Por Stella Grenat – La política de defensa de los derechos humanos, puntal del matrimonio K para mantener el apoyo de amplias fracciones progresistas, entró en crisis al convertirse sus propios aliados en el canal de expresión de una ofensiva de la derecha procesista. El discurso oficial sobre los setenta, que el kirchnerismo intentó imponer, es discutido ahora por su círculo cercano, entre otras cosas porque, como la situación de Moyano podría demostrarlo, la contrarrevolución también estaría en el gobierno. Acosado por el intento K por desplazarlo de la CGT y ante las sospechas de su posible vinculación con la CNU de Mar del Plata, dato que, de confirmarse, podría ser utilizado por sus enemigos, no sería arriesgado pensar que el líder camionero impulsara la reapertura del caso Rucci como una amenaza implícita al “ala izquierda” del bonapartismo kirchnerista. En lugar de resistir a la andanada, la presidenta recibe a los familiares de la “víctima” de la Operación Traviata, demostrando con qué facilidad puede desembarazarse de los “setentistas” si la ocasión lo requiere.
Por otro lado, el episodio pone también sobre la mesa el fracaso de la política de las organizaciones de Derechos Humanos alineadas con el gobierno, que ahora se ven enfrentadas a la posibilidad de recibir algo de su propia medicina de manos de su adorada presidenta. En efecto, con la consigna de “justicia para todos”, el personal político que defiende la dictadura de Videla reclama también para sí los “derechos humanos”. La línea es clara: se apela a que las acciones armadas realizadas por las organizaciones político militares, en particular por Montoneros y PRT-ERP, sean catalogadas como crímenes de lesa humanidad. De este modo se busca reabrir viejas causas y sentar en el banquillo de los acusados a los militantes de los ’70. El ícono elegido como estandarte de la nueva cruzada es la figura del burócrata sindical José Ignacio Rucci. Dirigente de la UOM y, desde 1970, secretario general de la CGT, fue uno de los pilares de la contraofensiva con la que Perón enfrentó a las fuerzas populares en su tercera presidencia. Lejos de “mártir de la democracia”, Rucci fue una pieza esencial de la contrarrevolución.
¿Inocente?
El asesinato de Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Perón ganara las elecciones, nunca fue asumido públicamente por ninguna organización. Sin embargo, desde entonces fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista que terminaría con la ruptura total entre Perón y su otrora “juventud maravillosa”.1 El hecho más importante en este enfrentamiento había sucedido poco antes, el 20 de junio, con la masacre de Ezeiza, perpetrada por el ala derecha del peronismo: la burocracia sindical de la CGT de Rucci y el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Luego de la “Operación Traviata”, fueron estos sectores los que se consolidaron y los que se constituyeron en la base desde la cual Perón y la Triple A sanearon a sangre y fuego las filas de su movimiento.2 La causa judicial iniciada inmediatamente para investigar los hechos de Ezeiza se cerró el 15 de julio de 1974. Después del golpe, el expediente volvió a abrirse y al poco tiempo se cerró nuevamente. Finalmente, en 1985, fue archivado en el Juzgado Federal Número 4.3
La muerte de Rucci se inscribe, entonces, en el marco de la lucha de clases del período en cuestión, lucha que partió al medio al peronismo. El jefe de la burocracia cegetista fue considerado siempre una baja de la “derecha” provocada por la “izquierda” del mismo movimiento. Pocos años después, en 1988, en el marco de las leyes de impunidad y del proyecto de reconciliación nacional, la familia de Rucci aceptó otra versión de los hechos, según la cual la Triple A habría sido la responsable del asesinato. Menos atentos a la “verdad”, no cuestionaron el endeble fallo judicial que les permitió acceder a los casi 240.000 dólares previstos por la ley 24.411 como indemnización para los familiares de las víctimas de la asociación terrorista.4
