Por Silvina Pascucci – La provincia de Santa Cruz viene siendo el escenario de mayor conflictividad social del período K. Es allí donde la lucha de clases encuentra su punto más avanzado. Fue la única provincia, desde el 2003, en la que los enfrentamientos sociales terminaron cargándose un gobernador. Esto ocurrió, recordémoslo, hace apenas un año. La acción directa se ha manifestado, allí, con una determinación y una organización poco vistas en el resto del país. Bajo la dirección de la izquierda, los gremios han obtenido logros que no han conseguido sus pares en el resto del país, como el caso de la suba del tope al impuesto a las ganancias. Es decir, en Santa Cruz la lucha ha sabido dar certeras y concretas victorias. Por último, se trata de un distrito donde la izquierda revolucionaria ha logrado hacer pie en varios frentes: en el sindical, en el político y en el electoral. A comienzos de este año, los docentes comenzaron una lucha por reivindicaciones salariales. A fines de abril, el conflicto se extendió al conjunto de la población y amenaza con llegar a la instancia insurreccional. El sábado 21 y el domingo 22 de abril, 10.000 personas colmaron las calles de Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz, blandiendo las cacerolas al grito de “Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo”.
De la legislatura a la ruta
En el 2006, y en medio de un profundo reflujo, las organizaciones centristas y conciliatorias lograron hacer retroceder a la izquierda. Por lo tanto, fueron aquellas las que comenzaron tomando la dirección del conflicto. Así, en un primer momento, la discusión con el gobierno se canalizó por las vías institucionales. El reclamo de los docentes comenzó con el pedido de un aumento el salario básico a $1.050 y el blanqueo de todas las asignaciones. Actualmente, el básico es de $161 mientras que cerca de $850 se pagan en negro. Es decir, está en juego la reproducción física de los docentes y ciertas conquistas históricas, como la jubilación y la obra social. En Río Turbio, el sindicato de los docentes de escuelas técnicas (AMET), presentó una nota a la titular del Consejo Provincial de Educación, exigiendo una audiencia para discutir el aumento de sueldos y jubilaciones y la titularización de los docentes. Lo mismo hicieron los maestros agremiados en ADOSAC, en Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre, Caleta Olivia, San Julián, Calafate, entre otras localidades. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta. Agotada la paciencia, los docentes se convocaron en asambleas y discutieron el paso a la acción directa. Desde ese momento, se sucedieron paros, marchas, escraches, tomas, cacerolazos y cortes de ruta. En total, son más de 18 los días de paro: uno de 48 hs, tres de 72 hs. y uno de 96 hs. Mientras se escriben estas líneas el gremio ha ratificado un paro de 5 días más para la última semana de abril. Además, el jueves 29 de marzo hubo un paro de 24 hs, convocado por la Mesa de Unidad Sindical, que agrupa a docentes, empleados judiciales, municipales, legislativos y otros gremios estatales. El nivel de adhesión se mantuvo siempre por encima del 80%, acercándose al 100% en varias oportunidades, sobre todo en Caleta Olivia. Todas las huelgas fueron acompañadas siempre por masivas movilizaciones que convocaron entre 1.000 y 6.000 personas. Durante las marchas, se manifestó contra todos los símbolos del poder político de la provincia: la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Ministerio de Economía, el Consejo Provincial de Educación, e incluso, la casa de Néstor Kirchner y la del gobernador Sancho. También se instaló una carpa blanca frente a la gobernación, en la capital y en otros lugares del interior, como en Caleta Olivia. El corte de ruta también estuvo presente. En San Julián se cortó la ruta n° 3, en Los Antiguos, la 40 y en Caleta Olivia, en el cruce de las rutas nº 12 y nº 9. La constancia de los docentes ha permitido no sólo mantener las medidas de fuerza a lo largo de dos meses, sino además intensificarlas, aumentando progresivamente los días de huelga, lo cual demuestra la vitalidad y fortalecimiento del proceso.
