Todos los días nos levantamos con la noticia de que alguna mujer en algún lugar del país sufrió violencia o directamente fue asesina por el simple hecho de ser mujer. La provincia de Jujuy no se encuentra ajena a esta realidad. Como podemos ver en los pocos números públicos que existen esta situación parece no detenerse, sino que se incrementa.
Las compañeras de Trece Rosas, el frente feminista de Razón y Revolución, exigimos que se declare inmediatamente la emergencia pública por violencia contra las mujeres. Esta medida no debe centrarse en seguir escribiendo proyectos de ley que repiten lo que la normativa existente ya establece, sino brindar el presupuesto necesario para que esta se cumpla.
Como se puede ver a lo largo del informe, la provincia de Jujuy no cuenta con una estructura suficiente ni con las herramientas eficaces para abordar este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo más importante es destinar un presupuesto acorde a estas necesidades, de modo tal que la prevención y la asistencia sean efectivas.
Para una lucha sistemática contra la violencia hacia las mujeres que brinde soluciones reales requerimos:
1º) En el contexto de pandemia, la inmediata exclusión del hogar de los violentos y que pasen la cuarentena en instituciones como hoteles o clubes de fútbol donde se respeten el aislamiento social.
2º) Equipar las líneas de atención con equipos interdisciplinarios que puedan ayudar a la víctima rápidamente, asesorarla y sacarla de la situación de peligro.
3º) Que el gobierno provincial se haga cargo de los dos refugios que pertenecen a ONGs y que garantice un servicio permanente y completo para las víctimas y sus familias.
4º) La creación inmediata de un refugio en cada localidad de la provincia. Asimismo, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy debe disponer de un grupo de viviendas para las mujeres con hijos a cargo.
5º) Que funcionarios y funcionarias que forman parte de las instituciones que atienden a mujeres víctimas de violencia tengan formación y asesoramiento adecuados.
6º) La promoción de un sistema de alerta y búsqueda temprana de mujeres desaparecidas.
7º) La creación de un fuero especial para la resolución rápida de los casos, así como también de un organismo que estudie el fenómeno de los femicidios y desapariciones, partiendo del registro efectivo de todos los casos. Las mujeres muertas que no se cuentan están desaparecidas.
8º) Que la Educación Sexual Integral aborde el tema de la violencia contra las mujeres, que se eduque contra el sexismo desde la infancia.
9º) Que las mujeres desocupadas (y en especial aquellas que tengan hijos a cargo) cuenten con un subsidio a la desocupación equivalente a dos canastas básicas, porque muchas, a medida que la crisis se profundiza, caen en la prostitución, una de las formas más extendidas de violencia contra la sexualidad de las mujeres.
10º) Dado que la planificación de la vida reproductiva forma parte del derecho a la salud de las mujeres, toda vez que su cuerpo y sus condiciones vitales se transforman radicalmente con embarazos, partos e hijos, exigimos que los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se flexibilicen hasta tanto no contemos con la ley nacional de aborto voluntario y gratuito. Para que esta violencia reproductiva y sexual contra las mujeres finalice, exigimos una educación sexual científica, laica y feminista y para una anticoncepción eficaz y consciente, que el Estado facilite los anticonceptivos requeridos y que los responsables de la salud no obstaculicen su acceso. En este mismo sentido, instamos a los/las diputados/as y senadores/as a un compromiso fehaciente: que el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto sea aprobado.
Ni una muerta más.
