Juan Perrotat
Laboratorio de Análisis Político
En los últimos meses ha vuelto a trascender, a raíz de la represión, la situación social explosiva de las provincias patagónicas. Esta vez la crisis estalló en Chubut, donde las huelgas de estatales (principalmente docentes) y petroleros llevan meses, lo que da cuenta de la crisis social, política y económica que atraviesa la provincia. Con un enorme déficit fiscal que se viene profundizando exponencialmente desde 2011, en el horizonte de la provincia asoma el estallido social.
El problema no es excluyente de Chubut. Lo sucedido allí no es más que la expresión de los límites estructurales de toda la región patagónica. Ya hemos presenciado, en los últimos dos años, significativos conflictos –también con huelgas, acampes, cortes de ruta y demás- en Tierra del Fuego y Santa Cruz,i que encontraron una solución temporaria cuando la situación trascendió a los medios y la Nación se vio obligada a intervenir con la chequera. Además de reconstruir los factores desencadenantes de esta nueva crisis patagónica, en este artículo intentaremos explicar el por qué de tan recurrentes explosiones en el sur, y que nos dicen ellas acerca del futuro de la Argentina.
Chubut, una provincia quebrada
El 29 de junio, los trabajadores estatales de Chubut que se movilizaron exigiendo el pago de sus salarios y la apertura de paritarias fueron reprimidos por la policía del actual gobernador de la provincia, Mariano Arcioni. En su mayoría, eran docentes, aunque también se contó con la presencia de petroleros y estatales. Los mismos se encontraban en huelga desde hace meses. Luego de más de 100 días de acampe de los docentes, la represión ocurrida y el fracaso del intento de cerrar la paritaria por decreto, el gobernador tuvo que ceder y volver a convocar a una mesa paritaria. El paro se levantó el 16 de julio y los docentes conquistaron un incremento de 1.350 pesos al sueldo básico inicial, el no descuento de los días de paro, y que el sueldo básico testigo sea actualizado según el IPC de la Patagonia a los meses de septiembre y diciembre de este añoii. Más allá de los resultados, lo cierto es que Chubut no contaba con fondos suficientes para pagar los salarios estatales. Corresponde preguntarse cómo se llegó a esta situación, repetida en otras provincias patagónicas.
Si analizamos los balances fiscales del 2005 al 2016, vemos que hasta el 2011 la provincia presentaba balances superavitarios. Sin embargo, a partir de ese año las cuentas provinciales comienzan a ser deficitarias para terminar al 2016 con un déficit de $5.361 millones de pesos.iii Entre 2011 y 2014 el déficit se mantiene en un nivel relativamente bajo ($151 millones en 2011, $84 millones en 2012, $249 millones en 2013), para 2014 da un salto importante: pasa a $1.014 millones de pesos. Es decir, se quintuplica. De allí en adelante el agujero fiscal no hace más que ampliarse. En 2016, el déficit fiscal fue de $2.454 millones, y para 2017 (aún no se presentaron los balances), se estimaba un total de $6.400 millones de pesos de déficit. No es que tiren la plata: los gastos en sueldos a estatales se llevan las tres cuartas partes del presupuesto, un 76% del totaliv. Es decir, estamos frente a una provincia quebrada fiscalmente que carece de fondos para sostener su mayor gasto, los sueldos estatales. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de trabajadores que emplea esta provincia quebrada? Veamos.
