Por Romina De Luca y Nicolás Grimaldi
El gobierno nacional de los Fernández y sus contrapartes provinciales de cualquier signo y color están aunados en la defensa a ultranza de la presencialidad escolar. El miserabilismo llega a niveles insólitos. A decir del propio ministro de educación nacional, Nicolás Trotta, si bien hay contagios –razona–, donde “sí se han detectado casos positivos, por supuesto, pero lo que no tenemos detectado es que se produzcan los contagios en un espacio institucional donde se pueden cumplir los protocolos”. Según el ministro, los contagios no necesariamente se producen en las escuelas, pero el punto está en el análisis de “probabilidades” que es, en última instancia, la materia prima con la que trabaja la epidemiología. Trotta supone que no hay ningún impacto por la presencialidad. Bien, abrir las escuelas no es liberar cualquier actividad. Ninguna mueve a 10.550.621 alumnos en la modalidad común (sin incluir el nivel superior no universitario), 107.470 alumnos en la modalidad especial, a otros 1.376.000 en la modalidad técnica y formación profesional y a 756.837 de la educación primaria y secundaria de adultos. Aunque de forma escalonada, dosificada y gradual, la presencialidad puso en movimiento a 11.552.528 alumnos. Sumemos a 1.458.000 de docentes y no docentes, agreguemos a las familias (en su mayoría mujeres) que se movilizan para llevar a sus hijos a las escuelas; sumamos otros cuatro millones más, a razón de una familia tipo, es decir, un acompañante cada dos de esos niños que tienen que ir a la escuela. A poco de sumar, la cuenta ascienda a más de 17 millones de personas. En este cuadro, sostener que con restringir la circulación de unos pocos, porque “la presencialidad en las aulas es una prioridad”, es directamente criminal. Hablan de volver a fase 3, manteniendo las escuelas abiertas, pero cerrando los bares y otros lugares de “esparcimiento”, pero esto no resuelve el problema de fondo.
Nos hablan de un protocolo seguro y cuidado. Lo cierto es que la apertura de escuelas se gestionó a través del diseño de protocolos desactualizados que, como placebos, nos dan una falsa sensación de seguridad. Porque focalizan en el contagio a través de la superficie como principal elemento, dejando de lado el problema de la ventilación como algo que se resuelve abriendo puertas y ventanas. Existen distintas simulaciones que muestran cómo a pesar de la doble ventilación cruzada (que se lograría con puertas y ventanas que den al exterior, o por medio de equipamiento de extracción y circulación adecuado) el aire permanece “contaminado”, en magnitudes variables, si hubiera un contagiado. Por eso, la convivencia durante horas (tres o cuatro) en espacios cerrados de un grupo amplio de personas (una burbuja de hasta 15 personas en cuarenta metros cuadrados), como es el caso de las escuelas, amplifica la posibilidad de contagios. Mientras se enfatiza que los docentes no pueden tomar ni una hoja de sus alumnos para corregir previniendo el contacto físico, permanecerán juntos respirando entre tres y cuatro horas al día el mismo aire, ése con las microgotas en aerosoles del virus. Ya ni hablemos de que abrir puertas y ventanas todo el tiempo que dura la jornada escolar aparece como una solución viable solo algunas épocas del año –época estival– y en algunas provincias supeditada a la bonanza del clima: no apto para lluvia y nieve.
Nos hablan de contagios fuera del espacio de la institución escolar, como si el itinere a, o desde, ellas no tuviera nada que ver. Como si millones de niñas y niños se transportaran en burbujas desde su hogar hasta las escuelas. Nada de eso. Viajan en transporte público que hoy está colapsado. Para exponer algunos ejemplos, según los datos del Ministerio de Transporte de la Ciudad y del Ministerio de Educación entre el 30 y el 40% de los alumnos llega a la escuela usando el transporte público, y casi medio millón de estudiantes de la Ciudad llegan desde la provincia de Buenos Aires. El uso del transporte público es la regla en la mayoría de las grandes ciudades y también para los viajes interdepartamentales de los docentes taxi. Suponer que la mayoría cuenta con movilidad propia o proponer comprar bicicletas en cuotas, como hizo la Ciudad, es desconocer la realidad de millones de familias y de cientos de miles de docentes, y desconocer las formas en las que viajaban hacinados antes de la pandemia, cuadro que se repite hoy.
