Por Gonzalo Sanz Cerbino – Las irregularidades que se acumulan respecto al funcionamiento del cuerpo de inspectores en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Ibarra, generan la sospecha de que existía una estructura ilegal destinada a facilitar la evasión de controles por parte de la burguesía porteña. Por el propio funcionamiento del área, es difícil de entender cómo podría operar a espaldas de las altas jerarquías del poder político de Buenos Aires. Algunos de los elementos que sostienen esta sospecha ya han sido denunciados por El Aromo1. Hoy nos ocuparemos de reseñar un nuevo documento: la denuncia del abogado José Iglesias, recientemente presentada en la causa 14.000/05 (Fiszbin, Antuña y otros S/Asociación ilícita)2. En dicha causa se investiga una presunta asociación ilícita entre las máximas autoridades del gobierno de Ibarra y la cámara empresaria que agrupaba a los dueños de locales bailables. La conclusión a la que llega Iglesias es que la estructura política de Aníbal Ibarra se financiaba con dinero de la corrupción. A través de pagos que distintas fracciones de la burguesía efectuaban a funcionarios públicos a cambio de “favores”: el relajamiento de los controles o la adjudicación de gigantescos negocios derivados de la contratación de proveedores o empresas locatarias de servicios por parte del Estado municipal. Cada uno de estos negocios daba lugar a la conformación de una estructura de recaudación ilegal: las denominadas “cajas negras”. Las cajas negras de las que pudo dar cuenta Iglesias serían cinco: Casino Flotante, la Rural, obras y servicios en distintas áreas del gobierno, subterráneos y “la noche”. Habíamos señalado en artículos anteriores una serie de características distintivas del cuerpo de inspectores de Ibarra: en primer lugar, la discrecionalidad con que se hacían los controles. La mayoría de las actividades comerciales no eran inspeccionadas. Esto se debía, en gran parte, a la reforma de diciembre de 2003, cuando todos los controles fueron centralizados en un nuevo organismo. Así, pasaron a disponibilidad 300 inspectores para ser reemplazarlos por menos de 50. Finalmente, debemos mencionar la extrema centralización de las decisiones tomadas. La capacidad de decidir qué lugares inspeccionar y cuáles clausurar pasó de los inspectores a los funcionarios que comandaban la estructura. En este artículo intentaremos avanzar un poco más sobre este punto.
Cajas negras y disputa de camarillas
En el escrito que analizamos, Iglesias reseña un caso que nos brinda una idea de la disputa política que se escondería detrás de la caja de la noche y quienes serían los personajes que la manejan. Es el caso del boliche Pachá, que estaba ubicado en Costanera Norte y pertenecía a Carlos Dietrich, Vicepresidente Primero de la Cámara de Discotecas. El predio que ocupaba Pachá había sido arrendado a Coconor S.A. desde el 15 de octubre de 1992. Esta empresa había obtenido un permiso de ocupación, uso y explotación del predio, que pertenece a la Ciudad. En 1998, un decreto del ejecutivo municipal declaró extinguida la concesión por incumplimientos del concesionario. Durante los 7 años subsiguientes, Coconor y Pachá siguieron ocupando y explotando el predio. El 16 de mayo de 2005, una resolución de la Secretaría de Hacienda aprobó un convenio de tenencia precaria. Durante el lapso de 7 años, Pachá no sólo estuvo ocupando ilegalmente el predio, sino que dejó de pagar el canon correspondiente a la concesión. Acumuló, así, una deuda considerable con la Ciudad, en la que más de un funcionario habría visto una excelente oportunidad para hacer negocios.3 Uno de ellos habría sido Héctor “Tom” Constanzo, según consta en una denuncia formulada por Patricia Bullrich y radicada ante el Juzgado de Instrucción de Facundo Cubas. Constanzo fue nombrado, el 19 de diciembre de 2003, a cargo de la Subsecretaría de Gestión Operativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta Subsecretaría tenía a su cargo la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones. La denuncia dice: “En las primeras reuniones Héctor Tom Constanzo, junto a su equipo decide comenzar una estrategia de extorsión a