De la ruta a la legislatura
La movilización docente –al igual que la de los petroleros en otros años- sumó a amplios sectores de la población santacruceña. En el caso de la clase obrera, se incorporaron trabajadores estatales, como municipales, viales, trabajadores de la sanidad, de los servicios públicos y judiciales. Los trabajadores del Hospital Regional de Río Gallegos, afiliados a ATE, también están reclamando el aumento y blanqueo de su salario. En su caso, el básico actual es todavía menor que el de los docentes, ya que oscila entre los $50 y $60. Ellos también fueron al paro y participaron de las movilizaciones. Llegaron a ocupar el Ministerio de Asuntos Sociales, el 30 de marzo, cuando se dio a conocer la noticia de que el sueldo de ese mes había sido retenido como represalia por las medidas de fuerza adoptadas. Una expresión de esta confluencia es la Mesa de Unidad Sindical que integra a todos estos gremios y brinda un marco de acción colectiva y organizada para una lucha común. En la Asamblea Autoconvocada que realizaron, el 10 de marzo, los trabajadores de la Administración Pública de Río Gallegos, se discutió un plan de lucha por aumento del básico, recategorización y derogación de la Ley de Emergencia Económica y se definió el apoyo a los docentes. De manera similar, los docentes de Río Turbio y 28 de Noviembre realizaron una marcha que se dirigió también hacia las instalaciones del Juzgado local, para acompañar los reclamos de los trabajadores judiciales. La toma de la Legislatura Provincial, el 14 de abril, resultó una de las acciones conjuntas más importantes. Los gremios nucleados en la Mesa de Unidad Sindical entraron a la Cámara de Diputados y presentaron un proyecto para que se derogue el artículo 2 de la Ley de Emergencia Económica, iniciativa de 1991 del entonces gobernador Néstor Kirchner, que impide la negociación paritaria en el ámbito estatal. El proyecto también incluía un llamado a audiencia entre las partes para resolver el conflicto. Ante la negativa de los diputados de votar a favor, los trabajadores decidieron ocupar durante toda la noche el edificio. La dirigencia de ADOSAC se pronunció en contra de la toma. Sin embargo, muchos docentes no estuvieron de acuerdo con esta postura y se quedaron junto al resto de los gremios dentro del recinto. Por fuera de los sindicatos, la lucha contó con el apoyo activo de los padres de los alumnos, que se plegaron a las protestas. No olvidemos que se trata, también, de hogares obreros o pertenecientes a capas más empobrecidas de la pequeña burguesía. Ellos, organizados como “Padres autoconvocados”, tomaron, en la noche del 23 de abril, la Municipalidad de Río Turbio.1 Observamos, entonces, la repetición de lo que parece una constante en esta región. Por un lado, la rápida confluencia entre distintas fracciones de la clase obrera organizada sindicalmente, con fracciones organizadas en forma barrial y elementos de la pequeño burguesía. Por el otro, la constante aparición de una fuerte tendencia, en el seno de esta fuerza, a la impugnación del poder político mediante la acción directa y a la delimitación con el gobierno nacional.
Direcciones sin mando
La profundidad del enfrentamiento puede medirse a través del vector en el que confluyen la duración y la intensidad de las acciones. Con respecto a la primera variable, el inicio podemos datarlo en 2004. Desde esa fecha hasta hoy, se han sucedido varios intervalos, algunos más largos y otros más cortos. Pero el caso es que el conflicto se ha reanudado permanentemente, porque no se ha logrado cerrar la brecha. Esto, debido a que el gobierno no pudo neutralizar las causas que provocan el avance de su enemigo: ni se han mejorado las condiciones de vida, ni se ha logrado desarticular las organizaciones políticas y sindicales que presentan combate. En cuanto a su intensidad, el gobierno hace un año que se hizo cargo del comando de las acciones. La gendarmería se encuentra en funciones en Santa Cruz desde el conflicto petrolero. Este cuerpo suele usarse para el amedrentamiento y para intervenciones puntuales que implican el enfrentamiento directo. En este conflicto, el Estado nacional ha llegado a realizar acciones bien definidas contra dirigentes identificados y contra las organizaciones obreras. Asimismo, han tomado posición sobre los espacios comunes, convirtiendo a la