Pequeños reaccionarios – Por Verónica Baudino

veronicaa baudino image 78La CGE, entre Illia y Onganía

¿Usted cree todavía la fábula en la que los pequeños empresarios son progresistas? Lea esta nota sobre la actuación de la CGE en los momentos previos al golpe del ’66. Verá qué lejos estaban de los intereses de la clase obrera.

Por Verónica Baudino (Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía Argentina-CEICS)

Los defensores del pequeño capital han cons­truido una visión apologética, que, del tamaño del capital, deriva estrategias políticas inmuta­bles a lo largo de la historia. Por un lado, los grandes capitales, que dado un supuesto poder monopólico y su orientación al mercado exter­no habría propugnado políticas liberales anti-obreras, anti-nacionales y anti-democráticas. Por el otro, los capitales pequeños, conceptua­lizados como “burguesía nacional”, defensores del desarrollo, la democracia y las políticas dis­tributivas, consideradas pro-obreras.

Si observan virajes en la estrategia, como por ejemplo en el apoyo de la mayoría de las cor­poraciones burguesas otrora “gorilas” al tercer gobierno peronista, cierran el caso apelando al “oportunismo” de la gran burguesía. Por su parte, las etapas oscuras de las corporaciones de pequeños capitales, como Federación Agraria y la Confederación General Económica (CGE), son escondidas bajo la alfombra. En este artícu­lo desempolvaremos el comportamiento de la CGE, entre el derrumbe del gobierno de Illia y el golpe de Onganía, que lejos está de ajustarse a la imagen progresista que se intentó imprimir a la corporación.

Los más pequeños

La Confederación General Económica (CGE) nucleaba, hasta 1976, a una fracción importan­te del empresariado que operaba en el espacio nacional. Fue creada en 1952, durante el Go­bierno de Juan Domingo Perón, y se nutría de capitales pequeños. Solo cuatro de sus empre­sas han formado parte de los rankings de las más vendedoras de Argentina, evidenciando el lugar marginal de la mayoría de los capitales de la CGE en el mercado nacional. A esto se suma que los capitales miembros de su dirección acu­mulaban en ramas de la producción con poca incidencia en las exportaciones, dando cuen­ta de su debilidad frente a la competencia ex­tranjera. Los estudios han dado por supuesto que la CGE se vinculaba con pequeños capi­tales industriales nacionales, mientras la UIA representaba a los grandes capitales dedicados a la obtención de rentas financieras. Pero la re­construcción de su composición social mues­tra que los empresarios que han participado de la dirección de la CGE acumulaban preferen­cialmente en la rama comercial y financiera, se­guidos de cerca por los industriales manufac­tureros y en menor proporción por el agro, la construcción o la minería. El predominio de empresas comerciales y financieras frente a las industriales, en la dirección de la CGE, dan cuenta de una falsa, pero muy extendida, po­larización industrial-financiero.

De la reforma…

Los trabajos sobre la CGE suelen destacar los momentos en que confluyó con la CGT: este sería el núcleo duro de la alianza peronista. Uno de esos momentos lo encontramos pro­mediando la presidencia de Illia, cuando la CGT arremetió con un plan de lucha que con­cretó la ocupación escalonada de 11 mil esta­blecimientos fabriles entre mayo y junio de 1964.1 Fueron ocupadas fábricas de 92 de las 127 empresas industriales comprendidas en el ranking de ventas de las principales empresas radicadas en Argentina. Es decir, las tomas fue­ron dirigidas a los capitales más grandes que operaban en el país. Además de reivindicacio­nes económicas inmediatas, el plan de lucha de la CGT planteaba la democratización del sis­tema político (es decir, el fin de la proscrip­ción al peronismo) y un programa de desarro­llo industrial asentado en el capital nacional. Las reivindicaciones, promovidas por las “62 organizaciones”, apuntaban claramente a pro­mover el retorno de la alianza reformista que encabezaba Perón. Aquí, la CGT coincidía con la CGE, que a pesar de poner resguardo hacia los “métodos” que podían resultar peligrosos, no condenó las acciones e incluso instó al go­bierno de Illia a no reprimir:

“La ocupación de los establecimientos, por otra parte –señalaron dirigentes de la CGE–, fue absolutamente tranquila por la serenidad de ambas partes: patronos y obreros. Reitera­ron que estiman debe reanudarse –a la breve­dad– el diálogo entre el Gobierno, los empre­sarios y los obreros.”2

Sin embargo, la alianza que parecía viable en un momento de bonanza económica, se dilu­yó en cuanto dejaron de soplar vientos a favor. Hasta 1964, la renta agraria, que sostenía a tra­vés de distintos mecanismos tanto a la inefi­ciente industria nacional como la posibilidad de realizar concesiones materiales al proletaria­do, venía en ascenso. En ese año, la renta alcan­zó su nivel más alto en toda la década de 1960. Pero en 1965 comenzó una estrepitosa caída, que arrastró hacia abajo al resto de las variables económicas: cayó el producto y la tasa de ga­nancia. Los salarios, que venían en ascenso re­cuperándose de la caída post ’55, comenzaron a aparecer como un problema. En este contex­to, incluso la “reformista” CGE comenzó a exi­gir que se contenga las aspiraciones obreras. A esa tarea fue convocado Onganía, que todo el arco burgués apoyó, desde la Sociedad Rural hasta la CGE.

