La columna opositora. La Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner – Dara Costas

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¿Quiénes son los empresarios de la oposición? ¿Siempre estuvieron en contra de este gobierno o en algún momento lo apoyaron? En este artículo, le contamos quiénes y cómo algunos de los capitales más concentrados, desde 2009, comenzaron a exigir una salida por derecha al bonapartismo.

Dara Costas
Grupo de Investigación de Historia de la Burguesía

El gobierno ha encontrado, en los últimos años, sucesivas dificultades para unificar al conjunto de la burguesía en torno a su propuesta y su personal político. En 2008, se quebró un frente burgués que parecía soldar la experiencia kirchnerista. La alianza burguesa opositora desde ese año a la actualidad, ha venido creciendo (con los altibajos normales que hacen a los movimientos políticos). A continuación, presentamos un análisis de una de las asociaciones empresariales más importante, sobre todo porque concentra a empresas de varias fracciones del capital. Hablamos de la Asociación de Empresarios Argentinos
La Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) se creó el 28 de mayo de 2002 a partir de la unión de la Fundación Invertir y el Consejo Empresario Argentino, en medio de una de las más profundas crisis del capital local. En sus propias palabras:

“La principal característica de AEA es la participación personal de los titulares de las empresas más importantes del país en el análisis de políticas públicas de interés general. Los miembros de la Asociación dirigen empresas que, en conjunto, facturan 200.000 millones de pesos, exportan por 10.000 millones de dólares y emplean a 300.000 personas.”[1]

La entidad posee un presidente y una comisión directiva, elegidos en forma anual, que se reúnen mensualmente para discutir los temas de actualidad. A diferencia de las corporaciones empresariales existentes, sus miembros son empresarios y no empresas. Entre sus miembros se encuentran los directivos de Arcor, Techint, Grupo Clarín, Laboratorios Bagó, Aceitera General Deheza, Los Grobo, Fiat Argentina, Santander Río y el Grupo Pescarmona. Vemos que a pesar de su aparente heterogeneidad, por las diversas actividades de los capitales que la integran, es bastante homogénea en tanto todos pertenecen a los más concentrados que operan en el territorio nacional. Allí, los capitales más grandes pueden expresar sus posiciones políticas sin necesidad de hacer las concesiones que presupone su alianza con capitales menores en las corporaciones por rama.
Basándonos en una lectura de sus principios, encontramos que abogan por la libertad de mercado y la empresa privada como motor de crecimiento, por el respeto de la propiedad privada y de la seguridad jurídica, por un país integrado y abierto al mundo ( tanto en el comercio de bienes y servicios como en el mercado de capitales), por la libertad de contratación y de fijación de precios, por el financiamiento genuino del gasto público, bajo un marco fiscal que no limite el desarrollo competitivo local e internacional de las empresas y por la producción de bienes y servicios diferenciados y de alto valor agregado, destinados tanto al mercado local como a los mercados externos, sin introducir distorsiones que perjudiquen al resto de la economía. Claramente se ubican en el terreno del “liberalismo”, aunque no se privan de aceptar los beneficios derivados de las transferencias de renta y otros mecanismos de intervención estatal sobre la economía. Pero cuando la economía comienza a mostrar sus límites, y es necesario avanzar en un ajuste, son los primeros en cuestionar el “intervencionismo”, buscando que el gobierno suelte la mano a los capitales menos eficientes. Este movimiento, típico del “liberalismo” vernáculo, es el que veremos desplegarse entre 2008 y la actualidad.

Del apoyo silencioso al núcleo de la oposición

Gracias a un importante aumento de la renta agraria que permitió el crecimiento económico, el período 2003-2007 transcurrió de modo relativamente estable. Hasta el 2009, la AEA fue una entidad bastante silenciosa. Sus escasos pronunciamientos mostraron apoyo al nuevo gobierno, apenas deslizando algunas críticas a la política energética y a la inflación. Sin cuestionar abiertamente la política oficial, buscaron sin embargo poner límites al bonapartismo, cuestionando por ejemplo los aumentos salariales:

“Consideramos que para preservar el crecimiento tiene que haber moderación a la hora de reclamar salarios, porque se corre un innecesario riesgo inflacionario […] La inflación le quita previsibilidad a la economía y eso atenta contra la inversión que necesita Argentina” [2].

