La UIA y la CGE ante el Plan Krieger Vasena
¿La UIA y la CGE solicitan medidas económicas muy diferentes para resguardarse de las crisis económicas? En este artículo repasamos las coincidencias de las posiciones de las entidades ante el Plan Krieger Vasena de 1967, muchas de las cuales se mantienen en la actualidad.
Por Verónica Baudino (Grupo de Investigación de Historia de la Burguesía Argentina-CEICS)
La pelea del gobierno con los “fondos buitres” volvió a actualizar el supuesto desprecio de las corrientes de tinte “nacional y popular” por los capitales más concentrados. Mientras en tiempos de bonanza participan de alianzas políticas y aparecen juntos en las fotos (y recibir abultados beneficios económicos), una vez que se reactualiza la crisis son el blanco privilegiado de ataques. Son señalados como los responsables tanto de la debacle económica como de ejercer presión para que los gobiernos apliquen medidas impopulares que restituyan los niveles de acumulación de capital. Fuimos testigos de ello a principio de año, cuando el Gobierno devaluó la moneda, y cargó las tintas sobre los “monopolios”.
El pequeño capital mientras tanto, trata de pasar desapercibido y los movimientos políticos que ven en este sector de la burguesía el portador del desarrollo nacional, le dan una gran mano. Pero, ¿la burguesía pequeña requiere de medidas tan distintas a las propuestas por el gran capital? La historia de la CGE y UIA frente a la crisis de mediados de 1960, atacada con el plan Krieger Vasena, ministro de economía de la dictadura militar comandada por el general Juan Carlos Onganía, indica que no.
El ajuste
En los meses previos a la instauración de la dictadura militar de 1966, denominada Revolución Argentina, la economía entró en una nueva crisis. La renta de la tierra, que sostiene la acumulación de capital, cayó fuertemente y con ella la tasa de ganancia y el PBI. La tasa de ganancia industrial se encontraba en un punto relativamente bajo y los salarios en dólares se recuperaban paulatinamente de la caída posterior al golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. Esa recuperación era resultado del incremento de las luchas sindicales, en particular, del Plan de Lucha de la CGT entre 1963 y 1964 que giró en torno a las tomas de fábricas. Se imponía para la burguesía la necesidad de una devaluación del peso, que se encontraba sobrevaluado, como forma de reducción de salarios en dólares y protección del mercado interno. A su vez, en el terreno político, era necesaria la represión de la acción político-sindical de la clase obrera que se constituyera en obstáculo a la implementación del ajuste.
Luego del paso sin pena ni gloria por el Ministerio de Economía de Jorge Salimei, a quien se lo relacionó con las fracciones más débiles de la burguesía local, desembarcó Adalbert Krieger Vasena. El mismo había oficiado de asesor y miembro del directorio de varios capitales. Obró como director de la National Lead, asociada en Argentina a Minera Aguilar, a la Compañía Minera Castaño Viejo y a Metalmina. También ocupó puestos dirigentes en la Compañía General de Refractarios de la Argentina. Asimismo se desempeñó como director de las firmas Alejandro Llauró e Hijos e Investaires, pertenecientes a su suegro, Alejandro Llauró, dirigente de la UIA durante el período.
El Plan Krieger Vasena anunciado en marzo de 1967 consistió en una devaluación del 40% del peso y la imposición de retenciones a las exportaciones agropecuarias que oscilaban entre el 16 y el 25%. Dado que la devaluación actuaba como una barrera de contención de productos importados, se redujeron los aranceles aduaneros en un 50%, con el objetivo de habilitar la importación de maquinarias para modernizar los sistemas de producción y comprar los insumos necesarios sin aumentar los costos finales de producción. De esta manera, se incentivaba el aumento de la productividad permitiendo la importación de maquinarias.
El Ministerio de Economía, a su vez, congeló los salarios mediante un decreto a fines de marzo de 1967, restringiendo los aumentos hasta fines de 1968. También aumentó las tarifas de los servicios públicos, los impuestos a las ventas y propiedades y redujo el empleo público.
Dentro del recorte de conquistas gremiales, se modificaron los regímenes de trabajo en los puertos y ferrocarriles y se profundizó la reestructuración de los ingenios azucareros, iniciada con Salimei en 1966. También se sancionó la Ley de Arbitraje Obligatorio que posibilitaba la intervención del Estado en los conflictos obrero-patronales y propiciaba los despidos sin indemnización.
Grandes y chicos
La comunión de la UIA con el Plan Krieger Vasena era resaltada tanto por la relación directa del ministro con la entidad como por las declaraciones de apoyo de la misma. Se enfatizaba que el plan había sido diseñado para favorecer los intereses de la UIA. Sin embargo, la CGE, también acordó con las principales medidas económicas en un primer momento.
