Por Emiliano Greco
La Ley 27.260/16 “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, publicada en el boletín oficial el 22 de julio del corriente año, fue realizada (ateniéndonos a los supuestos, claro) para permitir “el reajuste de los haberes previsionales y el reconocimiento de movilidades anteriores a la vigente (a partir de marzo de 2009)”. La Ley buscaba establecer “la creación de un sistema de acuerdos transaccionales voluntarios entre los jubilados y/o pensionados, que hayan iniciado juicios por reajuste de haberes previsionales o no, y ANSES”. Pero contrariamente a lo que parece decir, el Programa no es más que un instrumento legal para no pagarles a los jubilados que hayan ganado juicios; o pagarles menos y en cuotas…
Dicha ley contiene en su Título V (“Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales”) el Artículo 27 que instruye al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de un organismo pertinente, en no más de ciento veinte (120) días arribe “a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional”. El proceso de avance en la armonización y los estados contables serian auditados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En concreto, “armonizar” vendría a significar, el traspaso de las cajas previsionales de las provincias al ANSES, junto a la igualación del régimen previsional (edad jubilatoria, años de servicios exigidos, determinación del haber jubilatorio inicial, y mecanismo de movilidad de haberes) de las provincias al régimen nacional expuesto en la Ley 26.425 (SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO), utilizado como patrón de armonización. Esto implica una pérdida de autonomía y autarquía de las provincias con respecto a sus propios regímenes previsionales, que se expresa en un aumento de la edad jubilatoria y una baja de los haberes jubilatorios en varias provincias. Dicha armonización además busca destruir regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, como el docente (Ley Nº 24.016). Todo esto a cambio de una supuesta cobertura de los desfinanciamientos previsionales por parte de la Nación a través del ANSES, “basada en los resultados financieros auditados (por ANSES, obvio…) de los sistemas previsionales administrados por los organismos provinciales.” (Decreto 894/16, Art. 25).
La historia no es nueva
Nomás remontándonos al año 2004 encontramos el Convenio 400/04. Un convenio para que la Nación costee el déficit del Instituto de Previsión Social de la provincia de Bs. As. Un convenio basado en una completa falsedad, porque el sistema era superavitario. El Estado nacional, representado por Néstor Kirchner hizo figurar que giraba a la provincia de Buenos Aires gobernada por Felipe Solá, más de 1.500 millones desde 2004 hasta 2008, cuyo destino aún se desconoce. A su vez el Art. 2° del citado convenio sostenía: “La Pcia. de Bs. As. se compromete a armonizar, en el marco del régimen constitucional vigente en la misma, la normativa en materia de jubilaciones, retiros y pensiones previsionales que fuese pertinente de acuerdo a la legislación nacional aplicable en la materia.”. O sea, una cosa para la otra. Aquí ya se preparaba el terreno para la destrucción de los regímenes especiales, y al final del camino, se ve el vaciamiento de nuestros aportes. La patronal ya está midiendo nuestras fuerzas: solo así puede leerse el intento sistemático de eliminación de la Jubilación Automática Docente desde que fue instaurada en Bs. As. en el 2006 hasta unos meses atrás. Un intento que se volvería a repetir gracias a la Armonización.
En Córdoba existe una larga y conflictiva historia al respecto de la armonización previsional. Algo parecido también en otras provincias como Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Fe, Entre Ríos; cada caso con sus particularidades, en donde se llevaron adelante significativas luchas de repudio por parte de los docentes y demás trabajadores estatales afectados o amenazados por estas medidas. La Nación ahora obliga a todas las provincias a eliminar los regímenes especiales. El caso de Tierra del Fuego resulta testigo: se aumentan los aportes y años de servicios para todos los trabajadores, quienes deben, además, financiar el déficit del Instituto Previsional.
No se debe olvidar que la edad jubilatoria de los docentes debería ser acorde a las características de su trabajo, marcadas por el stress, el malestar, el burnout, la sobrecarga de trabajo y por enfermedades laborales no reconocidas. Inclusive, algunos indicadores provinciales muestran que un alto porcentaje de los docentes tramita la jubilación por invalides debido a trastornos mentales o de comportamiento luego de décadas de servicio en un sistema educativo cada vez más degradado.
No a la armonización
Los trabajadores debemos oponernos, mediante una lucha organizada, a este tipo de medidas que atentan seriamente contra nuestros derechos más elementales; como por ejemplo, la jubilación que actualmente tenemos, que no es ni siquiera digna ni mucho menos, sino sumamente precaria y degradada. Frente a este panorama no solo no debemos permitir la avanzada “armonizadora” del Estado y las patronales, sino que la tenemos que combatir aunando la lucha entre docentes principiantes y quienes están a punto de jubilarse. Porque el estado actual de quienes recién se inician en la docencia con un salario de mera supervivencia y sumas en negro tiene su contraparte en el achatamiento de la escala salarial y, por ende, define cómo llega nuestro salario a la hora de jubilarnos. La reapertura de las paritarias y el rechazo a la armonización son dos luchas que van de la mano.
• No a la modificación destructiva del régimen jubilatorio nacional y provincial.
• No a la eliminación de los regímenes especiales.
• No al vaciamiento de las cajas previsionales.
• No a la complicidad de las burocracias sindicales que solo intervienen al encontrarse desbordadas por sus propias bases.
• No al enriquecimiento de parásitos políticos y empresarios a costa de nuestro trabajo.
• Luchemos por un régimen previsional seguro, eficaz y acorde a las necesidades biológicas, humanas y culturales de los trabajadores
