Valeria SleimanLAP-CEICS
El gobierno presentó su plan para la seguridad a través de la ministra Nilda Garré. Este proyecto recibe el nombre de “Plan Nacional de Participación Comunitaria”, que bajo el pretexto de darle intervención a todos los sectores en la vapuleada temática de la inseguridad, propone en verdad llenar las calles de policías. El plan posee diversas propuestas Aclaremos, ante todo, que se trata de un “Plan”, es decir, de una voluntad de acción y todavía no se ha modificado nada. Con todo veamos qué es lo que se propone.
Para la tribuna…
Dentro de un grupo de medidas, la primera es la relativa a la transformación de los planes de estudio de los tres niveles de la educación policial: la escuela de suboficiales, la de oficiales y la Universidad de la Policía Federal, los que se reorientarán en materia de valores, estudio del derecho, mecanismos de control y administración del uso de la fuerza, protocolos de actuación, por nombrar algunos, como así también propone el cambio de profesores y autoridades. En lo que a protocolos de actuación concierne, se ha dado a conocer el respectivo a la actuación policial en las manifestaciones, estableciendo la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial y el uso de pistolas lanzagases. Las postas de goma sólo podrán utilizarse para fines defensivos; el personal policial deberá estar identificado y esa identificación ser visible. Además, prohíbe la utilización de vehículos no identificados, siendo que todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos. En simultáneo y, como complemento a las medidas anteriores, Garré estableció que se confeccione un mapa del delito, que será completado de acuerdo al aporte que realicen los vecinos, que según la Ministra, son quienes realmente se encuentran en contacto con las situaciones delictivas, cumpliendo así también con un control ciudadano de la actuación policial (aunque aún se desconoce de qué manera se llevará a cabo).
Se trata de tres anuncios que no modifican el cuadro existente. En primer lugar, no puede creerse seriamente que con la transformación de los programas de estudio y de las autoridades de los establecimientos de formación, cambiarán las actitudes de los policías. La Federal detiene gente sin orden judicial, mantiene “demorados” en las comisarías, usa el famoso “olfato policial” o “portación de rostro” como causal de arresto, aplica tormentos en las comisarías y en las cárceles… En fin, un decálogo ya conocido. Ahora bien, a nadie se le ocurre afirmar que todo ello se haga porque los efectivos policiales no conocen el derecho o porque no posean protocolos de actuación ni “valores sociales adquiridos”. Recodemos que muchos de los represores que hoy día se encuentran en proceso por la comisión de crímenes de lesa humanidad, dictaban clases de derecho en la escuela de guerra o en distintos establecimientos militares. Los policías hacen lo que hacen porque tienen intereses concretos: la “caja”, acelerar casos, evitar investigaciones peligrosas, extorsionar, etc. En ese contexto, enseñarles las garantías constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos y las artimañas procesales no hace más que perpetrar la impunidad: el personal policial poseerá mejores herramientas para ocultar sus crímenes.
En cuanto al protocolo de actuación a aplicarse en oportunidad de las manifestaciones, vemos claramente que el objetivo es reprimir, pero evitar el escándalo. Ninguna de las medidas allí establecidas modifica el estado de cosas. Que los policías no puedan ir armados y -aclara la ministra- que tampoco porten armas que no le haya proveído la institución, no es ni más ni menos que reconocer que esto se viene haciendo desde que asumió Kirchner, hace 9 años. El gobierno quiere que no lo salpique ningún muerto en la calle, pero a la policía nada le impide trasladar a un detenido a la comisaría y allí hacer de las suyas. Luego, podrá ser un desaparecido como Luciano Arruga o bien, muerto por algún otro preso “mientras aguardaba en la celda”.
Es importante aclarar que, la ministra está basando su política sólo en un supuesto: la observancia del plan que propone. Como tal no será vinculante, ya que no se encuentra respaldado por ley alguna de la que pueda exigir su cumplimiento. La legislación vigente permite el uso de armas de fuego. La ley 20.429 “Ley nacional de armas y explosivos” establece en su artículo 14, inc. 1° que serán legítimos usuarios del material clasificado como arma de guerra, aclarando que la cantidad de “uso de la fuerza pública” guardará proporción con el número de efectivos y estará condicionado a la capacidad técnico-profesional, manteniendo relación con las exigencias de orden y seguridad propias de cada policía en particular. Asimismo, el decreto nacional que reglamenta la citada ley (n° 395/75, con su anexo) establece -en su art. 53- que serán legítimos usuarios las policías federales y provinciales, entre otras fuerzas, dejando la autorización para la adquisición, tenencia y portación al Comando General de la Fuerza a la cual pertenezca el interesado, estableciendo como órgano de contralor al Registro Nacional de Armas (RENAR) y autorizándolos a portar esas armas (art. 88) a quienes fueron declarados legítimos usuarios, según el artículo antes mencionado y “cuando existieren razones que así lo justificaren”. Al mismo tiempo, la ley para personal de la policía federal (Ley n° 21.965, por cierto de la dictadura, pero vigente al día de la fecha) enumera como obligaciones esenciales para el personal policial en situación de actividad, “mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia, aun en forma coercitiva y con riesgo de vida” (art. 9). Complementando ese panorama con derechos esenciales, dentro de los que se encuentra el uso de armas propias del grado, función y destino que desempeñe (art. 10). Así, realizando un análisis integrado de la normativa vigente, podemos concluir que se encuentra dentro de las facultades legales de la Policía tener, portar y utilizar el arma reglamentaria (de fuego, claro está) en los casos mencionados. Asimismo, no hay ninguna disposición que impida a un efectivo llevar un arma de fuego no reglamentaria a las manifestaciones. Si está habilitado a la portación en calidad de particular (es decir, como puede estarlo cualquier ciudadano común), puede tenerla donde y cuando quiera. Por lo tanto, mientras no se cambie la legislación vigente, no hay ninguna garantía de que cambie nada.
