Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional – CEICS
La lucha por la reforma previsional de Nicaragua se convirtió en una disputa por la sucesión de Ortega. El desarrollo de una crisis política en ciernes abre la posibilidad a que la clase obrera actúe con voz propia, algo que aún no ha sucedido. Para ello, la primera tarea debe ser agruparse de manera independiente a la oposición del COSEP y el sandinismo.
Nicaragua fue testigo de un proceso de movilizaciones masivas que comenzaron rechazando la reforma previsional del presidente Ortega pero que terminaron exigiendo su salida, abriendo una disputa por su sucesión tanto desde la oposición como dentro el propio gobierno. Veamos entonces como se desarrolla la crisis política del sandinismo.
Los hechos
El 18 de abril el gobierno de Daniel Ortega anunció una serie de cambios en el sistema previsional, básicamente el incremento de 6,25 a 7% de las cuotas de contribución que paga la clase obrera al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la reducción de un 5% del monto de las pensiones que reciben los beneficiarios del sistema, y el cambio en la fórmula de cálculo de las mismas, reduciendo el monto de las jubilaciones. También, se aumentaba de 19% a 22,5% el aporte de los empleadores. En total, el INSS cuenta con el aporte de 921.328 trabajadores afiliados, representando el 28.8% de la PEA y el 14.6% de la población total.
Las medidas del oficialismo tienen un trasfondo económico que no debe ser perdido de vista. El INSS tiene un déficit de más de 76 millones de dólares, algo sobre lo que el FMI había alertado en febrero, proponiendo el aumento de la edad jubilatoria como medida para evitar la quiebra del instituto en el 2019. El FMI fundamentaba su proyección en lo que iba a ser la caída de la cooperación venezolana (que proveía petróleo barato a cambio de alimentos), el déficit del INSS, y la posible aprobación de la Nica Act, un proyecto de ley norteamericano que propone clausurar cualquier vía de financiamiento internacional en la que EE.UU. tenga poder de decisión.1 En realidad, el conjunto de la economía nicaragüense es deficitaria, rondando el 2% del PBI que, si bien es poco, puede ser agudizado por el contexto reseñado. Bayardo Arce, asesor presidencial, sostuvo que las medidas que proponía el FMI darían resultado en 3 o 4 años, mientras que el gobierno consideraba necesario solucionar el problema ahora mismo, por eso se aplicó la reforma.
A raíz de esta situación, se desató un proceso de protestas masivas, cuyo epicentro estuvo en los departamentos de León, Managua, Granada, Boaco, Carazo, Estelí, Matagalpa y Rivas, con una base compuesta principalmente por universitarios, que se agruparían en el Movimiento Estudiantil 19 de abril, trabajadores, que no respondían a los sindicatos oficialistas, y la burguesía local, principalmente agrupada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), AmCham, y la pequeña burguesía de Conimypime. Las movilizaciones se extendieron durante más de tres semanas, dejando un saldo de más de 70 asesinados y 200 heridos por la represión estatal. El crecimiento de las protestas obligó al gobierno a desplegar al Ejército y a la utilización fuerzas de choque irregulares, como las de la Juventud Sandinista. Los cortes de calles y las barricadas fueron acompañados por saqueos y el derribamiento de los “Árboles de la Vida”, arquitecturas diseñadas por el gobierno para conmemorar la revolución sandinista. Además, hubo varias protestas en rechazo a las alzas de combustible, la violencia policial y casos de inseguridad contra trabajadores rurales. Para el 23 de abril, COSEP, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y Conimipyme convocaron a una “Marcha Nacional por la Paz y el Diálogo”, reclamando que el gobierno cese la represión, y se ocupa la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), donde los estudiantes son reprimidos. Por su parte, el gobierno también impulsó movilizaciones propias a través de las organizaciones que permanecieron ligadas al Estado, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Juventud Sandinista, y las centrales sindicales aliadas, la Central Sandinista de Trabajadores, el Frente Nacional de Trabajadores, y la Unión Nacional de Empleados.
Ante este contexto, Ortega anunció la revocación de la medida, y convocó a una mesa de diálogo para que participen los empresarios y los estudiantes movilizados, con la mediación de la Iglesia. Allí, tanto las organizaciones estudiantiles como COSEP, no solo proponen discutir la reforma del sistema previsional, sino también la salida de Ortega.
¿El comienzo del fin?
Como vemos, la movilización dejó de ser una lucha corporativa y cobró forma de una disputa política por la salida del gobierno. Ortega formó parte de la Junta de Gobierno que se instauró post caída de Somoza en 1979, y ejerció la presidencia del país entre 1985 y 1990, cuando fue derrotado por Violeta Chamorro, una ex sandinista. Con su retorno al gobierno en el 2007, Ortega inauguró lo que es conocido como “modelo de diálogo y consenso” que fue saludado por empresarios de todas partes del mundo. ¿En qué consistía? En la conformación de una mesa tripartita entre el gobierno, los empresarios, y los sindicatos. Es decir, un pacto social. En este espacio,se discutieron las principales políticas públicas del país, como planes de inversión y financiamiento para empresarios, salarios, e incluso la mencionada reforma previsional.
