¿Un conurbano indígena? – Por Roberto Muñoz

ciudad y géneroSi tiene algún asidero hablar de cuestión indígena en Argentina, lo primero que salta a la vista es que se trataría de una cuestión eminentemente urbana. Los “indígenas” migran escapando de la desocupación y encuentran empleos precarios, estacionales, de bajos salarios. De allí que sus demandas inmediatas sean las mismas que el resto de los trabajadores. 

Por Roberto Muñoz (TES-CEICS)

Si uno se guía por las imágenes ampliamente difundidas en medios masivos de comunicación, por parte de la producción académica o por la intervención de diferentes partidos políticos, la supuesta “cuestión indígena” en Argentina estaría asociada a zonas rurales, alejada de los grandes centros urbanos. La Iglesia Católica y diversas ONG organizan colectas regulares para llevar donaciones al Impenetrable, equipos periodísticos se internan en el monte chaco-salteño para mostrar el hambre, partidos revolucionarios organizan viajes al interior rural de Formosa para conocer la realidad de los “hermanos aborígenes”. Sin embargo, los datos más inmediatos acerca de los llamados “Pueblos Originarios” muestran que siete de cada diez de las personas que se definen como parte de ese conjunto difuso, viven en ciudades. Es más, actualmente, uno de cada tres de ellos vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA -Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires-). Esto se desprende del Censo Nacional de Población de 2010, según el cual, del total de habitantes de la región Metropolitana, alrededor de 249 mil se reconocen como descendientes de, o pertenecientes a un pueblo originario, lo que equivale al 28% de la población que se identifica de esa manera a nivel nacional. En otras palabras, como ya dijimos en notas anteriores,[1] si tiene algún asidero hablar de cuestión indígena en Argentina, lo primero que salta a la vista es que se trataría de una cuestión eminentemente urbana. Esta concentración poblacional en el conurbano bonaerense hace inteligible la proliferación de entidades como las que siguen: Comunidad Indígena del Pueblo Guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”, de Glew; Comunidad Indígena del Pueblo Moqoit “Nogoyin Ni Nala”, de Rafael Calzada; Comunidad Indígena del Pueblo Toba “Migtagan”, de San José; Comunidad Indígena del Pueblo Mapuche “Juan Kalfulkura”, de Longchamps, entre muchas otras dispersas a lo largo de los 24 partidos que lo componen.

Veamos cómo se constituyen, quiénes las conforman y cuáles son sus principales reivindicaciones y demandas.

Tierra y vivienda

Es un lugar común afirmar que la principal demanda de los llamados Pueblos Originarios es disponer de las tierras que les corresponderían por derecho ancestral para poder desarrollar su vida, atada a pautas diferentes a las que rigen la sociedad capitalista. La Constitución Nacional de 1994 incluyó un apartado que establece la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, a la vez que reconoce “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano”. Esta normativa y la suscripción de Argentina al Convenio 169 de la OIT -que fija derechos especiales para los pueblos indígenas- dispararon los reclamos en ese sentido. Para poder tramitarlos, el Estado exige contar con personería jurídica. Es así que desde entonces emergieron gran cantidad de asociaciones indígenas.

Sigamos el derrotero de una de las “comunidades indígenas”, instalada en la localidad de Glew: el nucleamiento guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”. Compuesta actualmente por 18 familias, sus primeros integrantes llegaron a mediados de los 70. La familia troncal, oriunda del Chaco boliviano, vivía en Salta, primero en el campo y más tarde en la ciudad de Tartagal, trabajando en los ingenios de la zona. Con la crisis de la actividad y el avance de la frontera agropecuaria, fueron desalojados de las tierras que ocupaban. Luego, en sucesivos viajes, estas familias unidas por lazos parentales terminaron recalando en el barrio de Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires. Años después, escapando del hacinamiento, llegaron a Glew. Una vez aquí, sufrieron nuevos intentos de desalojo. Recién en este punto y ante esta situación, deciden tramitar una personería jurídica que les habilite el reconocimiento estatal como comunidad indígena. Finalmente, luego de sortear todo tipo de trabas burocráticas, la “comunidad” logró la compra de las tierras que ocupaban gracias a fondos otorgados por el INAI (Instituto de Asuntos Indígenas)[2]. Se trata de un caso excepcional. El resto de las organizaciones con características similares de la zona todavía no corrió la misma suerte. Pero además, hay que resaltar que fuera de toda alusión culturalista, la descripción de los avatares de estas familias es la misma que la de miles de obreros por acceder a un techo. Sería difícil encontrar diferencias entre la condición social de estos “indígenas” y, por ejemplo, los que protagonizaron las tomas recientes de terrenos en Merlo.[3]

Migrantes

El mismo CNA 2010 indica que un porcentaje elevado de esa población que se reconoce como indígena ha migrado recientemente a la región del AMBA. Un 15% de ellos nació en otro país (podemos suponer, al señalarse una presencia “aymara” de una magnitud similar, que entre ellos se encuentra parte de la población de origen boliviano que vive en esta zona) y, en el caso de los argentinos, un 38,8% declaró haber nacido en otra provincia. El ejemplo más claro de este proceso se observa entre los que adscriben al “pueblo Qom”, oriundos de la región chaqueña y que desde la década del 60 y más marcadamente desde los 90, constituyen la mayoría de los que se establecen en el eje Rosario-Buenos Aires-La Plata.