El llamado a “contener la inflación” expresaba la necesidad de mantener los salarios en los niveles bajos que siguieron a la devaluación del 2002. Durante el conflicto del campo, pese a que la entidad representaba intereses agrarios, se limitó a llamar al diálogo y a la pronta resolución del conflicto. El que calla otorga. Su silencio escondía un alineamiento con el gobierno que beneficiaba a los miembros de AEA mediante los esquemas de transferencia de renta agraria.
Sin embargo, el conflicto del campo fue el primer síntoma de la crisis del “modelo”. La crisis internacional, junto a las limitaciones de la economía local, pusieron a la orden del día la necesidad de un ajuste. La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, y paralelamente, los intentos por desmantelar el esquema bonapartista abrieron una crisis por arriba: la alianza que sostenía el poder comenzó a resquebrajarse. La burguesía agropecuaria fue la primera en dar un paso al costado a partir del conflicto de la 125. Las internas en la UIA a partir del 2009 son expresión del mismo problema [3]. Éste es precisamente el momento en que observamos un quiebre entre los grandes capitales nucleados en la AEA y el gobierno nacional.
Envalentonada por el resultado de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, donde el oficialismo sufrió un fuerte revés, AEA se lanzó a la esfera pública, en donde intentó ubicarse como la cabeza de la alianza burguesa que salía a cuestionar el “modelo”. En julio del 2009, publicaron un documento crítico denominado “Movilizar las energías del sector privado”, un verdadero programa con el que la entidad se propuso acaudillar a las corporaciones opositoras al gobierno. El texto enumeraba doce condiciones para el desarrollo económico y social, que sin abandonar el tono moderado, criticaba al gobierno. Pedía “reinsertar” a la Argentina en el sistema financiero internacional, bajar las retenciones agropecuarias, atacar la inflación, readecuar el INDEC, preservar la libertad de precios, respetar la propiedad privada y un marco institucional y legal “sólido y previsible”. Abogaba por el diálogo entre la dirigencia política y la empresarial, por el reconocimiento del sentido de la rentabilidad, por una presión impositiva “razonable y equitativa” y por una educación “de calidad para todos”.
El documento retomó muchos de los postulados de su propio programa, sin embargo, fue sumamente polémico debido a su inclusión de temas de coyuntura. ¿Qué temas en particular? Aquellos que afectaban directamente los intereses de la capa de la burguesía que representa la entidad. Por eso, refirió críticamente a la situación de los medios de comunicación, a la posible expropiación de empresas, a la inestable situación de las empresas argentinas en Venezuela, a las retenciones a las exportaciones y a los controles de precios. Respecto a la Ley de Medios se señalaba:

“Por esta razón, debe evitarse toda acción o medida que debilite económicamente a las empresas periodísticas independientes. La libertad de elegir entre la amplia oferta de medios periodísticos existente en la Argentina es potestad exclusiva de los ciudadanos, y no debe ser distorsionada por medio de regulaciones o medidas de Gobierno” [4].

Continuaba, de este modo, los reclamos previos que pedían un marco de seguridad jurídica, instituciones fuertes y previsibilidad.
Las nacionalizaciones de empresas argentinas (Grupo Techint) que llevó a cabo Hugo Chávez en Venezuela durante el 2008/09 generaron mucho revuelo en la entidad. En sintonía con el documento reseñado, también emitieron un comunicado en el que la discusión fue elevada a un nivel de principios, ya que para ellos no se trataba de un caso particular sino que lo que se disputaba eran modelos económicos:

“Lo que está en juego es que el modelo socialista y estatizador de Chávez, que no privilegia la renta privada, es incompatible y asimétrico con un bloque regional que busca los mejores negocios para la propiedad privada. […] La estatización es incompatible con un proceso de integración económica con los otros países.”[5]

