Por Nicolás Villanova – En pleno contexto electoral, el problema de las edificaciones urbanas adquirió una inusitada importancia, a raíz de los derrumbes ocurridos en las últimas semanas en algunos barrios porteños. Se trata de un problema concreto: la construcción de enormes edificios y sus consecuencias sociales, como el colapso de los servicios, la falta de luz natural o los ruidos de las obras en marcha. Además, estas mega-torres encarecen el metro cuadrado de los barrios donde se construyen. Por lo tanto, los hijos de los habitantes que siempre han vivido allí, se ven obligados a buscar viviendas en otros lugares más accesibles. En términos más sencillos: son expulsados de su lugar de pertenencia. Estamos ante un empeoramiento de las condiciones de vida de los vecinos. Sin embargo, esta situación no debería sorprendernos: varias asambleas y organizaciones barriales vienen demandado, desde hace tiempo, una planificación urbana acorde a las necesidades de la población y no a los intereses inmobiliarios de las empresas. El gobierno, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene que atender los reclamos de los porteños, pues son su base electoral para la jefatura de gobierno. Pero, por el otro, tiene que garantizar a los empresarios de la construcción la posibilidad de seguir edificando en forma rentable y obtener ganancia, pues son el fundamento de su administración. En esta pulseada, surge un fenómeno que tiene su antecedente en el 2001: los cortes de calle y las organizaciones que luchan por una mejor calidad de vida.
Los primeros reclamos
Los descontentos de los vecinos dieron vida a dos organizaciones específicas: S.O.S. Caballito y Proto Comuna Caballito. En el año 2003, comenzaron a movilizarse por la sanción de la Ley de Comunas. Según nos dijo Gustavo Des Plats, dirigente de Proto Comuna Caballito, en una entrevista realizada por El Aromo: “el objetivo era la descentralización operativa y administrativa del gobierno de la Ciudad en organismos, con una territorialidad acotada y con personería jurídica propia”. Finalmente, la ley fue sancionada en el año 2005. No obstante, como nos comentaba Des Plats, no produjo ningún cambio real, porque el gobierno no cumplía con su parte.1 Las propuestas de los vecinos eran tomadas en cuenta sólo parcialmente, para “dejarlos tranquilos”. Además, los funcionarios otorgaban a los vecinos dos o tres proyectos preelaborados para que éstos votaran por una u otra posibilidad. El dirigente de la Proto Comuna nos dijo que “eso no es decidir” y que se trató de “un plan para poder cooptar a las Asambleas que se habían constituido en el 2001”. La lucha de estos vecinos contra las construcciones de torres comienza hacia agosto de 2006, cuando presentaron un recurso de amparo contra el gobierno para evitar que continuaran las obras. El 23 de noviembre de ese mismo año, unas 70 organizaciones vecinales de Capital Federal y el Conurbano bonaerense realizaron un “ruidazo” en repudio a la construcción de edificios torre, exigiendo la suspensión de los permisos otorgados hasta realizar una evaluación del impacto ambiental y reclamando la participación ciudadana en la planificación urbana. Cortaron las calles en los barrios de Caballito, Palermo, Colegiales, Bernal y Vicente López, entre otros y realizaron cacerolazos y bocinazos. En este sentido, todas esas organizaciones confluyeron en un mismo reclamo y bajo el mismo método: la acción directa. Al igual que durante el 2001, los vecinos de diferentes barrios adoptaron los métodos piqueteros.
La respuesta burguesa
En diciembre de 2006, se logró que el gobierno frenara el otorgamiento de permisos de demolición o de obra en Caballito y Palermo. La suspensión se extendió, luego, por un plazo de 90 días (desde noviembre hasta febrero) a Núñez, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón. También se modificó la Ley 123 de Impacto Ambiental, para obligar a realizar un estudio de las consecuencias ambientales antes de autorizar la construcción de nuevos edificios. Durante el plazo de la suspensión, el sector ligado a la construcción (inmobiliarias, arquitectos y empresarios) manifestó también su descontento, pero contra las medidas adoptadas. Temían por el perjuicio que podría llegar a ocasionar la veda sobre las inversiones y sobre el precio de los edificios ya construidos. Incluso, los empresarios señalaron que las movilizaciones de los vecinos perjudicaban el sistema institucional, dado que no habían recurrido a sus representantes en el gobierno. Su acción llegó al inicio de acciones legales contra dos dirigentes del movimiento vecinal -Gustavo Des Plats y Mario Oybin- y a dos vecinos de Villa Pueyrredón. A los dos primeros, por haber protestado frente a una de las edificaciones que no tenía el estudio de impacto ambiental realizado. A los dos últimos, por haber colocado carteles en las obras que decían “obra ilegal clausurada por los vecinos”. Es decir, una fracción de la burguesía no sólo intenta criminalizar a sus adversarios, sino que da una batalla por mantener el conflicto en los canales institucionales, vale decir, los de su clase. En febrero de 2007, se levantó la veda y el gobierno resolvió que las empresas que desearan iniciar sus obras tendrían que presentar un certificado de factibilidad otorgado por AySA.2 Se trataba de un documento no muy difícil de conseguir, ya que AySA hizo saber públicamente que avalaba las presentaciones de las constructoras, aunque ya se habían registrado falencias en los barrios de Caballito, Palermo y Villa Urquiza. Otra de las medidas tomadas fue un límite para exigir la evaluación del impacto ambiental: de 10.000 mts2 pasó a 5.000 mts2. De todas maneras, tales disposiciones no frenaron las obras que ya estaban en marcha, sino sólo las nuevas solicitudes. Este claro intento de aquietar aguas y de tranquilizar a los vecinos no dio resultado, ya que las organizaciones barriales radicalizaron sus reclamos.
