Solidaridad y explotación. Las condiciones de trabajo en el Plan Argentina Trabaja – Ingreso Social

solidaridad

Solidaridad y explotación
Las condiciones de trabajo en el Plan Argentina Trabaja-Ingreso Social
El discurso kirchnerista sostiene que es posible poner fin al desempleo a través del cooperativismo y la creación de una “economía solidaria”. Lea esta nota y saque sus conclusiones.
Ema Díaz y Bárbara Reisner
Colaboradoras-CEICS
 
 
A mediados del año 2009, luego del llamado “conflicto del campo” y de la derrota electoral sufrida por el kirchnerismo, el gobierno lanza el Programa Argentina Trabaja, convirtiéndose, junto a la Asignación Universal por Hijo, en un eje principal de las políticas sociales K desde entonces. Como podrá ver a partir de esta nota, detrás de su objetivo de “generación de empleo digno y genuino”, esconde la precarización del empleo público y el desarrollo de viejas y conocidas prácticas punteriles.
 
Apenas para sobrevivir
 
El Programa Argentina Trabaja – Ingreso Social (PRIST) [1] está destinado a personas cuyo grupo familiar no posea ingresos formales, pensiones, jubilaciones u otros planes sociales, a excepción del programa de Seguridad Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo. En la actualidad, alcanzaría a casi 200 mil trabajadores con un presupuesto asignado de más de cinco mil millones de pesos [2]. La mayoría de sus beneficiarios son jóvenes en edad activa con bajo nivel educativo formal que complementan ingresos provenientes mayormente de “changas” propias o de otros miembros del hogar.  
En la actualidad, los beneficiarios del programa perciben $1.200 por cuatro horas de trabajo más un componente de “incentivo” al presentismo y a la productividad de $550 mensuales que se cobra bimestralmente ($250 por presentismo y $300 por productividad). Como todos sabemos, $1.750 no son ingresos acordes a las necesidades de ninguna familia trabajadora. 
Parte de los supuestos beneficios del programa es el blanqueo de estos trabajadores a través de su inclusión en el Monotributo Social. El mismo implica un monto de $70 mensuales que se destina en partes iguales a la realización de aportes jubilatorios y de la obra social. Sin embargo, si un cooperativista quiere conocer el monto que aportó para su jubilación, no hay ningún tipo de registro en la ANSES, lo que hace dudar del uso que se está dando a estos fondos. Mientras se supone que el pago de la obra social garantiza el acceso a la salud de los “cooperativistas”, la mayoría nunca ha utilizado sus servicios de salud [3]. Esto se debe, por una parte, a las trabas que ponen las obras sociales para el acceso de estos trabajadores a este subsistema de salud a través de todo tipo de trámites burocráticos. Por otra parte, en tanto está vigente el sistema de “bonos”, la ausencia de gratuidad en la atención y tratamientos, obliga a los trabajadores a optar por el uso del sistema público de salud. Aunque los beneficiarios del programa están haciendo aportes a distintas obras sociales, no tienen acceso a los servicios que las mismas ofrecen.
Por otra parte, en sintonía con el planteo cooperativo, uno de los caballitos de batalla de esta política es su eje en la recuperación de la “cultura del trabajo”, supuestamente perdida en los ‘90 [4]. Esto se lograría a partir del desarrollo colectivo y solidario y con la oferta de capacitaciones desarrolladas por el programa. Toda la construcción se cae cuando se analizan el tipo de capacitaciones que se realizan. Lejos de estar dirigidas a la incorporación de atributos específicos para el desarrollo de una actividad laboral [5], las mismas se vinculan a problemáticas de salud, educación, trabajo, juventud; desarrollo de capacidades organizacionales, familiares y comunitarias; constitución de las cooperativas y entendimiento funcional; y nociones generales de obras, salud y seguridad en la construcción. 
 