Los niños no se contagian…
El principal argumento del gobierno para defender la vuelta presencial a clases fue que los niños no se contagiarían y que no actuarían como transmisores. Ese argumento se sumaría al de los protocolos cuidados. Cierto es que esa posición contrasta con la evidencia médica internacional y con la evidencia de circulación de las nuevas cepas (británica, manaos) que afectan con mayor incidencia a menores que la cepa tradicional. La cepa británica fue la que hizo que Gran Bretaña cerrara todas sus escuelas en enero pasado. Distintos estudios muestran que la carga viral en niños puede ser tan alta como la de los adultos y que por eso contagian y se enferman. Ya nos hemos ocupado de ello antes. La cepa británica circula desde diciembre en Argentina y ya adquirió circulación comunitaria. Un camino similar transita la cepa manaos y –tal como reconoció Carla Vizzotti– la misma suerte corren las variantes P.2 (Río de Janeiro) y la variante CAL.20C (linaje B.1.427, California). Las cuatro fueron rastreadas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo. Sin embargo, la realidad desmiente ese acto de fe acerca de la poca transmisibilidad o enfermedad en infantes.
Hace una semana publicamos un mapa mostrando la evolución de los contagios de niñas y niños comprendidos en la franja escolar 3-13 años comparando semanas previas al inicio de clases y posteriores. Esto permite ver el impacto de la presencialidad. Como muestra el mapa, actualizado al 27 de marzo, se tiñe de rojo intenso. En CABA, los contagios crecieron 87%; en provincia de Buenos Aires, 60%; en Misiones, 286%; en Corrientes, 243%; en Formosa, 114%; en Chaco, 67%; en Santa Fe, 79%; en Jujuy, 125%; en Salta, 86%; en Tucumán, 183%; en Santiago del Estero, 100%; en Córdoba, 94%; en San Luis, 102%; en La Rioja, 250%; en San Juan, 100%; en Mendoza, 265%; y en Santa Cruz, 109%. Esta es la lista de provincias en rojo. Como es sabido, la mayoría de ellas inició las clases el pasado 1º de marzo. Una semana después, el panorama es peor. Al 2 de abril –y tomando los datos abiertos del Ministerio de Salud–, en la Ciudad de Buenos Aires la incidencia de contagios en niñas y niños de entre 3 y 13 años aumentó 136%. ¿Qué quiere decir esto? Los casos aumentaron a más del doble. En la provincia de Buenos Aires, que tiene una quincena menos de presencialidad, los casos crecieron un 90%, al igual que en Entre Ríos, es decir, están al borde de duplicarse. En Santa Cruz y en Mendoza, los contagios en niñas y niños se duplicaron (subieron 100%). En San Juan y en Jujuy aumentaron 50%. En Salta y Santiago del Estero crecieron 140 y 146%; en Córdoba, 125%. En San Luis los casos están a punto de triplicarse. Y en Mendoza, de cuadruplicarse (294% de aumento). En Tucumán y en Misiones los casos crecieron tres veces y media; valor similar al de Santa Fe (238% de aumento). En Corrientes, los casos aumentaron siete veces (629% de aumento de contagios).
Suponer que esa evolución no guarda ninguna relación con el inicio de clases es sencillamente un acto de fe o de hipocresía, porque no existe otra actividad que pueda explicar tal cuadro. La única actividad masiva que se liberó a partir del 17 de febrero, en algunas provincias, y con mayor intensidad a partir del 1º de marzo, fue la presencialidad en las escuelas. Suponer que la “cura” vendrá a partir de la restricción de las actividades sociales y de esparcimiento, o cortando la circulación nocturna, cuando las escuelas movilizan diariamente a millones, sería ridículo si no fuera tan grave.