los boliches situados en el predio de Coconor. En una reunión deciden comenzar con una campaña de prensa haciendo pública la deuda que el local bailable Pachá tenía con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $450.000 en carácter de cánones atrasados.”4 Siguiendo instrucciones, el secretario privado de Constanzo, Orlando Conejo Yans, se habría puesto en contacto con un operador de prensa para que, a cambio de $4.000, difundiera la noticia y allanara el camino de la extorsión. En las reuniones de su equipo, Constanzo habría explicado más de una vez que la operación contaba con el “paraguas político” del Jefe de Gabinete de la Ciudad, Raúl Fernández. 5 Los primeros pasos de la operación salieron bien: el 20 de marzo de 2004, en el diario Clarín, aparece una nota titulada “Intiman a pagar una deuda a una disco de Costanera”. En el epígrafe podía leerse: “la ciudad le reclama 450 mil pesos por cánones atrasados. Se trata de Pachá, que está construida en el predio de Pampa y Rafael Obligado”.6 Luego comenzó la fase dos. El equipo armó un expediente sobre el caso y emitió la Resolución Nº 589, por la que se intimaba a Pachá Buenos Aires S.A. a pagar los cánones adeudados a la ciudad. El objetivo no era el pago de la deuda, sino generar un clima que habilite un pedido de coima. “El plan de recaudación era ambicioso”, señaló Bullrich. Según sus dichos, a Pachá le iban a pedir 200.000 dólares, a Rodizio 100.000 y 50.000 a Pizza Banana y Gardiner7. Rodizio, Pizza Banana y Gardiner también compartían el predio de Coconor con Pachá. Paralelamente, los dueños de Pachá, sospechando la operación, se prepararon para contraatacar. En primer lugar, tomaron contacto con el grupo de Vilma Ibarra. Este grupo controlaba las áreas de Control Comunal y Fiscalización del Trabajo, es decir, el cuerpo de inspectores. En cambio el de Raúl Fernández hacía pie en la Secretaría de Hacienda de la Ciudad, al frente de la cual se encontraba Marta Albamonte, esposa de Fernández. Al hablar con Vilma Ibarra, los dueños de Pachá se enteraron que Tom Constanzo estaba preparando una extorsión y pusieron al tanto de la situación a los otros tres locales involucrados.8 El equipo de Constanzo, ajeno a la contraoperación, prosiguió con el plan. Realizaron varias reuniones con la gente de Pachá y de Pizza Banana. En una de ellas, en un bar de Mataderos, un operador de Constanzo se reunió con los representantes de Pizza Banana. Les dijo que para proseguir con la explotación del predio iban a tener que pagar 50.000 dólares. Los dueños del boliche se niegan a pagar y desafían a los funcionarios a emprender las acciones correspondientes.9 El 20 de abril de 2004, se produjo una nueva reunión en Pachá. A ella concurrieron Constanzo, Conejo Yans y otro funcionario del grupo de Fernández, Luis Di Pace. Esta reunión es filmada y el pedido de coimas queda registrado en un video, que a través de Vilma Ibarra, le hacen llegar al Jefe de Gobierno. El viernes 23 de abril a las 17 horas, Aníbal Ibarra llamó a Tom Constanzo a su oficina. Allí le mostró el video y le pidió la renuncia. A las 18, Constanzo volvió a su oficina y reunió a su equipo: “nos hicieron una cama, nos filmaron”, dijo. En medio de la reunión, cayó desmayado en su despacho. Tuvo un infarto, que terminó convirtiéndose en la causa oficial de la renuncia. Por supuesto, la denuncia no se hizo pública y el video nunca vio la luz.10 El asunto sólo trascendió a partir de la denuncia de Bullrich, que derivó en el procesamiento y embargo de Tom Constanzo, el 10 de julio de 2006. Para esa fecha Constanzo ya había vuelto a la gestión pública: un mes antes había sido nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura.11
La reina de la noche
