Romina de Luca
Gabinete de Educación Socialista – CEICS
El intento del gobierno porteño de cerrar las escuelas nocturnas fue uno de los grandes conflictos que tuvo que enfrentar la docencia durante el 2018. En el 2019 la medida fue derogada. Se trata de una victoria de la comunidad educativa que mantuvo movilizaciones y distintas acciones desde que se conoció la medida hasta fines de enero cuando se comunica la derogación. Aun hoy continúan realizando acciones de visibilización y de inscripción de alumnos. No hay dudas, es un paso adelante. Sin embargo, el fantasma que sobrevuela a la educación para esa franja de la población, la educación nocturna y de adultos, sigue allí y trasciende la General Paz. Debemos entender el ‘caso nocturnas’ dentro de un contexto más general para organizar una intervención global. Se ganó una batalla, no la guerra. La amenaza sobre las escuelas sigue intacta.
Del cierre a la derogación, en 47 días
a. La medida
El cierre de los nocturnos emerge como punta de un iceberg. Para entender el problema general debemos primero repasar el conflicto que se desplegó a lo largo de 47 intensos días incluido el receso escolar. El 14 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 4.055/2018. Parte es historia ya conocida: se estableció la supresión de la inscripción a primer año en 23 escuelas nocturnas con planes de estudios especiales fijados por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02, entre otras. En su mayoría se trataba de escuelas “comerciales” y liceos con planes de cuatro años. A su vez, se reorganizaba la planta docente según un mínimo de inscriptos por sección desempolvando un viejo decreto de 1997 de De La Rúa. Las escuelas pasaban a un cierre gradual: en 2019 se cerraría el primer año, en 2020 el segundo y así sucesivamente hasta que la última cohorte (la de 2018) finalizara sus estudios en 2022. Además de reducir la oferta de escuelas, el cierre implicaba un sinfín de reubicaciones: de docentes titulares que pasarían a disponibilidad y ceses de interinos y suplentes. El gobierno porteño dispuso que los directivos de las escuelas afectadas, reasignaran las horas de los docentes titulares en disponibilidad incluso antes de que finalizara el ciclo escolar 2018, proceso que se extiende hasta febrero de 2019. Lo que seguramente no esperaban era la organización de los mismos docentes para boicotear lo que denominaron “actos públicos truchos”.
La coartada del gobierno fue apelar, cómo lo viene haciendo en todas sus medidas, a la continuidad con la gestión anterior. Todo se hacía al calor de las adaptaciones curriculares que demanda la Ley de Educación Nacional y las exigencias de reconversión para la validez nacional de los títulos. Obviamente, omitían que las escuelas podrían adecuarse reconvirtiendo sus planes y, de hecho, hace un par de años algunas presentaron proyectos propios para hacerlo. La voluntad del gobierno era clara: el cierre. Probablemente, el gobierno desestimó el impacto que podía generar la medida habida cuenta que la Ciudad cuenta con más de 1.200 unidades educativas estatales y la Resolución afectaba a casi el 2%.
Desde el gobierno declararon que no se estaba ante ningún cierre porque existían otras ofertas en el turno noche. Veían dos problemas: lo desactualizado de los planes (que es responsabilidad del mismo Ministerio de Educación) y la baja graduación en las escuelas en cuestión (cercana al 38%). Por eso, en numerosas entrevistas radiales, la ministra Acuña declaraba que el cierre era “ganancia” para alumnos y docentes. Para alumnos porque se les iba a ofrecer una oferta actualizada en otro lado y para los docentes porque dada la vacancia de puestos seguro conseguirían trabajo. La readecuación de la oferta y la existencia de otras “121 posibilidades” fue uno de los argumentos más fuertes del oficialismo. La estrategia era clara y similar a la reforma que se encara en la provincia de Buenos Aires: presencialidad por virtualidad (Adultos 2000) o semi-presencialidad (nuevos CENS bonaerenses).