Precisamente, en las últimas décadas, varias de las provincias extra-pampeanas, en cuyos espacios agrarios se desarrollaban los tradicionalmente llamados cultivos industriales, experimentan un proceso de reconversión productiva a raíz de la reubicación de la producción ganadera y, fundamentalmente, del avance de los cultivos pampeanos, teniendo como punta de lanza a la soja y el paquete tecnológico asociado a ella. Esta modalidad implicó un corrimiento de la frontera agrícola sobre tierras hasta entonces consideradas marginales para el desenvolvimiento de la acumulación de capital. Una de las consecuencias de estas transformaciones fue la expulsión de importantes contingentes de población sobrante para el capital que salen de su estado latente y se hacen visibles al instalarse en las periferias de las ciudades. Esto explica el crecimiento demográfico de varias ciudades del interior así como también su asentamiento en Buenos Aires, entre otras. En ese sentido, se trata de una tendencia histórica al éxodo rural protagonizado por la  pequeña burguesía pauperizada y, fundamentalmente, por la clase obrera que queda desocupada. La provincia de Chaco es un caso paradigmático al respecto: en el período intercensal 1991-2001, pierde 60 mil habitantes rurales[4].

Es dentro de este contexto general que en varias localidades del GBA han ido surgiendo entidades que se organizan en relación a la adscripción indígena de sus miembros. Desde la antropología, algunos trabajos se detienen en analizar las características que asume el proceso migratorio, destacando que su concepción de “comunidad” actuaría como factor de cohesión y solidaridad, que les permitiría “mantener viva su cultura” en las ámbitos de llegada. Una de las expresiones de este fenómeno sería la proliferación de “barrios tobas” en diferentes ciudades. Otros discuten si, en la nueva vida citadina, el avance de la “asalarización” entre estos pobladores pone en crisis o no su identidad indígena[5]. Todos estos planteos parten del error de considerar como específico de los llamados indígenas elementos que atraviesan a extensas capas de la clase obrera. ¿Qué diferencias sustantivas hay entre esta forma de organizar la migración basada en lazos intra/inter familiares y la que realizan los obreros agrícolas tucumanos o santiagueños que migran a levantar la cosecha de fruta fina en Río Negro o realizar el desflore del maíz en la región pampeana? ¿Acaso son distintas a las de los obreros bolivianos que se instalan en la ciudad de Buenos Aires y se emplean en los talleres de confección? Por otro lado, la idea del “avance de la asalarización” parte del supuesto falso de que en sus tierras de origen vivían bajo un modo de producción distinto, desconociendo el proceso de proletarización ya completado hace por lo menos un siglo. Precisamente, es su condición de obreros desocupados lo que provoca la migración y una vez acá, como los mismos antropólogos señalan, siguen reproduciendo su vida estrictamente como obreros: fundamentalmente, como cartoneros o empleándose en las ramas de la construcción o de servicios (limpieza y mantenimiento) y, en el caso de las mujeres, en el empleo doméstico. Lejos de cualquier idealización académica o de las pretensiones indigenistas de retornar a los espacios “ancestrales”, una integrante de la comunidad mocoví de Berisso, decía: “Los que siguen en Santa Fe siempre dicen ‘me gustaría vivir en la provincia de Buenos Aires’. Porque a ellos no les llega nada, viven de lo que pueden sembrar o de criar animales. Es feo vivir allá, porque incluso las casitas son de nylon, es re pobre. Nosotros acá tenemos poca tierra, pero tenemos trabajo”.[6]

En síntesis, las aparentes diferencias culturales no tienen ninguna importancia. Sus condiciones de vida y de trabajo no difieren de las de amplias capas de la clase obrera. Migran escapando de la desocupación más cruda y acá encuentran empleos precarios, estacionales, de bajos salarios. De allí que sus demandas inmediatas, más allá de cualquier particularidad idiosincrática, sean las mismas que el resto de los trabajadores: trabajo, vivienda, educación, etc.

Obreros ocupados y desocupados

Una vez más, insistimos en la condición obrera de esta población. Las disposiciones estatales que fijan que la conciencia individual de su identidad indígena debe ser considerada como criterio fundamental para determinar su adscripción a un “pueblo originario”, los aísla del resto de la clase y los deja en manos ya sea de punteros de los partidos burgueses o de ONG ligadas a la Iglesia. El seguidismo de los partidos de izquierda en este terreno atenta contra la necesidad de soldar las fracturas en el interior de la clase obrera. Más allá de particularidades culturales, todos están atravesados por la relación de explotación en las que están insertos, y esa es su determinación fundamental.

Notas

[1]Véase Muñoz, Roberto: “Ideas medievales”, en El Aromo, n° 81, 2015.

[2]Weis et. al.: op. cit.

[3]Véase Egan, Julia: “Okupas. Sobre las condiciones de vivienda durante la década kirchnerista”, en El Aromo, n° 88, 2016.

[4]Véase Muñoz, Roberto: “Vamos al corte. Reestructuración agraria y organizaciones campesinas en Chaco”, en El Aromo, n° 68, 2014.

[5]Véase Weiss, Laura et. al.: “Pueblos indígenas urbanos en Argentina: un estado de la cuestión”, en Revista Pilquen, vol. 16 n° 1, Viedma, 2013.

[6]http://goo.gl/Yo3r2N

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