Las autoras son docentes e investigadoras del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. Cs. Soc. (UBA) y del CONICET. En este trabajo, (ponencia presentada en las VII Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia, Neuquén, en septiembre de 1999) se incluyen datos originales de la investigación sobre El genocidio en la Argentina. Los hechos y sus consecuencias sociales, que cuenta con financiación de UBACYT y de CONICET y de otra investigación que se desarrolla en forma paralela, relativa a Las luchas obreras entre 1973 y 1976, financiada por UBACYT. Ambos trabajos comenzaron a desarrollarse en 1986.
Por Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal
1. Introducción.
Cada vez que exponemos algunos datos de nuestras investigaciones, solemos señalar una importante enseñanza de índole epistemológica que hemos incorporado en el transcurso mismo del trabajo: la toma de conciencia de las dificultades de conocimiento que entraña el abordaje de cualquier proceso social, particularmente cuando nuestra puerta de entrada es un sector específico de la sociedad, en este caso los asalariados, pues los procesos de luchas sociales están vinculados en la realidad. Aislarlos para su estudio es sólo un artificio metodológico, ya que en la sociedad se mueven todos los actores sociales, podemos decir que la sociedad entera está movilizada, como ocurre en este período que estudiamos, cuyo inicio ubicamos a continuación del “Cordobazo”, particularmente en los intensos años del gobierno peronista del 73-76. Este se prolonga durante la dictadura militar hasta su derrota a manos de las tropas de la OTAN en 1982, y se cierra con su sustitución por el gobierno democrático de Alfonsín a fines de 1983.
La principal dificultad de focalizar la mirada en un sector social específico es la pérdida frecuente de la visión de conjunto -el proceso de fuertes confrontaciones sociales que en otros trabajos hemos caracterizado como de guerra, guerra de clases en su momento político militar, que se prolonga en un genocidio (Marín, 1984, 1996; Izaguirre, 1992, 1995), así como la puesta entre paréntesis de las grandes transformaciones de la base material que se producen en dicho período en nuestra sociedad, al ritmo de los cambios del capitalismo a nivel mundial, y de los que hoy, a fines del milenio tenemos plena conciencia. En este trabajo nos proponemos analizar la selectividad del castigo ejemplificante que se ejerció sobre los trabajadores de este país y, con sus variantes, de los países del Cono Sur, como parte importantísima de la porción disidente de nuestras sociedades, de modo de tener asegurado el monopolio de la violencia por las fuerzas del capital que estaban constituyendo su hegemonía para el período que hoy transitamos.
En este punto quisiéramos hacer un señalamiento teórico que a menudo damos por supuesto, pero que es sumamente útil para el análisis de un período como el que estudiamos: me refiero a lo que Norbert Elías (1987,1994) denomina «el tipo de universales que juegan un papel central en la construcción de modelos procesuales», basados en las conceptualizaciones fundantes de Carlos Marx. El primero, la producción y reproducción de la vida -el modo como los hombres organizan la satisfacción de sus necesidades para la supervivencia, o función económica en la sociedad, históricamente monopolizado por una clase, coincide a su vez en tiempo y lugar con el segundo, el monopolio del control de la violencia, hacia adentro y hacia afuera del grupo. Cuando el proceso de la lucha de clases[1] pone en riesgo el ejercicio de esos monopolios, entramos en un período en que la lucha se hace más intensa, y se ponen en juego todas las fuerzas y los recursos con que cuenta el grupo dominante para restablecer las condiciones de su dominio. El tercer universal, irreductible a los otros dos pero absolutamente necesario para el mantenimiento del poder social, refiere al conocimiento y su control, lo que Elías llama control de los «medios de orientación», o sea de la producción y transmisión del conocimiento. Qué y cuánto es necesario conocer de la realidad para librar una lucha con posibilidades de éxito constituye sin lugar a dudas un problema que las sociedades humanas van resolviendo dificultosamente a lo largo de su historia. En cuanto a cómo se aprende y se conoce, recién en las últimas décadas, a partir de los avances científicos de la epistemología genética (Piaget, Piaget-García), hemos comenzado a tener un conocimiento riguroso de las anticipaciones de Marx, retomadas posteriormente con variantes en otras teorías sociales (Durkheim, Weber), acerca de la práctica, o la acción como fuente y método de conocimiento. La preocupación política de Marx y sus continuadores residía en cómo pueden tomar conciencia –o conocimiento- de su situación las clases subordinadas para poder revertirla. Del mismo modo, hay una larga acumulación de conocimiento empírico en la burguesía mundial, basado en las prácticas continuadas -y exitosas- de sometimiento, que ejercita todos los días sobre aquellos a quienes subordina. Para quien todavía conserve la ilusión impresionista de que el genocidio argentino tuvo, desde el punto de vista de quienes lo realizaron, una buena dosis de arbitrariedad o de improvisación, nada mejor que sumergirse en los datos y empezar a registrar sus regularidades. Esto no niega que también haya habido actos «casuales», desconocidos hasta para los planificadores, de esos que solemos llamar azar, pero su dosis no excede la de cualquier acto humano.