Empleo público precario
 
El PRIST propone que los beneficiarios trabajen sobre cinco módulos de trabajo: saneamiento (redes de cloacas y agua), infraestructura comunitaria (construcción de Centros Integradores Comunitarios, mejoras y ampliación de escuelas, centros administrativos, comedores escolares, centros de salud, clubes e iglesias), viviendas (construcción de nuevas viviendas y mejoramiento habitacional), mejoramiento de espacios verdes (plazas y parques, limpieza de márgenes de ríos y arroyos, tratamiento de residuos sólidos urbanos), infraestructura urbana (veredas pavimentadas, cordón, cunetas, obras de acceso con discapacidad, iluminación y desagües pluviales). 
En la práctica, lo que puede visualizarse es que se utiliza la mano de obra de los beneficiarios del programa para realizar el barrido de las calles municipales, recoger basura y ramas, manejar camiones, llevar adelante tareas administrativas o de mantenimiento en instituciones públicas como escuelas, hospitales, salitas, etc. Es decir, se utiliza a los beneficiarios del PRIST como mano de obra barata para el Estado. La lógica de las “cooperativas” se traduce en el desconocimiento que hace el Estado en su función de empleador de esta población. Al competir con el resto de los trabajadores públicos con ingresos de miseria, condiciones de trabajo precarias y haciéndolos trabajar cuando se realizan medidas de lucha del sector, empujan los salarios a la baja y coadyuvan a la fragmentación de la clase obrera. El testimonio de uno de los trabajadores del plan, evidencia los mecanismos de cooptación:
 
“Si vos no querés ser un cliente político, no querés tener un pollo cada tanto y querés pelear comúnmente y normalmente trabajando, laburando, te cagás de hambre, no tenés nada. Y entonces son los mínimos que aguantan esa resistencia. ¿Y aguantás a fuerza de qué? A fuerza de que estás toda la vida cagado de hambre […] Es una resistencia que se aguanta a fuerza de panza chata…” [6]
 
Más de lo mismo
 
Según el Ministerio de Desarrollo Social, la transparencia del PRIST estaría dada por la modalidad de pago: los cooperativistas cobran con tarjetas personales del Banco Nación, sin la presencia de ningún intermediario. Sin embargo, lo que se observa es que los Consejos de Administración de las cooperativas son decididos entre unos pocos y su presidente es quien tiene la capacidad de definir los movimientos del colectivo. Esto queda evidenciado en el manejo discrecional que éste puede realizar a través de las planillas de presentismo, a partir de las cuales se definen los ingresos mensuales de los beneficiarios. Así, a pesar del planteo de que la bancarización de las políticas asistenciales ha terminado con el clientelismo, se verifica lo contrario. En muchos casos los “cooperativistas” se ven obligados a entregar una parte de sus ingresos al “presidente” para mantener su puesto en la cooperativa. Como plantea una entrevistada
 
“depende del presidente que tengas lo que vas a ir sacando [silencio] y como todos están desesperados (‘no habrás la boca’, ‘no digas nada’, ‘no te quejes’), si abro la boca ¿sabés cómo me atacan? Y la desesperación de la gente lleva a que no se hable, que tenga que aceptar y diga ‘bueno tengo esto, y bueno si me sacan me sacan, me callo’. Porque es así. Sabemos que donde abrimos la boca, te quedas afuera, te dan de baja. Total, hay 5.000 adelante para entrar” [7]. 
 
Es decir que, a pesar de plantear que se busca la organización popular y la generación de autonomía, las “cooperativas” fueron armadas mayormente con la ya conocida lógica punteril, a partir del reparto a dedo realizado por punteros e intendentes.
 