Por su parte, la comunidad educativa se encargó de mostrar que, en muchos casos, no existía una oferta equivalente a la que se cerraba. Por eso apuntaban a que la medida profundizaba la desescolarización de las capas más vulnerables de los trabajadores: adolescentes madres y padres, trabajadores, jornada completa, precarizados. Señalaron correctamente que, alejarle la escuela implicaba para esos estudiantes mayor costo y tiempo de traslado y en la práctica favorecía su deserción. Podríamos mencionar que, en estas escuelas, además, el acompañamiento y el seguimiento docente es imprescindible y, por ese motivo, la vara nunca debería ser la cantidad de alumnos por curso como toma la medida oficial.
Como si eso fuera poco, una mirada integral muestra lo falso de la supuesta oferta equivalente. Que esto sea desconocido por los funcionarios solo empeora el cuadro. Veamos. Recordemos que los comerciales, liceos y bachilleres nocturnos inscriben a menores de 18 años. Resulta increíble que las autoridades ofrecían como válida para toda esa población los 95 CENS (sedes y Anexos) que solo inscriben mayores de 18. El resto de la oferta que la cartera educativa reconocía como alternativa a las escuelas cerradas eran: 8 escuelas de reingreso, 6 bachilleratos con orientación profesional para los mayores de 15, 9 bachilleratos nocturnos también para los mayores de 15 años de edad y las opciones virtuales (termina la secundaria, adultos 2000). Así, las 121 posibilidades se reducen a apenas 23 para los menores de edad agregando los CENS solo para los mayores de 18. La idea de que, a 10 cuadras de donde cerraba una escuela había otra es falsa: de los 10.100 alumnos que asisten a vespertinos de modalidad común, más de 4.000 son menores de 17 años según los datos oficiales. Las famosas 121 opciones eran “la nada misma”.
b. La lucha
Conocida la noticia, se sucedieron una serie de acciones inmediatas: asambleas en las escuelas, convocatoria al paro por parte de UTE y Ademys el 18 de diciembre, acciones en los distritos, semaforazos, cartelazos, reuniones en la puerta de las escuelas, petitorios. Ya en la conferencia de prensa que anunció el paro del 18 se acordó el no inicio del ciclo lectivo 2019 de no derogarse la medida. Ambos sindicatos fueron con los mismos reclamos.
Al paro del 18, le siguió una segunda medida de fuerza para el 27 de diciembre también convocada por ambos sindicatos. La realidad en el segundo paro no fue muy distinta. Ese día se realizaría una sesión especial llamada por la oposición (PJ-FPV-Unidad Ciudadana y FIT) para derogar la Resolución 4055/18. El oficialismo (Cambiemos, UCR) decidió no participar y así impedir el quorum. Al terminar la sesión, el palco del acto convocado encontró juntos a Recalde, Tomada con los diputados del FIT, Eduardo López por UTE y Jorge Adaro por Ademys en un frente único centrado en un discurso anti-macri1.
El 28 de diciembre se realizó una asamblea de coordinación de distintos sectores en lucha (nocturnas, artísticas Yrurtía y Ceramica 1, ISFD) y se resolvió mantener activa la movilización durante enero, se diagramaron toda una serie de actividades. Un sector de la docencia se plegó, además, a los cacerolazos contra los tarifazos, cada viernes, convocados por la Multisectorial, nucleamiento centralmente K. A la visibilidad de esas acciones se sumaron los escraches a los funcionarios en reuniones con vecinos. Larreta, junto a la ministra Acuña fue, sin lugar a dudas, el más afectado.
A pedido del gobierno, el 4 de enero la Defensoría del Pueblo convocó a las partes para negociar. Lo sustantivo del encuentro fue la creación de una comisión de seguimiento de los docentes afectados por la resolución y la apertura de una mesa de discusión entre el Ministerio y los sindicatos para debatir la implementación de la oferta educativa y los planes de estudio. El acta fue suscripta por los 15 sindicatos afines al gobierno y rechazada por UTE y Ademys que pedían la derogación de la Resolución. En retrospectiva, el acta del 4 de enero construyó la salida que el mismo gobierno implementaría luego a fin de mes.