2. Una breve síntesis sobre las condiciones de la base material en los años 70.
A comienzos de los ‘70 en el mundo, el proceso de reestructuración capitalista toma la forma de «crisis mundial del petróleo», que inicia la gigantesca transferencia de ingresos hacia el gran capital concentrado, necesaria en la nueva etapa de acumulación. En nuestro país dicha transferencia de ingresos desde los sectores más subordinados, comenzando por los asalariados, hacia los propietarios del gran capital, se inicia con la casi duplicación del precio de los combustibles y del transporte que implementa de un día para otro el Ministro Rodrigo a comienzos de junio de 1975, en un verdadero golpe económico inflacionario que se recordaría luego con su nombre (“Rodrigazo”). También en ese momento comienzan a articularse las condiciones de endeudamiento externo de nuestro país -y del resto de los países del Cono Sur- las que se perfeccionarán en el período subsiguiente, durante la dictadura militar, a fin de forzar el proceso de trasnacionalización de nuestras economías.
Los datos de la realidad económico-social desde mediados de los 70, indican el avance creciente de ese proceso de acumulación que comienza antes que el conjunto social advirtiera la magnitud del cambio que se avecinaba. Mientras una parte importante de la sociedad estaba atravesando -por sí o por medio de sus respectivas fuerzas armadas- un período «armado» de guerra de clases, constituído en el marco de los bandos de la guerra fría (aunque con las especificidades del cono sur latinoamericano) las fracciones del gran capital vinculadas al mercado mundial apresuraban una doble ofensiva en el ámbito de la producción: contra los sectores de burguesía industrial que dominaron en el período que se cierra, y contra las fracciones proletarias que las habían acompañado como aliadas en ese dominio.
El cuadro 1 resume algunos aspectos de esa ofensiva económica, cuyo inicio se produce en medio del período que estudiamos y cuya trayectoria prosigue durante los años de dictadura. ¿Qué es lo que se observa? En primer término, un indicador indirecto del embate sufrido por la industria manufacturera en su conjunto durante la dictadura militar es el achicamiento del volumen físico de la producción que, en términos de PBI, se reduce en un 15% entre 1974 y 1983 (col.1). Ese solo dato hizo decir entonces a los autores de la investigación que tales cifras «sólo podrían encontrarse en casos de destrucción física de los medios de producción, como consecuencia de conflictos bélicos o de grandes catástrofes naturales» (Aspiazu, Basualdo y Khavisse, 1986, pág. 97).
Las cifras restantes del cuadro despliegan el inicio de lo que sería a partir de entonces el despliegue de un proceso cada vez más profundo: la fuerte reducción del mercado de trabajo industrial unido al aumento de la productividad de la fuerza de trabajo y a la baja de su precio, junto al fuerte incremento en la apropiación del excedente por parte de las fracciones más concentradas del capital financiero.[2] Como sabemos, un proceso que no tiene nada de «natural». Para llevarlo adelante hubo que aniquilar a una generación de luchadores sociales.
3. La sociedad en condiciones de guerra. Los alineamientos.
Las preguntas que nos formulamos desde el comienzo de nuestras investigaciones tenían que ver con cuáles fueron los alineamientos reales de la clase obrera en relación a las fuerzas sociales que se estaban enfrentando -de distintas maneras- desde la muerte de Perón, a partir del escenario que acabamos de describir y cuya composición forma parte del marco analítico con que interpretamos el período:
- la fuerza social del régimen, que finalmente triunfó, y que incluía a las fracciones de burguesía de capital más concentrado que aguardaban el momento del golpe, y que estaban en alianza con las conducciones de las fuerzas armadas desde la dictadura militar anterior.
- la del peronismo en el gobierno, alianza social constituída por los cuadros políticos del partido en el gobierno, las fracciones de burguesía industrial crecida al calor de la sustitución de importaciones, y la llamada «fracción burguesa» de la clase obrera, con apoyo objetivo, desde el aparato gubernamental, de grupos armados clandestinos de carácter fascista, compuestos por cuadros de las fuerzas armadas y de seguridad coordinados por sus respectivos aparatos de inteligencia.
