Por Roxana Telechea – En diciembre del 2001 el gobierno de De la Rúa realizó un doble movimiento: proclamó el estado de sitio contra los saqueadores y puso un cepo al retiro de ahorro de los bancos, el famoso “corralito bancario”. Unos días después, Argentina vivía uno de los sucesos más importantes de su historia: el Argentinazo. La explicación corriente es que la pequeña burguesía se sublevó porque “le tocaron el bolsillo”, sin solidaridad alguna con la clase obrera. Es decir, que sólo se preocupó por sus propios destinos. Estas ideas que circulan en el ambiente, propias de un momento de reflujo, contienen dos afirmaciones de peso. La primera es que la confiscación actúa como causa principal, sino excluyente, del enfrentamiento con el Estado. La segunda, y más importante, es que la pequeño burguesía no tejió alianza alguna con la fracción piquetera de la clase obrera.
Para entender cuáles son las condiciones y las causas que produjeron la salida a la calle de esta clase social, es necesario estudiar cuáles han sido sus alianzas y sus acciones antes y durante el 2001. Hasta hoy día, nadie se tomó el trabajo de investigar este proceso, de forma tal de poder verificar la seriedad de las afirmaciones que discutimos aquí. Veamos, de una vez, qué nos dice la realidad.
Confianza ciega
En 28 de marzo de 1980, el Banco Central ordenó la liquidación del Banco de Intercambio Regional (BIR). A fines de ese año, cerca de 25 entidades financieras habían quebrado. En particular, casi todos bancos cooperativos o provinciales. Pero la liquidación del BIR concluyó con la entidad que se ubicaba en el primer lugar del ranking de bancos privados, con 101 sucursales. Los depósitos en pesos fueron reintegrados por el Banco Central, quien de esta manera cumplía con su obligación de garantizar el 100% de su devolución, cuando el monto no superara el millón de pesos. En caso de que lo hiciera, se reintegraba el 90%. No obstante, y aquí el problema, el Banco Central no garantizó los depósitos en dólares. De esta manera, alrededor de 40.000 pequeños ahorristas, cuyos depósitos eran menores a los 10.000 dólares, perdieron su dinero. El Banco Central, en principio, estableció que deberían esperar la liquidación de bienes del BIR para poder cobrar. Pero el presidente de facto, Videla, y el ministro de economía, Martínez de Hoz, prometieron que el Estado devolvería los depósitos “a pesar de no estar prevista por la ley de entidades financieras”, promesa que fue reiterada por Bignone.
A pesar de la gravedad del asunto, no se produjeron movilizaciones. En parte, esta ausencia de acción directa podría tener relación con el hecho de que el país todavía estaba bajo el régimen militar, lo cual implicaba un freno a la posibilidad de manifestarse. Sin embargo, para esta misma época hemos registrado movilizaciones por otros reclamos, como por ejemplo cacerolazos de amas de casa exigiendo comida en barrios del conurbano. Por este motivo, es probable que la pasividad estuviera más vinculada a la confianza de la pequeña burguesía en las promesas de las autoridades.
Este apoyo duró, al menos, dos años: recién el 6 de setiembre de 1982 alrededor de doscientas personas se manifestaron en Plaza de Mayo para exigir la devolución de sus depósitos en dólares. Las marchas y los recursos de amparo continuaron en 1983. Sin embargo, estos depósitos nunca fueron devueltos. El 15 de febrero de 1983 unos cuarenta mil ahorristas solicitaron al juez José Nicasio Dibur la intimación al Banco Central de reintegrar los depósitos de los que eran titulares. Simultáneamente, se pidió el procesamiento de las autoridades económicas que permitieron el descontrol en los grandes bancos que quebraron, agravando la crisis económica. Especialmente el de Rafael Trozzo, ex titular del BIR. El 12 de marzo de 1983 más de tres mil personas se congregaron en un hotel céntrico para acordar medidas en común con vistas a que se devuelvan sus depósitos en dólares. El 28 de marzo marcharon a Plaza de Mayo por la misma razón. Volvieron a manifestarse el 26 de setiembre de 1983, esta vez en Tribunales.
El segundo momento lo ubicamos en 1983. Desde el año anterior, el Banco Central vio disminuir sus reservas, especialmente en divisas, al reducirse los depósitos colocados a plazo fijo. El 29 de octubre, Clarín informaba que desde 1976 salieron del país unos 35.000 millones de dólares sin destino especificado. Algunas medidas, como la reducción del plazo mínimo para depositar el dinero a plazo fijo de un año a seis meses, buscaron devolver la confianza en los ahorristas, pero no lo consiguieron. En abril de 1983, se estableció un impuesto a los ahorristas del 2% de interés sobre los certificados de depósito a plazo fijo destinado a subsidiar desocupados. Clarín transmitió desde sus páginas una imagen del “descontento” de los ahorristas ante esta medida, quienes la cuestionaron con recursos de amparo, pero no realizaron ninguna acción directa. En octubre comenzaron las restricciones al retiro de depósitos. El 5 de ese mes, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó al Banco Central a establecer una prórroga de 60 días al retiro de los depósitos en dólares. Es decir, durante ese período sus titulares no podrían retirar sus ahorros. Lo más llamativo de este período es que no se observan movilizaciones que critiquen esta medida, inclusive a pesar que en esa época se llevaban a cabo continuamente las marchas de ahorristas estafados del BIR. Sólo se produjeron masivos retiros de las pertenencias de las cajas de seguridad de quienes temían que éstas fueran confiscadas. Los ahorristas del BIR tardaron dos años en desconfiar de la efectividad del sistema parlamentario burgués para resolver sus problemas. Los ahorristas del Banco Central, por su parte, tampoco reaccionaron inmediatamente, y no se apropiaron de la experiencia de los damnificados del BIR.