Así, desde que se conoció la medida la comunidad educativa organizada protagonizó una innumerable cantidad de acciones. El asedio fue constante y el resultado fue el triunfo de los docentes, padres y alumnos que lograron torcerle el brazo al gobierno porteño.
c. La derogación
El anuncio de la derogación llegó, finalmente, el 30 de enero cuando se conoció la Resolución Nº 1169/19. Así, se reabrió la inscripción a primer año en las nocturnas afectadas hasta el 31 de marzo de 2019 y se conformó una mesa de diálogo que funcionará entre febrero y julio de este año para consensuar los lineamientos generales para los planes de estudio a implementarse a partir del ciclo lectivo 2020. La mesa discutirá sobre la carga horaria y materias del plan de estudios, conformación de la POF (el plantel escolar) de acuerdo al plan de estudios y armado de secciones, régimen académico, capacitación, generación de materiales pedagógicos y aspectos vinculados a los cargos docentes y la normativa tal como señala el Anexo de la Resolución publicada en el Boletín Oficial.
Luego del receso, los rectores de las escuelas fueron notificados de algunos de los requisitos y formas de funcionamiento dispuestos por el gobierno. La supervisión les informó a las escuelas que se formarían cinco mesas de trabajo para la adecuación de los planes de estudio, pero quiénes van a integrar esas mesas corre a cuenta del Ministerio. Ya hay fecha para el primer encuentro: 15 de marzo. Los planes de estudio deberán ser elevados en julio al Consejo Federal de Educación. Además, se les exigió que “incrementen notoriamente la matrícula” (como si esa fuera una responsabilidad de la escuela y no del Ministerio que debería hacerse responsable de la incorporación de la población a los circuitos educativos y no ofrecerle distintas vías, de forma anárquica, en clara competencia entre sí). También se informó que se irá a una reducción gradual del personal de las escuelas: cargos renunciados o jubilaciones no serán enviados al acto público. Se trata de un ajuste por goteo. Como si fuera poco, mayor control recaerá sobre las escuelas con amenazas de auditorías permanentes.
Los oportunistas de siempre
Al igual que como lo hizo con la UNICABA, el sector k de la docencia vio en las nocturnas una posibilidad para apuntalar su propia política partidaria. Las declaraciones de Eduardo López no dejan dudas de sus intenciones: militar la vuelta de Cristina. Así, impide ver el rol de Cristina en el vaciamiento de la educación de jóvenes y adultos y de las nocturnas. La fracción que acude a las escuelas comerciales y liceos es una capa de la clase obrera que encuentra un refugio en esas escuelas para terminar su escolaridad. Para ellos, la discontinuidad es la regla y el “pase, pase” de la escuela primaria en nada ayuda a dotarlos de herramientas para atravesar el secundario obligatorio. Esa misma población, con 18 años es la que concurre luego a los CENS o alguna otra opción nocturna. Para todos esos que se quedan afuera de la escuela común, el kirchnerismo inventó parches: escuelas de Reingreso, plan Fines 2 y una larga lista de etcéteras. El macrismo añadió los suyos: Adultos 2000, Terminá la secundaria. La titulación fue la regla, como si eso resolviera el problema de fondo: por qué fracasa la escuela secundaria, por qué los jóvenes de clase obrera no pueden transitar una escolaridad “normal” y por qué a la burguesía eso no le importa en absoluto. En lugar de mejorar sus condiciones de aprendizaje (acompañamiento, becas reales, recursos didácticos) se introdujeron paliativos. El resultado: el vaciamiento de las escuelas de adultos y las vespertinas. Para cualquier trabajo, precario o no, la patronal exige título secundario. Nuestros alumnos lo saben. Para obtener ese título, el mismo Estado se encargó de ofrecerles una autopista rápida. He allí las consecuencias para el resto del sistema. La conclusión es clara: quienes hoy hablan de baja matrícula son los responsables de haber generado esa situación. Claramente, el rol de aquél que construye el “volveremos” es negar ese proceso de continuidad. Reconocer que el vaciamiento comenzó con Cristina no le quita responsabilidad al gobierno actual en los cierres: como dijimos no sospecharon la magnitud de la respuesta de esas 23 escuelas.