Por elevación, apuntaban contra el gobierno local, insinuando que podría seguir los pasos del chavismo.
El problema de la interferencia del Estado en la actividad privada, fue debatido en los meses posteriores a la publicación del mismo. El Estado sólo debería actuar como periferia del mercado, garantizando las reglas de juego y fortaleciendo las instituciones. En este sentido se inscriben las siguientes declaraciones de Jaime Campos, presidente de la entidad, que enumeraba como problemas:

“Intervenciones en los mercados agropecuarios, una Oncca totalmente discrecional; restricciones a las exportaciones agroindustriales y de otros sectores; controles de precios directos e indirectos como pocas veces se vio en la Argentina, intervenciones en empresas privadas a través de los directores de la Anses y casos como los de TGN, Metrogas y Autopistas del Sol.” [6]

Por último, se pronunciaron a favor de la reducción de subsidios energéticos a algunos sectores empresarios. En consonancia con la demanda de menores regulaciones y considerando que el nivel de utilidades no debía verse afectado en gran medida por la reducción de estos subsidios, señalaron que debía promoverse un uso eficiente, racional y responsable de la energía.
El pedido de no intervención significaba, en este contexto, dejar que la crisis barriera con los capitales menos eficientes y degradase los salarios obreros. Sobre estas fracciones debía descargarse el ajuste, dejando en pie únicamente a los grandes capitales. Era la salida por derecha a la crisis del bonapartismo.
La mayor parte de las corporaciones empresariales y políticos de la oposición comentaron el documento y las posiciones de AEA. Dirigentes del radicalismo, la Coalición Cívica y PRO respaldaron el texto, como así también el ex presidente del BCRA, Mario Blejer, y las principales corporaciones agrarias. La AEA parecía haber sentado el programa que podía organizar a la burguesía contraria al “modelo”. Ahora bien, ¿qué recepción tuvo este programa en otras capas de la burguesía? En tanto la AEA representa a ejecutivos cuyas empresas participan en otras corporaciones, los puntos de encuentro son varios. Pero, como veremos, también lo son los desacuerdos. Como ya dijimos la relación con el agro durante el conflicto del 2008 fue distante, ya que la AEA no se mostró decidida a romper lazos con el gobierno. Sin embargo, con la acentuación de la crisis hubo un mayor acercamiento, reuniones y comunicados conjuntos en los que la Mesa de Enlace respaldó las posiciones asumidas por AEA. En el contexto de la publicación del documento de la AEA, la entidad comenzó a reunirse con la Mesa de Enlace para delinear consensos básicos. La primera reunión fue organizada por Gustavo Grobocopatel y se realizó en el predio de la SRA. Al mismo tiempo, se aceleraba un acercamiento con la UIA. Dirigentes de AEA y de la UIA se mostraron juntos en el II Coloquio de la Unión Industrial en Córdoba y luego dieron una conferencia de prensa. AEA buscaba un respaldo de la UIA a su documento, pese a que las entidades mantenían una tensa relación. Sobre el particular, Héctor Méndez, presidente de la UIA, declaró ambiguamente: “El documento de AEA tiene principios fundamentales que son casi indiscutibles, es como no creer en el Preámbulo de la Constitución, uno podrá discutir si dice más o dice menos, pero dentro de la casa [la UIA] no se discutió en ningún momento” [7]. Más allá de estos acercamientos, que expresan que por lo menos un sector de la UIA sería afín a los planteos de AEA, los industriales se cuidaron de mostrarse muy cerca de los grandes empresarios “liberales”. Es que, para la mayoría de los capitales nucleados en la UIA, el programa de AEA los colocaba frente a su virtual desaparición.

