Por Romina de Luca – En el número del mes de octubre1, publicamos un artículo sobre Barrios de Pie y su utilización de la educación popular. Allí vimos cómo ya la Ley Federal menemista legisla y promueve la educación no formal. A partir de este caso, explicamos cómo este tipo de educación es incorporada por el Estado para profundizar el desfinanciamiento del sistema. Aquella nota generó una andanada de respuestas de todo tipo: desde defensores del accionar del gobierno hasta opositores autonomistas. De todas ellas, publicamos en correo de lectores la carta de Marcela Rey, quien nos acusaba de ofender a los educadores populares. Según sus dichos, cometíamos errores conceptuales y, con la finalidad única de criticar al gobierno, englobábamos detrás de Barrios de Pie las diferentes formas de educación popular. He aquí nuestra posición.
Es cierto que hay diferentes experiencias detrás del título educación popular. Sin embargo, la nota que disparó el debate analizaba un caso concreto: el del accionar de un grupo que actuaba en consonancia con el gobierno y los planes del Banco Mundial. Marcela Rey, más allá de acusarnos de ignorantes, sin dar prueba alguna, no refuta ninguno de los argumentos planteados. Su única reivindicación es la de considerar que la educación popular es, en sí misma, progresiva, la haga quien la haga. Por el contrario, al plantearse una articulación con el Estado ya sea desde su negación (en su versión autonomista), ya sea desde el asistencialismo (en su versión eclesiástica) o desde el cooperativismo, la llamada educación popular, tiende más a confundir y a debilitar la lucha por la conciencia de las masas que a estimularla hacia un camino revolucionario.
Carneros
Repasemos el caso que desató la polémica. La educación popular desarrollada por Barrios de Pie, en particular su integración con la gestión K, se ha dado de la mano del Programa Encuentro. Éste se concentra en la alfabetización de jóvenes y adultos mayores de 15 años. Quienes desarrollan esa tarea actúan como alfabetizadores voluntarios a los cuales se les abona $50 en concepto de gastos y se le hace entrega del material de capacitación. El alfabetizador, cuyo único requisito es ser mayor de 18 años, es preparado, a su vez, por un capacitador. Esta actividad puede ser remunerada, pero ello lo determina el coordinador del programa que actúa en forma voluntaria. Entre tantas “voluntades” no resultaría extraño que el capacitador trabaje ad honorem. En última instancia, ¿por qué su estatus va a ser diferente al de los alfabetizadores y coordinadores? Sin embargo, como todos sabemos, de voluntades no se sostiene la vida material. Barrios de Pie colabora en un programa que no sólo pauperiza a sus docentes, en tanto los hace trabajar gratis, sino también dónde los materiales de trabajo son preparados por el ministerio. No repetiremos aquí la crítica que le hemos realizado a esta organización. Sólo diremos que si de gestar un hombre nuevo se trata, dudosamente surja claudicando el programa de la mano de la burguesía.
Castos, puros y rancho aparte
A menudo, los educadores populares definen su tarea como una labor que se desarrolla en los márgenes, en autonomía del poder estatal. Talleres de apoyo escolar y alfabetización se multiplican en los barrios articulando un circuito de educación paralelo al sistema público. El ejemplo más extremo de este tipo de educación está constituido por el grupo Universidad Trashumante que surge en la provincia de San Luis, en 1998, como parte de un proyecto de la cátedra de Sociología de la Educación de la universidad provincial. Esta experiencia es revindicada por el grupo autonomista Situaciones. Su tarea sería aportar a la reflexión en el campo popular y a la generación de diferentes herramientas metodológicas. Su principal problema reside en cómo desarrollan sus talleres. La labor peculiar se desarrolla en un micro bautizado El Quirquincho. En él, los educadores populares recorren los diferentes puntos del país llevando sus talleres reflexivos. No trabajan solos y se relación con grupos como el MOCASE2 y los MTD’s. A pesar de su desempeño como educadores, -que supone una lógica asimetría de su relación con los alumnos-, declaran: “No somos vanguardia de nada, no vamos señalando el camino a seguir”. De esta forma, niegan la función de intelectual que objetivamente desarrollan. Afirman no tener “un modelo de país al que quieran arribar”, porque la transformación social devendría de la sumatoria de cambios individuales, “la búsqueda empieza por dentro nuestro”. Paradoja extraña en la que cae este grupo. Estos educadores populares no saben para qué hacen lo que hacen y van “para cultivar hacia ningún lugar”. Si cualquier destino parece bueno ¿por qué reniegan de la escuela pública? Su autonomismo los hace buscar el cambio por fuera del sistema educativo formal, “por fuera del sistema político partidario”. No obstante, desconocen qué es lo que quieren construir. No tener destino ni organización significa ir desarmado a un combate cuyo contrincante se desconoce. Por otro lado, cabría preguntarse cuál es el impacto real que puede tener la organización de un taller de educación popular esporádico frente a la omnipresencia ideológica del estado burgués en las escuelas. Reivindicar la acción en pequeño es alentar la derrota. Quien se enorgullece de ceder posiciones no es más que un suicida.