Los métodos piqueteros
 
A pesar de sus límites, esta política, como todas, no es bondad del Estado ni de ningún gobierno, sino resultado de la lucha social. Por eso es importante enmarcar su lanzamiento en el contexto político de retroceso del kirchnerismo en 2008-2009 y su desarrollo en el proceso de luchas que se lleva a cabo en torno a su implementación.
Un par de meses después del anuncio de su lanzamiento se observan las primeras movilizaciones. Los reclamos principales, en los que en un principio participan tanto organizaciones no afines como afines al gobierno K, es ser incluidos en el programa y la denuncia del manejo clientelar en la asignación de los recursos [8]. El conflicto va tomando escala nacional extendiéndose a las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Santa Fe, entre otras [9].  
Más adelante, si bien sigue habiendo casos puntuales en donde se reclama la incorporación al programa, el reclamo avanza más allá exigiendo el comienzo de las obras, el aumento de las asignaciones y la nacionalización del programa [10].  
Otros ejes de movilización fueron la denuncia de miles de bajas del programa y de descuentos de hasta el 50% en el ingreso de los trabajadores, el pedido de aguinaldo, un salario que iguale el salario mínimo, vital y móvil y el reconocimiento de las entidades gremiales de base [11].  
Mientras en una primera instancia las manifestaciones logran el objetivo planteado de la incorporación al plan, luego se observa un estancamiento en la obtención de demandas. El gobierno no modifica el plan según la exigencia de las organizaciones en lucha, manteniendo la estructura punteril dependiente de los municipios y a inicios de este año arremete contra el movimiento con el anuncio de la política de incentivos a la productividad y al presentismo [12]. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo anuncia que ha decidido eliminar la línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado, destinado a 19 mil trabajadores cooperativistas organizados en empresas y fábricas recuperadas, atacando a los sectores más organizados de esta porción de la clase obrera [13]. Con todo, la lucha de las organizaciones a través de distintas medidas de acción directa logra llevar el proyecto marcha atrás y en el presupuesto 2013 aparece, por primera vez, especificado un monto destinado a tal fin a través de un crédito del PNUD.
Si bien el plan se plantea como una nueva forma de política social, más allá de su retórica cooperativista y de economía solidaria, se trata de una política dirigida a la población sobrante que no logra sacarla de esa condición, en tanto se constituye en una política precarizadora del empleo público. 
Con la apelación a la cultura del trabajo, el gobierno culpabiliza a los desocupados por su situación y les ofrece, con un discurso cargado de derechos, lo mismo que la filantropía: “enseñarles a pescar en lugar de darles los peces”. En la realidad, como pudimos ver, ni es fuente de nuevos conocimientos, ni es un favor del gobierno. La “economía solidaria” expresa un aumento de la tasa de explotación y las pocas mejoras en las condiciones de vida fueron resultado de una lucha permanente, encarnada por el movimiento piquetero.
NOTAS:
[1] Res. MDS 3182/09 y 2476/10. 
[2] Documento de política presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación 2012. 
[3] Según un relevamiento realizado en el partido de Ezeiza, el 94,4% no utiliza la obra social.
[4] Para una crítica de esta concepción, ver Sartelli, Eduardo (comp.): Contra la cultura del trabajo, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007.
[5] En el caso del partido de Ezeiza, el 45% de los “cooperativistas” no tenía un oficio antes de ingresar al PAT y del restante 55% la mayoría tenía un oficio relacionado con la construcción.
[6] Extracto de entrevista sacado de Seiffer, Tamara: La miseria del capital. El papel de la política social en reproducción de la sobrepoblación relativa, Tesis de doctorado inédita, 2011. 
[7] Ídem. 
[8] La Nación, 3/11/2009 y 4/11/2009 y Página/12, 5/11/2009.
[9] Para un análisis de las movilizaciones véase Sleiman, Valeria, Morúa, Cristian y Audisio Nahuel: “Humo, asfalto y conquistas. El Plan Argentina Trabaja y la lucha piquetera”, en El Aromo, n° 66, mayo-junio de 2012.
[10]  Página/12, 8/1/2010.
[11] En julio de 2010 se crea la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos, Autogestionados y Precarizados, en http://cooperativistasenlucha.blogspot.com.ar/
[12] Página/12, 29/02/2012
[13] ANRED, 2/3/2012. El Programa de Trabajo Autogestionado nace en 2004 dirigido a trabajadores de empresas y fábricas recuperadas. La línea 1 (creada en 2008) se trata de un monto de un subsidio individual de 600 pesos que complementa ingresos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *