Segundo round. Inflación, Pacto Social y las luchas sindicales
Sebastián Cominiello
Observatorio Marxista de Estadística-CEICS
La novedad con la que piensa asumir CFK es lo que se dominó el Pacto Social. La cuestión más importante a discutir en este acuerdo es la negociación salarial. El objetivo es poner un techo en los aumentos de sueldos, a cambio de un límite en la suba de precios. El Estado actuaría como garante en un pacífico acuerdo entre capital y trabajo. No es una novedad: en estos años ya existió un pacto social entre la CGT y la CTA con el gobierno y las patronales. Se concertaron techos salariales, se integraron burócratas de ambas centrales a diferentes cargos estatales y apoyaron las listas del gobierno. No obstante, los resultados muestran que dicho pacto ya fracasó. La inflación, como discutimos en otras ediciones del OME, no es el resultado del aumento de los sueldos, pero sí hace inviable la fijación de un techo salarial. La clase obrera ocupada “en blanco” apenas pudo igualar el nivel de la inflación en los años de la gestión Kirchner, consolidando la pérdida de los ’90 y la crisis del 2001. Todos los demás sufrieron una pérdida aún mayor.
Las fracciones que lograron limitar la caída salarial, es la que en la práctica rompió el techo salarial impuesto por el gobierno, las patronales y las centrales sindicales. Diferentes fracciones obreras consiguieron aumentos superiores al límite, que rondaron un promedio de un 20%. Contrariamente a la imagen que se quiso vender desde el gobierno, estas negociaciones no fueron un canal pacifico de acuerdo mutuo. Todo el proceso estuvo precedido, acompañado y seguido de fuertes combates sindicales. A pesar de los desesperados intentos del gobierno de frenar y reprimir toda lucha mediante la gendarmería o el uso de patotas, este año se mantuvo el nivel de luchas alcanzado luego del 2001.
Luchas por el salario
En el primer trimestre de 2007, se homologaron 172 acuerdos y convenios, donde en un 89% se incluyó algún tipo de cláusula salarial. En el segundo trimestre, con 229 acuerdos y convenios homologados, un 72% registró cláusulas que otorgan algún tipo de recomposición salarial. Esta etapa de negociación fue la determinante de todo el ciclo en cuanto se homologaron las escalas salariales de camioneros, metalúrgicos, comercio, construcción, alimentación, textiles y cuero, entre otros.
A su vez, la recomposición salarial no siempre se vio inmediatamente en los sueldos. La tendencia más bien fue la contraria: otorgar los aumentos en cuotas a lo largo del período de vigencia, en la mayoría de los casos en 12 meses, y otorgándolos en forma de sumas no remunerativas que, paulatinamente, se van incorporando a los básicos de convenio. El caso más significativo fue Comercio, que negoció un 23% de aumento en forma no remunerativa.
En los últimos tres años, la lucha por el salario retornó a niveles que no se veían desde 1991. En el 2005 se registraron 824 acciones de fuerza en todo el año, la cantidad más elevada desde 1990. En 2006 hubo un total de 501 conflictos, mientras que durante 2007 se mantuvo en este último nivel.1 Si vemos el segundo trimestre de 2007, cuando se negociaron los principales convenios, se registraron 115 conflictos laborales. De ellos, 79 correspondieron a la actividad privada y 36 al sector público nacional o provincial. En estos casos, el gobierno enseguida tomó cartas en el asunto poniéndole un límite a la movilización. En los casos del cuero, telefónicos, petroleros, neumáticos y ferroviarios, el Ministerio de Trabajo intervino con el dictado de la conciliación obligatoria.
Aquellas ramas en las cuales ya se habían firmados los acuerdos, tampoco estuvieron exentas de conflictos. En el transporte, los trabajadores del subte llevaron adelante diversas medidas en rechazo al acuerdo firmado por UTA con la empresa Metrovías y, después, se pronunciaron por el aumento en un 20% en los salarios. Finalmente, se sumaron a este reclamo los choferes de colectivos de corta y media distancia. Los gremios enrolados en la FATEL (Federación Argentina de Telecomunicaciones) estuvieron en conflicto con las empresas Telefónica y Telecom. En ALUAR (Aluminios Argentinos S.A.) se registraron conflictos por reclamos salariales, al igual que los petroleros privados.
En el sector público se muestra una continuidad con los años anteriores. Los conflictos más importantes de este año se registraron en el sector docente, en las provincias de Neuquén y Santa Cruz. En la primera de ellas, como producto de la represión desatada por el gobierno provincial, resultó asesinado el docente Carlos Fuentealba. En el segundo caso, como consecuencia del conflicto, debió renunciar el gobernador. Por su parte, los judiciales montaron una carpa frente a Tribunales en reclamo de deudas salariales y el blanqueo de los “meritorios”, trabajadores en negro que se emplea la justicia nacional. De esta manera, sobresale nuevamente la movilización de los sectores docentes, una constante durante los últimos tres años.
Si nos centramos en los reclamos vinculados a recomposición salarial, adicionales o deudas salariales, obtenemos que representan casi el 70% del total de las medidas de fuerza. En segundo lugar, los llamados conflictos de representación sindical (encuadramiento o intrasindical) suman un 23%.
¿Qué nos espera?
Todo este proceso de lucha descrito se produjo en un contexto inflacionario más o menos controlado del 20%. Las centrales sindicales vienen advirtiendo que el piso de negociación será de 13%, que fue la inflación que rele- vó la Secretaría Técnica de la CGT durante el 2007. A esa cifra le van a sumar la inflación prevista para 2008 que, como se estima en el proyecto oficial de ley de Presupuesto, puede ser de 7% o de 8% (según la consultora ECOLATINA la estimación más realista ronda el 20%). La cifra porcentual final asciende, entonces, a un 21% o 22%, muy poco para una inflación bianual (2007-2008) que probablemente supere el 40%. El Gobierno, por su parte, pretende un porcentaje que oscila entre el 12% y el 14%. Por lo tanto, se plantean dos escenarios. Si el Gobierno se impone y la negociación es “amistosa”, la clase obrera ten- drá que salir a la calle. Si la que se impone es la CGT… también. Consecuentemente, más allá del porcentaje que acuerden la CGT y el Gobierno, lo que nos espera es un escenario de pérdida del poder adquisitivo y, por lo tanto, de movilización. Sobre esta expectativa se monta hasta el mismo Moyano, con la esperanza de volcar la interna de la CGT a su favor gracias al apoyo del gobierno, al que le garantizaría, igual que en los años pasados, un clima “controlable”. Por otro lado, hay que tener en cuenta la suba de tarifas que, en su mayoría, quedaron congeladas para este año. Ya en octubre pasado, la Secretaría de Energía reconoció a Edenor una suba de 9,63% en sus costos, que será cubierta a través de un “auxilio financiero” proveniente del PUREE, el sistema que multa los consumos excesivos de electricidad. Sin embargo, la misma resolución contempló el traslado ulterior al “respectivo cuadro tarifario” de la distribuidora para febrero de 2008. No quedan dudas de que lo mismo sucederá con Edesur y Edelap. En el transporte, el mes pasado el gremio ferroviario reclamó un aumento en las tarifas. Las conclusiones son obvias: este nuevo “pacto social” nació muerto.
Notas
1 Tomamos como fuente los datos aportados por la consultora Nueva Mayoría y Observatorio del Derecho Social perteneciente a la Central de Trabajadores de la Argentina.