- la de los grupos revolucionarios (Cfr. Marín 1984, 1996, pág. 73), cuya base social estaba formada por militantes populares y fracciones de pequeña burguesía radicalizada. Las bases obreras peronistas, ideológica e históricamente consustanciadas con la segunda fuerza, compartían objetivamente y sin contradicciónes buena parte de su militancia con esta tercera, cuyas acciones observaban expectantes y con simpatía.
Entre las dos primeras fuerzas, conducidas por las dos grandes fracciones en que estaba dividida la burguesía, se había estado formando desde fines del ‘69 la fuerza armada clandestina a que nos referimos en (2) que, a lo largo de esos años tomó diversos nombres de comandos militares que convergieron, ya en el 74, en la denominación común de Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Esos grupos clandestinos sirvieron de argamasa real de aquellas dos fuerzas contra la tercera, que desde el Cordobazo estaba poniendo objetivamente en cuestión el monopolio estatal de la violencia, incorporando progresivamente militantes obreros a la fuerza revolucionaria. Durante todos esos años y hasta el mismo día 24 de marzo del ‘76, en que dejaron de operar con ese u otros nombres, su función fue la del asesinato «firmado» de militantes populares y de dirigentes políticos revolucionarios (González Janzen, 1986).
Partimos del hecho de que la clase obrera industrial, visiblemente a partir de 1955, había emprendido una larga lucha de resistencia contra sus conducciones burguesas tanto al interior como fuera del peronismo. Esa lucha tuvo, a lo largo de 18 años, una serie de alternativas tácticas, legales y no legales, que evidenciaron su capacidad combativa y el avance en la construcción de su autonomía como clase y parecieron culminar el 11 de marzo de 1973. Pero el triunfo electoral de la coalición que llevó nuevamente al peronismo al gobierno, volvió la situación a su cauce anterior. La euforia de aquellos meses, expresada en los hechos del 25 de mayo de 1973, particularmente en la liberación de los presos políticos conocida como «Devotazo» que se extendió a todo el país, duraría poco. Antes de un mes, tuvo lugar el combate de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, donde los grupos armados de extrema derecha del peronismo retoman públicamente la iniciativa contra las fracciones radicalizadas, advirtiendo al conjunto de las fracciones subordinadas de la sociedad argentina que la ilusión había terminado. Son estas fracciones radicalizadas las protagonistas de este trabajo, y dentro de éstas, los asalariados, que siempre constituyeron el núcleo de mayor peso dentro de la fuerza social en oposición al régimen.
Para responder la pregunta sobre cómo se fueron alineando en esa larga confrontación ha sido necesario construir un instrumento de medición de los conflictos reales y concretos en que participaron las distintas fracciones. Nuestra concepción teórica parte del enfrentamiento como el eje heurístico más importante de la vida social. Ha sido necesario reinventar y perfeccionar una metodología para que los hechos se transformen en datos que pudieran ayudarnos a construir las respuestas (Cfr. Izaguirre, Inés, 1994).
El criterio para periodizar y contrastar los hechos -y los datos- ha sido en todos los casos el de las confrontaciones sociales, combinando hitos que refieren a cambios institucionales -cambios de gobierno, ya sea por elecciones o por crisis políticas, que es el que usamos en este trabajo- con grandes enfrentamientos que afectan a uno o más sectores sociales y que en el período que analizamos adquieren (a) gran envergadura política (como las movilizaciones resultantes del Rodrigazo) o (b) político-militar (como los hechos de Ezeiza -20/6/73- el operativo Independencia en la provincia de Tucumán -iniciado el 1º de febrero de 1975 y que se prolonga hasta el año siguiente-[3] o el de Villa Constitución -marzo-mayo de 1975- que afectó a amplias capas deobreros industriales de la región, en alianza con el resto de la población). Esta parte de la investigación se enmarca en los dos momentos que van desde el triunfo electoral del peronismo en las elecciones del 11 de marzo de 1973, hasta su desplazamiento del gobierno por la Junta Militar, tres años después.
El resultado de esta periodización puede leerse en el cuadro 2[4], donde comparamos los registros de la conflictividad obrera con la de los “hechos armados”[5] del período. La contabilidad de tales hechos, definidos conceptualmente por Marín como aquellas situaciones (encuentros) donde se hacía uso instrumental de «armas», entendiendo por éstas cualquier instrumento para amenazar o ejercer fuerza material sobre otros, resulta del registro y procesamiento del universo de noticias publicadas por el diario La Razón del período, hecho por el autor y un equipo de investigadores .
