Viejos degradados. La farsa de la Reparación Histórica para los jubilados
El PRO impulsó la Reparación Histórica como un acto de justicia para los castigados jubilados argentinos. No obstante, la medida no significa nada nuevo en relación a las del gobierno previo. Lejos de resolver las demandas, sienta las bases para liquidarlas.
Jorge Medina
Colaborador
El gobierno de Macri anunció con algarabía una nueva medida, supuestamente favorable a los jubilados argentinos. La norma se presentó como un acuerdo provechoso para todos: beneficiaría tanto a los jubilados por la recomposición de haberes, como al Estado por el fin de los reclamos en Tribunales. El Programa Nacional de Reparación Histórica, así su nombre, vendría a poner fin a décadas de injusticias cometidas contra los trabajadores jubilados y pensionados, que se veían obligados al desgaste de la instancia judicial.
No obstante, al analizar la medida en ciernes (formalizada bajo el decreto 894/16 y la Ley 27260), lo que queda en evidencia es que la famosa “reparación” no es más que una promesa vacía. Peor aún, contempla en su esquema un importante riesgo para el conjunto de los trabajadores. En esa línea, prometiendo atender los reclamos más sentidos, contrabandea medidas que significan lo contrario a una reparación.
El tesoro de los inocentes
Para entender el problema, repasemos cómo funciona el sistema previsional argentino. El ente encargado de la liquidación de haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino es la ANSES, creado como caja de fondos provenientes de aportes y contribuciones a la seguridad social, tras la eliminación del régimen de capitalización y de AFJP (ley SIPA 26.425/2008). La gran mayoría del empleo privado y una parte importante del público contribuyen a la caja que administra ANSES, lo que constituye un monto considerable de recursos a disposición de los gobiernos de turno. No aportan a ese fondo las fuerzas armadas y policiales, y los empleados públicos de 13 provincias no adheridas al SIPA (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego).
Una jubilación ordinaria se compone de tres conceptos: Prestación Básica Universal, concepto equiparable al salario básico de un trabajador en activo, la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia. Estas se resumen en las siglas que cada jubilado puede leer en el recibo que les entrega el banco. Para el cálculo de esos montos, la entidad actualiza las remuneraciones que un trabajador cobró durante su actividad, para que puedan expresarse en valores actuales. Lo que los jubilados reclaman desde hace años a la ANSES y, ante su respuesta negativa, ante la justicia, es una mejora en los índices con los que los salarios históricos se actualizan. Por ejemplo, alguien que trabajó durante la década de 1980, cobró su sueldo en tres monedas diferentes (Peso Ley, Peso Argentino y Austral). A esos sueldos hay que actualizarlos para saber a cuánto equivaldrían en moneda actual y así liquidar el haber. Los índices con los que ANSES hace esto (que varían para cada periodo) son los que arrojan jubilaciones con importes más bajos que los que luego se obtienen mediante un juicio.
Otro punto importante de disputa es la movilidad del haber previsional en el tiempo. Es decir, el derecho a que la jubilación aumente todos los años, para que no pierda valor frente a las devaluaciones o la inflación.
Lo atamo’ con alambre
Según datos del Gobierno, con la Reparación Histórica se beneficiarían 2.300.000 personas que no están cobrando lo que deberían percibir. Unos 250.000 de ellos tienen juicios en curso, 50.000 ya tienen sentencia firme y 2 millones que nunca han reclamado ante la Justicia, pero tienen derecho a un mejor haber.1
Ahora bien. Este supuesto acto de justicia de Cambiemos esconde una trampa. Todo el chiste gira en torno a los índices con los cuales se actualizan los haberes. Los propuestos por el nuevo gobierno no son los de las sentencias judiciales más favorables al jubilado, por lo que la “reparación” se quedará a mitad del camino al que se habría llegado haciendo juicio.