Como si ello fuera poco, al 5 de abril, registramos el fallecimiento de catorce compañeras y compañeros docentes y un número no determinado oficialmente de contagiados. Nuestro propio registro contabiliza 1.018 casos reportados al 30 de marzo, cifra que solo es un botón de muestra del número total que debería ser informado oficialmente a través del Cuidar Escuelas, pomposamente lanzado hace unos días. Un relevamiento voluntario contabiliza 1.018 casos, hay que preguntarse por la verdadera magnitud cuyo resultado solo conoce el gobierno. Nuestro registro computa los casos denunciados voluntariamente por miembros de la comunidad educativa, o relevados a través de información periodística, previo chequeo de la información (podés reportar casos completando el siguiente formulario) y constatación de la asistencia a escuelas por parte de docentes y no docentes. Claramente es una cifra conservadora que apenas ofrece un muestreo discreto. Lo importante a retener aquí es que el muestreo previo registraba para la semana anterior un total de 781 casos (al 25 de marzo). Esto significa que, en una semana, la cantidad de casos creció 30%. Se trata de un porcentaje mayor al que surge de comparar el total de casos reportados en el ministerio de salud que pasaron en ese mismo período de 8.238 a 10.154, es decir, un 23% más. Por eso, el valor a determinar es cuál debería ser el factor de multiplicación real de esos 1.018 casos registrados y de esas catorce muertes, evitables como todo crimen social, que se produjeron en y gracias a la presencialidad.
Como enseña el mapa, el aumento de casos en niñas y niños no es un problema “porteño”, como prefiere señalar el sindicalismo peronista. La provincia de Buenos Aires transita hacia un escenario similar. Según sostienen “la presencialidad en las aulas es una prioridad y no debe confundirse con las actividades sociales que puedan derivar del encuentro de los niños, niñas y adolescentes”. Así, son y serán responsables de cada uno de los contagios y muertes ocurridos en las escuelas. Además, incurren en una lógica falsa. Supongamos que esos niños y niñas se contagian fuera de la escuela. Bien, mientras transiten “asintomáticamente” llevarán la enfermedad a sus escuelas y de allí a otras familias. Pero, además, como dijimos más arriba, el gobierno no puede explicar precisamente lo que los datos evidencian: que los contagios crecen “curiosamente” junto con el inicio de la presencialidad.
Cerrar y abrir escuelas
A la fecha (5 de abril) hay 147.171.570 de estudiantes afectados por cierre total de escuelas en más de 30 países: México, Venezuela, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Estonia, Polonia, Hungría, Grecia y Serbia entre otros según indica la UNESCO. Nuestro país forma parte del pelotón de países con circuitos educativos “parcialmente abiertos”, es decir, aquellos que funcionan con un esquema bimodal –como en la mayoría de las escuelas argentinas–, o con cierres en departamentos/provincias. Toda América del Sur (menos Venezuela) se incluye en este paquete, lo mismo ocurre en Estados Unidos, Italia, Alemania, Irlanda, Finlandia, Noruega, entre otros.
Quienes desde la oposición azuzan el fantasma del cierre de escuelas como algo típico argentino no saben de qué hablan. Argentina forma parte del grupo de países que mantuvo durante 2020 sus escuelas cerradas más de 41 semanas. El mismo lapso transitaron Estados Unidos (con cierres de estados), México, Canadá e India. No muy diferente fue el caso de Europa, que encuadra en el pelotón de entre 20 y 39 semanas de cierres a países como Italia, Alemania, España (15 semanas), Gran Bretaña, Austria, Suecia, Finlandia, entre otros.