El cuadro 2 nos muestra las semejanzas y diferencias en el ritmo e intensidad de las confrontaciones obreras y de los «hechos armados», que nos advierten de la importancia de mantener ciertos hitos en la periodización, que pueden ser más apropiados para el análisis de uno u otro tipo de lucha: Ezeiza (período 2b) hace retroceder a los grupos armados pero no produce el mismo efecto en la conflictividad obrera; los obreros tardan en advertir el carácter de la ofensiva e intensifican sus acciones después de ese hecho. Recién durante el gobierno de Lastiri hay una cierta declinación. Debe recordarse que durante todo el año 1973, y no sólo en Ezeiza, funciona a pleno la estrategia de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, implementada entonces por los grupos armados de carácter fascista, que logra el aislamiento de los grupos revolucionarios e impide que continúen incorporando militantes: en ese año el 80% de las bajas del campo popular (muertos y heridos) son militantes y obreros «no-armados» (Marín, Juan C., [1984] 1996, op. cit. pág. 109 a 111).
Observemos los subtotales de cada período en el cuadro 2: las luchas obreras siguen su curso ascendente durante el gobierno de Perón y sólo declinan un año después de su muerte, cuando cae López Rega. En cambio los hechos armados se incrementan sin pausaa partir de su muerte, lo que está relacionado con el «desarme» -la tregua- expectante de Montoneros durante su gobierno. Estos datos se observan con más claridad en el cuadro 3, que muestra lo mismo pero usando el promedio de conflictos diarios durante esos tres años.
El porcentaje resumen de cada período institucional de gobierno indica claramente el incremento de la lucha, tanto obrera como armada, si bien la primera alcanza su pico máximo a mediados de 1975, en las llamadas Jornadas de junio y julio de 1975, que durante 40 días alcanza un promedio de 13 conflictos obreros por día, mientras la segunda se intensifica más que nunca en los meses previos al golpe militar. Los sectores sociales involucrados en cada uno de estos tipos de lucha tienen su propia lógica de confrontación y difieren tanto en las personificaciones que las llevan adelante como en las metas concretas de las mismas, pero ambas se articulan en un proceso intenso de lucha de clases en su estadio político-militar donde la lucha «armada» y la «obrera» mantienen un ritmo promedio de alrededor de 8 enfrentamientos diarios, si se observan los promedios del período total.
Consideramos que la trabajosa construcción de este tipo de datos tiene la gran ventaja de introducir un criterio riguroso de medición en una materia compleja -un proceso de luchas sociales- que ha sido y sigue siendo objeto de debate apasionado, pero impresionista casi siempre, y cuyas posibilidades de análisis resultaron sorprendentes también para nosotros.Es oportuno recordar que se trata de un recorte empírico[6] de procesos que afectan especialmente a sectores amplios de la sociedad, la clase obrera, las capas medias asalariadas y la pequeña burguesía radicalizada, pero que en la realidadno se limita a éstos: las movilizaciones de cada sector social tienen su efecto de demostración para el resto, y son a su vez promovidas, estimuladas por el conjunto. De acuerdo con nuestros supuestos teóricos, la lucha de clases es una ley social articuladora de distintos procesos de confrontación: los «movimientos» y «hechos» orgánicos o permanentes y los de coyuntura. Los primeros remiten al plano de las relaciones sociales objetivas, esas relaciones que «no pasan por la la conciencia de los hombres», y los segundos, los hechos «de coyuntura» si bien dependen en parte de los primeros, permanecen en el plano de las relaciones políticas e ideológicas (Gramsci, 1962, pp. 67 y ss.). Su medición en el período que analizamos nos aproxima a conocer en qué grado fue puesto en cuestión el monopolio de la violencia de las clases dominantes.