Chubut cuenta con una población total de 577.466 de habitantes. De ese total, según un informe del Ministerio de Trabajov, el sector público emplea a 59.304 mil personas, un 36% del total de trabajadores asalariados registrados. Eso equivale a que de cada mil habitantes, 85 son trabajadores estatales. La provincia patagónica se encuentra levemente por encima del promedio nacional, que es de 78 trabajadores estatales cada mil habitantes. Así y todo, los estatales de Chubut son apenas el 2% de los trabajadores públicos a nivel nacional. La situación no es muy diferente en otras provincias patagónicas, que apenas emplean entre el 2 y 3% de los estatales, excepto Santa Cruz que aporta solo el 0,3% (aunque, vale aclarar, las estadísticas provinciales respecto al empleo público se encuentran muy cuestionadas). En relación a su población, las provincias patagónicas con mayor incidencia del empleo público son Neuquén, con 122 estatales cada 1.000 habitantes, y Tierra del Fuego, con 113. Estas son, a su vez, las dos provincias con mayor cantidad de empleo estatal en relación al empleo asalariado registrado: 42% y 37% respectivamente. Debajo de ellas se encuentran Río Negro, con 88 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes, y Chubut, con 85, lo que representaba un 37 y un 36% del empleo registrado en cada provincia. La diferencia fuerte radica en los datos que ofrece Santa Cruz. En la provincia de Alicia Kirchner se estima un total de 12 trabajadores estatales cada mil habitantes, lo que da un promedio de 15% de empleados estatales respecto al total de trabajadores asalariados registrados. En resumen, quitando el dudoso caso de Santa Cruz, el grueso de las provincias del sur reporta un elevado nivel de trabajadores estatales cada mil habitantes, siempre por encima de la media nacional, y el empleo público en estas regiones emplea a un tercio o más de los obreros registrados. Es decir, que el estado provincial en toda la región patagónica actúa fuertemente como contención de la población sobrante para el capital. No solo en Chubut el empleo público representa una proporción importante del gasto provincial, sino que este es un fenómeno que recorre toda la región.
El mismo problema, a menor escala
Así y todo, el empleo público en Chubut no se encuentra muy por encima de la media nacional. Y aquellas provincias patagónicas que superan en mucho la media nacional, como Neuquén o Tierra del Fuego, no se encuentran muy lejos de algunas provincias del norte argentino, que no han tenido problemas serios en los últimos años. Por ejemplo, en Jujuy el empleo público representa un 59% respecto a los asalariados registrados, con una proporción de 113 estatales cada mil habitantes. En Formosa las cifras no son muy diferentes: el empleo público representa el 67% del empleo registrado, y la proporción es de 91 cada 1.000 habitantes. La pregunta, entonces, es ¿por qué hasta ahora solo han estallado las provincias patagónicas?
Una de las razones es la dependencia de la región de distintos tipos de subsidios provistos por la Nación. Recientemente trascendió a los medios la posibilidad de una alianza de gobernadores patagónicos para enfrentar posibles recortes en los subsidios a las tarifas de servicios y combustibles. Tanto por el clima como por las grandes distancias, la vida en el sur sería insostenible sin este tipo de subsidios. Lo mismo sucede con el sostenimiento de algunas ramas productivas, como la electrónica en Tierra del Fuego, que serían inviables sin el sostén provisto por las políticas proteccionistas nacionales. Esto hace a la región muy vulnerable a los designios del Ejecutivo nacional. Aunque este elemento es parte de la ecuación, y hace más grave cada crisis, no es sin embargo el detonante de los estallidos de los últimos años. Estos se detonaron a partir de crisis fiscales, es decir, de la incapacidad de los Estados provinciales de hacer frente a sus gastos.
Otro elemento que aparece recurrentemente en estas crisis es la relación de los gobiernos provinciales con el nacional, que debe asistirlos para tapar los agujeros en las cuentas públicas. Dada la inviabilidad estructural de estas provincias, dependen en gran medida del financiamiento vía coparticipación nacional de impuestos, y sobre todo, de las transferencias discrecionales por parte de Nación. Esta dependencia fue utilizada tanto por el kirchnerismo como por el macrismo como una herramienta de subordinación política. La diferencia estriba en que si antes a Cristina le alcanzaba con exigir lealtad, Macri ahora agrega la presión para que los gobernadores avancen en sus provincias con el ajuste que se está realizando a nivel nacional. Por eso, la ayuda a Tierra del Fuego se dio a condición de que se reforme el sistema jubilatorio para “armonizarlo” con el sistema nacional. En el caso de Chubut, a comienzos de este año Macri le giró 700 millones de pesos como ayuda financiera a la provincia. Sin embargo, no logró subordinar al gobernador Arcioni y la tensión entre presidente y gobernador aumentó. El gobernador de Chubut se negó a permitir la minería a cielo abierto que Macri estaba impulsando para la provincia, y amenazó con quitarle concesiones a YPF. En la pulseada no solo se juega el presente, sino también el futuro de la región: lo que se está discutiendo, como vimos con la amenaza de retirar subsidios a tarifas y combustibles, es el “esfuerzo” fiscal que deberán realizar las provincias patagónicas en el marco de una profundización del ajuste a nivel nacional. Es el este contexto que Arcioni exigía un salvataje, amenazando con que si no llegaba, dejaría de pagar las deudas, colocando a Chubut en default.vi Más allá de este conflicto, el problema es anterior: si Chubut debe negociar un salvataje es porque ya de antes sus ingresos no alcanzaban a cubrir los gastos del Estado provincial, que es lo mismo que sucedió en Tierra del Fuego y Santa Cruz en años previos.
