Piqueteros indígenas – Por Roberto Muñoz

Comunidad_wichi_2_BYNCondiciones de vida y represión en las comunidades wichi de Formosa

A fines de julio visitamos una comunidad wichi de la provincia de Formosa. Lejos del exotismo indígena que suele pregonarse, aquí le contamos cómo reproduce su vida una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera argentina.

Por Roberto Muñoz (TES-CEICS)

Caminos de tierra sin mantenimiento, anegadizos, sobre los que se levantan casas precarias y diminutas en relación al tamaño de las familias, sin agua potable, descarga sanitaria ni red de gas natural. Se observa, junto a las antenas de DirectTV, la ausencia total de transporte público. Se recurre, entonces, a motitos de baja cilindrada como único medio para movilizarse. Los chicos se nos aparecen con la masa muscular de un fósforo y vestidos gracias a la caridad privada: camisetas de fútbol, remeras con la cara de Violetta o personajes de Disney. Eso sí, muy pocas zapatillas. Algunas gallinas y cabritas flacas rondan solitarias. Se vive con una dieta casi exclusivamente hidratocarbonada, harina de mala calidad y agua dudosamente potable. Allí cerca, se vislumbra un modestísimo templo evangelista.

Este paisaje bien podría ser el de cualquier villa de emergencia de creación reciente en alguna ciudad argentina, pero como se trata de la Comunidad Wichi Francisco Muñiz – ubicada a unos 6 km de la localidad de Las Lomitas, en el centro de la provincia de Formosa-, los antropólogos y las dependencias estatales dicen que no, que no son obreros, que sería apresurado pensarlo. Desde una perspectiva culturalista, ocultan el proceso histórico de proletarización de estos grupos y su condición de población sobrante para el capital. Sus intereses y reivindicaciones, nos dicen, estarían determinados fundamentalmente por sus características étnicas, mientras que su condición de clase tendría un lugar secundario, si es que lo tiene.

Entre planes, changas, empleo precario…

A fines de julio de este año, visitamos la Comunidad Muñiz y convivimos con sus habitantes a lo largo de 5 días, en el marco de las pasantías organizadas por la FUBA-UJS. La Comunidad consiste en un asentamiento rural de alrededor de 400 personas, a pocos metros de la ruta provincial N°81. La desocupación abierta en la que se encuentra la mayoría hizo posible que gran parte de ellos nos den la bienvenida un lunes al mediodía. Con el transcurrir de los días, constatamos que las mujeres sólo encuentran ocupación en sus hogares. Están a cargo de la crianza de sus hijos y algunas hacen artesanías con barro y canastitos. En los pocos casos de familias que tienen algunas gallinas y cabras para autoconsumo, son ellas las que generalmente se encargan de su cuidado.

Según los resultados de la Encuesta Materno Infantil de Pueblos Originarios (EMIPO) del Plan Nacer, realizada en 2010, en Formosa un 23,9% de las mujeres había perdido uno o más hijos. A su vez, un 81,3% de las madres de menores de seis años afirmó que sus hijos ingieren sólo una comida diaria. En estas condiciones, la provincia se destaca por tener la tasa de mortalidad infantil más alta de la Argentina, con un índice de 21,2 muertes cada mil nacidos vivos.

Los hombres, por su parte, realizan algunas changuitas esporádicas, como peones de albañilería, hacheros o serenos en algún campo privado de la zona. Detectamos sólo dos casos que se emplean en el sector público. Son cargos que surgieron en el último tiempo a partir de las disposiciones legislativas sobre los pueblos originarios: el agente sanitario aborigen y el maestro de escuela bilingüe.1 El sueldo de estos puestos no llega los $2.000.

De todas formas, el principal ingreso de estas familias lo constituyen los diversos planes sociales de asistencia a la pobreza. Situación que no es privativa de la población de ascendencia indígena. En efecto, Formosa es la provincia que más dinero recibe en la forma de planes sociales nacionales.2 Esta asistencia, sumada a la lisa y llana adulteración de datos, la estadística oficialista llega al índice de desocupación en la provincia del 2,2%.