Un ejemplo es el caso Elliff (que se usa como referencia para los reclamos): la Corte obligó a ANSES a actualizar las remuneraciones según el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (ISBIC). El Gobierno coincide en actualizarlas, pero el índice que usan para 1995-2009 es el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) ¿Cuál es la diferencia? En ese lapso, el ISBIC registró un incremento del 435%, mientras que el RIPTE un 178%, muy por debajo del aumento del costo de vida.
Otra dificultad es que ANSES no reconocerá ningún retroactivo a quienes no hayan iniciado juicio. Esto es una canallada, ya que el propio Estado que reconoce que pagó mal durante años, pretende que el jubilado le “perdone” el reclamo a su favor, como condición para pagarle un poco mejor. A quienes iniciaron juicio se les reconocerá como máximo un retroactivo de 4 años, cuando según la misma ANSES, los pleitos con sentencia firme tienen una antigüedad que alcanza los 7 u 8. Por si fuera poco, el retroactivo se pagará en cuotas.
Tampoco se dice nada de la movilidad jubilatoria desde 2009, dado que ningún fallo judicial cuestionó los índices del kirchnerismo que corrieron todos los años por detrás de la inflación. Tampoco se modifican los topes de las remuneraciones imponibles ni el haber máximo, que hoy asciende a $ 41.474,69. Todo esto, pese a que varios fallos declararon la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 24241,2 que regula estas cuestiones.
Por supuesto, para entrar al régimen, el interesado debe suscribir un acuerdo en el que renuncia a realizar cualquier reclamo futuro. Para esa estrategia, el Gobierno tiene un elemento a favor: no todos los jubilados están en condiciones físicas y/o económicas de seguir aguantando los tiempos de la justicia. El macrismo utiliza esta ventaja a la hora de negociar, ofreciendo, en todos los casos, pagar menos de lo que debería.
Más allá del pan cotidiano
Lo que busca Cambiemos no es solamente estafar a los actuales jubilados, sino una modificación integral del sistema. El Titulo II de la Ley crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional que tiene como misión, en un plazo de tres años, aprobar un nuevo sistema previsional. Por otro lado, el TituloV prevee la “Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales”. El Gobierno no anda con rodeos y deja bien claro qué entiende por “armonía”. Como primera medida, se compararán las características básicas de los beneficios provinciales con los nacionales (edad y servicios necesarios para acceder, metodología del cálculo del haber, etc.). En cada rubro, la provincia evaluada podrá sumar puntos en la evaluación, que aumentarán en la medida en que no conceda requisitos más favorables que ANSES para jubilarse. ¿Qué pasa si a la provincia le va mal la evaluación? El Estado nacional la castiga recortándole ayuda. El decreto 894/16 indica claramente que “la asistencia financiera a las Provincias […] estará basada en los resultados financieros auditados”. El que quiera ver esto en la práctica puede observar el conflicto de los trabajadores fueguinos, que se levantaron en lucha a comienzos de año contra la reforma de su sistema previsional, que preveía aumentos en las edades y años de servicios necesarios para los beneficios, además de cambiar la forma de cálculo de los haberes en perjuicio del jubilado.3 Los kirchneristas no podrán sorprenderse demasiado, ya que esto es la consumación de la política “contra los privilegios provinciales”, que tanto Cristina como Diego Bossio esgrimieron a la hora de disputarle fondos a la provincia de Córdoba.
Universalizando la miseria
Otro ítem es la creación de una nueva prestación, llamada Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). Esta se inscribe en la misma lógica asistencial que utilizó el kirchnerismo. Se asemeja a la Asignacion Universal por Hijo, tan festejada por todo el progresismo y algún sector confundido de la izquierda. Justamente, esta nueva pensión es la asignación universal, pero para la tercera edad. Se cobra el equivalente al 80% de un haber mínimo (hoy $4.528,80) lo que no representa una diferencia sustancial respecto de las jubilaciones con moratoria – las llamadas “de ama de casa”- que entregó el kirchnerismo. Por si fuera poco, se sienta un peligroso precedente en materia legal en cuanto a la adquisición del derecho al equiparar la edad requerida de las mujeres a la de los varones (65 años).
