El General en su laberinto

 

¿A quién benefició el IAPI durante el bonapartismo peronista?

 

El IAPI ha sido presentado como uno de los pilares de la independencia económica peronista y una de sus instituciones más progresistas. Nadie dice que subsidió la venta de viandada premium a Estados Unidos o que, escuchando a la Sociedad Rural y a los chacareros, pedía la modificación del Estatuto del Peón Rural.

 

Marina Kabat

Grupo de Investigación de la Clase Obrera-CEICS

 

En mayo de 1946 se creó el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio (IAPI), organismo público dependiente del Banco Central. El IAPI tuvo inicialmente el monopolio del comercio externo – y parte del comercio interno- de la mayoría de los bienes agrarios. Adquiría la totalidad de la cosecha a los precios que él mismo fijaba. Luego, la vendía, apropiándose de la diferencia. Entre 1946 y 1948, esta operación arrojó fuertes ganancias, que el propio IAPI transfería a otros sectores por la vía de subsidiar el consumo interno de alimentos y el desarrollo de ciertas industrias. Pero, desde 1949, la caída de los precios agrarios impidió la prosecución de esta política. Por ello, se liberalizó el comercio de muchos productos, se recortaron subsidios al consumo obrero y a las industrias, promoviendo, en cambio, la actividad primaria.

 

Cuando el peronismo combatía la inflación

 

Desde su etapa formativa, una de las concesiones importantes del peronismo a la clase obrera fue el control del costo de vida. Distintas medidas apuntaron a ello: desde el congelamiento de los alquileres de viviendas urbanas y la prohibición de desalojos –vigentes desde 1943- a límites o prohibición de exportaciones de bienes cuya escasez interna estaba generando un alza de precios. Inicialmente, el accionar del IAPI se inscribió en esta política.

Miguel Miranda, promotor y primer director del IAPI, al tomar posesión de su cargo defendió la gestión estatal del comercio de bienes agrarios. Dijo que aquellos por los “que hoy se pide mano abierta y puerta libre, eran hasta hace poco tiempo mercancías que no tenían mercado y que el Estado debía comprar para evitar el colapso de la agricultura argentina”. Según este funcionario, el Estado no podía ser llamado a intervenir sólo en los momentos malos para “pagar los platos rotos”.[1] Debía estar presente en los distintos momentos a fin de atenuar los ciclos económicos. En la posguerra, esto implicaba contener los precios.

En un breve balance de la actividad del IAPI, en 1948, aparecen como los principales gastos los subsidios al consumo interno de carne, aceite y harina. Es decir, dentro de los egresos, inicialmente ocupaban un lugar preponderante las partidas destinadas a elevar los salarios reales de la clase obrera, abaratando los principales bienes que lo componían. Esto se implementaba a través de transferencias a molinos aceiteros y harineros, panaderías, frigoríficos y distintos actores dentro de la cadena de comercialización de la carne.

Desde 1949, un nuevo equipo económico buscó revertir la transferencia de ingresos. Por ejemplo, resolvió eliminar el subsidio al consumo interno de carne en la Capital Federal: “subsidio implantado desde el año ‘47 con el objeto de paliar los efectos del creciente costo de vida en su relación con el aumento de los salarios, fue considerado ya innecesario […], ante la evolución observada en los emolumentos de la clase obrera en general, suspendiéndose su pago”.[2]

Pero, a pesar de este y otros recortes, los subsidios destinados a abaratar el consumo obrero continuaron impactando notablemente sobre el presupuesto del IAPI de 1949. Los tres ítems principales que ocasionaron estos gastos son, en primer lugar, el subsidio al consumo interno de carne por los primeros meses del año en los cuales estuvo vigente ($69.215.376). En segundo término, los subsidios a los molinos harineros por ventas internas de subproductos ($35.704.332) y, finalmente, las transferencias a las empresas aceiteras para el consumo interno de aceites comestibles ($22.870.209). Estos subsidios representaban respectivamente el 48,42%, el 24,98% y el 16% de las pérdidas del IAPI en 1949.

 

El giro al campo

 

El desplazamiento, en 1949, del equipo vinculado con Miguel Miranda marcó un punto de inflexión. En las memorias de la entidad, se observa una redefinición de su tarea. Se planteó explícitamente la necesidad de corregir los desequilibrios generados previamente y fortalecer al sector agrario. Complementariamente, se sostuvo que se debía fomentar el desarrollo de las industrias agropecuarias, apoyando la industria manufacturera “sana” y “acorde con el lugar que a nuestro país le corresponde por sus características”.[3] Como se ve, la defensa de la “independencia económica” y el cuestionamiento a la división internacional del trabajo ya habían sido abandonados, imponiéndose un crudo pragmatismo. En consecuencia, se elevaron los precios pagados al agro y se anunció que se iban a repartir los beneficios del IAPI entre los productores agrarios. Sin embargo, la ausencia de beneficios en los siguientes ejercicios inhibió toda posibilidad de que esta promesa se concretara.