Lamentablemente, la izquierda en lugar de enarbolar una política independiente que explique de conjunto la situación se pliega a la ola k. Apenas se limita a pedir únicamente “las nocturnas no se cierran”. Un programa integral implica pensar la situación de conjunto: ¿qué programa vamos a llevar a la mesa de discusión de marzo a julio? ¿qué contenidos necesitan nuestros alumnos? ¿cómo se favorecen sus condiciones reales de enseñanza/aprendizaje? ¿becas? Sí, de qué importe: media canasta familiar, una canasta familiar. Apoyo escolar en la escuela ¿sí o no? ¿alcanza con los equipos de orientación escolar que tienen las nocturnas pero no los CENS? ¿hay jardines de primera infancia en todas las escuelas? En suma, cómo pensar un sistema integral de educación para jóvenes y adultos incluyendo las nocturnas, vespertinas y CENS. Esa es nuestra tarea. Implica trascender la mera lucha por la pérdida de los puestos de trabajo y disputar qué educación necesitan esos alumnos.
De la modalidad común a la de adultos
El paso inicial para diseñar cualquier cosa es entender el problema que tenemos enfrente. De nada sirve negar la realidad, se trata de explicarla y tener capacidad para intervenir sobre ella. La obligatoriedad de la escuela secundaria para la población de 12-18 años es un mero eufemismo a pesar de la LEN y la obligatoriedad parcial que la Ley Federal dispuso anteriormente. De todos los que inician la escuela secundaria solo una minoría culmina, en tiempo y forma. Esa realidad golpea también a la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, según las cifras oficiales de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación e Innovación del GCBA la tasa de egreso ideal en las escuelas estatales es de apenas 50% en las escuelas estatales: si en 2013 se matricularon en primer año 24.574 alumnos, en 2017, la matrícula de quinto año era de 12.465. Recordemos, la escuela secundaria es obligatoria desde 2002: ya pasaron Ibarra, Telerman, Macri en sus dos gobiernos y ahora Larreta. El 20% de los alumnos estatales repite primer año, una cifra similar lo hace en segundo año, más del 14% repite tercero, más del 12% cuarto y más del 6% quinto. El promedio de sobre-edad en la escuela secundaria común es del 44%. No se trata de un fenómeno porteño: en la provincia de Buenos Aires si en 2012 cursaban el 7º año estatal 219.884 estudiantes, en 2017 había en el 12º año 100.591, es decir, de 100 sobreviven idealmente casi el 46%. en la provincia de Santa Fe el 39%, en Entre Ríos casi el 44%, en Chaco el 46%, en Misiones el 38% y las cuentas siguen. Los niveles de repitencia y sobre-edad acompañan ese movimiento tal como mostramos también para la Ciudad de Buenos Aires: el distrito más rico del país con uno de “los mejores rendimientos” educativos.
La realidad nacional no es mucho mejor: de 10 que inician apenas 3 se reciben en tiempo y forma. Cuando el gobierno de Macri o Larreta sostienen que la tasa de egreso es baja tienen razón. Una vez más, no es un problema nuevo. Quienes integrarían el elenco de funcionarios K, como Juan Carlos Tedesco, reconocía en el año 2.001 que la supervivencia de la escuela secundaria en la década del noventa era menor a la de la década del sesenta y que, inclusive el abandono de la escuela primaria en séptimo grado era mayor en ese momento que treinta años atrás. Su gestión no hizo más que profundizar ese fracaso y maquillarlo a nivel estadístico vía “promoción automática” de hecho o de facto en la primaria y dejó intacto el problema en la escuela secundaria tal como muestran las cifras anteriores. Que a los intelectuales k les guste decir que ese “fracaso” es resultado de que la escuela secundaria es obligatoria hace 5 minutos y que hay que acomodar el formato es miserabilismo y populismo puro.