La mayoría de las viviendas son ranchos de adobe. Es decir, que se encuentran dentro del 55% de los hogares que tienen algún tipo de déficit habitacional en la provincia.3 En 2009, esta comunidad, junto con otras de la zona, cortaron la ruta durante un mes reclamando trabajo, vivienda y luz eléctrica. Como resultado de esa acción, unos pocos hoy cuentan con casitas de material. Generalmente, el Gobierno baja los planes a las comunidades a través de los caciques. Ellos son asignados de manera hereditaria, según lo fija la ley provincial 426. De esta forma, el gobierno de Insfrán logró ir conformando una red de punteros indígenas que manejan a discreción la distribución de los planes. Al mismo tiempo, esto provocó cierta fractura en el interior de las comunidades y la emergencia de referentes que, sin ser caciques, disputan la dirección de las comunidades.

…y represión

Nuestro arribo a la Comunidad Muñiz coincidió con el desencadenamiento de un hecho en otro asentamiento similar llamado El Colorado, en la localidad de El Potrillo, que iba a implicar la activación de uno de los mecanismos represivos recurrentes en la provincia hacia esta población y, en respuesta a ello, la movilización de parte de las comunidades de la región.

El sábado 26 de julio, el propietario “criollo” de un predio lindero a esta comunidad estaba alambrando parte del territorio que corresponde a los llamados “indígenas”. Un grupo de ellos se acercó para frenar el trabajo y finalmente el propietario se comprometió a retirar el alambrado al día siguiente. Como garantía, les dejó su moto. La trampa, pequeña, simple y suficiente, ya estaba montada. Este vecino los denunció por robo a mano armada y ya para el lunes estuvieron labradas las correspondientes órdenes de allanamiento. La celeridad judicial provocó la desprolijidad de dictarlas específicamente para las seis viviendas particulares de los acusados, pero al estar ubicadas en el interior de una propiedad comunal tendría que haberse dictado en primer lugar el allanamiento de ésta última. Detalle menor que no demoró el ingreso de alrededor de 70 policías en plena noche, la destrucción de los ranchitos allanados y la detención de los compañeros. Uno de ellos, herido con balas de plomo en ambas piernas, tuvo que ser trasladado al hospital de la capital provincial.4 Al resto los derivaron a la Alcaldía de Las Lomitas. La intención pedagógica del operativo, sin embargo, no dio resultado. Al día siguiente varios pobladores wichi tomaron la comisaría de El Potrillo y mantuvieron como rehenes a 10 policías. Mientras tanto, otras comunidades de la zona, alertadas de la situación decidieron movilizarse hasta Las Lomitas para exigir la liberación de los detenidos. Nosotros, como parte de la pasantía organizada por la FUBA, nos sumamos a la manifestación. Ya en el pueblo, mientras adentro de la Alcaldía presionaban a los detenidos para que cambien a su abogado por otro, afuera apareció un concejal para desactivar la movilización. Con sólo unos sanguches, gaseosas y una camioneta a disposición de los venidos desde El Potrillo para volver a su comunidad, logró mermar en parte de la protesta.

Ese día en la Comunidad Muñiz, ya de noche, entró una patota en camioneta y dos caballos. Diez hombres con cuchillos, palos y cadenas exigieron que les entreguemos las filmaciones. La reacción rápida de los estudiantes y los lugareños logró expulsarlos. En la retirada, le quebraron un brazo de un cadenazo a Viviano Luna, referente de la comunidad.

No es un feudo

Los compañeros del Partido Obrero que organizaron el viaje caracterizan la situación provincial como propia de un “régimen feudal”. Formosa sería el “feudo” de Insfrán, que con “mano dura” controlaría todos los resortes gubernamentales para mantener oprimida a una población que estaría compuesta, en su espacio rural, por una mayoría de indígenas y campesinos. Esta caracterización, reforzada con las impresiones sueltas de Diego Rojas -autor del libro El kirchnerismo feudal y que suele cubrir las acciones de las organizaciones que se reivindican indígenas en la prensa del PO- tiene la ventaja de no poner en cuestión el Programa de Transición. En Argentina habría supuestas tareas democrático-nacionales que todavía estarían pendientes de resolución. Así, en el aire, una política frentista parece obvia: desarrollar la alianza obrero-campesina/indígena y, como consigna aglutinante, la reforma agraria.