1989: Hiperinflación y saqueos
Este año se caracterizó por la falta de dólares en el mercado financiero luego de que en febrero el Banco Central decidiera dejar de vender divisas. El dólar subía continuamente y los ahorristas fueron noticia en los medios por comprar y vender dólares buscando realizar una diferencia. Asimismo, la inflación sacudía los bolsillos de los asalariados.
El 22 de mayo se puso un tope a la extracción de los fondos de los bancos: sólo se podrían retirar 20.000 australes. En mayo, se desató una ola de saqueos a supermercados. Como consecuencia de ello, el 30, Alfonsín declaró el estado de sitio. En ese caso, y a diferencia del 19 de diciembre de 2001, los ahorristas no se movilizaron. Esto puede entenderse por las rápidas respuestas que otorgó el gobierno, quien aumentó constantemente el monto de retiro de los bancos. Pero también se evidencia una confianza en el sistema político y se percibe un apoyo implícito al estado de sitio. Nuevamente, los ahorristas sólo utilizaron medidas judiciales para atender a sus reclamos, como ser recursos de amparo. Entonces, aunque el grado de perjuicio puede haber sido menor que el del 2001, es claro que los ahorristas fueron perjudicados por la medida. Los recursos de amparo presentados son prueba de esto. Una vez más, esta fracción de la pequeña burguesía eligió actuar dentro del sistema, apelando a los métodos parlamentarios. La acción directa no está, todavía, en su agenda. Privilegiaba, en cambio, una alianza con la burguesía en contra de la clase obrera, cuya capa más pauperizada estaba protagonizando motines de hambre.
Hacia el 19…
Este breve recorrido histórico nos permite replantearnos la imagen que se ha construido a cerca de la salida a las calles en diciembre del 2001. En principio, recordemos qué sucedió ese año. El “corralito” puso un “cerco” a las extracciones que podían realizarse a través de cuentas bancarias. La inmediata reacción radicalizada frente a estas medidas evidencia un cambio de estrategia por parte esta fracción de la pequeña burguesía. En efecto, lo que observamos es el abandono de los métodos parlamentarios como única salida a los ataques del capital. Así como en los años estudiados vemos un apoyo al gobierno y al régimen burgués, en contra de la clase obrera, en el 2001 comienza a hacerse visible una alianza entre la pequeña burguesía y los trabajadores. En un contexto similar, de crisis, confiscación de ahorros y conflicto social, reflejado en los saqueos de los sectores más pobres, la pequeña burguesía decide no esperar la devolución de sus ahorros (descreyendo en la promesa oficial de cumplirlo en 90 días) y sale a la calle a manifestar en contra del estado de sitio. No sólo sale esa noche, sino que a partir de este hecho, las protestas no se hicieron esperar. Durante varios meses, grupos de ahorristas se congregaron para repudiar la medida estatal y exigir el reintegro del dinero. Primero se reunían en las puertas del Banco Central y en la sede de HSBC. En enero de 2002, ya existían varios grupos definidos de ahorristas estafados que se manifestaban sistemáticamente. Uno de los grupos optó por reunirse lunes, miércoles y viernes a partir de las 12.30 hs. en la puerta del Bank of Boston de Diagonal Norte y Florida. Otro de lo agrupamientos, políticamente más cercanos al cómico Nito Artaza, comenzó a reunirse los jueves a la tarde en la confitería de Callao 27 y un tercer grupo conformó la Asociación de Ahorristas de la República Argentina. Todos ellos entraron en diferentes relaciones con expresiones del movimiento piquetero.
La ciencia y el sentido común
Generalmente se nos acusa, a los marxistas, de reducir todo a una causa mecánica. Son, en cambio, sus detractores quienes deberían revisar explicaciones más bien simples y sin sustento empírico alguno. De acuerdo a la información que nos suministra el estudio de la realidad, no puede establecerse una relación de causalidad inmediata entre el “corralito” y la movilización del 19 de diciembre. Ante sucesos similares, la pequeña burguesía ha tendido, a lo largo de su historia, a canalizar institucionalmente su reclamo y a establecer una alianza con la burguesía en contra de la clase obrera. Diciembre de 2001 parece, más bien, ser la excepción en torno a estos casos. Allí, como vimos, se sumó a la fuerza social que se enfrentaba al régimen. La radicalización política y la construcción de alianzas -que excede al problema de la confiscación de los depósitos- se sostiene porque una cosa es pedir que devuelvan los ahorros y otra, muy distinta, exigir la renuncia del presidente. En conclusión, un repaso por la historia de las confiscaciones de ahorro en la Argentina de los últimos años, brinda un ejemplo más del proceso de radicalización y aprendizaje que transitó la pequeña burguesía en este período. Un fenómeno que se manifiesta en la adopción de los métodos de lucha históricos de la clase obrera, la acción directa. Proceso, además, que encendió la mecha del Argentinazo.