Esos números impactaron de lleno en la educación de jóvenes y adultos. Lentamente, la educación de adultos dejó de ser un circuito específico pasa adosarse junto a la escuela común. En ese viraje proliferaron distintos programas de estudio (como los bachilleratos especiales), opciones intermedias o de aceleración: el Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela (Buenos Aires), los Centros de Terminalidad de La Pampa, el programa “Volvé, el cole te espera” y los Polos de Reingreso en Salta, los Centros de Escolarización Secundaria de Adolescentes y Jóvenes, (CESAJ) de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto Aulas de Experiencias Protegidas (escuelas ADEP) en Mendoza, Vuelvo a Estudiar de Santa Fe, Inclusión Joven de la ciudad de Rosario y las Escuelas de Reingreso de CABA, entre muchos otros y la “creación” de otros formatos. Al calor del creciente fracaso de la escuela común se crearon otras vías más rápidas: Fines 2, Terminá la secundaria, Plan 20/30 en la provincia de San Luis en el marco de la Escuela Digital, el Programa de Inclusión y Terminalidad de Córdoba, el programa municipal Terminalidad de Vicente López en modalidad virtual y presencial con dos días de cursada de tres horas a la semana, entre otros. El elemento común en todos: reducción curricular enorme (degradación del currículum), precarización laboral de sus docentes (en la mayoría de ellos), precarización de los espacios de cursada (en organismos paraestatales). El mismo estado promueve y crea estructuras que se disputan alumnos mediante prácticas degradantes de los contenidos educativos.
¿Cómo se encargaron de acomodar el formato? Supuestamente, “garantizaron derechos” creando programas de titulación cuasi compulsiva, nuevos formatos de educación secundaria acorde con las necesidades obreras a decir suyo y de la izquierda. Una justificación condescendiente que encubre el resultado: un vaciamiento pedagógico sin precedentes que desde ámbitos locales e internacionales se justifica dentro del paradigma de “aprendizaje permanente” y a lo largo de toda la vida. Se fragmentan más y más las trayectorias escolares (cada uno, su propio modelo) desplazándolas en el tiempo. La consecuencia de ese periplo fragmentario es la ausencia del “cimiento” básico con el que se puede construir lo que falta: educación en lugar de un papel.
Nuestra tarea es precisamente explicar el problema, no negarlo. Las nocturnas y la educación de adultos dejaron de ser un elemento marginal de la estructura educativa como lo fuera décadas atrás. Hoy es el segmento de la terminalidad para las trayectorias educativas de grandes capas de la clase obrera. Según el limitado Censo de 2010, casi tres millones de personas entre 20 y más de 80 años de edad no terminaron la escuela primaria, otros 3.610.000 no terminaron la escuela secundaria. Es hora de proyectar nosotros qué habilidades y conocimientos necesitan nuestros alumnos. El gobierno tiene una estrategia: institucionalizar los parches. Ese es el camino que parece señalar la reforma de adultos en Buenos Aires. Hacerse cargo del último tramo educativo de esos millones de personas presupone la construcción de una amplia oferta educativa. Que esa oferta sea de calidad, presupone la centralización de experiencias dispersas e inconexas que compiten entre sí. Presupone también que se concentre en la producción de habilidades básicas a partir de conocimientos científicos. Que sea una oferta diversificada implica incluir los aspectos de formación laboral que nuestros alumnos reclaman sin afectar el espacio de producción de esas habilidades básicas. Es hora de organizar nuestra propuesta de cara a las mesas de discusión. El gobierno de seguro tiene la suya. Si realmente queremos defender la educación de nuestros alumnos hay que entrar en la contienda. Un Encuentro Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos puede avanzar en ese proceso. Hay que dar un paso al frente. Invitamos a todos a sumarse a organizarlo si lo que queremos es ganar la guerra y no una mera batalla.
Notas
1AIM, 28/12/2018. Disponible online en: https://goo.gl/QoQY9z