En el balance del ejercicio de 1951, se mencionaban avances en la recuperación del equilibrio en la estructura económica nacional, lo que se habría logrado tanto por la expansión del área sembrada como por “la política oficial de racionalización del consumo interno con miras a la obtención de mayores saldos exportables”.[4] Asimismo, se indicó que no podía dudarse del estímulo que el Instituto le proveyó al agro, ya que pagó por la cosecha precios muy superiores a los que regían en el mercado mundial. Esta situación persistió en años sucesivos, generando importantes pérdidas que se solventaron creando medios de pago.

Por otra parte, este giro al campo implicó también una revisión de la política laboral peronista. El IAPI abogó por la modificación del Estatuto del Peón Rural. Sostenía la necesidad de impulsar una “racionalización y unificación de los reglamentos de trabajo agrario, adaptándolas a las características inherentes del trabajo agrícola, permitiendo así un mejor aprovechamiento de la mano de obra”.[5] Mientras esto no se lograba, el IAPI otorgaba subsidios a la burguesía agraria, a fin de compensarla por la elevación de los salarios rurales.

 

Un ajuste difícil de realizar

 

El IAPI también subsidió producciones regionales, como el quebracho, el algodón y el azúcar. En este caso, como ocurre también en parte en la industria aceitera y frigorífica, estas transferencias ayudaron a mantener el nivel de empleo. Esto es claro cuando, por ejemplo, en 1949, se compró la producción de extracto de quebracho y se la mantuvo fuera del mercado a fin de que establecimientos que habían suspendido por varios meses la producción retomaran sus actividades. Desmontar estos subsidios implicaba cerrar fuentes de trabajo claves en las provincias. Por ejemplo, en las memorias de 1950, se indicaba que deberían cerrar ocho plantas “marginales” de quebracho, responsables de prácticamente la mitad de la producción real de la rama. También se procuraba racionalizar los molinos aceiteros: “…la industria aceitera debe proceder a una reestructuración total”. En el caso que algunas plantas cerraran, “ello no podría crear problema social alguno de importancia, tanto por su vasta dispersión como por el escaso número de personal empleado”.[6]

Este ajuste generó resistencias, tanto por la parte obrera como de los industriales involucrados. El armado bonapartista resultaba difícil de desarticular y los subsidios, aunque fueron recortados, no terminaron de desaparecer. El régimen peronista estaba frente a la necesidad de racionalizar los frigoríficos (tarea que a Frondizi le valió una la toma histórica en 1959), los ingenios azucareros (operación que realizó Onganía a costa de una gigantesca conmoción social), los quebrachales y el algodón. No obstante, por el momento, trató de proceder allí donde preveía una menor resistencia, como en las aceiteras.

Fueron los subsidios al consumo obrero los que sufrieron mayores recortes. Las transferencias a los panaderos y a los molinos harineros solo figuran en los primeros años del IAPI, lo mismo que los subsidios al consumo interno de carne. Luego, hubo subsidios a los frigoríficos, pero la mayor parte de ellos financió las exportaciones. Por ejemplo, al interrumpirse las ventas a Gran Bretaña, los frigoríficos procesaron, como conserva, la carne de buena calidad que antes destinaban a aquel mercado. En EE.UU., comían viandada de lujo, financiada por el dinero del IAPI, que reembolsó a los frigoríficos la diferencia del costo de la materia prima.

El accionar inicial del IAPI fue un elemento clave del armado de la alianza peronista, tanto por su efecto sobre los salarios reales como por su impacto en el empleo y en la actividad industrial. La voluntad de desarmar esa estructura evidencia el giro a la derecha del bonapartismo peronista. Los zigzagueos en esa camino muestran lo dificultoso de desmontar ese entramado y conservar al mismo tiempo el poder político. Al igual que ocurre en la política laboral, Perón tempranamente intentó limitar y revertir las concesiones realizadas, pero sus avances fueron relativamente lentos y parciales. La realidad económica lo empujaba a un ajuste más drástico, que no terminaba de decidirse a emprender. Ante la avanzada golpista, aun teniendo la fuerza política y militar para detenerla, eligió dar un paso al costado y dejar a otros el trabajo sucio.

1IAPI: Discursos con motivo de tomar posesión de sus cargos los miembros del primer directorio del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, Buenos Aires, 1946, p.10.

2IAPI: Memoria anual ejercicio 1949, Buenos Aires, 1950, P. 63.

3IAPI: Memoria anual ejercicio 1950, Buenos Aires, 1951, p. 20.

4IAPI: Memoria anual ejercicio 1951, Buenos Aires, 1952, p. 11.

5IAPI: Memoria anual ejercicio 1949, Buenos Aires, 1950, p. 19.

6IAPI: Memoria anual ejercicio 1949, Buenos Aires, 1950, p. 24.

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