Por otra parte, el cierre de escuelas fue, frente a la ausencia de vacunas, la única forma de cortar la cadena de propagación del virus, de circulación de personas y, por ende, de los contagios. Hoy la vacunación masiva de la población otorgaría una herramienta para proyectar el único “retorno seguro” a las escuelas. Sin embargo, nuestro país está lejos, muy lejos, de eso con apenas el 7,88% de la población inmunizada con una dosis y 1,51% con dos. En números: 3.663.455 y 690.589 personas respectivamente. Hoy, en el país, la existencia de vacunas distribuidas es de 5.893.445, poco más del 5% de lo que se necesita para inmunizar con dos dosis a toda la población. Esas vacunas se consiguieron en casi cuatro meses lo que a este ritmo nos da una demora de años en la resolución de un problema central como es garantizar la inmunidad de rebaño.
El universo de docentes y no docentes que debe ser vacunado es de 1.458.000, tal como reconoció el Ministerio de Educación. Los docentes forman parte del personal estratégico (junto a Fuerzas de Seguridad y Armadas, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario) y a la fecha fue vacunado un total de 590.294 personas en todo ese grupo. Al 19 de marzo, último dato disponible, habían sido inmunizados 420.000 docentes, es decir, el 28% del universo total de docentes. Ese número no puede pensarse en forma aislada: de poco sirve inmunizar a los docentes si sus estudiantes y sus familias no son inmunizados también. Como sabemos, la vacuna no evita un nuevo contagio –sí reduce la mortalidad– y hoy se estudia el comportamiento de la transmisión en los vacunados. Que la vacunación masiva, incluyendo a niñas y niños, es una necesidad de primer orden lo muestra el resto del mundo y los recientes ensayos clínicos que evalúan a esa fracción de la población. En Estados Unidos ya se advirtió que el fin de la pandemia no llegará si no se inmuniza a ese sector de la población que representa al 20% del total: las niñas y niños.
Defensa de la vida: vacunación masiva, suspensión ya de la presencialidad, virtualidad para no enfermar
Lo cierto es que fuimos la única corriente que se pronunció en forma inclaudicable ante el crimen social que estaba en marcha. Lo hicimos desde los primeros intentos por la reapertura de escuelas en 2020 y cuando ese problema se nacionalizó y amplificó en enero de 2020. Desde ese momento, desarrollamos una agenda de acciones que incluyen semaforazos con radio abierta, afichadas en escuelas, contabilización de casos y elaboración de un mapa con contagios a nivel nacional en ausencia de otro indicador. El 5 de febrero lanzamos un petitorio para reclamar la suspensión de la presencialidad y exigir la vacunación masiva de la población, a propósito de la modificación del semáforo epidemiológico para la reapertura de escuelas. Denunciamos que el pliego lavandina y la discusión sobre las condiciones seguras exponían nuestras vidas y las de nuestros estudiantes y sus familias. No nos equivocamos. Dijimos que el paro era la única herramienta para hacerlo. Curiosamente, quienes hoy quieren colocarse a la cabeza de esta lucha nos acusaron de “foquistas sindicales”, tal como hizo el Partido Obrero-Tendencia de la Ciudad de Buenos Aires, mientras sostenían una política de un lado de la Gral. Paz y, en apariencia, otra del otro lado. Hoy los sindicatos clasistas le exigen al gobierno la suspensión de clases y a la CTERA que convoque a un paro. Pero ellos, que dirigen seccionales en todo el país, no hacen lo propio en los sindicatos que tienen a su cargo. Esperaron la llegada de la segunda ola y la acumulación récord de más de 16.000 casos en todo el país. Se colocaron en defensores de la “presencialidad” para no ser corridos en los medios de comunicación o porque, argumentan, los compañeros no quieren parar. ¿Cómo van a hacerlo espontáneamente si no se les explican los problemas, o si el sindicato no traza un horizonte de agitación en una línea correcta? Se negaron a expedirse por la vacunación masiva, presionados por los sectores antivacunas. Se negaron a defender la virtualidad por la misma causa. No se encargaron de explicar que esta presencialidad, además de criminal, era absurda pedagógicamente hablando. Una presencialidad vaciada de contenidos. Abandonaron así a las familias y a los estudiantes a su suerte.