¿Qué tienen de particular las provincias patagónicas que explica sus recurrentes problemas fiscales? En mayor o menor medida, en todas estas provincias es significativa la extracción de hidrocarburos (gas y petróleo). Por caso, Chubut concentra 45% de las reservas comprobadas y probables de petróleo de Argentina, y 9% de las de gas natural. En el año 2016 se extrajo de esta provincia el 30% del petróleo del país. La producción de gas natural alcanzó 8% del total nacional. Esto le permite encontrar a la provincia una fuente de financiamiento extra: la renta petrolera. Sin embargo, también hace que el financiamiento dependa fuertemente del nivel de producción de petróleo, y del precio del mismo. Los precios del petróleo se derrumbaron a menos de la mitad entre 2014 y 2016, y aunque vienen repuntando (con altibajos) desde ese momento, sus valores se encuentran muy lejos de los del período 2011-2014. Los precios del gas, que desde fines de los 90 hasta el 2008 estuvieron en ascenso, se derrumbaron fuertemente ese año, en un 75%, y mantienen desde ese momento una tendencia a la baja. Indudablemente ello repercute sobre las provincias petroleras: no es casual que sea a partir de 2014 que comienzan los estallidos patagónicos. Además, como lo percibido en concepto de regalías no depende solo del precio sino también de la producción (que cae al bajar el precio), la situación es propensa a la crisis. Las regalías no son un ítem menor en los presupuestos de estas provincias: en Chubut, actualmente (y luego del derrumbe), representan un 20% de los ingresos provinciales, pero hace unos años representaban alrededor del 35%. Entre 2016 y 2017 las regalías, que ya venían en baja, se contrajeron un 13,7% para Chubut y un 18,7% para Santa Cruz. Neuquén, la más afectada en esta vuelta, recibió un 19% menos en concepto de regalías gasíferas y un 23% menos en regalías petroleras. Como la tendencia a la baja se arrastra al menos desde 2014, estas provincias han tratado de compensar el déficit recurriendo al endeudamiento público. En el caso de Chubut, lo que finalmente se recaude durante los próximos meses por regalías (en aumento gracias a la devaluación y a la estabilización del precio del crudo), deberá destinarse a afrontar los vencimientos de deuda.vii
¿La situación le resulta conocida? Probablemente le recuerde a un país que a duras penas podía sostenerse en un contexto de alza en los precios de las commodites, y que cuando estas se derrumbaron entró en una crisis que ni el ajuste ni la deuda pueden resolver. Sí, claro, la crisis patagónica es un espejo del futuro de la Argentina, que, si seguimos las recetas de la burguesía criolla y sus personeros, no puede terminar de otra forma que con un nuevo estallido.
Notas
iVer Duarte, Juan Manuel: “El conflicto en el fin del mundo”, El Aromo N° 90, 2016, disponible en https://goo.gl/vYPS3n; Cominiello, Sebastián: “El espejo austral de la Argentina”, El Aromo N° 90, disponible en https://goo.gl/NciFvD; Rodríguez, Martín: “El sur en llamas”, El Correo Docente N° 9, 2017, disponible en https://goo.gl/yHwSaM.
iihttps://goo.gl/dNCvhP; https://goo.gl/i1mx3n.
vihttps://goo.gl/fWRon1, https://goo.gl/ey3pWi y https://goo.gl/AwaV7w.