Con Cristina estamos mejor…

En noviembre del 2009 se continuó trabajando en las relaciones entre AEA, la UIA y la Comisión de Enlace, lo que se tradujo en un comunicado conjunto con la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos de Capital Argentino que cuestionaba el decreto presidencial que eliminaba los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Es bien claro cómo esta cuestión favorecía la unión de las entidades en tanto afectaba a los intereses del conjunto del sector empresarial. Más allá de la fractura que abrió en la clase dominante la crisis de 2008, a la hora de enfrentar a la clase obrera la burguesía se mostraba firmemente unida.
Durante el 2010, la AEA, la UIA y las corporaciones agrarias intentaron sostener los lazos entablados durante el año anterior. Se reunieron en varias oportunidades e incluso se propusieron producir un documento conjunto con colaboración de la Pastoral Social, en el que criticarían duramente al “modelo” que por tanto tiempo apoyaron. Las entidades que lo iban a firmar eran la AEA, UIA, ADEBA, CRA, CAME, CONINAGRO, y FAA. No obstante, el acuerdo naufragó: a poco de iniciadas las negociaciones, el obispo Jorge Cassaretto anunció el fracaso de la iniciativa por la fragmentación de las cámaras empresariales. Una nueva señal de la fractura de la burguesía frente a la crisis.
Esa fractura también alcanzó a AEA, una de las corporaciones más sólidas del período. El conflicto interno se desencadenó tras la reunión sostenida por seis miembros de AEA con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en abril de 2010. A ella asistieron Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Luis Pagani (Arcor), Carlos Miguens (Grupo Sadesa) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), acompañados por el presidente de la entidad, Jaime Campos. Durante la reunión los empresarios se quejaron de la situación de los medios de comunicación y reclamaron mayor previsibilidad para los negocios. Su interlocutor les habría aconsejado que hicieran sus reclamos públicamente y no se resguardaran solo en la Justicia.
El encuentro provocó la reacción de Néstor Kirchner, que manifestó públicamente su enojo frente al avance de la AEA en el acto del 1° de mayo de ese año. En paralelo, funcionarios del gobierno habrían realizado llamados con el objetivo de desestabilizar a la entidad y provocar el éxodo de empresarios [8]. Tras el apriete, comenzaron a desafiliarse algunos de los capitales que habían hecho buenos negocios con el kirchnerismo y que temían perderlos por la prédica opositora de la entidad. La primera en bajarse fue la distribuidora Gas Natural BAN, una de las principales beneficiarias de los subsidios. Aunque negó las presiones gubernamentales, el argumento esgrimido para retirarse era inconsistente: la necesidad de reducir los costos de representaciones institucionales. Se ve que los $7.000 mensuales que cuesta la membresía a AEA eran un gasto imposible de sostener para una empresa que declaraba ganancias por 20,9 millones de pesos. La segunda en abandonar el barco fue Trenes de Buenos Aires, que adujo cuestiones administrativas: la empresa había cambiado de presidente en el 2004, y que por cuestiones estatutarias resultaba imposible modificar la membresía a su nombre. Seguramente, nada tenían que ver los subsidios que la empresa de Claudio Cirigliano cobraba del Estado. Pocos días después se retiró Sancor, empresa que el kirchnerismo había salvado de la que quiebra concediendo refinanciaciones de deudas y alentando un acuerdo con el gobierno de Venezuela que aportó capitales y absorbió una importante cuota de exportaciones. Poco después se retiraron Petrobras y la cementera Loma Negra, en manos del grupo brasileño Camargo Correa. Las cinco desertoras, vinculadas al gobierno a través de los subsidios a los servicios, del dinero de la obra pública y otros negocios, prefirieron dar un paso al costado y volver al silencio.
Luego de este revés, en un contexto en que el gobierno parecía recobrar el terreno perdido y que se producía una tímida recuperación económica por los precios favorables de los granos, AEA moderó su intervención pública. Luego de que Cristina cosechara el 54% en las elecciones presidenciales, incluso intentaron un acercamiento al oficialismo, que encomendaron a Federico Braun (dueño de la cadena de supermercados patagónica La Anónima). Frente a la estatización de YPF, la entidad publicó un comunicado que no cuestionaba la medida en sí, aunque mostraba preocupación por la posible caída de la inversión extranjera, pedía respeto por las normas de la comunidad internacional y demandaba el pago previo de la indemnización. Solo se pronunciaron enérgicamente contra la estatización algunos dirigentes a título individual, como Gustavo Grobocopatel, que advirtió: “Lo peor fue cómo se hizo. Ahora, cualquier negocio puede ser declarado de interés público. Los bancos, el acero, el azúcar” [9]. Del mismo modo, las respuestas frente a provocaciones del gobierno que amenazaba con fundir a Techint y permitir un mayor intervencionismo de la Comisión Nacional de Valores en las empresas, fueron más bien tibias. Se limitaron a resaltar el valor de la empresa privada. Durante el famoso 7-D, más allá del respaldo abierto del Grupo Clarín y La Nación (ambos miembros de AEA) a la protesta, la entidad se limitó a pedir respeto a la ley y fallos imparciales, destacando la importancia de la independencia entre los poderes del Estado y vinculando la “dignidad” de la Justicia con los niveles de inversión local. Respecto al anuncio de expropiación del predio de la SRA, apenas señalaron su preocupación por la incertidumbre que generó esta medida en el empresariado. Claramente, el respiro económico y la recuperación política del oficialismo impactaron sobre AEA, que sin abandonar la prédica opositora, prefirió dejar centro de la escena que intentó copar en 2009.
Sin embargo, en ocasión de las recientes protestas contra la reforma judicial, la AEA publicó una solicitada votada por unanimidad, en la que reclamaba la independencia judicial y la previsibilidad de las instituciones. En el texto se lee: “Consideramos varios de los proyectos en debate como una grave amenaza a las garantías constitucionales. Muchas de las disposiciones son inconstitucionales y producen un gran daño al ambiente para las inversiones y la creación de empleo en Argentina” [10]. Jaime Campos dio numerosas entrevistas en las que explicó la posición de la entidad, donde cuestionaba la propuesta de una justicia elegida electoral y políticamente. Así, la AEA volvía a pisar fuerte en la arena pública, ubicándose como vocero empresarial de la oposición.