La UIA puso de relieve su acuerdo con la devaluación del peso en un 40% y la nueva política arancelaria, mediante la cual se redujeron los impuestos a la importación, favoreciendo el ingreso de maquinarias para la modernización de los procesos productivos. La CGE, por su parte, declaró compartir los objetivos enunciados por el gobierno al disponer la devaluación, ya que coincidían con la plataforma aprobada por el consejo superior de la entidad en Tucumán, en julio de 1966. La sobrevaluación del peso reinante hasta esa fecha implicaba una disminución de la tasa efectiva de protección de la industria radicada en Argentina. La mayor capacidad de importación que genera un tipo de cambio sobrevaluado implicaba la agudización de la competencia con los capitales extranjeros. Por esta razón, tanto la UIA como la CGE requerían que se devalúe la moneda para que actúe como protección de hecho. Asimismo, la caída de la tasa de ganancia impulsaba la urgencia de aumentar la productividad del trabajo y disminuir los costos para acaparar una porción de la ganancia en baja. La disminución de los costos internos de mano de obra y la caída de los salarios reales implicados en la devaluación operaban en el sentido de las necesidades de las fracciones de la burguesía industrial representadas por la UIA y la CGE.
Dada la dependencia de la industria argentina de materias primas y maquinarias importadas, ambas entidades acordaron en la urgencia de acompañar la devaluación del peso con apertura o reducción arancelaria de dichos bienes, so pena de encarecer los costos de producción interna. La CGE se quejaba incluso de la protección que persistía sobre ciertos bienes:
“la modificación arancelaria no ha alcanzado a los insumos industriales, principalmente en el caso de los productos semielaborados, por lo menos en la medida necesaria para compensar los efectos encarecedores de la devaluación”.1
La contradicción de producir para el mercado interno, debido a su falta de competitividad, a la par del requerimiento de bienes importados para no cargar con los costos de una industria ineficiente llevaba tanto a la UIA como a la CGE a solicitar medidas discriminadas de protección para sus mercancías y apertura para aquellas que constituían sus principales insumos. Operaba así una guerra de todos contra todos en la que se solicitaban medidas de protección y liberalización de acuerdo a los intereses de cada capital.
En lo que toda la burguesía estuvo de acuerdo fue en el congelamiento salarial. La CGE incluso se reunió con la CGT en 1967 y pidió que ésta levantase su plan de acción, a diferencia del apoyo que le otorgó al Plan de Lucha de 1964 en momento de su alianza contra Arturo Illia. Mientras en épocas de bonanza económica la burguesía se permite alianzas con ciertos sectores de la clase obrera, nucleada en la CGT, cuando retorna la crisis, todo cambia. El año 1965 marcó el inicio de la crisis económica y los salarios debían ser deprimidos como forma de disminuir los costos de producción. La CGE y la UIA requerían de un personal político que imponga la disminución salarial y Krieger Vasena lo hizo.
La racionalización del aparato estatal constituyó otro aspecto en el que tanto la CGE como la UIA insistieron. No obstante, estas exigencias de reducción de los gastos estatales no implicaban la adscripción a un discurso extremadamente “liberal”, entendido como la concreción de un “Estado mínimo”, endilgadas a la UIA. Esas apelaciones al saneamiento de las cuentas estatales se combinaron con las demandas de protección hacia ciertos sectores empresarios y el pedido de intervención estatal con políticas de promoción industrial.
La CGE señalaba que el Estado debía racionalizar las empresas públicas e incorporar recursos del exterior, implementar medidas impositivas, crediticias y fiscales destinadas a facilitar el reequipamiento, promover la inversión privada y aumentar la productividad agraria. En sus palabras:
“Se debe terminar con el gasto improductivo urgentemente y volcar todos los recursos a la producción pública, pero sobre todo, a incentivar la actividad privada, conveniente en toda la República”.2
Ayer y hoy
En marzo de este año, la CGE y UIA solicitaron y saludaron la devaluación del peso implementada por el gobierno de Cristina Fernández. También insistieron en el tope a los acuerdos paritarios para que el aumento de salarios no se “coma” la protección del mercado interno gracias al encarecimiento de las importaciones.
Aunque en ciertos momentos puedan transitar caminos opuestos, ambas entidades saben que necesitan medidas que compensen su falta de competitividad. La baja salarial, la protección y los subsidios directos e indirectos (para lo cual hoy se requiere contraer deuda) constituyen la norma. Esto no quiere decir que todos salgan indemnes de la crisis. El Estado no puede acoger a todos los capitales y, en tiempos de debacle, la competencia hace su trabajo. Por eso, aunque en principio los capitales socios de la CGE acordaron con las medidas de Krieger Vasena, no tardaron en pasar a la oposición por los efectos de la crisis sobre sus empresas. La misma historia que vemos repetirse hoy con cierres de fábricas y la consecuente desocupación.
Notas
1 La Nación, 11/04/1967.
2 La Nación, 28/01/1968.