…a la reacción

En los meses previos al golpe, el abandono de la línea reformista se verifica en varias interven­ciones. Frente a la crisis azucarera, la CGE pro­movió la racionalización (o sea, el cierre de los ingenios ineficientes), en línea con la política posteriormente promovida por Onganía que dejó a cientos de zafreros tucumanos sin tra­bajo.3 Supieron exigir también el “aumento de la eficiencia”,4 eufemismo para pedir una ma­yor tasa de explotación. Sin embargo, la inter­vención más escandalosa se produjo a raíz de una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, a la que la CGE se opuso. Frente a la posibili­dad de que la ley genere mejores condiciones para la venta de fuerza de trabajo la CGE puso el grito en el cielo: “Las reformas a las leyes la­borales […] constituirán un importante factor de perturbación en la política de precios y sala­rios esbozada por el Poder Ejecutivo.” Por si no quedaba claro, lo que cuestionaban, como ex­plicitan en la cita que sigue, era la posibilidad de que aumenten los sueldos:

“Resulta evidente que la espiral inflacionaria acelerará su ritmo y, si bien los sectores labo­rales aparecerían como directos beneficiarios, las consecuencias negativas que sobre la eco­nomía general del país tendrán estas reformas, harán ilusorios esos beneficios, con el agra­vante de un serio deterioro en las relaciones obrero-empresarias.”5

Sin ocultar nada, cuestionaban también el au­mento de los montos indemnizatorios: “La in­dustria del despido que atenta contra la pro­ductividad de la empresa, se verá nuevamente alentada y trabará su normal desarrollo”.6 La corporación propuso modificaciones al proyec­to en tratamiento tendientes a reducir los días de vacaciones y los montos de indemnización, eximir de indemnización por despido en casos no imputables al empleador, y habilitar el des­pido sin derecho a indemnización a trabajado­res que se plieguen a una huelga declarada ile­gal. En esta batalla, la CGE unificó su posición con la UIA y la Bolsa de Comercio, con las que firmó una declaración conjunta que solicitaba no se sancionen las modificaciones dado que la nueva ley fomentaría las huelgas, la indisci­plina y el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los trabajadores. Todo un canto al reformismo…

Incluso condenó en duros términos la huelga promovida por la CGT, cuando Illia finalmen­te vetó la Ley de Contrato de Trabajo. La CGE denunció la existencia de “agresiones persona­les, destrozos en establecimientos comerciales y todo tipo de desmanes, cometidos impune­mente, [que] dieron una tónica repudiable al paro de actividades resuelto por sectores labo­rales”. Exigió el castigo penal a los culpables, y exigió al Gobierno:

“que se extremen las previsiones del Estado para que la seguridad personal, la propiedad y la libertad de trabajo, no estén a merced de los irresponsables, de los provocadores o de los sembradores de odios”.7

El ajuste, claramente, debía venir de la mano con la represión.

La crisis económica encontró así a la CGE en la misma vereda que sus supuestos enemigos naturales: la UIA, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural. El golpe militar de Onganía resultó ser la opción de la burguesía para res­tablecer la hegemonía y las condiciones nece­sarias para la acumulación del capital. “Resta­blecer el orden”, como decía los patrones en aquella época. La “democrática” y “popular” CGE expresó claramente su apoyo al gobier­no de facto:

“El compromiso contraído ante la Nación por el Jefe de Estado [Onganía] tras esos fines re­volucionarios [el golpe], que interpretan sen­timientos y aspiraciones manifiestas de los em­presarios, obligan al concurso leal de la CGE. Dicho concurso habrá de efectivizarse sin reticencias.”8

La entidad incluso mantuvo buenas relaciones con Salimei, quien ocupó el Ministerio de Eco­nomía. Celebraron la devaluación de la mo­neda y se opusieron a un acuerdo de precios. Festejaron así el ajuste, logrado a punta de ba­yoneta. También aprobaron la implementación del Operativo Tucumán, un plan de desmante­lamiento de ingenios con el consecuente des­pido de sus obreros. La puja entre los capita­les más pequeños, referenciados con Salimei, y los grandes se dirimió finalmente a favor de los últimos, quienes lograron imponer a través de Krieger Vasena un programa en defensa de los intereses de la burguesía industrial más con­centrada. Esta disputa, que puede aparentar di­vergencias insalvables entre grandes y chicos, obedece al procesamiento de la puja intercapi­talista. Pero esa divergencia recién se manifes­tó luego del acuerdo que unificó a los patrones cualquiera sea su tamaño: que sean los bolsillos obreros los que paguen las peores consecuen­cias del ajuste. Hoy, frente a una crisis similar, vemos nuevamente a los patrones, grandes y chicos, unificarse para pedirle a Cristina deva­luación y ajuste. Y si los obreros hacen huelga y piquete, duro con ellos. Es extraño que en estas circunstancias sectores que se dicen “progresis­tas” sigan insistiendo en la alianza de la clase obrera con el pequeño capital que hoy, como ayer, vuelve a mostrar sus garras.

Notas

1 Cotarelo, M. y F. Fernández: “La toma de fá­bricas. Argentina, 1964”, en Razón y Revolu­ción, nº 3, invierno de 1997.

2 La Nación, 30/05/64.

3 Cronista Comercial, 4/1/66.

4 Cronista Comercial, 2/2/66.

5 Cronista Comercial, 9/2/66.

6 Ibid.

7 Cronista Comercial, 11/6/66.

8 Memoria y Balance de la CGE, 1966.

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