Lejos de ésta versión, hoy la familia, junto a las máximas autoridades de la CGT y de las 62 organizaciones, Hugo Moyano y Jerónimo Venegas, ha salido a reclamar el esclarecimiento del hecho y a acusar directamente a Montoneros. El reclamo se monta en la muy oportuna edición del libro Operación traviata, del periodista de Perfil Ceferino Reato. El juez Ariel Lijo encontró en las supuestas nuevas evidencias aportadas por el texto de Reato, respecto a que dos militantes que participaron del hecho aún estarían con vida, el fundamento para la reapertura de la investigación. Asimismo el abogado de los querellantes, el ex ministro duhaldista Jorge Casanovas, argumenta que el crimen no prescribió porque no hubo imputados. De este modo, la causa prosperó a pesar de no catalogarse el hecho como un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, resultar imprescriptible. La dificultad de imponer este tratamiento al hecho se debe a que la Corte Suprema de Justicia estableció, en sus fallos, que un delito de lesa humanidad es sólo aquel cometido desde el aparato del Estado. Esto quedó establecido en los casos de los represores Arancibia Clavel y Julio Simón, en la negativa a la extradición de Jesús Lariz Iriondo, acusado de participar en atentados de la ETA, y en el rechazo del pedido de reapertura del caso del Coronel Larrabure. Este pedido, hasta ahora circunscrito a Cecilia Pando y sus secuaces, fue defendido por la GCT y por Carlos Menem. Moyano, no sólo hizo declaraciones públicas al respecto, sino que movilizó contactos políticos para que impulsaran proyectos en este sentido. En Santa Fe, los diputados justicialistas Jorge Lagna y Alberto Monti presentaron un proyecto de resolución proponiendo que la Cámara de Diputados de la provincia apoyara “enfáticamente el pedido de los hijos de José Ignacio Rucci ante la Justicia Federal para que el crimen irresuelto de quien fuera Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la República Argentina sea declarado Delito de Lesa Humanidad”. Asimismo requirieron adherir “a la solicitud del Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el sentido de pedir a la Cámara de Diputados de la Nación la aprobación de un Proyecto de Declaración para que se considere el crimen de José Ignacio Rucci como de lesa humanidad”. 5 Por su parte, el ex presidente apareció en los diarios apelando al art. 7 del Estatuto de Roma, según el cual estos delitos habrían sido cometidos “de conformidad con la política de un Estado o de una organización”. Sin embargo, el mismo Estatuto señala en el art. 11 que “la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto”.6 El mismo, aprobado el 17 de julio de 1998, entró en vigor en la Argentina en julio del 2002.7
La reapertura de la investigación de Rucci y la enorme campaña mediática en pos de la “memoria completa” que la acompañó, impulsaron, entre otros, al hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, a la hija de Jordán Bruno Genta y a la esposa del Capitán Humberto Viola, a presentar sus causas.8 El caso Rucci logró reinstalar judicialmente la teoría de los dos demonios y sentar bases para enjuiciar a los militantes de los años ’70. Como veremos, ésta no es, sin embargo, su consecuencia más importante.
Dime con quien andas y te diré quien eres
Hace exactamente un año el ajedrez político burgués ubicaba en una misma línea a Cecilia Pando, Juan Carlos Blumberg, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saa que, entre otros compungidos concurrentes, eran recibidos en la Catedral Metropolitana por el cardenal Bergoglio para realizar una misa en memoria de Rucci.
Este año, con la velocidad con la que siempre ocurren los hechos en las épocas de crisis, los medios pasaron de reseñar los éxitos kirchneristas en las condenas a prisión perpetua de Bussi y Menéndez, a registrar la reunión de Cristina con los familiares de Rucci. Con esta reunión, la presidenta desairaba a su fiel lugarteniente, Hebe de Bonafini, que días antes había salido con los pies de punta a acusar a Rucci de asesino. Mientras Cristina departía con los parientes del ahora “mártir” del movimiento obrero, en Plaza San Martín, Pando, Biondini y Obeid también bregaban por el sindicalista en el marco del homenaje que las organizaciones de derecha realizaban por los “caídos por la subversión”. Los hijos de Rucci también visitaron, junto al “Momo” Venegas, al cardenal Bergoglio quien afirmó que la Iglesia Católica respalda “el pedido de verdad y justicia.”
