica en otra dirección, por lo que debemos descartar de su administración cualquier inclinación industrialista. Su interés más urgente en la actualidad es el control de las cuentas públicas, para mostrarse como posible candidato a la sucesión presidencial.
La última estación en este recorrido, nos lleva al propio Municipio de Tigre, gobernado desde 2007 (reelección de por medio) por Sergio Massa. Este intendente comparte con Scioli, varias características comunes: ambos provienen de la derecha política conservadora “barnizada” de populismo. Los dos intentan, en los últimos años, disputarle al kirchnerismo la conducción del peronismo. También cultivan la imagen de funcionarios jóvenes, emprendedores y eficientes. Finalmente, su formación ideológica en materia económica los hace coincidir en impulsar la inversión privada en el sector terciario para segmentos de alto poder adquisitivo, en rubros como servicios, turismo y proyectos inmobiliarios. Por este último motivo, sumado a la natural estrechez del presupuesto municipal, Massa es el que más lejos está de encarar un proyecto industrial que contemple la reactivación del astillero.
Massa, como buen “conservador popular” (versión siglo XXI), prioriza el espectáculo y el cuidado de la imagen urbana. No sorprende así, que Tigre sea uno de los municipios donde mayor cantidad de barrios cerrados y clubes náuticos exclusivos se hayan construido: el Proyecto Venice le calza como un guante a su modelo de ciudad de plástico, a orillas del Río Luján, con palmeras a lo Miami.
En estos años, Massa logró acumular fuerza política en “su” municipio, pasando a controlar con mayoría propia el Concejo Deliberante, luego de disciplinar o cooptar a la “oposición”. En Febrero de 2008, ante el curso de los sucesos, vecinos, ex trabajadores, organismos de derechos humanos, sociales y políticos, presentaron un conjunto de propuestas alternativas, para la reutilización de los terrenos de ASTARSA: desde la reapertura del astillero, hasta la construcción de una escuela-fábrica naval, un parque público y en todos los casos, la asignación destacada de un espacio dedicado a la memoria y recordación de las víctimas de la industria naval, provocadas por la represión dictatorial.
Ante esas presentaciones, Massa y su fiel Concejo de Deliberantes, dieron garantías “verbales” de respetar el carácter público de la ribera del río Luján. Se trató, con respuestas evasivas, de aletargar los reclamos y dejar correr el tiempo. Una típica operación dilatoria y distractiva, para acallar y desarticular las legítimas demandas de los críticos y afectados por el emprendimiento inmobiliario: hoy, el Proyecto Venice se encuentra en plena fase de comercialización y de primeras obras.
Como una vuelta de tuerca perversa, Massa no sólo avanza sobre los espacios públicos y la memoria sino que también redobla la apuesta: provocativamente, el 11 de Febrero de 2013, su gestión municipal organizó, para disfrute de la comunidad, un…carnaval veneciano, que parece anticipar el destino a correr por los terrenos de ASTARSA.
Ex trabajadores navales, familiares, organismos sociales (como la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte) y unos pocos partidos políticos, reclaman hoy el cumplimiento de las promesas: la habilitación de un sendero de acceso y uso público, a orillas del río y la utilización de parte de esos terrenos como sitio de memoria. La incansable y comprometida acción de los nombrados, sin embargo, parece naufragar ante los intereses económicos y la falta de voluntad política, para torcer el rumbo y escribir otra historia.
Conclusiones
En este artículo intentamos probar, a través de tres ejemplos, como la historia del ex Astillero ASTARSA refleja como un espejo, las características degradadas y la naturaleza represiva y asesina del capitalismo argentino. Así sucedió con la reacción que siguió a la lucha exitosa de los trabajadores: la represión combinada de la Santa Alianza entre empresarios, burocracia sindical y los tres poderes del Estado.
Otro ejemplo luminoso es la insuficiencia y dilación de los distintos gobiernos “democráticos”, para investigar, juzgar y condenar a los responsables de la represión. Se demuestra así que, más allá de las palabras y algunos gestos, no se puede o no se desea, por compromisos políticos y económicos, llevar a fondo el proceso de castigo a todos los involucrados. De hacerlo, estarían llevando a juicio no sólo a los mandantes y ejecutores, sino al sistema en su conjunto.
Por último, describimos la incapacidad e impotencia del capitalismo “independiente” en nuestro país (tanto privado como estatal) para recuperar y gestionar un emprendimiento productivo. Y también como, a pesar del discurso, se favorece la realización de proyectos inmobiliarios, destinados al disfrute exclusivo de la burguesía, en espacios que debieran ser públicos, en desmedro de la calidad de vida, la cultura y la preservación de la memoria de las masas populares.
En marzo de 2013 se volverá a marchar, como hace años, desde la Plaza del Canal San Fernando hasta la puerta del ex astillero. Es un compromiso de honor con los caídos seguir exigiendo justicia y castigo y también, ineludiblemente, la condena al sistema económico y social que además pretende usurpar el lugar desde donde los compañeros lucharon por una sociedad sin explotación y la memoria de esa lucha.
NOTAS
1 Véase Lorenz, Federico: Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del setenta, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2007. Para el contexto de la movilización de los trabajadores en Zona Norte del Gran Buenos Aires, véase nuestro trabajo, Löbbe, Héctor: (2006 [2009]); La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2006.
2 La reconstrucción provisional del listado de asesinados se basa en las obras anteriormente citadas.
3 Centro especializado en el secuestro, tortura y eliminación de activistas obreros, delegados y Comisiones Internas de fábricas y miembros de las organizaciones político-militares como el PRT-ERP y la Columna Norte de Montoneros.
4 “…Si uno mira para atrás, el gran déficit de nuestra generación en los años ‘70 fue cómo hacer un capitalismo en la Argentina. La sociedad no quería una sociedad socialista sino un capitalismo a la argentina, que en nuestro país tuvo el nombre de peronismo”, declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner a Página 12, 17 de Mayo de 2003, edición electrónica.
5 “Inversión inmobiliaria despierta dudas”, Semanario Prensa Libre, versión digital, 22/2/2008.
6 Véase una descripción que embellece las características elitistas y clasistas del proyecto, en http://goo.gl/YlFwB.
