LAP – CEICS
Las ocupaciones en el Parque Indoamericano comenzaron, según los testimonios, alrededor del sábado 4 de diciembre. Estuvieron motivadas por un rumor que se había propagado, sobre una posible entrega de escrituras a quienes tuvieran sus casas en las villas o sobre la entrega de subsidios a ocupantes de predios. Los primeros ocupantes provenían de la villa 20, en su mayoría, y de Los Piletones. El día lunes 6, se ocupó la construcción de Madres “Sueños compartidos”, en el barrio de Los Piletones. Para intentar desalojarlos, Sergio Shocklender realizó una denuncia en la Comisaría nº 36 y exigió públicamente la expulsión de los ocupantes. Para el martes 7, se había ocupado gran parte del Indoamericano.
La denuncia de Madres cayó en el juzgado de la jueza Nazar, quien ordenó el desalojo de los predios tomados. El operativo se llevó a cabo de común acuerdo entre la Policía Federal, la Policía Metropolitana y la Guardia de Infantería de la Gendarmería. Por la noche se produjeron los enfrentamientos. Luego de una primera resistencia con piedras, los ocupantes cedieron terreno y se replegaron a los barrios. Las fuerzas de la represión los siguieron hasta las casas. Desde el puente, efectivos policiales disparaban sobre la Villa 20. El saldo fue de dos muertos (Bernardo Salgueiro, paraguayo y Rosmary Churapuña, boliviana), 12 heridos y 55 detenidos. El objetivo fue, claramente, no sólo el desalojo, sino provocar un amedrentamiento de la población.
Sin embargo, el miércoles 8, los pobladores de las villas linderas volvieron a ocupar el predio. Se sumaron también habitantes de otras villas, como la 1-11-14, la nº 6 (Cildáñez), la nº 3 y la de Ciudad Oculta. Las organizaciones de izquierda convocaron a una marcha hacia Plaza de Mayo, en repudio a la represión y para exigir la solución al problema habitacional. No obstante, desde la toma solicitaron que la concentración se hiciera en las inmediaciones del parque, para evitar una nueva avanzada policial. Se produjo, entonces, una manifestación en la Avenida Escalada. La movilización sumó unos 2.000 manifestantes. Las fuerzas kirchneristas, por su parte, se negaron a hacerse presentes en el lugar y prefirieron realizar una concentración frente a la Jefatura de Gobierno que no excedió las 300 personas. Ese mismo día, el Juez Gallardo dictó la orden de no innovar y ordenó que se realizara un cerco perimetral al parque. Los funcionarios macristas, entretanto, se reunieron con representantes de los ocupantes, prometiéndoles entregarles alimentos, agua y carpas. Nada de esto se cumplió.
Luego de que las imágenes de la represión recorrieran el país, Aníbal Fernández decidió retirar a la Policía Federal y a la Gendarmería. Macri, en cambio, dejó una pequeña guardia. El jueves 9 de diciembre, una pequeña manifestación de los vecinos de los monoblocks de Villa Soldati, con corte en Escalada, exigía el desalojo del predio, con consignas racistas. De esa movilización se desprendió un grupo de 30 personas, escoltados por la Federal y la Metropolitana, que arremetió contra los ocupantes con armas blancas y de fuego. Tres de ellos fueron claramente identificados como barrabravas: uno de Huracán, otro de Racing y el tercero de River. El saldo fue de un muerto, Juan Castañares Quispe, un desaparecido, Juan Valera, y tres heridos de bala. Todos, del grupo ocupante. Valera fue retenido por la patota agresora, golpeado y devuelto ensangrentado a los ocupantes, en señal de amenaza. Los ocupantes procuraron llevarlo a una ambulancia del SAME. La ambulancia fue baleada y detenida. Juan Valera fue sacado y allí se le gatilló en la cabeza. Quispe, en cambio, fue baleado por la Metropolitana que disparaba sobre el puente, según la denuncia de su mujer. Es decir, que estamos ante un operativo conjunto entre una patota y la Metropolitana, que, sin embargo, no logró su cometido.
El viernes se produjo la renuncia de Sergio Loruso, Secretario de Seguridad Interior del gobierno nacional. Cristina Fernández anunció, ese día, la creación de un Ministerio de Seguridad, cuya titular sería Nilda Garré y, la viceministra, Cristina Caamaño, nada menos que la fiscal del caso de Mariano Ferreyra. Este ministerio debía hacerse cargo de las fuerzas de represión, que antes estaban bajo el control de Julio Alak y de Aníbal Fernández. Ambos le presentaron la renuncia a la presidente. Aníbal parece tener vida aún, pero a Alak le quedaría poca. Las organizaciones de izquierda realizaron una nueva concentración en Corrientes y 9 de Julio.
A la noche, y luego de nuevos enfrentamientos entre los ocupantes con los “vecinos”, el gobierno nacional convocó a Macri y a Rodríguez Larreta a una reunión con los representantes de los ocupantes, entre quienes estaban las organizaciones de izquierda. La intransigencia de las autoridades nacionales y municipales provocó un cuarto intermedio. Sorpresivamente, apareció el dirigente “Pitu” Salvatierra, quien se presentó como vocero de la toma, indicando que las voces de los ocupantes no es escuchada. Salvatierra, como ahora se sabe, pertenece al kirchnerismo. Se realizó una nueva reunión el sábado 10, esta vez con representantes kirchneristas de la toma, y se resolvió enviar la gendarmería para cercar el parque y enviar funcionarios nacionales a realizar un censo. A las 17hs. del sábado, comenzó el cerco.
El domingo 11, el gobierno nacional comenzó a realizar el censo, con denuncias de los ocupantes de falta de agua potable, comida, carpas y baños químicos. Los reclamos no fueron escuchados. La gendarmería no dejó pasar alimentos, ni agua embotellada, ni carpas. En medio de esta asfixia, los censistas, comandados por Alicia Kirchner en persona, conversaban con los ocupantes. No es descabellado afirmar que intentaron convencerlos de dejar la toma. La toma, sin embargo, se extendió a Villa Lugano, al club Albariño y a Bernal, en el partido de Quilmes. Aquí, se trató de un terreno lindante al frigorífico Finexcor. Esta ocupación fue más “pacífica”: no hubo “vecinos” que intentaran desalojarla y se comenzó a negociar con el intendente Gutiérrez. En cambio, la ocupación del club Albariño sufrió la agresión de una patota que intentó desalojarlos, sin éxito.
El lunes 12 se produjeron tres ocupaciones más: en Villa Lugano, en Barracas y en Km. 31 de la ruta 3. Se intentó tomar un predio de Villa Madero, pero fue desbaratada por la policía. El martes, se levantó la toma de Barracas. Se produjo una tercera reunión entre el gobierno nacional y el de la ciudad, de donde salió una nueva propuesta. Mientras los dirigentes de las organizaciones de izquierda de la toma del Indoamericano estaban en la marcha convocada hacia Plaza de Mayo, Salvatierra organizó una asamblea para plebiscitar la propuesta salida de la reunión Fernández-Rodríguez Larreta: Macri y Cristina ofrecían la posibilidad de inscribirse en un plan de viviendas, sin ninguna prioridad frente a los que ya estaban anotados y, si no acordaban, a la noche serían desalojados por la fuerza. De aquí en más, quien tomara un predio público o privado sería privado de los planes sociales y del acceso a cualquier plan de vivienda. Luego de días de asfixia, sin dirigentes con autoridad para oponerse y ante la amenaza de nuevas muertes, los ocupantes aceptaron retirarse. Esa noche, Rodríguez Larreta y Aníbal Fernández se felicitaron mutuamente.