A juzgar por los datos sistematizados de los cuadros 2 y 3, el grado de movilización y conflictividad -armada y no armada- de estos sectores mayoritarios de la sociedad argentina en los años previos al golpe era muy alto. En esos cuadros se sintetiza el movimiento de las bases sociales de dos de las fuerzas que describimos al comienzo de este capítulo. Una de ellas, la clase obrera, había logrado con sus movilizaciones el desplazamiento de una parte del gobierno -el ministro López Rega- vinculado a las bandas armadas fascistas. La otra, los grupos revolucionarios, habían llegado al grado más alto de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de esos tres últimos años. Pero además, desde comienzos de 1975 el saldo en bajas humanas ya era desfavorable para las fuerzas revolucionarias (Marín J.C., 1984,1996, pág. 116 y ss. cuadros 13 y ss.). Su desconocimiento objetivo de esta relación de fuerzas era parte de su debilidad, al punto que, cuando se inicia el genocidio a continuación del golpe, no lo advierten.[7]
Por su parte, si bien la masa de los asalariados no formaba parte mayoritaria del activo de la fuerza revolucionaria, miraba expectante y sin censura sus acciones. Uno de los indicadores que avala esta afirmación, lo encontramos en nuestra investigación sobre Luchas Obreras, cuando analizamos los fines explícitos de cada conflicto, expresados por las distintas personificaciones que inician los hechos. El cuadro 4 presenta una síntesis de las cifras, contabilizadas sobre una muestra del 25% aproximado del total de conflictos registrados en los tres años de gobierno peronista. Debe tenerse en cuenta que se trata de fines explícitos, es decir, enunciados por sus protagonistas, y en ningún caso de interpretaciones hechas por el equipo de investigación, salvo las expresamente indicadas. Los hemos categorizado en 3 grupos: 1. Alineamientos en disputa; 2. Alineamientos contrarrevolucionarios (acá cabe señalar que una de las personificaciones que aparece con mayor frecuencia es la de los «custodios», «matones» ó «desconocidos» armados que, como puede observarse, se expresan en la gran mayoría de los hechos con fines «contrarrevolucionarios»); 3. Alineamientos pro-revolucionarios. Consideramos que el cuadro 4 contiene verdaderos hallazgos que nos permiten comenzar a respondernos sobre los alineamientos reales de la clase obrera:
En primer lugar, allí se observa que la fuerza contrarrevolucionaria actuó -a nivel de los conflictos obreros- con la mediación de una fuerza armada clandestina antiobrera, que en más del 60% de los casos expresó de manera explícita dicho alineamiento. El alineamiento contrarrevolucionario es casi inexistente en los conflictos donde se pronuncian los trabajadores.
Segundo, que las personificaciones de la clase obrera, en particular los dirigentes medios, los delegados y los asalariados mismos, aunque también las dirigencias, en ese orden, se alinearon consecuentemente en acciones favorables a la fuerza revolucionaria. Si contabilizamos los alineamientos comparando las hileras de subtotales de las personificaciones obreras, vemos que el alineamiento pro-revolucionario en relación al alineamiento contrarrevolucionario es de 3 a 1 entre las cúpulas, de 8 a 1 entre los cuadros medios y delegados y de ¡21 a 1 entre los trabajadores!
En tercer lugar, que los obreros, en aquellas acciones donde tuvieron la iniciativa (columna derecha), casi no tienen (sólo el 1,2%) expresiones específicas a favor de los grupos combativos, pero en cambio sí se expresan solidariamente a favor de otros gremios en lucha, o contra aquellas personificaciones que los intentan sujetar, llámense cúpulas, dirigentes de gobierno o matones sindicales, mostrando así una voluntad de autonomía indicadora de conciencia de clase.
Por último, y a nuestro juicio definitorio, no hay un solo caso, entre los 2100 hechos registrados, de alineamiento de los trabajadores contra los grupos combativos,del mismo modo que no hay un sólo caso de patrones que hayan adherido explícitamente a estos grupos. Ambas celdas vacías, pero sobre todo la de los obreros, son de una gran contundencia como resultado de nuestra investigación.
La conclusión a la que arribamos es que la movilización de las masas populares en Argentina junto con la acción de los grupos revolucionarios, llegaron a poner en cuestión el orden establecido. La salida electoral del 73 fue la salida estratégica del régimen para encausar toda esa fuerza disidente y movilizada. Pero pronto dejó de ser un cauce suficiente. Y la mayor parte de las fracciones del régimen no estaban dispuestas a una salida legal ni «pacífica». La respuesta por parte de la fuerza social que incluía a los dueños del capital más concentrado, que necesitaba forzar el proceso de acumulación, fue el castigo. Para ello contaba con la vieja adhesión de las cúpulas de las fuerzas armadas, imbuídas de la hipótesis de conflicto de la guerra fría y de las «fronteras ideológicas». El castigo, que comenzó a verse con claridad después del golpe, había empezado sin embargo mucho antes.
