El pasado 14 de marzo, en el marco de una protesta que reunía a unas 350 personas sobre la Ruta Nacional 12 (a la altura de Montecarlo), el secretario Adjunto de la CTA Autónoma de la Provincia de Misiones y miembro de la comisión directiva del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) Rubén Darío Ortiz recibió la notificación de que se le inició una causa penal ante el juzgado Federal de la ciudad de Eldorado. La justicia considera “ilegal” la protesta que se llevaba adelante y utilizó como testigos del “delito” a vecinos del Escuadrón 10 de la Gendarmería Nacional. Diversas organizaciones políticas repudiaron el hecho y denunciaron que, desde hace años, el personal de la policía y la gendarmería están infiltrados en todas las manifestaciones de trabajadores, haciéndose pasar por ciudadanos que acompañan esos reclamos. También se remarcaron numerosos antecedentes que involucran al secretario de la CTA como su detención y la del docente Julio Cantero en marzo del 2014 en el marco de la discusión sobre paritarias docentes. Vale recordar también que el 12 de Febrero de 2009, Ortiz fue detenido ilegalmente dentro de su domicilio particular por miembros de la gendarmería sin orden judicial, cuando se disponía a salir para participar de una asamblea de trabajadores tareferos. Su domicilio fue allanado quedando detenido en sede de gendarmería Escuadrón X.
A este hecho se suma el atentado sufrido por Gabriel Gómez y Maricel Fellau, ambos dirigentes gremiales y sociales de la provincia de Misiones residentes de Bernardo de Irigoyen. En la madrugada del 16 de marzo, un vehículo particular y una camioneta de utilización laboral fueron incendiados en su domicilio. El incendio se apagó a tiempo y se evitó que alcanzara el domicilio donde se encontraba durmiendo junto a su familia. Dicho atentado ocurre en el marco de un proceso de lucha por el desacuerdo del gremio con lo pactado entre el gobierno y el sindicato oficialista UPCN por un aumento del 25% en las paritarias. Gabriel Gómez también participó junto a otras fuerzas de distintas medidas de lucha para evitar el despido de 22 trabajadores de la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen. Una intimidación clara.
Todas esas acciones, se encuentran en sintonía con la censura y la persecución de militantes. Alicia Rivas, trabajadora radial y conductora de “Otro Aire” de FM Universidad en Misiones, denunció, en febrero, que año tras año recibe recortes de tiempo al aire y responsabilizó al secretario de Extensión de la Universidad y al propio coordinador de la emisora. En el año 2014 su programa contaba con 4 horas de aire, al año siguiente 2 y, finalmente, en 2016 redujeron su programa a una sola hora en el aire. Se trata de un claro hecho de censura porque su espacio radial trata diversas problemáticas de los trabajadores misioneros entrevistando a militantes, activistas y luchadores sociales.
La represión, la judicialización de las protestas sociales y la censura son una realidad constante instrumentada por todos los gobiernos de turno, tomando diversas formas que van desde procesamientos, represión en huelgas y “aprietes” a militantes luego de participar en asambleas donde son interrogados sobre las resoluciones , “visitas” a familiares pronunciando intimidaciones buscando el abandono de las luchas. Como antecedentes más inmediatos podemos nombrar la represión que sufrieron los trabajadores de la educación en el puente sobre el arroyo Garupá en Misiones, el pasado 5 de marzo del 2014 quienes reclamaban en el marco de las paritarias mejoras salariales y que dejó un saldo de 27 detenidos y muchos heridos.
Otro antecedente reciente es la de los militantes sociales, estudiantes y obreros rurales que, convocados frente al Ministerio de Trabajo de Misiones el 19 de junio del 2013 exigiendo responsabilidades por la muerte de cinco tareferos sobre la Ruta 12, fueron aplacados por un operativo policial siendo detenidas siete personas en la seccional 1° de la policía provincial por más de seis horas y torturados como ellos mismos manifestaron a diversos medios después de su liberación, la cual fue impulsada por una nueva convocatoria de agrupaciones y militantes frente a la comisaría.
Un caso mas que ilustra una situación generalizada en la provincia es el de Diego Silveira, delegado de S.T.P.A.M.C.M. (SINDICATO DE TRABAJADORES, PEONES Y AFINES DEL MERCADO CENTRAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES), quien fue detenido 12 de marzo del 2014, imputándosele un caso de tentativa de homicidio. Fue liberado el 26 de marzo de ese año por falta de fundamentos a la causa. Lo más flagrante del caso Silveira es que había sido detenido ya en noviembre del 2013 motivado por su actividad sindical recibiendo una feroz paliza por parte de los efectivos de la comisaría interventora.
La represión de las marchas, el procesamiento a militantes políticos, el uso de patotas como fuerza de choque en las manifestaciones son las formas que adquiere la criminalización de la protesta social. Ya sea a través de instrumentos legales como la Ley antiterrorista kirchnerista o el Protocolo de Seguridad promulgada por la actual Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, como otras formas de proceder ilegal, son instrumentadas en contra de los trabajadores y dirigentes sindicales de forma constante. Buscan quebrar la organización unificada de la clase. Herramientas solo a fines a los interés de los capitalista, sea en el gobierno que sea, porque cuando los trabajadores impulsaron denuncias contra el accionar sistematizado de la represión no tuvieron ningún tipo de respuesta
– Basta de persecución a las organizaciones en lucha
– Derogación de la Ley Antiterrorista y del Protocolo de Seguridad.
– Desprocesamiento inmediato del dirigente sindical y docente Rubén Ortíz.
– Basta de atentados. Solidaridad con Gabriel Gómez y Maricel Fellau.
-Repudiamos la censura ejercida por la Secretaría de Extensión de la UNaM a Alicia Rivas. Restablecimiento inmediato de su programa radial.
