Tiempos de calma – Por Exequiel Ferreyra

El 27 de febrero se hizo público el aumento salarial, firmado entre los gremios oficialistas y el CGE, en sintonía con la paritaria nacional. El aumento con mayor impacto se dio en los fondos nacionales. Se vuelve a poner sobre la mesa un viejo problema de la docencia misionera, a saber, la perforación del piso de garantía para el cobro de los adicionales que envía Nación.

Exequiel Ferreyra (GES – CEICS)
El pasado 19 de enero, Stela Maris Leverberg, Secretaria General de UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones)–CTERA y ex diputada nacional por el FpV, señalaba que debido a la depresión económica producto de las políticas desarrolladas por el gobierno de Macri iban a pedir un porcentaje de aumento no menor el 30% para las paritarias docentes. El 27 de febrero se hizo público el acuerdo salarial que, en boca de la secretaria general de UDPM y de la presidente del CGE, fue caracterizado como “un hecho histórico que demuestra la actitud de trabajo permanente y articulado entre el Gobierno Educativo y los gremios integrantes de la Mesa de Dialogo”. El acuerdo firmado por los gremios docentes oficialistas1 elevó el salario al mínimo de $7.800 para el primer trimestre y $8.500 para el segundo. Incorporó un incremento al básico de un 20% llevándolo de $ 2.808,77 a $3.370,77 más un 7,5 % al adicional por decreto 837/15.2 Por otra parte, en sintonía con la paritaria nacional, el aumento con mayor impacto se dio en los fondos nacionales: el FONID pasará de $500 a $910, y en julio $1.210; el art. 9 seguiría en $945 y se mantienen los $460 “compensadores” para alcanzar el salario mínimo vital y móvil que se habían incluido al inicio de la gestión del PRO. Todas esas sumas no son ni remunerativas ni bonificables, es decir, corresponden a un aumento “en negro”. Sin embargo lo más importante de este acuerdo es que vuelve a poner sobre la mesa un viejo problema de la docencia misionera, a saber, la perforación del piso de garantía para el cobro de los adicionales que envía Nación, a excepción del FONID. Tal como está planteado, si se elevara apenas 31$ las variables remunerativas y bonificables, los docentes de la provincia dejarían de percibir el fondo correspondiente al art. 9.

¿La reacción?

 Una vez que el acuerdo firmado por la intersindical y el CGE se hizo público, los gremios opositores pertenecientes a la CTA–A y al Frente Gremial Docente (FGD) lo rechazaron coincidiendo en que: 1) no habían participado en la discusión y 2) que el aumento era insuficiente para la situación inflacionaria actual. Esos dos aspectos referían a aspectos más generales de la discusión. En lo que refiere al análisis salarial coincidieron en que el acuerdo adhiere a la política de “parchar” el salario provincial con fondos nacionales en negro que componen un 40% del salario de un docente inicial, en el primer trimestre. El nuevo acuerdo elevará a un 50% el aporte nacional durante el segundo semestre. Por eso mismo, ambas corrientes denunciaron, correctamente, que el acuerdo afecta la diferencia por antigüedad en la grilla salarial y perjudica a las jubilaciones y al aguinaldo, porque las mismas se liquidan sobre el salario en blanco. Además, los gremios destacaron, en relación al artículo 9, que éste no es retroactivo. Ante este panorama, se convocó a un paro para el 2 de marzo por 72 horas. Pero, a pesar del estado de alerta y movilización docente durante las vacaciones,3 el paro no se hizo sentir en la provincia, ni siquiera en las localidades donde los gremios disidentes tienen mayor inserción, como Montecarlo y Jardín América para el MPL4, la zona de capital para el FGD o Capital y Obera para UTEM5. Si bien las organizaciones coincidieron en las críticas al acuerdo salarial aprobado, se diferenciaron a la hora de desarrollar sus planes de luchas. Veamos.

Una crítica limitada

El FGD sostiene que el acuerdo salarial es responsabilidad absoluta de este gobierno provincial y de los sindicatos “amigos del poder”. Dejando de lado sus críticas respecto al aumento de las compensaciones nacionales, realizan una apología de la lucha contra la corrupción en defensa de artículos de la Paritaria Nacional y de la Ley de Financiamiento Educativo. Para tener una idea de lo limitado de sus reclamos, recordemos que la Ley de Financiamiento Educativo estipula que la provincia debe mantener el básico docente a un mínimo equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil… Por otra parte, en relación al acuerdo nacional, plantean que la provincia incumple su artículo 6º que estipula “el compromiso de trabajar teniendo en cuenta las desigualdades existentes en las provincias, y la petición de los sindicatos de garantizar que el salario básico resulte igual o superior al sesenta por ciento (60%) del salario mínimo garantizado”. Si el artículo se cumpliera, el básico se ubicaría en $4.860, es decir $1.310 más que el básico actual, lo que implicaría una pérdida de $4.983 mensuales para los docentes con máxima antigüedad. Pero más importante aún es destacar que los fondos compensatorios de Nación permiten abaratar los costos laborales y, aceptando su existencia, le ponen un techo a la negociación salarial. Se aporta un adicional en negro, sí. Se achata la escala salarial, sí. Pero también garantiza que las provincias mantengan el salario siempre por debajo del promedio nacional, porque superarlo implica una pérdida del Artículo 9.