Ahora bien, como se sabe, un régimen social no se define por el nivel de violencia estatal empleada, sino por las relaciones sociales de producción efectivamente imperantes. Los compañeros deberían probar que los llamados “indígenas” se reproducen enteramente mediante la gestión comunal de las tierras y las manufacturas. Deberían probar, también, que en este caso la fuerza estatal está apropiada privadamente y tiene como función extraer el plustrabajo que podría verse realizado en los mansos campesinos.

En el caso de Formosa, con las avanzadas militares de fines del siglo XIX que permitieron la ocupación definitiva de este territorio hasta entonces en manos de diferentes comunidades indígenas y la consiguiente destrucción de su economía, se completan las tareas necesarias para permitir el desarrollo capitalista en la región. Quedaba así conformada una masa de población disponible para el trabajo asalariado. Entre las formas que tomó el avance del capital en la provincia, la producción algodonera fue la que requirió gran parte de la fuerza de trabajo indígena, como obreros transitorios para las tareas de cosecha. Esta actividad inició su ciclo expansivo a principios de los años treinta, ubicando a Formosa como la segunda provincia productora, detrás del Chaco. Pero desde la década del ‘70 en adelante, la actividad entró en una crisis que no revirtió, reproduciéndose en una escala estancada. En un primer momento, se contrajo la superficie cultivada y, más recientemente, se aceleró el proceso de concentración y centralización del capital, con la expulsión de los productores más pequeños y el avance tecnológico mediante el control químico del cultivo y la mecanización de la cosecha. Ambos elementos, la reducción de la superficie sembrada y el cambio de las condiciones técnicas de producción, redundaron en la eliminación masiva de puestos de trabajo.5 Este proceso de expulsión de obreros, no pudo ser contrarrestado por el avance sojero y de la ganadería que se observa en los últimos años en la región, por tratarse de actividades que demandan una cantidad insignificante de fuerza de trabajo. De esta forma, toda esa masa de población obrera, históricamente insertos como trabajadores rurales transitorios, en la actualidad logra sobrevivir a dura penas en base a la percepción de planes sociales de asistencia o, en menor medida, con changuitas o algún empleo estatal precario. En este sentido, consumado el proceso de proletarización hace más de 100 años, la tendencia general que se manifiesta en las últimas décadas es el pasaje de esta fracción de la clase obrera argentina de su condición de sobrepoblación relativa latente a estancada, en el caso de los que logran migrar a las ciudades, o el hundimiento en el pauperismo consolidado, los que todavía continúan en los espacios rurales.

En este contexto, la construcción de un frente obrero-campesino/indígena, no tiene ningún anclaje real en el movimiento concreto de la sociedad argentina. La tarea política que se impone, por el contrario, es superar la fragmentación en el interior de la misma clase obrera. Es decir, organizar a todos los obreros desocupados y subocupados de la provincia, junto a los trabajadores ocupados, estatales o privados. Las miserables condiciones de vida de esta población rural no están marcadas por su situación de excluidos en un espacio donde no estarían plenamente desarrolladas las relaciones capitalistas de producción. Por el contrario, son la manifestación del pleno desenvolvimiento de éstas, que integran a esta fracción de clase, en tanto población sobrante para el capital.

Notas

1 Actualmente, habría 150 agentes sanitarios y 430 docentes indígenas en toda la provincia. Los primeros están a cargo de las salitas de salud que deberían funcionar en cada comunidad. En la que nosotros estuvimos se trataba de una casilla que contaba sólo con una camilla y pocas cajas de leche. No funcionó ninguno de los cinco días que nosotros estuvimos ahí. Es más, como no se brinda ninguna atención, la misma comunidad nos ofreció ese lugar para instalar nuestra cocina.

2 Véase Cominiello, Sebastián: “Los planes del régimen. Presupuesto estatal y elecciones en el interior”, en El Aromo, n° 62, 2011.

3 INDEC. Censo de Población 2010

4 Al momento de escribir esta nota, tres semanas después de los hechos, seguía internado y esposado a la cama del hospital.

5 Mientras un cosechero puede recolectar un promedio de 80 kg diarios de algodón si realiza la tarea de manera manual, se alcanzan los 6 mil kg por obrero si se utiliza una cosechadora de dos surcos.

 

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