La avanzada
Las manifestaciones de las organizaciones vecinales aumentaron porque, según ellos mismos aclaran, las medidas del gobierno no tuvieron ningún efecto real. En primer lugar, porque la mayoría de lo edificios que se construyen están por debajo de los 5.000 metros cuadrados, con lo cual, el mayor porcentaje de las obras no entra en el rango que obliga a realizar el estudio de impacto ambiental. Pero, además, el problema es que dicho estudio contempla cada edificio individual, es decir, de manera aislada. Según nos contaba Des Plats “Es infantil pensar que una obra por sí misma va a causar un impacto tan negativo en lo que se refiere a calidad de vida o al impacto sobre los servicios. […] es un impacto general, que ocasionan todas las estructuras montadas sobre las infraestructuras y que ocasionan sobre el medio ambiente todas esas estructuras. Esa es la manera correcta que se utiliza en el mundo para analizar. Obviamente, es mucho más restrictiva, con lo cual el Gobierno de la Ciudad no tuvo la valentía para poder tomar esa determinación, tal cual le pedíamos nosotros”.3 Las medidas del Gobierno de Telerman no incluyen a todos los barrios de la Capital Federal, razón por la cual los vecinos siguen reclamando por una solución global. Incluso, los reclamos trascendieron los límites porteños y del Conurbano. En Neuquén, por ejemplo, la Asociación Vecinos Neuquinos en Acción convocó, el 29 de marzo, a una caravana hasta la Municipalidad con pancartas que decían “No a las torres”. Exigieron la suspensión de nuevos otorgamientos por un plazo de 180 días mientras iban juntando firmas para convocar a una audiencia pública. Este proceso de radicalización no termina aquí. Otros reclamos se produjeron a partir de algunos derrumbes en Boedo, Caballito y Palermo provocados por las excavaciones en los edificios en construcción. Incluso, en Villa Crespo y Colegiales se derrumbaron paredes por la erosión que produjo la fuerte tormenta en los cimientos de las casas linderas. Las consecuencias podrían haber sido fatales. Una vez más, la ganancia capitalista se antepone a la vida de las personas. Por tal motivo, las organizaciones de Caballito convocaron a una marcha hasta la casa derrumbada y reclamaron medidas “para que no hubiera otro Cromagnón. Esto es abandono y desidia de los funcionarios. Es la responsabilidad política de Telerman y Schiavi”.4 A su vez, denunciaron la falta de planificación urbana al grito de “casas sí, torres no” y exigieron la renuncia de los funcionarios del gobierno porteño encargados de supervisar e inspeccionar las obras.5 Ante la incapacidad de los gobernantes de garantizar buenas condiciones de vida, las organizaciones comenzaron a poner en duda la legitimidad del personal político de turno. Como reflexionaba Gustavo Des Plats en la charla que tuvo con El Aromo, el problema es consolidar una lucha colectiva, por un problema que es social: “lo que nosotros tenemos que lograr es el estar, porque creo que el colectivo lo necesita, por más que a mí no me pase nada, por más que en mi manzana no haya torres”.6 Es significativo que la lucha contra las torres se dé en un contexto en el cual el problema ambiental ha venido calando hondo en la sociedad argentina, sobre todo a partir de la heroica lucha de los asambleístas de Gualeguaychú.7 Así lo entiende Des Plats, quien afirma: “Creo que tenemos una deuda moral con la gente de Gualeguaychú y que la posibilidad de nuestra aparición mediática se debió a que ellos habían preparado el terreno, a los efectos de que se entienda qué es lo que estábamos pidiendo”.8 La conciencia de la unidad de la lucha es la conciencia de un enemigo común. En este caso, los vecinos, a través de ciertas organizaciones, reconocen la vinculación estrecha entre los diferentes gobiernos con los diferentes capitales.
Una demanda vigente
Como hemos visto, los reclamos en contra de las torres han surgido en muchos barrios de la Capital Federal, en el conurbano e incluso en el interior del país. En primer lugar, todas estas manifestaciones tienen un denominador común: la organización y la tendencia a la acción directa, combinada con la acción institucional. En ese sentido, el fracaso de la última reafirma la primera. En segundo término, las demandas están dirigidas contra el gobierno, quien es visto como el responsable de esta calamitosa situación. Luego de los derrumbes, el reclamo se ha radicalizado y las organizaciones exigen ahora la renuncia del personal político. A cinco años de su nacimiento, las asambleas comenzaron a brotar nuevamente para reclamar por sus necesidades. Sin duda, las jornadas de diciembre de 2001 han dejado sus huellas en todos los que se manifiestan, también, por el problema ambiental. Podemos decir, entonces, que estamos ante un proceso de reconstrucción parcial de la fuerza social que buscó una alternativa al sistema social vigente durante el 2001. Un (nuevo) desencanto de las formas institucionales y de la dirección burguesa que apuntala la escisión entre la burguesía y las fracciones más débiles de la clase. Un proceso que, algunos años atrás, pasó de la ruptura al enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Notas
1Entrevista realizada a Gustavo Des Plats, dirigente de la Proto Comuna Caballito, el 5/04/07. 2Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.
3Entrevista realizada a Gustavo Des Plats.
6Entrevista realizada a Gustavo Des Plats.
7Véase Tellechea, Roxana: “Los puentes al 2001”, en El Aromo, nº 35, marzo/abril de 2007. 8Entrevista realizada a Gustavo Des Plats.