El derecho a jubilarse tras años de contribuciones es una conquista de la clase trabajadora. El menemismo le asestó un golpe importante, aumentando los requisitos para acceder a beneficios, modificando el método de cálculo de los haberes y entregando fondos a las AFJP. El kirchnerismo no ha hecho más que profundizar la degradación de las prestaciones a la seguridad social de la clase trabajadora y el macrismo está decidido a continuar por la misma senda.
En ningún caso este tipo de prestaciones permiten poco más que sobrevivir. Por lo tanto, el carácter sustitutivo de la jubilación queda liquidado en los hechos. Para la gran mayoría ya no es posible dejar de trabajar estando jubilado.
En el caso de la PUAM, resulta en un subsidio encubierto para las patronales negreras. El estado no solo no las obliga a realizar los aportes que corresponden, sino que legaliza la precariedad, poniendo como condición para el cobro de asignaciones el no estar registrado. Condenando a millones de trabajadores en negro a seguir haciéndolo hasta la muerte, ya que las jubilaciones con moratoria en su mayoría no superan los $5.700, y la nueva pensión profundiza esta tendencia. Asistencialismo liso y llano para una porción de la población que le sobra al capital.
| 82% móvil. Una consigna vacía
En los últimos años se revitalizó la lucha por el 82% móvil. El porcentaje no es antojadizo: era el sueldo neto de un trabajador luego de realizarse los descuentos sobre el salario bruto en 1958, cuando Frondizi promulgó la ley 14.499. La idea era no cobrar menos que el último sueldo en actividad, y que sea móvil. Si sus compañeros en activo recibían un aumento, el mismo aumento debería recibir usted como jubilado. Hoy, con la mayoría de los trabajadores sufriendo la informalidad, y con salarios que se ubican muy por debajo de lo necesario para vivir, el reclamo del 82% -pese a la confusión del progresismo y la izquierda- puede conducir la lucha a un camino equivocado. El kircherismo y todo el arco patronal le agregaron una vuelta de rosca: 82% del salario mínimo, vital y móvil. A tal punto había llegado el absurdo, que el gobierno anterior festejaba que pagaba “casi” el 82% del salario mínimo. Los trabajadores debemos reclamar un haber de jubilación equivalente a la canasta del jubilado. Por eso, es necesario pelear por una paritaria del jubilado, que se negocie en cada rama junto con el aumento de los trabajadores activos. Como objetivo inmediato, debemos plantear que la ANSES tiene que estar bajo control de los trabajadores activos y los jubilados. Con el poder de recaudar los aportes e inspeccionar y sancionar de forma inmediata a la empresas que negrean. Es posible asistir a los menores y los discapacitados, pagar jubilaciones que permitan dejar de trabajar, en un momento de la vida en el que aún queden energías para disfrutarla. Podemos eliminar la desocupación repartiendo las horas de trabajo entre todos los que puedan trabajar. Para eso, es necesario un sistema en el que dejemos de ir a trabajar para llenar los bolsillos de un patrón. El producto del sacrificio del trabajador debe mejorar la vida del trabajador. Esto solo puede ser posible aboliendo el trabajo asalariado. Es decir, el Socialismo. |
NOTAS
1Casa Rosada, 27/5/2016. https://goo.gl/2C9DFK
2Caso Lohle, por ejemplo.
3Ver Duarte, Juan M.: “El conflicto en el fin del mundo”, en El Aromo n° 90, 2016.
En cuanto a la edad jubilatoria yo, que soy un adulto mayor de 71 años, favorecido en mi supervivencia por cierto incremento en la expectativas de vida en el occidente subdesarrollado, gustaba de ironizar hace unas décadas que una gran cantidad de hombres nos moríamos antes de la edad de jubilarnos originando sólo pensiones para nuestras viudas ( que actualmente Cambiemos también quiere » cambiar » )