Conclusión

A partir de 2009, al calor de la profundización de la crisis económica, observamos una serie de quiebres entre distintas fracciones de la burguesía y el gobierno nacional. Los primeros en abandonar el barco fueron los ruralistas, ante el intento oficial de elevar las transferencias de renta. Le siguieron los chispazos con los industriales nucleados en la UIA, que desde ese momento vienen afrontando periódicas crisis internas que expresan la fractura entre empresarios oficialistas y opositores. En este contexto de crisis interburguesa y fractura de la alianza gobernante hay que situar el devenir de AEA, expresión de los capitales más concentrados. Estos empresarios, que hasta 2009 apoyaron silenciosamente el “modelo”, se lanzaron a la escena pública esgrimiendo un programa que expresaba la salida por derecha del bonapartismo. Detrás de un discurso liberal escondían el llamado a recortar subsidios, transferencias y gastos sociales. Ante la profundización de la crisis, había que soltar la mano a los capitales menos eficientes y abandonar los tintes “populistas”. Durante 2009 y parte del 2010 intentaron acaudillar, sin mucho éxito, al conjunto de la burguesía contra el gobierno. No pudieron constituirse en una alternativa viable, sin embargo, porque es importante el sector del empresariado que no está dispuesto a abandonar el barco. No obstante, expresan claramente la fractura de la burguesía, que se abrió ante la crisis y que incluso los alcanzó a ellos, los capitales locales más concentrados.

Notas
1 www.aeanet.net
Clarín, 22/02/08.
3 Sanz Cerbino, Gonzalo: “Una crisis por arriba. Las fracturas de la burguesía industrial”, El Aromo, nº 72, mayo-junio 2013.
La Nación, 19/07/09 y Movilizar las energías del sector privado de AEA.
La Nación, 29/05/09.
Clarín y La Nación, 06/12/09.
La Nación, 29/07/09.
La Nación, 06/04/10.
La Nación, 17/06/12.
10 La Nación, 24/04/13.

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