Este “giro” derechista del gobierno es en realidad aparente. El kirchnerismo no sólo hizo una fantochada de la lucha por los derechos humanos; resultó incapaz de esclarecer numerosos ataques a militantes de los últimos años y, en particular, la desaparición de Julio López. Esta puñalada trapera al “setentismo” no es nueva, basta con ver el rol que jugó el kirchnerismo en relación a Uribe y las FARC, en particular en el episodio Betancourt. El apoyo de Cristina a la “búsqueda de verdad y justicia” en el caso Rucci demuestra que quienes se jugaron por su gestión reivindicando los abrazos permanentes con Madres y Abuelas pueden transformarse rápidamente en material descartable.
Las contradicciones de la política misma de los Derechos Humanos, que no pueden ser objeto de tratamiento aquí, terminaron judicializando lo que es un problema político. Con sus contradicciones, sin embargo, representó un serio cuestionamiento al derecho del Estado a ejercer cierto tipo de violencia contra las masas y, en ese sentido, colaboró en el desarme moral de la contrarrevolución. El caso Rucci se enmarca no en un debate arqueológico sobre responsabilidades “morales”, sino en el rearme de la contrarrevolución burguesa de cara a los peligros que para el capitalismo tiene la crisis presente, peligros que vivió en carne propia en el 2001.
Ese rearme consiste en dos objetivos relacionados. Por una parte, en la reivindicación de por lo menos algunos de sus “militantes setentistas”, aquellos que, como Rucci, ya que no Videla (por ahora), “merecerían” ser rescatados del oprobio general. Por otro lado, lo que también está en juego, no es sólo el posible encarcelamiento de quienes se atrevieron a desafiar al capital en los ’70, sino habilitar al Estado para recuperar su potencia represiva sin cortapisas. No es casualidad que la propia Cristina, en el último almuerzo de camaradería de las FFAA, haya declarado cerrado el capítulo “dictadura” de su libreto político, prometiendo que no volvería a hablar de ello a un “Ejército” ahora aparentemente ajeno a aquellas experiencias.
Dicho de otra manera, lo que está en juego es la lucha presente. Si a alguien le queda alguna duda de en dónde se para el gobierno, que se prepare. En breve también será declarado descartable.
Notas
1Esta versión fue sostenida por: Bonasso, Miguel: El presidente que no fue, Planeta, Bs. As., 1997. p. 593-594 y Ricardo Grassi, co-director con Armando Cabo del semanario oficial de Montonero El Descamisado.www.clarin.com, 26/9/2008
2Verbitsky, Horacio: Ezeiza, Editorial Contrapunto, Bs. As., 1989; González Janzen, Ignacio; La Triple A, Editorial Contrapunto, Argentina 1986.
3http://www.perfil.com, 12/10/2008.
4La resolución judicial se basó en el relato del convicto Juan Carlos Juncos quien, en 1983, declaró que siendo custodio de López Rega participó del asesinato de Rucci. En julio de 1984, confesó haber inventado esta historia. Dos jueces rechazaron por falaz este testimonio. Reato, Ceferino: Operación Traviata, Sudamericana, Bs. As., 2008. p. 17.
520/9/2008 http://www.derf.com.ar
6El estatuto reafirma esta posición en el art. 24. Texto completo en http://www.icrc.org. Las declaraciones de Menem en http://www.clarin.com, 25/9/2008.
7Argentina depositó el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, conforme a su art. 126, el 8 de febrero de 2001. Entró en vigor el 1 de julio de 2002. http://www.derhuman.jus.gov.ar
8Larrabure, fue secuestrado por el PRT-ERP y apareció muerto en agosto de 1975; el atentado del nacionalista de derecha Bruno Genta fue asumido por el ERP 22 de agosto y Humberto Viola fue muerto en diciembre de 1974, en el marco de las represalias realizadas por el PRT-ERP luego de que el Ejército asesinara a 16 de sus miembros. Las represalias se suspendieron producto de la muerte accidental de la hija de Viola.