4. Carácter social y político de los asalariados desaparecidos: una fuerza social militante.
De acuerdo con nuestras propias estimaciones, basadas en datos recogidos de diversas fuentes,[8] la proporción de desapariciones anterior al 24 de marzo del ‘76, sobre el total producido entre 1973-83, llega al 9%. En la muestra que analizamos para este trabajo, la proporción de asalariados desaparecidos anterior al inicio de la dictadura es del 6,3%.[9] Ambas cifras son consistentes teniendo en cuenta que más de dos tercios de los secuestrados desaparecidos eran asalariados pertenecientes a distintas fracciones sociales. No obstante, como lo hemos señalado en otras oportunidades, muchos datos varían a medida que transcurre el tiempo y avanzamos en su estudio, pues se trata de registros dinámicos, a los que constantemente las familias aportan nueva información, y a los que también se agregan nuevos casos que nunca antes fueron denunciados.
Este proceso de ruptura del silencio, de necesidad de recuperar y compartir con el conjunto social las identidades éticas y políticas de los seres queridos, y de los amigos y compañeros de militancia, sufrió un brusco incremento al cumplirse en 1996 los 20 años del inicio de la dictadura, y desde entonces no ha cesado[10]. Nuestra tarea ha consistido en ir completando nuestros registros. No hemos cambiado el tamaño de la muestra, porque siguen vigentes los criterios con que fue construída, pero sí vamos incluyendo nuevas variables en cada registro, o completamos los vacíos de información.
Esto nos ha permitido conocer la composición por fracciones sociales de los asalariados desaparecidos. La distinción ha sido hecha apuntando a identificar el carácter de clase de nuestros sujetos, usando no sólo el criterio ocupacional sino las condiciones en que era consumida su fuerza de trabajo, distinguiendo cuando era posible niveles educativos y ámbitos de pertenencia. Los datos refuerzan nuestra convicción de que esta fuerza social contestataria cortaba transversalmente al conjunto de la sociedad argentina, y no sólo a las fracciones subordinadas, lo que ya mostramos en otro lugar (Izaguirre, 1992, pág. 46, cuadro 3). Muestran asimismo que estos sujetos sociales formaban parte de un conjunto verdaderamente esclarecido y conciente de nuestra sociedad, un conjunto solidario de luchadores sociales cuya ausencia ha transformado negativamente a la sociedad argentina.
Un dato que fundamenta nuestras afirmaciones es la pertenencia de nuestros sujetos a una fuerza social contestataria, en proporciones notables para cualquier medición social comparativa. El indicador -sorprendente por su magnitud- remite a la militancia de los prisioneros desaparecidos. Hace una década, cuando hicimos nuestro primer rastreo investigativo con datos de una muestra general de testimonios (Izaguirre, 1992, pág. 49 y ss) encontramos una participación militante sorprendentemente alta, ya que llegaba al 18% del conjunto total y, si cortábamos por clases sociales, esta proporción subía más aún, al 21% del conjunto de asalariados. Ya entonces señalamos que esas proporciones indicaban que se trataba de una fuerza social con características muy combativas, propias de un período de fuerte movilización social puesto que, aún pensando que éramos generosos con lo que puede considerarse una cifra media de activistas para Argentina en aquel período, estimábamos que podía oscilar en alrededor de 5000 militantes activos.[11] Hoy el aporte de nueva información, que hemos ido agregando pacientemente a nuestras bases de datos, a partir de noticias periodísticas y de datos recogidos en los homenajes de familiares, amigos y compañeros de trabajo, de militancia o de prisioneros liberados, permite suponer que esa cifra era inferior a la real: Aquella proporción de militantes se incrementó del 21% al ¡35%! O sea que el 35 % de la muestra de asalariados con que estamos trabajando incluye una militancia específica. Lo que significa un incremento del 67% para las fracciones asalariadas, y de casi el 100% en relación con la muestra general.
