Condiciones edilicias de las escuelas de Misiones (2004- 2015)
El gobierno provincial, en sintonía con el kirchnerismo, intenta convencernos de que su política ha priorizado la inversión en materia educativa. No obstante, la realidad material de las escuelas demuestra lo contrario.
Por Sandra Cubilla
En el 2005 y a dos años de que Eduardo Rovira asumiera su segundo mandato al frente de la gobernación, el ministro de educación Hugo Passalacqua advertía a un periódico provincial: “En el 2005 batimos récord en construcción de escuelas”.1 En la misma oportunidad, el funcionario apuntaba que “la educación se mide en procesos o en trayectos de quince años” y que, en este sentido, la lenta recuperación luego de la crisis del 2001 demandaría de ese lapso para mejorar salarios, capacitación e infraestructura escolar. Diez años más tarde, durante el inicio de Sesiones de la Cámara de Representantes, el 1 de mayo del 2010, el gobernador de la provincia Maurice Closs abría su discurso advirtiendo que “la educación estuvo al tope de la agenda”2 durante la última década. Como prueba de ello, nos presentaba cifras que, a primera vista y con una mirada un tanto miope, parecían contundentes: de 1.451 instituciones existentes en el 2007 se pasó a 2.163 en el 2015, las cuales funcionan en 1.531 edificios3 (80 nuevas sedes escolares); 512 de estas instituciones eran secundarias (incluyendo la educación de adultos). Luego de destacar que “un logro de esta política ha sido la creación de escuelas secundarias en todos los pueblos”, no dejó de señalar un sinnúmero de cifras rimbombantes respecto a las escuelas especiales, institutos de formación docentes, escuelas E.F.A. (Escuela de familias agrícolas), salas de nivel inicial y materno infantil. Si tomamos en cuenta los “datos” proporcionados por los funcionarios del gobierno, no podríamos negar un avance en el derecho a educarse de todos los niños y jóvenes de Misiones. Sin embargo, la realidad nos muestra que su discurso no pasa de ser una mentira insostenible.
Atado con alambre
Si observamos el periodo que va desde el 2005 al 2010, y tomando como fuente las notas del periódico El Territorio, podemos señalar que el veinticinco por ciento de ellas se refieren a establecimientos que requerían en forma urgente edificios nuevos, refacciones generales, instalaciones de agua potable y electricidad adecuadas, ampliaciones, etc. El setenta por ciento de las noticias sobre infraestructura escolar denunciaba, durante estos años, escuelas con rajaduras en las paredes, hormigones que se derrumbaban, techos y ventanas dañados por fenómenos climáticos y sanitarios en extremo deteriorados. Más grave era la situación de las llamadas escuelas “rancho” o “quincho” (repartidas a lo largo del territorio provincial) dependiendo de si ésta contaba o no con estructuras que cumplían la función de paredes. Los municipios que presentaban mayores problemas en materia de infraestructura escolar eran (y lo siguen siendo) Posadas, Oberá, Montecarlo, Eldorado y Puerto Iguazú, es decir, las ciudades con mayor densidad poblacional de la provincia
Otro factor común por estos años en la provincia remitían a los casos en que, directamente, no se contaba con un edificio de ningún tipo y las instituciones se refugiaban en otros espacios. Durante el 2007 podemos considerar como ejemplo típico a la Escuela 164 de Puerto Iguazú que, por falta de respuesta a sus necesidades, decidió mudarse al camping municipal para continuar con sus actividades. Otro caso es el de la Escuela especial 16 de Puerto Piray, la cual luego de un incendio que destruyó su local, funcionaba en un correo que, además de tener alimañas de todo tipo, corría peligro de derrumbe.
En el 2008 siguen las mismas problemáticas. La lista es extensa y encontramos, por ejemplo, al Bolp 10 de Oberá dando clases en un club de futbol por la paralización de las obras comenzadas el año anterior, o a la Escuela 444 de Posadas funcionando en el predio de un hogar de día por falta de local propio.
Eldorado, uno de los municipios más poblados del norte de la provincia, lidera el ranking de noticias sobre el deterioro de sus escuelas en 2009: la Normal 11, la Escuela técnica 1, la 202 y la 896 de esta ciudad funcionan en “quinchos” (ésta última con 130 alumnos de 1° a 6° grado de primaria y tres docentes a cargo). El Cep 16 comenzó dando clases, luego del receso invernal, en una plaza por falta de edificio (anteriormente ocupaban la sede parroquial) y la Escuela 880, que albergaba en ese entonces a 29 chicos del nivel inicial al sexto grado (modalidad de plurigrados), tenía clases en un santuario.