Este pacto social de Ortega acaba de romperse. COSEP fue la primera entidad que abandonó el apoyo cerrado al gobierno y dirigió las movilizaciones. Respecto a la medida, presentó una serie de propuestas que apuntaban en el sentido del rumbo que propuso el FMI, como revisar la edad jubilatoria y las semanas necesarias de cotización para acceder a la jubilación, recortes en el gasto administrativo, modificaciones en el pago de la deuda con el Estado, liquidación de inversiones y activos improductivos, y el destino del 50% de los aportes del Instituto Nacional Tecnológico para pensiones. Es decir, un ajuste que caiga íntegramente sobre los trabajadores que cotizan al INSS y los empleados públicos. Por su parte, AmCham descartó toda posibilidad de volver al modelo anterior al 18 de abril, mientras que la burguesía agraria de Upanic, principal entidad afiliada a COSEP,propuso que se conforme un gobierno de transición y se convoque a elecciones anticipadas. Por último, Conimypime, que no fue invitada a participar del proceso de diálogo, planteó como propuesta elevar en dos años la edad jubilatoria, y aumentar solo un 2% entre 2018 y 2019 los aportes patronales. O sea, la burguesía nicaragüense, principalmente la de mayor tamaño, rompió con Ortega y exige un ajuste aún mayor sobre la clase obrera.
Dentro de los sindicatos, si bien se mantuvieron alineados con Ortega, se abrió una grieta que puede tener consecuencias de peso en el futuro. El grueso de los obreros sindicalizados se reparte entre la Central Sandinista de Trabajadores, con 111.500 afiliados, y el Frente Nacional de Trabajadores, con 161.000 miembros. Este último responde a Gustavo Porras, sandinista y presidente de la Asamblea Nacional. Porras, quien también es el líder de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), es leal a Rosario Murillo, Vicepresidenta y esposa de Ortega. Desde el FNT, Porras se ha encargado de hacer pasar todas las reformas impulsadas por el gobierno y el empresariado, como las leyes de tercerización y de primer empleo, evitando también que se produzcan huelgas y oposiciones a nivel sindical. Es también el ideólogo detrás de la “reforma previsional”, ya que dos de sus hombres, Roberto López y Sagrario Benavides Lanuza, pertenecientes a la Fetsalud, encabezan el INSS. No son los únicos representantes de Porras, ya que Evile Umaña, también de Fetsalud, ejerce uno de los cargos en el Consejo Directivo junto a Antonio Zepeda, de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden). Tanto Fetsalud como Anden son los principales gremios dentro del FNT. Estos cuatro son los que han firmado la reforma, ya que muchos otros puestos del Consejo Directivo del INSS se encuentran vacantes, como el caso de la representación del sector privado, que alternaba entre Conimipyme y Cosep. Por este motivo, el FNT y la Unión Nacional de Empleados (UNE) defendierona Ortega y a las reformas. La CST en cambio, respaldó al gobierno, pero argumentó que se debía suspender al Consejo Directivo del INSS por aprobar unas reformas a la seguridad social sin consenso. Asimismo, atacaba al FNT acusándolos de ser los responsables de la crisis y “embaucar” al mandatario con esas nuevas medidas, exponiéndolo tanto nacional como internacionalmente.2
El candidato ausente
La lucha por la reforma previsional de Nicaragua se convirtió en una disputa por la sucesión de Ortega. Es decir, se abrió una crisis política. Murillo aparece como la principal candidata a la sucesión, y Porras como su vice, o bien, si la crisis política arrastra al matrimonio presidencial, este último podría ser el candidato del sandinismo. La puja entre el CST con el FNT y UNE, debe ser leída en esta clave, ya que la burocracia de la CST no ha impulsado grandes luchas contra las medidas anteriores y ni siquiera señala la complicidad de Ortega en la reforma del INSS. Es decir, no es una alternativa al sandinismo, sino que pelea por heredarlo. Por otra parte, la oposición ha comenzado a conformar un polo político como es la creación de la alianza “Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia” cuya dirección está en manos de los estudiantes del Movimiento 19 de abril, y la burguesía nucleada en COSEP y AnCham. La crisis amenaza con un escenario similar al venezolano, porque, si quiere sobrevivir, Ortega tendrá que seguir los pasos de Maduro e instaurar una dictadura. En esto terminan las experiencias bonapartistas. Habría que tomar nota.
Ambos bandos, oficialismo y oposición, proponen un ajuste sobre los trabajadores. El desarrollo de una crisis política en ciernes abre la posibilidad a que la clase obrera actúe con voz propia, algo que aún no ha sucedido. Para ello, la primera tarea debe ser agruparse de manera independiente a la oposición del COSEP y el sandinismo, para determinar un plan de lucha y un programa de intervención, que realmente represente sus intereses.
Notas
1La Prensa, 03/10/2017; El Nuevo Diario, 07/02/2018