Sin duda se trata de un promedio y de un incremento altísimos, que además contiene diferencias por fracciones sociales, tal como muestra el cuadro 5. Allí observamos que la proporción de militantes declarados tiende a decrecer con el nivel social de los asalariados. Según nuestra experiencia, (1) esto no significa que los que no figuran como militantes carezcan de militancia. A juzgar por el enriquecimiento de información de nuestros datos a lo largo del tiempo, fue correcta la decisión que tomamos hace años de no calificar la ausencia del dato como «ausencia de militancia» sino como incertidumbre del dato. (2) En segundo lugar esta tendencia a la baja de la participación militante asociada a la baja de nivel social, creemos que debe ser tomada con cuidado, particularmente en el período que analizamos, de alta movilización de los sectores populares. A nuestro juicio, y a partir de nuestra larga experiencia con este tipo de información, nos habla más del carácter social de las subculturas de clase en cuanto productoras de información sobre sí mismas, que de un dato real: sabemos que cuanto más ilustradas son las fracciones sociales, tienen mayor acceso a los medios de producción de conocimiento e información, por lo cual sus nombres y sus historias de vida son más difundidos y más recordados en forma escrita por sus pares y sus familias en los medios de información y en libros, artículos, homenajes, películas, etc.[12]
Estas no son las únicas diferencias entre las fracciones asalariadas, y muchas dan en un sentido esperado, coincidente con información proveniente de otras fuentes y con otros destinos. Tal ocurre con las diferencias de género: hay más mujeres entre las fracciones más ilustradas -34 % entre profesionales y 38% entre asalariados de capas medias, que entre los obreros industriales: 14%. También hay mayor proporción de mujeres entre los militantes declarados- 32 % -que entre los «inciertos»- 24%. Pero el análisis de género no lo realizaremos aquí, pues merece mayor detenimiento, y no está entre los objetivos del presente trabajo.[13]
Otra de las diferencias entre fracciones de clase refieren al tipo de militancia conocida, que se distribuye fundamentalmente entre militancia política y gremial, ambas en proporción casi excluyente entre las fracciones obreras. La militancia política es ligeramente dominante en el conjunto de la muestra, como lo era en la muestra general de desaparecidos, y en todas las fracciones sociales, excepto en las fracciones obreras, donde se empareja con la militancia gremial, pero aumenta nítidamente en las fracciones más altas .
No hay suficiente información relativa al ámbito partidario de la militancia, y de la que tenemos, se deduce que entre los grupos más altos predomina la adscripción al peronismo, más que a las agrupaciones marxistas. Entre los obreros industriales en cambio se distribuye en forma pareja entre ambas adscripciones. No obstante, la falta, en la muestra, de suficiente información sobre el tema nos inhibe de abundar en más observaciones.
En cuanto a los otros ámbitos de militancia, una porción importante está constituída por militancia estudiantil, religiosa y parroquial en los grupos socialmente más altos y por estar registrados como ex-presos políticos y gremiales en los asalariados de servicios urbanos y en los obreros industriales. Este último dato abunda en la certeza que ya tenemos acerca de la selección planificada de la población que sería objeto de genocidio, pues está indicando una vigilancia sistemática de los liberados, la casi totalidad de los cuales lo fue el 25 de mayo del 73.
La contundencia de los datos confirma sin lugar a dudas la planificación del castigo. Esta puede ser rastreada también analizando los relatos de los familiares acerca de las violencias ejercidas durante el secuestro. Para ello hemos construído un escala de violencia material que incluye: violencia física y psicológica directa sobre los cuerpos, combinada o no con el grado de violencia del operativo, distinguiendo si hubo muertes durante el mismo. Hemos cruzado la información por fracciones sociales. He aquí los resultados: En cuanto a la violencia de los operativos y al castigo sobre los cuerpos, aparece una cierta tendencia a que sea mayor en las fracciones más altas, pero pensamos que ésto se debe a que los casos sin información sobre el secuestro son más numerosos entre las fracciones más bajas. En cuanto a los datos sobre robo o botín tienen una clara tendencia de clase: se roba más a quienes tienen más: el 41% de los profesionales, el 27% de los asalariados de capas medias urbanas y el 24% de los obreros. No ocurre lo mismo con la destrucción de objetos, que en casi todos los casos es destrucción total, y que es pareja en todas las fracciones asalariadas (entre 16 y 17%). El cruce de estas categorías con los datos sobre militancia da tendencias algo más netas, ya que -a igualdad de información sobre el secuestro- los grados de violencia ejercidos sobre los cuerpos militantes combinado con la violencia sobre sus cosas tienden a ser más altos, en relación a aquellos cuya militancia desconocemos. También sufren mayor despojo.
