Crisis en el corazón del Estado. Un análisis de los reclamos en las fuerzas de seguridad

Crisis en el corazón del Estado
Un análisis de los reclamos en las fuerzas de seguridad
 
El conflicto en Gendarmería y Prefectura desató una serie de debates, lo que permitió comprobar el alto grado de desconocimiento que se tiene sobre las fuerzas de seguridad. A continuación, le explicamos los motivos de los reclamos y la composición de los organismos represivos. Podrá comprender por qué un cabo formoseño tiene más en común con un maestro que con su oficial a cargo y las causas por las cuales la sindicalización es un avance que vale la pena apoyar.
Valeria Sleiman
LAP-CEICS
 
Desde los primeros días de octubre de este año, los subalternos de algunas fuerzas de seguridad iniciaron una serie de manifestaciones en defensa de su salario. La fuerza más movilizada, y la primera en reaccionar, fue la Prefectura Naval Argentina (PNA), con una concentración frente a su sede central, el edificio Guardacostas. A ello se sumó la Gendarmería, que concentró frente al edificio Centinela y otras manifestaciones en diversas provincias, que contaron con el apoyo del resto de las fuerzas. Veamos entonces las particularidades del conflicto, su desarrollo e implicancias.
 
El conflicto
 
Desde el año ’73, y a partir de la vigencia de la Ley Orgánica Militar [1], las fuerzas de seguridad comenzaron a cobrar su salario con distintos suplementos generales, particulares y compensaciones. Decretos posteriores [2], agregaron suplementos a esa ley, establecieron diferentes porcentuales según se tratara de personal superior o subalterno e incluso fueron aumentando esos porcentuales hasta en un 30% en cada decreto. Se hizo, al efecto, expresa mención a que esa particular composición del salario resultaba no remunerativa y era aplicable sólo para el personal en actividad. Así, en ningún caso, el aumento de los haberes involucraba el sueldo básico. Ello llevó a que gendarmes y prefectos realizaran planteos ante la justicia, a través de los cuales conseguían la incorporación de las sumas no remunerativas al sueldo básico -o el aumento del salario, en el caso de los retirados- por aplicación de medidas cautelares. Los beneficiarios de los reajustes conseguidos por vía judicial obtuvieron sueldos mayores a los de sus pares, incluso a los de mayor jerarquía. La proliferación de estos juicios llevó a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictara el fallo Zanotti, en el que expresa algunos criterios para recomponer la escala salarial. Si bien se rescataba argumentos de otra decisión del mismo Tribunal [3], agregaba que los porcentajes referentes al aumento debían calcularse sobre el haber mensual para sumarse a éste -y no sobre el sueldo bruto-, para lo cual deben tenerse en cuenta todos los suplementos y compensaciones que los efectivos cobran como parte de su salario mensual. De esta manera, el incremento dispuesto en cada uno de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pasaba a ser remunerativo. Como reacción, el PEN dictó el decreto 1307/12, cuya aplicación desató el conflicto. En apariencia, apuntaba a “readecuar” las escalas remunerativas, pero no fue así. Se suprimieron los adicionales, se dejaron sin efecto las compensaciones que históricamente componían los haberes mensuales de los militares y se establecieron solamente cuatro suplementos “nuevos” con algunas particularidades en su aplicación, lo que llevó a un recorte encubierto en los salarios.
Frente a las quejas de prefectos y gendarmes, el gobierno reconoció que la implementación del decreto había afectado a los prefectos con sueldos más bajos, por lo que decidió –para descomprimir la protesta- anunciar el pago de adicionales compensatorios para aquellos que cobraron sumas menores a las del mes anterior, siempre que sus sueldos fueran menores a $12.500. Ello, además de provocar la renuncia de Raúl Garré, hermano de Nilda y señalado como “responsable” de la redacción del decreto, llevó al Ministerio de Seguridad a comunicar que asumiría para el futuro la liquidación de haberes de la PNA y Gendarmería, que hasta el momento se autoliquidaban. El gobierno afirmó que se habrían descubierto “irregularidades” en la liquidación de los salarios de septiembre, razón por la cual se removió a toda la cúpula de la PNA como también de la Gendarmería.
En el caso de la Gendarmería, el nuevo Comandante General es Enrique Zach, quien tenía su puesto de mando en Campo de Mayo y tenía a su cargo los destacamentos móviles que operan en el conurbano bonaerense. Ese comando le dio bastante roce político, ya que es el responsable de mantener reuniones periódicas con los intendentes. Tanto el nuevo jefe de la PNA como el de la Gendarmería, inmediatamente luego de ser designados, se reunieron en el edificio Guardacostas y Centinela, respectivamente, a los efectos de acordar las negociaciones que destrabaran el conflicto salarial.
El decreto perjudicó esencialmente a los oficiales que tienen 25 ó 30 años de servicio, en  los cargos de prefecto para abajo [4], y aquellos que tenían medidas cautelares a su favor. Ello se debe a que el grueso de sus salarios se compone de adicionales y suplementos. Por el contrario, los cargos más altos dentro de la fuerza no sintieron el ajuste, pues los sueldos básicos son muy altos. Tampoco se vieron gravemente afectados aquellos suboficiales de cargos más bajos con poca antigüedad en la fuerza, ya que la suma de los adicionales y compensaciones no es tan extensa. Esto último restó apoyo a las medidas de fuerza, ya que no fue posible movilizar a los recién ingresados.
El reclamo está encabezado por el pedido de un sueldo básico de $7.000, el carácter de remunerativo de los suplementos y adicionales, que repercutirá directamente en el haber de retiro como también en el cómputo del aguinaldo, y demás reclamos gremiales como la incorporación al régimen de ART, la posibilidad de elegir la obra social y la conformación de un sindicato para los trabajadores de las fuerzas.
 