Lo hemos dicho muchas veces. El único prerrequisito para la presencialidad es la vacunación masiva de toda la población. La vacunación masiva es el principal problema sanitario de la clase trabajadora argentina hoy. El gobierno no deja de demostrar su inutilidad a cada paso y por eso debe dar un paso al costado. Es nuestra hora. En materia educativa, la defensa de la educación remota se impone si no queremos seguir acumulando más muertes y contagios.
• Para recuperar nuestras vidas y preservar la salud: exigimos vacunación masiva ya. Campaña de firmas
• ¡Nuestras vidas primero! Firmá el petitorio para exigir la suspensión de las clases presenciales en pandemia y el restablecimiento de la virtualidad con todas las condiciones garantizadas: http://bit.ly/3kD2Rhc
• Colaborá con el relevamiento de casos a nivel nacional completando el formulario de reportes de casos: http://bit.ly/3b6bnCm
Sumate a las actividades que estamos organizando en cualquier lugar del país que te encuentres.
Hoy más que nunca decimos:
-La vida primero: ningún alumno, docente, no docente, personal auxiliar pueden volver a clases hasta que finalice la amenaza de la Pandemia. Vacunación masiva de la población. Suspensión de la presencialidad. Educación Remota YA.
-Expansión urgente del Plan Conectar Igualdad: dotación de una notebook para que cada uno de los alumnos y docentes del país cuente con las herramientas técnicas necesarias para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según los datos del gobierno exigimos: entrega de un mínimo de 4.300.000 computadoras para alumnos y para 400.000 docentes. A su vez, el plan debería contemplar las necesidades de renovación de equipos de alumnos y docentes que sí tienen computadoras, pero son obsoletas.
-Wifi y conectividad a internet gratuita y de calidad para toda la población. Liberación completa de la conectividad y no solo para grupos reducidos o portales educativos.
-Contratación de personal docente para realizar seguimiento del proceso educativo a distancia y cuando se retome la cursada en condiciones seguras habiendo cesado la pandemia. Queremos desdoblamiento de cursos para que los docentes puedan cubrir las necesidades reales de los alumnos y el seguimiento personalizado de los objetivos alcanzados. Eso solo puede hacerse en pequeños grupos. Y donde un docente fije un plan específico para cada niña y niño según las metas que haya alcanzado el año anterior, contemplando también su trayectoria escolar previa. Inmediata incorporación de todos los docentes desocupados y/o subocupados dentro del circuito formal para cumplir tareas pedagógicas lo que implicaba su contratación como docentes formales.
-Contratación del personal técnico necesario para cada escuela a los fines de asistir y colaborar en la diagramación de las clases a distancia y en el diseño de las plataformas escolares.
-Plan de transporte público seguro y de calidad para las y los trabajadores.
-Contratación y dotación de personal para gabinetes escolares, EOES, DOES, para acompañar y apuntalar el proceso pedagógico de cada uno de los alumnos de nuestro país. El hartazgo de los niños al encierro, las necesidades de socialización, son reales, pero ello no puede realizarse en detrimento de la vida; ello tampoco ocurrirá en las escuelas dados los estrictos protocolos, solo sumará más incertidumbre y temor. Hoy más que nunca, las escuelas necesitan de equipos y gabinetes en cantidad suficiente para atender a las y los alumnos, y también a sus familias.
-Licencia laboral remunerada para quienes ejercen las tareas de cuidado de menores y mayores a cargo. En su inmensa mayoría fueron las mujeres, las madres, las que asumieron las tareas que demandaba la educación remota o el cuidado de los adultos.
Como demandas históricas exigimos:
-Censo de infraestructura y plan de obras acorde a las necesidades escolares en manos de personal idóneo, plan de transporte y revisión de las condiciones de trabajo docente para eliminar la figura del docente taxi que, en plena pandemia, solo vectorizaría el virus entre sus alumnos y familias. Asimismo, las escuelas deben ser dotadas de todos los insumos de limpieza y de prevención necesarios. Participación de la comunidad escolar como agente de control y, previamente, en la toma de decisiones.
-Recomposición histórica del salario docente.
-Subsidios a las familias desocupadas equivalentes a dos canastas familiares totales.