Hacia el 2010 los quinchos no desaparecen y vemos, por ejemplo, que la Escuela 202 de Eldorado no pudo comenzar sus clases en tiempo y forma. La Escuela 847 de la misma ciudad, por su parte, denunció a los medios la imposibilidad de seguir funcionando en el mismo edificio de un comando radioeléctrico. Tampoco la Escuela 8 de Candelaria pudo iniciar sus actividades en el 2010: los padres y docentes denunciaron que, en reiteradas oportunidades, se desplomaron ventanas y ventiladores sobre los alumnos.
La ley del menor esfuerzo
Por otro lado, los problemas que atañen a las condiciones materiales del sistema educativo en la provincia no se limitan, solamente, al estado general de sus edificios. Podemos mencionar, además, la falta de mobiliario, la superpoblación de las aulas, la ausencia de ventiladores (por no ser pretenciosos y osar solicitar aires acondicionados), insuficiencia de libros, escasa limpieza diaria (personal de servicio), falta de agua, luz y todo elemento indispensable para trabajar normalmente. Estas carencias y problemáticas son moneda corriente en la cotidianeidad escolar. Es un hecho naturalizado que los maestros y profesores dispongan de sus propios ingresos para comprar los materiales mínimos para enseñar; o que a la hora de la limpieza de sanitarios y aulas, son los padres, docentes y alumnos quienes llevan adelante esta tarea, cuando no son los encargados de construir sus propias escuelas. Es el caso del Aula satélite de la Escuela 735 (Eldorado), la Escuela 48 y la 42 de Adultos (Posadas), la Escuela de artes y oficios donde también funcionaría el Instituto Superior Técnico Uruguaí. (Puerto Libertad) y otros lamentables ejemplos de la miseria naturalizada.
A esta altura, podríamos preguntarnos qué hace el gobierno ante tantas carencias. Se pueden ver, a lo largo de este periodo, verdaderas crónicas que reconstruyen años de reclamo por la construcción de una nueva escuela y la indiferencia total de las autoridades. La Escuela 694 de Puerto Iguazú, por ejemplo, comenzaba en 2006 una seguidilla de huelgas, audiencias, tomas de edificios públicos, como el Ministerio de Educación, que se sucedieron sin tener soluciones de ningún tipo. Recién en marzo del 2011 se inaugura el nuevo edificio escolar. La misma suerte corrieron los padres y docentes de la Escuela 434 de Montecarlo cuyos reclamos se extendieron por más de tres años, la Escuela 802 de Oberá, la EPET 1 de Posadas, la Escuela 467 de Caraguatay, la Escuela 285 y el Bolp 5, ambas de Candelaria. Y la lista sigue.
Muchas veces las obras se paralizan por falta de pagos a los obreros de la construcción; otras situaciones más lamentables todavía son aquellas en que los edificios recién construidos presentan serias fallas. Tal es el caso de la Escuela 605 de El Soberbio y la Escuela 730 de Posadas, ambas obras enmarcadas dentro del Plan 700 escuelas4 y financiadas con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
La década de la mentira
Aunque el gobierno se llene la boca con cifras que parecen demostrar lo contrario, actualmente la situación no ha mejorado. Si bien, durante los últimos años la cantidad de noticias sobre infraestructura ha disminuido (porque, de hecho, ha cedido lugar a otras problemáticas escolares como la violencia), este tema no ha dejado de tener un lugar importante en las reivindicaciones de los sindicatos docentes opositores de Misiones.
Hoy por hoy no solamente siguen existiendo las escuelas rancho, sobre todo en las localidades del interior (tres escuelas de San Pedro, el Bop 76 de El Soberbio, Escuela bilingüe 909 de San Ignacio y tantas otras), sino que persisten instituciones que alquilan edificios, establecimientos compartidos a contra turno, carencia de personal de limpieza fijo, falta de lugar adecuado para realizar actividades físicas y deportivas, etc. También persisten colegios que realizan el mantenimiento solo con los ingresos de la cooperadora, por lo tanto, aquellos sectores que no pueden pagarla ven empeoradas las condiciones en las que sus hijos se educan. Se trata, en su mayoría, de contextos en extremo riesgosos, inadecuados para desarrollar una relación educativa al no contar con los medios necesarios. Vemos entonces que la mentada “transformación educativa” de la última década tiene tan poca relación con la realidad, como el célebre “cinco por ciento de pobreza” manifestado por la misma Cristina días atrás ante la FAO. Anuncios como éstos representan la misma verborragia que caracteriza a todo el arco oficialista: impresionar con números sin contenido real.
Notas
1Véase El Territorio 19/12/2005
2https://goo.gl/BaKojn
3Cabe aclarar que una institución educativa reconocida dentro del Consejo General de Educación no necesariamente se corresponde con un edificio escolar. Existen edificios en los cuales funcionan más de una institución, como así también varias aulas o escuelas satélites que corresponden a una misma figura educativa.
4Programa lanzado oficialmente en 2004, en conjunto con el Ministerio de educación y de Planeamiento Federal para la construcción de 700 escuelas repartidas en todo el país. Con una inversión estimada de 1.000 millones de dólares, el 50% fue aportado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