Blancos y negritos
 
El conflicto quebró a las fuerzas de seguridad porque sacó a la superficie las diferencias de clase que atraviesan las fuerzas: una dirección burguesa frente a una subalternidad obrera. Quienes ven a estas instituciones como homogéneas y monolíticas desconocen las determinaciones de clase y se concentran en la ideología de sus miembros. Veamos, por lo tanto, un poco más de cerca la realidad material.
La cabeza máxima de la prefectura es el Prefecto General Naval y de él depende el Subprefecto Nacional Naval. Por debajo de ellos hay tres direcciones: Seguridad, Logística y Planeamiento y Desarrollo. Existen varias formas de incorporarse a la fuerza, pero en lo que aquí importa, las más relevantes se efectúan a través de la realización del curso para oficial o bien, del curso para suboficial. Los oficiales son personal superior y los suboficiales personal subalterno. Más allá de las diferencias funcionales y jerárquicas que pueden diferenciarlos, lo cierto es que se presenta una marcada diferencia de clase: las escuelas de formación de suboficiales se encuentran en diferentes provincias del interior del país, pero quien quiera ser oficial, deberá trasladarse a Zárate, única escuela de formación. Por lo tanto, es lógico que los suboficiales se recluten en las filas de la sobrepoblación relativa del interior. Sobre todo, de las provincias más pobres. Un suboficial nos relata: 
 
“En general se recluta a gente de las provincias, del interior, no hay gente de Buenos Aires […] El 70 u 80% es del Interior, de las provincias como Corrientes, Misiones, Formosa. Hacés el curso ahí, entrás y te mandan, por ahí, a Buenos Aires, lejos de tu casa, de tu familia, de tus familiares…y la mayoría entra por necesidad, para tener un sueldo fijo y también porque en esos lugares no se puede hacer otra cosa: o sos milico, o andas en la droga, o tenés alguna profesión.  Es la única fuente de laburo, por eso mucha gente del Interior entra, porque es la que queda.” [5]
 
