Lo dijimos: tal como estaban las cosas, los docentes de la ciudad iban a sufrir una derrota. Este mes, se dio media sanción al proyecto de reforma de las Juntas docentes. ¿Qué hicieron los sindicatos para frenar esta ofensiva? ¿Hubo una política planificada para contrarrestar el proyecto? Aquí va a encontrar las razones de una verdadera Vía Crucis. Si le quedan fuerzas, lea esta nota.
Romina De Luca
Grupo de investigación de educación argentina – CEICS
Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Ante la ofensiva macrista, los sindicatos docentes opusieron una demanda pasiva: en lugar de tener un proyecto propio y sumarlo al conjunto de las reivindicaciones docentes (lo que podría haber movilizado a la masa de los compañeros) se limitó a pedir “el retiro del proyecto” de la Legislatura. No entendieron que muchos veían con buenos ojos algo obvio: que el proyecto de Macri venía a resolver algunos problemas sobre los cuales los sindicatos no dicen palabra alguna desde hace años, como las inscripciones múltiples, el papeleo inútil, etc., etc. Dicha consigna subordinó a los sectores más combativos, Ademys, a la burocracia sindical agrupada en UTE. Ademys terminó siendo el principal motor de los seis paros realizados desde la difusión del proyecto, medidas de lucha que en ocasiones también implicaron enfrentamientos con las fuerzas de represión oficial, de choques con patotas tercerizadas y la realización de numerosas marchas y acampes frente a la legislatura. Sin una perspectiva más amplia, terminó siendo la base de maniobra de las negociaciones que, bajo cuerda, llevó adelante UTE y que dieron por resultado la sanción del proyecto de Sergio Abrevaya, quien operó cual Bonaparte entre sindicalistas y macristas. Ese déficit explica parte de la victoria del PRO.
Desde el ingreso a la legislatura del proyecto de Morales Gorleri, en septiembre pasado, el macrismo supo ver a tiempo que una iniciativa pseudo consensuada era la llave de la victoria en el asunto de las Juntas. En ese proceso, la UTE-Ctera y la Coalición Cívica jugaron un rol central.
En lo que refiere al cambio legal, Sergio Abrevaya fue el encargado de presentar el proyecto de “consenso”. Si en un primer momento, la Coalición Cívica buscaba salir ilesa de la volteada, a posteriori pasó al centro de la escena. El mismo Abrevaya declaró en los medios que su proyecto “es mejor que el que quería imponer el PRO”. Sin embargo, los principales cambios entre el viejo proyecto y el que tuvo media sanción resultan de fantasía y de nombre. La Oficina Única de Clasificación Docente (OUCD) supo ser reemplazada por una semejante con otra nomenclatura: la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP). La COREAP sigue dependiendo del Ministerio de Educación sólo que los tres funcionarios que la integran deberán ser nombrados con el acuerdo de la Legislatura. A su cargo se encuentra la inscripción y clasificación docente, así como los llamados a concurso. Se encargará también de la elaboración y custodia del Legajo Único Docente (LUD).
A su vez, el proyecto crea siete juntas de clasificación y seguimiento de los concursos.1 Ellas constituyen órganos colegiados, aunque de menor envergadura: cada una contaría con 3 vocales elegidos, en forma directa, por sus pares docentes y dos por el Ministro de Educación. Todos desempeñarían funciones por cuatro años. A pesar de su nombre, las Juntas no ejercen funciones de clasificación, sino más bien de fiscalización de los listados elaborados por la COREAP. Se ocupan de dictaminar en las solicitudes de traslado y permutas, se pronuncian frente a los pedidos de licencia, se encuentran encargadas de designar a uno de los jurados para concursos de oposición y participan para la conformidad del puntaje definitivo. Sin embargo, la tarea de clasificación sigue bajo la órbita del órgano ejecutivo del Ministerio de Educación. El nuevo proyecto reserva algunas funciones para las Juntas en lo que refiere a disciplina, al mismo tiempo que les otorga un rol de intervención tardío sobre un proceso consumado. Una linda fachada completamente desprovista de poder de decisión real, pero que asegura puestos rentados a la burocracia.
Para la tribuna
Llama la atención que, en sus considerandos, el proyecto afirme defender la carrera docente. Por el contrario, introduce dos elementos que van en dirección opuesta. Por un lado, si bien se encarga de fijar claramente la validación de títulos y recalcula con justicia algunos (como por ejemplo el título de postgrado de Doctor que pasa de valer 2 a 6 puntos) hace agua en el aspecto más subjetivo de los antecedentes docentes, aquellos denominados “culturales”. De hecho, la Ley establece que “en cada Área de la Educación se fijarán según la modalidad y las exigencias, otras valoraciones especiales, así como bonificaciones en materia de títulos acumulados” (Artículo 10º). En primer término, no queda claro quién se hará cargo de esa tarea: ¿el Ministerio o las Juntas que solo validan un resultado final? Más preocupante aún, no resuelve un problema que hoy día afecta a miles de docentes: los criterios desiguales -o ridículos- para la valoración de esos antecedentes por parte de las distintas áreas. Así, ocurre que un docente puede haber saturado antecedentes culturales en una Junta mientras que en otra le reconocen la mitad del puntaje. En definitiva, el nuevo proyecto no resuelve todos los puntos oscuros actuales, recuperando sólo uno de los problemas técnicos: que los docentes se inscriban online y tengan registro único. Así las cosas, otras demandas como criterios claros, clasificación automática a materias según título habilitante, sistematicidad en los concursos, tendrán que seguir esperando.