El MPL a primera vista pareciera haber tenido un crecimiento político en sus reivindicaciones. Reconociendo, desde finales del año pasado, como problema principal la fragmentación del sistema educativo, propuso la unificación nacional del salario básico docente como alternativa para superar las diferencias provinciales. En otras palabras, la nacionalización del salario. Consigna que Razón y Revolución defiende hace mucho tiempo. Sin embargo cuando nos detenemos a analizar sus propuestas nos damos cuenta que en realidad más que avance político parece consigna de ocasión. El gremio desplegó su militancia desarrollando marchas y concentraciones en Jardín América, Montecarlo y Posadas, teniendo como demanda general la crítica a las compensaciones nacionales, presionando la apertura de una instancia de dialogo con el CGE. Allí propuso discutir un “semi blanqueo” de los fondos nacionales bajo la órbita del estado provincial. Sostuvo que se trataba de un puente o camino para “dignificar” el salario de los docentes. Años anteriores bregaban por blanquear la totalidad de los fondos nacionales a través de una nueva Ley de Grilla salarial. Si bien frente al “semi blanqueo” la modificación de la estructura salarial es más progresista, vuelve a dejar de lado el problema central: la fragmentación del sistema educativo y con ello la emergencia de 24 composiciones salariales distintas como mecanismo para ahorrar gastos en educación. Los compañeros no deberían conciliar con la patronal abandonando una consigna correcta como la nacionalización y unificación del salario docente en todo el país.

En el mismo sentido que el MPL, UTEM desplegó su militancia remarcando la necesidad de superar la política de compensación vía fondos nacionales y elevar el salario de la provincia, por encima del salario mínimo a $8.500 durante el primer trimestre. Manifestó la necesidad de reestructurar la grilla salarial con el objetivo de blanquear los fondos nacionales, para que la perforación del mínimo no esté acompañada de una perdida en el salario de bolsillo. Aquí el principal problema es que no se discute el importe inicial sino que se orienta la lucha a recomponer la escala salarial achatada. La pregunta es obvia ¿puede un docente vivir con 8.500$? El límite estatutario de dos cargos ubicaría su salario algo encima de la canasta total de alimentos estimada en 16.000$, a costa de una jornada de trabajo largamente por encima de las ocho horas diarias.

Cumplidas las 72 horas de paro el FGD y UTEM volvieron a la escuela. Dos días más tarde lo hizo el MPL. Esta vuelta repentina fue caracterizada por los dos primeros como un paréntesis en la medida de fuerza, a fin de establecer un nuevo plan de lucha, consulta a las bases mediante. El MPL, por su parte, volvió a las aulas como un “gesto de buena voluntad”, para propiciar el dialogo con el CGE, sin embargo sabido es, que tampoco pudieron convocar manifestantes. La parálisis relativa de las bases es comprensible, en tanto alrededor del acuerdo nacional y provincial se generó toda una parafernalia discusiva que ensalzaba al acuerdo como un hecho sin igual. Sumado a esto, tal vez opere un estado de desmoralización en las bases como consecuencia del magro resultado de las luchas de 2015. Otro elemento que suma a este estado, como vimos en este acápite, es lo limitado de los planteos opositores al oficialismo sindical.

¿Como sigue?

Frente a este panorama el MPL en unión con obreros rurales y desocupados propuso un paro provincial de actividades que unifique los reclamos del conjunto de los trabajadores. Desde la reapertura de la discusión salarial docente, pasando por reivindicaciones contra el aumento de las tarifas de los servicios, el precio de la hoja de yerba y la reforma agraria. De concretarse el paro significaría un avance sobre la situación que hemos descripto. Sin embargo, de cara a lo que se viene, las limitaciones políticas del MPL generan más confusión que logros.

Es necesario avanzar con un programa más claro que incluya un salario único nacional, completamente “blanco”, que equivalga no a la canasta básica sino a las necesidades reales de la población trabajadora (que exceden largamente las mezquinas cifras de la “canastita”), y que reconozca, con adicionales también en “blanco”, las realidades regionales y las variaciones correspondientes en el costo de vida (zona desfavorable, ruralidad, etc.). Por un salario y una estructura laboral que permita el desarrollo intelectual del docente. Jornada laboral que incluya tiempo de capacitación, corrección y planificación en servicio y remuneradas. Por un salario que exceda la reproducción biológica, que cubra las necesidades morales y culturales de los trabajadores de la educación. Por una escuela que brinde conocimiento científico y homogéneo a la clase obrera. Si los agrupamientos opositores no realizan un planteo más amplio, condenamos a los trabajadores docentes a la discusión por las migajas.

Notas

1UDA, UDPM, Sadop, Amet y Sidepp

2Ambos representa un aumento  equivale a $ 1.067,62

3Los tres gremios permanecieron en movilización por el pago de las suplementarias que adeudaban a suplentes desde julio del 2015 y por el pago de los fondos nacionales (FONID, Articulo 9) que se adeudaba desde diciembre.

4Véase  Cubilla, Sandra y Ferreyra, Ezequiel: “Las Aporías del reformismo Misionero”, en El Aromo n° 84

5http://goo.gl/YcmdBL

 

 

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