La confección del mapa del delito tampoco traerá ninguna luz al problema. Es el mismo “mapa” que quiso implementar Francisco De Narváez (y por el cual fue criticado por los progresistas). Se trata de un anuncio de prensa que intentar generar que los vecinos se sientan involucrados en la “solución”, pero no produce ningún cambio real. ¿Cuál será la respuesta ante la congestión delictiva en una esquina? Atestar el lugar de efectivos policiales. Ante lo cual, el delito se va a trasladar algunas cuadras.
No importa el lugar donde se comete un crimen, sino el lugar donde se origina. Los delincuentes son el último eslabón de una cadena de causas sociales y redes delictivas. De un lado, pauperización y descomposición social. Del otro, una serie de negocios en los que participan las fuerzas estatales, la política burguesa y más de un empresario. Para acabar con ambas causas, hace falta enfrentar a la misma clase que las produce. Como vemos, se trata de medidas que no alteran en nada el funcionamiento actual.
¿Blumberg? ¿De Narváez? No, Cristina…
Dentro de otro grupo de medidas, encontramos aquellas que podemos llamar “reales”, es decir, que en el caso de aplicarse producirán una efectiva modificación en el funcionamiento vigente (luego veremos con qué contenido). Entre ellas, encontramos la reasignación de las tareas de emisión de pasaportes y cédulas, la incorporación de personal civil para la realización de las tareas administrativas y un sistema de “premios” muy curioso. Veamos.
En cuanto a la primera medida, el ministerio decidió quitarle a la Policía Federal la confección de los pasaportes. Por lo tanto, le está sacando una fuente de ingresos. Esto implica que la policía necesitará nuevas formas de recaudación. Como adivina el lector, la fuerza no se quedará con los brazos cruzados y saldrá a buscarlas.
En cuanto a la incorporación de personal civil para tareas administrativas, el objetivo es que todos los policías estén en la calle. Garré va a intentar llenar de policías el país y, especialmente, la ciudad de Buenos Aires. Sería incómodo, para la ministra de Seguridad, comunicar a la sociedad una asignación presupuestaria mayor con destino a las fuerzas policiales, esto es, invertir dinero en más policías. Entonces, una buena manera de tomar por el atajo es advertir que el dinero se colocará en puestos para civiles, pero el objetivo es el mismo.
Hay un aspecto del problema que es financiero. Un policía administrativo es, claramente, una inversión perdida: el Estado gasta dinero en su formación militar, en proveerle un arma de fuego, las municiones, un seguro de vida y un uniforme para que, finalmente, haga el trabajo que puede hacer cualquier egresado secundario, sin necesidad de armas, municiones, patrulleros ni seguro de vida. Desde este punto de vista, la inclusión de civiles es una medida de “mano dura” más barata que la tradicional.
Por último, el sistema de “premios”: se propone un “plan de renovación” que señala que sólo aquellas comisarías que “mantengan bajos índices de delitos en su zona y se muestren activos con procedimientos para esclarecer casos, prevenir hechos y realizar detenciones”(1) se mantendrán en sus funciones. Estamos ante un punto extremo que en el marco de la militarización del espacio público, que dará lugar a una competencia por las detenciones entre los efectivos policiales e incluso entre las comisarías de cada zona. Esto va a aumentar la corrupción policial y las disputas internas entre la policía por “presos”.
Resultan evidentes las intenciones del kirchnerismo: dar una sensación de seguridad, militarizando la calle. Brindar una respuesta de este tipo a los planteos de inseguridad es, en verdad, no atender ninguna demanda social. La represión encubierta, la mano dura, por el contrario, constituyen una revelación de que la burguesía no puede solucionar los problemas que ella misma genera. Llegados a este punto, vale la pena preguntarle a los defensores del modelo “nacional y popular” cuál es la diferencia entre esto y las propuestas de Roukauf, Rico, Patti y De Narváez…