En segundo lugar, el proyecto introduce otro elemento por la ventana. En las clausulas transitorias (artículos 27º y 28º) promueve la titularización masiva de los docentes interinos, incluso de aquellos en ejercicio sin título habilitante, previa aprobación de un curso de CEPA ad hoc. Medida demagógica si las hay, que apunta estratégicamente a desmovilizar a la docencia. Resulta llamativo que Ademys y, en particular, Tribuna Docente, denuncien la movida como una vil zanahoria, mientras el gremio propuso y defiende una Ley de Titularización masiva a todos los interinos del nivel medio con más de un año de antigüedad en el cargo.2 Hay aquí una falta de perspectiva general. En lugar de defender al conjunto de los docentes, Ademys los divide, privilegiando a los que menos puntaje, antigüedad y títulos tienen, con el argumento de que son compañeros que necesitan trabajo, como si los otros no. En lugar de explicarles a los docentes la necesidad de eliminar la competencia desleal entre compañeros, la importancia de la estabilidad laboral que se obtiene con los concursos, etc., se pliega a las necesidades inmediatas de la conciencia más atrasada. Esto explica que muchos docentes no se sientan convocados por un sindicato que no tiene como horizonte al conjunto de los trabajadores sino solo a una parte. Lo que es una verdadera desgracia, porque si hay un lugar donde los trabajadores docentes debieran encontrar refugio para el combate, ese es Ademys.
Rosqueros y desarmados
En materia de “generación de consensos”, las reuniones entre el macrismo y la burocracia sindical de UTE resultaron decisivos. Fueron más de seis las que se celebraron para llegar a algún tipo de acercamiento. Un primer acuerdo entre las partes consistió en garantizar la realización de las elecciones para vocales de las Juntas a principios del mes de noviembre. Tras denuncias cruzadas por la falta de entrega de los padrones electorales, las elecciones se realizaron en tiempo y forma con un alto índice de participación por parte de la docencia. UTE obtuvo 21 de los 45 vocales en juego, alcanzando predominio en 8 de las 15 juntas de clasificación. El segundo lugar, por su parte, lo obtuvo Ademys alcanzando la minoría en 7 juntas y la mayoría solo en la Junta Primaria Zona II y en Normales en dónde se impuso ante UTE por apenas 5 votos. En relación a la elección del 2009, el sector combativo -un conglomerado de diversas fuerzas políticas- recuperó el liderazgo en la Junta de Normales y logró por primera vez minoría en dos Juntas: la de Especial y Primaria (Zona I).
A decir de UTE, la movida les proporcionaba tiempo, en tanto el macrismo habría prometido respetar la finalización de los mandatos de los vocales electos. Es decir, la implementación del proyecto no llegaría hasta 2013, en forma parcial. En el 2015 con todos los mandatos concluidos la reforma tendría vía libre. Por ello, el sindicato vivió como una victoria que el proyecto macrista no se hubiera impuesto. Si bien no se demostraron demasiados efusivos en los medios de comunicación, lo cierto es que salieron a celebrar el “factor tiempo”. En un comunicado interno felicitaron a sus afiliados por el “esfuerzo militante” y la resistencia a los embates del PRO, afirmando que no se logró vía rosca sino con movilización. Curioso: en la mayor parte de los casos, UTE en lugar de convocar a paros llamó, a regañadientes, a un “cese de tareas”. Cabe inquirirse: ¿hay algo para festejar en la conquista del “factor tiempo” más allá de la garantía “laboral” para la burocracia?
Una intervención adecuada
La intervención política de unos y otros ha conducido a un mismo resultado: la sanción de un nuevo sistema de clasificación que, con la excusa de resolver algunos problemas técnicos reales, cercena derechos sindicales al conjunto de la docencia. El proyecto al que se acaba de dar media sanción no es radicalmente diferente al de la tropa Macri. Que UTE lo celebre es expresión de cuánto se han desligado los intereses de la burocracia de los del conjunto de la docencia.
Por su parte, los sindicatos docentes combativos deberían reflexionar sobre su actuación en el proceso. La principales consignas esbozadas fueron la defensa de la educación pública en abstracto, la de un sistema de clasificación que, por donde se lo mire, hace agua, y la titularización masiva de la que ahora se queja. El infantilismo de negar los problemas reales y la falta de perspectiva más general, impidió la elaboración de una alternativa superadora, dejando siempre la ofensiva en el enemigo. Una Oficina Única de Clasificación Docente bajo control obrero, transparente y eficiente, inscripción automática a materias según título habilitante, fin al chantaje de la titularización automática, realización de concursos en tiempo y forma, hubieran sido instrumentos de una intervención adecuada. Lamentablemente, la docencia de Buenos Aires, con esta dirigencia sindical, se compró una derrota inútil.
Notas
2 Ademys defiende el proyecto argumentando que los docentes accedieron por acto público y que, como se requiere un año de antigüedad, deja horas libres para el llamado a concurso estatutario. También sostienen que, como muchas juntas no llamaron a titularización en el año 2008, se evita la desigualdad entre las juntas. Resulta paradójico que los mismos argumentos para la defensa de la Ley pongan sobre el tapete el déficit acumulado en la estructura que se busca sostener: las catorce juntas de clasificación y el Tribunal de Disciplina. www.ademys.org.ar