Si bien ninguno de los dos cursos son pagos, el curso de oficial demanda más dinero, es decir, hay que trasladarse lejos del hogar, afrontar los gastos que demandan las condiciones de vida, ya que el sueldo que se les paga por la realización del curso es mucho menor en el caso de los oficiales que de los suboficiales. Si los suboficiales cobran $1500 aproximadamente durante la realización del curso, los oficiales cobran entre $300 y $500, por lo que necesitan de otro ingreso para vivir. El curso para oficiales se extiende 3 años, por el contrario en 6 meses un estudiante de la escuela de suboficiales puede ser marinero y en 8, cabo 2°. Es decir, si quiere ser oficial, un obrero no sólo debe mantenerse fuera de su pueblo, sino que debe sustentarse por el transcurso de tres años. Para ingresar a la escuela de oficiales se requiere tener el secundario completo, en cambio para el caso de los suboficiales alcanza con sexto grado. Lógicamente, un joven con pocos recursos no tiene otra opción que ser suboficial. Ser conducción o subalterno no es una elección personal, sino la consecuencia del origen social del aspirante.
Una vez egresados, los oficiales contarán con mejores sueldos, mejores tareas y mejores posicionamientos dentro de la fuerza en relación a los suboficiales. En ambos casos, los sueldos se invierten respecto de los que cobraban durante su formación en las escuelas. También existen diferencias radicales en cuanto al trato que se les dispensa. Ello tiene alguna relación con las tareas que en cada cargo se desarrollan. Las tareas de patrullaje, por ejemplo, suelen ser asignadas a los suboficiales, y por tanto, ellos son los que están en la calle y reciben sanciones por cuestiones como “estar con las manos en los bolsillos o fumarse un cigarrillo”. Los destinos en las zonas portuarias o en la vía pública suelen ser más rígidos y de peor trato que aquellos que implican tareas administrativas, que son ocupados por oficiales. Por lo tanto, la diferencia que inicia el reclutamiento se perpetúa en el servicio. Ello se observa cotidianamente en el sentido de pertenencia y da lugar a resentimientos que expresan, en forma distorsionada, las contradicciones de clase.
 
Perspectivas
 
A pesar de que el gobierno nacional dio marcha atrás con la implementación del decreto, el conflicto no se ha cerrado. Según relató Raúl Maza a distintos medios, la protesta no finalizó sino que los efectivos tuvieron “planes de llamada”, lo que los obliga a permanecer en sus puestos de trabajo por tiempo indeterminado y hasta que lo disponga la superioridad. Esto es lo que se conoce como “acuartelamiento” del personal, modo en que se desarticuló la concentración. A pesar que terminó el acampe, lo cierto es que el reclamo va a continuar. Planean marchar con la CTA de Micheli hasta tanto no consigan los $7.000 de base salarial. Es decir, estos manifiestan su voluntad de confraternizar con sus hermanos de clase.
Para no intervenir, algunos partidos de izquierda han dicho que el reclamo de los efectivos refuerza el brazo represivo del Estado. Sin embargo, el Estado no lo entendió así: salió a atacarlos, los pasó a disponibilidad y los acuarteló. Asimismo, direccionó el ataque contra los dirigentes de la movilización. Parece que el Estado no comparte la teoría del PTS et al. Las manifestaciones públicas que realizaron estos trabajadores, demuestran que su deseo es confraternizar con algún sector de la clase obrera, lo que nos obliga a apoyar esta tendencia. Nótese que Maza, en sus exposiciones públicas, no sólo ha apelado a argumentos relativos al ejercicio de la democracia –como bien podría haberlo hecho cualquier militar- sino que además hizo pública su historia personal relacionada con familiares desaparecidos, lo que indica (más allá de la veracidad) sus intenciones de establecer lazos con otro público, más a la izquierda. 
El argumento del gobierno para negarse a la sindicalización es el mismo que utiliza cualquier patronal: se trata de un servicio que no puede estar sujeto a la voluntad de los que deben cumplir órdenes. Lo mismo suele decirse de los médicos o los maestros. En definitiva, lo que se está diciendo es que la organización de los trabajadores dificulta la plena dirección patronal (en este caso, la del Estado) y estimula la conciencia de clase por sobre la identificación con la función. Una política revolucionaria debe alentar no sólo este pasaje de la conciencia (incipiente, pero por eso mismo urgido de intervención) sino evitar el cierre de la naciente crisis estatal. Dejar que el Estado solucione sus problemas es la mejor forma de armar al enemigo.
 
NOTAS:
[1] Ley 19.101.
[2] Ver decretos 2769/93, 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08, 751/09, entre otros.
[3]  Ver fallos: CSJN, Salas del 15/03/2011 y CSJN, Zanotti, Oscar Alberto c/ Ministerio de Defensa, del 17/04/2012. 
[4] De modo ascendente, los suboficiales pueden ser: Marinero, Cabo 2°, Cabo 1°, Ayudante de 3°, Ayudante de 2°, Ayudante de 1°, Principal y Mayor. Y los oficiales: Oficial Ayudante, Oficial Auxiliar, Oficial Principal, Subprefecto, Prefecto, Prefecto Principal, Prefecto Mayor y Prefecto General.
[5] Entrevista a un subalterno de una de las fuerzas en conflicto, que decidió resguardar su identidad.

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