La historia de Constanzo describe las peripecias de un funcionario que osó meterse en un terreno que no le era propio. “La noche”, según Iglesias, era territorio de Vilma Ibarra: “A partir de la conformación de este grupo de funcionarios (Antuña, Fiszbin, Fernández, Carelli, Sánchez, etc.)12, queda instalada una nueva era de la gestión […] El área queda en manos de toda una línea política […] En efecto, la corrupción dispersa e individualizada en los inspectores […] quedó concentrada y elevada a la máxima instancia. Esa dispersión se consolidó en una caja. La noche pasó a ser una caja política. Y en la cabeza de esa línea y como beneficiaria principal del financiamiento espurio, estaba Vilma Ibarra.”13 Todos los datos e indicios que hemos ido recolectando en nuestra investigación, sugestivamente, parecen conducir siempre al mismo nombre: Vilma Ibarra. Iglesias saca las conclusiones lógicas: “Más allá de alguna prudencia del entonces Diputado Peña, sus afirmaciones son inequívocas y contundentes. Vilma Ibarra está en la cabeza del sistema que, no por casualidad, esta estructurado con personas de su más íntima confianza: su íntima amiga, Fabiana Fiszbin, su concuñado y amigo Juan Carlos López […], su otro amigo y estratega Marcelo Antuña y una serie de cófrades de juventud, colegios y Frepaso. Ese sistema se vale de los financiamientos que obtiene [de] la operación de la noche para su actividad política. También se sirve de la gestión para devolver favores políticos [al] gobierno nacional, a través de alguno de sus miembros (Alberto Fernández).”14 La mención de Alberto Fernández no es un dato menor, ya que nos mete de lleno en la interna de la ciudad y en el papel que juega en ella el kirchnerismo. Fernández es la dirección de la estructura política de Kirchner en la Ciudad. Desde un principio se jugó por el sostenimiento de Ibarra, dirigiendo cada una de las maniobras montadas desde el ejectutivo nacional para mantenerlo en funciones. Luego de la destitución siguió apoyándose en una de los grupos de Ibarra, el sector comandado por la hermana del ex intendente. Por el contrario, el de Raúl Fernández se abrió del ibarrismo luego de la destitución y se convirtió en un pilar del gobierno de Telerman, de quien aún es Secretario General de Gobierno.
Conclusión
Las bases del financiamiento de los partidos burgueses hacen que resulte ilógico pretender que estos defiendan los intereses del conjunto de la población. Primero deben devolver los favores al burgués que paga sus servicios. No se trata de un problema de este o aquel personal político. La corrupción es la expresión de la contradicción entre la legislación vigente y la dinámica general de la acumulación de capital. Si los boliches de Buenos Aires cumplieran con cada una de las normas que la ley exige, la mayoría desaparecería, porque los gastos en seguridad minarían su tasa de ganancia. Aún para aquellos con espaldas financieras importantes, la aplicación a rajatabla de la ley les significaría un sustantivo descuento en sus ingresos. Así se demostró cuando, luego de Cromañón, se endurecieron los controles y desaparecieron la mayoría de los locales de baile. El arreglo con las autoridades es, también, la forma que encuentran las empresas más grandes de desplazar a las más chicas. Las primeras pueden infringir la ley, pero las segundas suelen recibir inflexibles inspecciones. O pagan (y resignan sus pequeñas ganancias) o deben cerrar. Este es un problema que Iglesias no puede ver. El abogado emprende una lucha a fondo contra el personal político, pero sus límites de clase lo circunscriben a los que, en este caso, recibieron el dinero. Sin Ibarra, el mecanismo puede funcionar igual. Es más, la continuidad del régimen provocó que el susodicho volviera a la legislatura de la ciudad.
Notas
1Sanz Cerbino, Gonzalo: “Cromañón, la burguesía y las brasas del argentinazo”, en El Aromo, año III, Nº 18, abril de 2005; “‘Un nido de corrupción’. El sistema de inspectores de Buenos Aires”, en El Aromo, año III, Nº 23, septiembre de 2005; “¿Punto final en Cromañón? El sobreseimiento de los funcionarios de Ibarra”, en El Aromo, año IV, Nº 29, junio de 2006. Todos pueden consultarse en www.razonyrevolucion.org.ar
2“Formula nuevas denuncias y amplía”, en www.quenoserepita. com.ar.
3Idem, pp. 70-71.
4Ibidem, p. 72.
5Ibidem, p. 72-73.
6Ibidem, p. 73.
7Ibidem, p. 74.
8Ibidem.
9Ibidem.
10Ibidem, pp. 76-77.
11Véase Clarín, 11/7/06.
12Se refiere a las máximas autoridades de los organismos de control porteño entre diciembre de 2003 y enero de 2005.
13“Formula nuevas denuncias y amplía”, op. cit, pp. 88 – 89.
14Ibidem, p. 96.