Del vaso de leche al acomodamiento
Del otro lado del espectro se ubican todos aquellos que entablan diferentes tipos de integración con el Estado. Ésta se desarrolla de diversas maneras. Una de ellas se concentra en cubrir déficits. Por ejemplo, La Lechería de la Solidaridad, originariamente vinculado a sectores de la Iglesia católica, desarrolla tareas de tipo asistencialistas. Éstas van desde garantizar la merienda a los niños y jóvenes3 hasta la realización de talleres de estimulación compensatoria. Mediante éstos se busca la reinserción en el circuito escolar formal de los alumnos con dificultades de aprendizaje. El principal acierto de esta organización reside en el reconocimiento de la centralidad de la escuela pública en la formación de los alumnos. Su principal problema se encuentra en la abstracción del concepto de clase a la hora del análisis. No existe el “sistema educativo público” en estado puro sino como expresión de los intereses de la burguesía. Su tarea no cuestiona la dominación sino que se acomoda a ella, garantizándola. Su concepto de cambio se centra en el individuo que incorpora saberes, sin importar cuáles. En definitiva, sólo cubren baches.
Existe otro grupo que desarrolla tareas de educación popular autogestionadas y puja por el reconocimiento estatal. Así, buscan el reconocimiento legal de su tarea en relación a los títulos, el sostenimiento económico o, a menudo, las dos cosas. El MTD–La Matanza es ejemplo del primer caso. Comienza su tarea en colaboración con el equipo de educadores de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Una de sus principales preocupaciones es reivindicar la cultura del trabajo. Así, crean una escuela “distinta, que pregone otros valores y les de una salida laboral” a los hijos de desocupados. Su escuela, Cooperativa La Juanita, busca el reconocimiento legal del proyecto por parte del estado. Para ello no dudaron en reunirse con el Ministro de Educación Daniel Filmus. Su principal problema reside en que, como la burguesía, reivindican la “cultura del trabajo”, argumento peligroso en el seno de los trabajadores, porque en esta sociedad es sinónimo de explotación del trabajo.4 Así, pasan a identificar a la desocupación como un problema individual y no social y a la “educación popular” como una forma de crear la fuerza de trabajo necesaria al capital.
Los proyectos desarrollados por el CEIP5 son otro ejemplo de la demanda doble al Estado. Su tarea se concentra en jóvenes y adultos trabajadores de fábricas recuperadas. IMPA6 y Cooperativa El Telar7son sus principales emprendimientos. Ambos buscan el reconocimiento de los títulos otorgados por parte del estado. Cabe destacar que al otorgársele la habilitación pasan a formar parte del sistema escolar dentro de la red privada. De este modo, terminan reforzando la privatización que critican como propia del neoliberalismo. También buscan recursos. En este sentido, en 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgó un subsidio al proyecto escolar de IMPA.8 Sin embargo, en sus orígenes y hasta que los subsidios se materializan, se sostienen bajo la forma de cooperativa. Los docentes de esos bachilleratos, si bien luchan porque el Estado se haga cargo de su salario, trabajan en forma más o menos gratuita. Aunque correctamente reconocen la necesidad de dar la lucha educativa en el interior del Estado, su pelea se centra en el reconocimiento estatal, pero sin aclarar qué programa político se desarrollará dentro de las aulas. Su lucha, con suerte, no excede el plano sindical y a través de una acción que divide frente a los sindicatos ya existentes a través de la creación de una estructura paralela. En su búsqueda de sueldos o reconocimiento estatal, claudican del programa científico y político que debe guiar toda acción educativa. Asimismo, al plantearse el problema de forma cooperativa, abren la puerta a que cada uno tenga su escuela. Así, en lugar de luchar por una educación universal para toda la clase obrera, reproducen -con aire de izquierda- la práctica de las comunidades religiosas en Estados Unidos, que reclaman poder dictar sus propios contenidos.
¿Qué nos queda?
La educación es un terreno muy fértil para la lucha de clases. Cientos de docentes y estudiantes se lanzan a diario a la búsqueda del mejor ámbito para desarrollarla. Sin embargo, por sectarismo, muchos educadores claudican de su acción transformadora. En cada uno de estos intentos, lo que se pierde de vista es que la educación popular por excelencia fue y sigue siendo la estatal. La educación popular liberadora de la clase obrera sólo puede desarrollarse allí donde se concentra la mayor parte de la población educativa, esto es, en el sistema público. Mal que le pese a algunos, éste concentra al 91,5% de la población de entre 6 y 17 años.9 Con una adecuada intervención y con un programa claro pueden lograrse desde mejores condiciones materiales para los docentes, hasta la construcción de un programa educativo revolucionario, que enfrente al propuesto por la burguesía. Nada se logrará abandonando el terreno de lucha.
Notas
1De Luca, Romina: “Un ejército de carneros”, en: El Aromo, nº 32, octubre de 2006.
2Movimiento Campesino de Santiago del Estero, constituido el 4 de agosto de 1990. Esta organización, hoy día, apoya al gobierno.
3El colectivo La Lechería se afinca en el barrio de San Pablo, de El Talar, Provincia de Buenos Aires.
4Véase Sartelli, Eduardo (comp.): Contra la cultura del trabajo, Ediciones ryr, Bs. As,
5Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares.
6IMPA es una fábrica recuperada por sus trabajadores cita en el Barrio de Balvanera. El proyecto educativo se inicia en 2003 y comienza a funcionar como establecimiento educativo en 2004.
7La Asociación El Telar funciona en el barrio de Bancalari, en el conurbano bonaerense, su proyecto educativo se desarrolla a partir de 1999.
8Ley nº 1629 – BO. 25/01/2005, de $100.000 hasta el 2008.
9Datos procesados de la Encuesta Permanente de Hogares de 2001. Ver: www.indec.gov.ar.