provincia en una zona militarizada. Los trabajadores vienen denunciando los actos violentos: el incendio de un auto del sindicato docente, el ataque a piedrazos al local de ADOSAC, la explosión de una bomba molotov en un salón donde se desarrollaba un festival para juntar fondos y todo tipo de aprietes por parte de los funcionarios. Además, El gobernador Sancho, mandatado directamente por el presidente Nestor Kirchner, instaló tropas de la Gendarmería Nacional dentro de las escuelas durante los días de paro, les sacó las llaves a los directivos, se las entregó al personal militar e impidió la entrada de docentes, padres y alumnos. La custodia de los colegios fue completada con personal de la Policía Provincial para evitar posibles tomas por parte de los trabajadores movilizados. La policía se utilizó también para obstaculizar la circulación de docentes que se dirigían a las marchas o asambleas programadas. Como relata un docente, en su trayecto al Congreso Provincial de ADOSAC del 17 de marzo, “A mi me pararon tres veces en el auto y en Güer Aike (paraje a 30 km de Río Gallegos) me preguntaron nombre, apellido y si era docente. Como conocía al suboficial pasé, pero me dijo que tenían orden de identificar a todos los docentes. “¿Qué vas a hacer?, ¿me vas a detener?, le pregunté”.2 La apelación a la fuerza, la acción directa, por parte del estado, implica que ha perdido su capacidad de dirección moral. Es decir, que ya no se lo reconoce como autoridad legítima. Cuanto más extendida (geográfica y socialmente) esté esa fuerza militar, mayor es, por lo tanto, la parte de la población sobre la que se ha perdido la influencia. En Santa Cruz, la militarización de la mayoría de espacios públicos y la pérdida de las garantías constitucionales advierte sobre la posibilidad cierta de una insurrección más general. Por eso Kirchner ha decretado un estado de sitio de facto. La incapacidad de llamar a la disciplina a la población tiene su correlato en una crisis en el partido gobernante. Luego del desplazamiento de Acevedo, Kirchner intentó desbaratar cualquier oposición local. Sin embargo, en el justicialismo provincial, comenzaron a producirse divisiones internas. El presidente del Consejo Deliberante de Río Gallegos (miembro del PJ), declaró que el gobierno provincial debe renunciar. Algunos diputados justicialistas opinan que se debe convocar a paritarias para resolver el conflicto, contradiciendo la postura oficial de no dialogar hasta que no se levanten las medidas de fuerza. El único partido burgués que parece capaz de acaudillar el conflicto es nada menos que la Iglesia. Ésta se ha despachado con duras críticas al gobierno. El obispo Juan Carlos Romanin defendió la legitimidad del reclamo, pero intentó contener la explosiva situación. Está dando una dura pelea, contra los dirigentes de izquierda, por constituirse en el único mediador legítimo. Su programa es el de la “Paz social” y pugna por la realización de una mesa de diálogo que, como lo ha demostrado la intransigencia del gobierno, sólo pudo lograrse intensificando las medidas de fuerza. Hasta ahora, la política del obispo no ha dado resultado, ya que la sociedad se mantiene firme en la lucha.
Un paro político
El Ministro de Educación, Daniel Filmus, se quejó porque, para él, en Santa Cruz se estaba desarrollando un “paro político” y no un legítimo “paro sindical”. En realidad, uno tendería a estar de acuerdo, si no fuera porque lo que él entiende por “política” es muy distinto a lo que realmente es. Cuando el Ministro y su gobierno dicen que las acciones son “políticas”, se están refiriendo al estrecho campo de lo electoral, a los cálculos mezquinos y a las intrigas entre individuos. Y, en parte, es cierto: para el personal político burgués, la “política” no es más que eso. Sin embargo, política, en su correcto significado, es la disputa por el poder, por la dirección de una sociedad. La capacidad de millones de decidir sobre su destino, en función de un programa histórico. En ese sentido, sí puede decirse que, en la provincia del presidente, la mayoría de los trabajadores giraron del reclamo sindical a una perspectiva política. Porque Santa Cruz se está convirtiendo, irreversiblemente, en un laboratorio de la lucha de clases de los próximos años.
Notas
1 Clarín digital, 24-04-07, www.clarin.com.ar
2 Agencia OPI Santa Cruz, 17/03/07
