Por Fabián Godoy
Al salario de pobreza y a la reforma de las licencias médicas, se suma en nuestra provincia, el problema de la vivienda. Según datos oficiales del año 2010, la demanda de viviendas para docentes en la provincia de Santa Fe se encontraba en alrededor de 5.894 unidades. Los datos corresponden a la preinscripción realizada para el Plan Habitacional. Sin embargo, el plan tenía requisitos que suponen que la demanda es aún mayor. Para inscribirse al Plan Habitacional había que ser: “docente titular, no poseer vivienda, ingresos demostrables por grupo familiar, y tener 2 años de antigüedad laboral o residencial en la localidad donde se solicita la vivienda.”. El programa admitía por fuera de los titulares, a todos aquellos que se hubieran inscripto en concursos de titularización. Como puede apreciarse, quedaban afuera todos los docentes que no fueran titulares de su cargo, una situación que afecta a gran parte de la planta docente en la provincia. Algo similar ocurre con el requisito de poseer 2 años de antigüedad. Los docentes jóvenes que recién se inician a la docencia quedaban completamente excluidos de la iniciativa oficial.
El Plan Habitacional data de, por lo menos, 2009 y la movilización de los docentes jugó un rol central. En el año 2009 se anunció que la provincia de Santa Fe tomaría un crédito por $280.800.000 “para construir 3120 viviendas de las cuales 2000 son para los docentes”, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno. Este programa “se enmarca en las nuevas líneas de financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la construcción de viviendas sociales. El financiamiento es mediante
la constitución de un fideicomiso que implica un endeudamiento de las provincias para con la ANSES.” Sin embargo, la realidad de la ejecución de este proyecto estuvo muy por detrás de las promesas realizadas. En efecto, hasta el momento, solamente se concretó la realización de un programa habitacional que destina 600 viviendas para los docentes; elaborado por la Comisión para la Vivienda Docente (Ley 12.958) entre los gremios Amsafe, Sadop y Amet, y autoridades provinciales de los Ministerios de Trabajo, Educación y Obras Públicas y Vivienda. Es decir, solamente 600 viviendas efectivizadas para una demanda oficial de 5.894 desde el relevamiento inicial del año 2010, mientras que la promesa fue de 2000 viviendas a construirse “en una primera etapa”.
Los hechos están muy lejos de las expectativas generadas por el gobierno de la provincia: no solo el programa cubría menos de la mitad de las viviendas necesarias, sino que para peor, se ejecutó menos de un tercio. Entre los departamentos más importantes de la provincia de Santa Fe, las viviendas construidas se distribuyen de la siguiente manera: Rosario (104), Santa Fe capital (98), Venado Tuerto (45), Casilda (9), San Javier (20), Totoras (6), y El Trébol (14). Sin embargo, la construcción de dichas viviendas tuvo tal retraso que generó polémica y malestar, expresado por las propias autoridades del gremio docente: “En su momento el gobierno provincial anuncio la construcción de viviendas destinadas a los docentes pero solo fueron promesas. (…) La delegada gremial, Cristina Farioli, dijo públicamente que en época de abundancia hubo un mal uso de los fondos por parte de las asociaciones cooperadoras escolares haciendo alusión a la firma del decreto 962.”.
El problema de la vivienda es grave en la provincia en general y en el seno de la docencia en particular. Un relevamiento de 2012, contabilizaba que, por lo menos, el 10% de la población tenía problemas habitacionales serios; incluyendo moradores hacinados o en viviendas irrecuperables.
La cifra destinada a la construcción de viviendas a docentes es irrisoria ni bien se la compara con algunos datos censales generales. En la ciudad de Santa Fe el 45 % de los hogares alquila u ocupa una vivienda. El déficit habitacional se aproxima a las 24.000 familias y se registran “oficialmente” 40 asentamientos informales en el que habitan unos 70.000 habitantes. En Rosario la situación no es muy diferente; el déficit habitacional es de, por lo menos, 50.000 viviendas. A eso, se suman las miles de familias que viven en zonas inundables. El problema de la vivienda afecta al conjunto de la comunidad educativa.
Los docentes deben organizarse junto a las familias para exigir un plan integral de viviendas. Porque como vimos, la promesa inicial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, fue construir 2.000 viviendas para docentes en una primera etapa; para lo cual, se firmó un contrato de fideicomiso el 28 de octubre del año 2009. Pasados 7 años la realidad es que tan solo se construyeron hasta el momento 600 viviendas…
A pesar de ello, el gobierno intenta solapar el déficit habitacional docente esgrimiendo que desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2011, se construyeron unas 4.381 casas en general.
Queda claro que con cerca de 4.000 postulantes docentes (teniendo en cuenta solamente los que cumplieron los requisitos establecidos) para adquirir una vivienda propia en todo el territorio provincial, las 600 viviendas proyectadas (menos de un 20% de la demanda) no son suficientes. Se debe reabrir el relevamiento de forma urgente.
Los docentes debemos organizarnos y exigir:
• Por la Apertura de un Relevamiento Habitacional que considere las necesidades de vivienda propia del conjunto de los trabajadores de la educación (docentes y no docentes) en particular, y del resto de los trabajadores en general.
• Exigimos la culminación del proyecto de 2.000 viviendas del Programa Habitacional Docente en forma inmediata.
• Que el problema de las viviendas se negocie en paritarias. Urgente reapertura de las paritarias.
• Plan de Infraestructura y Vivienda Integral para toda la provincia.