5. Algunas conclusiones
A medida que penetramos en la trama del genocidio, se nos presenta como una política trazada, conducida y realizada con gran conocimiento del territorio social que se quería cambiar. También es cierto que pocas veces se encuentra en el campo popular -con excepción de situaciones históricas prerrevolucionarias- una fuerza social tan convocada para la lucha militante en los distintos campos de la vida social, tan convencida de que quería y podía cambiar la sociedad como ésta que estamos describiendo y que formaba la base social de los grupos revolucionarios. En una etapa de sus vidas, además, en que la energía vital está en su máxima tensión: el 69% de los asalariados desaparecidos tenía entre 20 y 30 años. Muy poco más del 10% superaba los 35 años. Se aniquiló a los militantes más jóvenes de la sociedad productiva . Por eso hablamos de genocidio. Se exterminó a aquel sector de la sociedad que garantizaba la reproducción de los procesos de aprendizaje y de cambio social, y los testigos de los hechos han sido durante largos años los mejores portavoces del mensaje implícito: Nunca más la barbarie del poder, pero también nunca más la «locura» de la lucha revolucionaria, nunca más la «violencia» en política, sobre todo en el campo del pueblo. La «violencia es mala» y debe ser castigada, «nunca más la violencia». ¿A quién se le ocurrió reflexionar alguna vez sobre la «continuidad entre guerra y política»?
Los resultados están a la vista. Las clases dominantes necesitaron destruir a esa fuerza disidente para recuperar -en un grado más alto, más desigual, más escindido y por lo tanto más in-humano- el monopolio de los tres universales a los que hacíamos referencia al comienzo: la producción y reproducción de la vida, que han transformado en su negación para la inmensa mayoría de la sociedad; el monopolio de la violencia que hoy se asienta sobre nuestra indefensión construída sobre su impunidad, si bien, como suele ocurrir, se les escapa todos los días de las manos, en la medida que el exterminio de la subversión política se dispersó por el cuerpo social bajo la vieja y renovada forma del combate cotidiano entre el «delito» de los expropiados y la «justicia» de los apropiadores. Finalmente, donde el triunfo de los aniquiladores hace más agua es en elcontrol del conocimiento y su transmisión, que revela fuertes grietas, por las que se cuelan obcecadamente los hechos del pasado, que se niegan a ser negados. La muerte, como ha sido frecuente en la historia in-humana, ha sido concebida como la «solución» de los males que los poderosos desean erradicar. Más aún, en su infinita impunidad negaron hasta la muerte, y en su lugar instalaron la desaparición. Hoy esos «males» están enseñoreados en nuestra sociedad. Parecen no afectar a los poderosos y a la corte de los milagros que los rodea, pero todos los días deben imaginar un nuevo encierro, un nuevo vallado para sentirse seguros. Nuestra función, la de quienes sabemos que pudimos ser una sociedad diferente, es la de impedir los cercos, abrir los encierros, volver a hacer virtud de la desobediencia, y advertirlo a las nuevas generaciones. De nosotros depende que la memoria de los luchadores no desaparezca.
Septiembre
de 1999
Cuadros:
Referencias del cuadro 4:
(*) Alineamientos en disputa: son aquellos fines cuya definición a favor o en contra de cambios radicales no es clara. Se trata de los conflictos con objetivos habituales de «lucha económica» (salario, condiciones de trabajo) y los conflictos electorales gremiales donde no nos era posible distinguir el carácter de la disputa. Se incluyen aquí también las expresiones «a favor del gobierno peronista»que aparecen en todos los bandos.
(**) Alineamientos contrarrevolucionarios: Incluímos aquí todas las expresiones y acciones dirigidas a negar u oponerse a toda conducta obrera autónoma o disidente, como la adhesión a las cúpulas gremiales, cuando intervenían seccionales o apoyaban la intervención oficial, la oposición a las luchas solidarias con otros gremios, y los atentados e intimidación, donde resultaban obreros heridos o muertos y locales destruídos. Destacamos, para su evaluación, las expresiones y acciones contra los grupos combativos, ya se trate de gremios, listas o agrupaciones sindicales o de trabajadores combativos, gobiernos de la Tendencia, o agrupamientos armados revolucionarios y sus acciones.
(***) Alineamientos pro-revolucionarios: son aquellos inversos a los consignados en la categoría anterior: luchas solidarias, acciones contra las cúpulas, movilizaciones contra la represión, los atentados y sus ejecutores, además de los pronunciamientos a favor de los grupos combativos. Incluimos aquí también a las expresiones «contra el PEN» (Poder Ejecutivo Nacional) pues siempre se dieron en el contexto de la crítica a los personajes más retardatarios del peronismo, como Lastiri, López Rega, Rodrigo o Isabel . Quizás la denominación elegida para estos alineamientos puede ser discutida, pero se trata de una expresión corriente en la Argentina de la época, donde los agrupamientos políticos, sus publicaciones y los diarios pedían cambios revolucionarios y reivindicaban el socialismo. El régimen, incluído el gobierno, los acusaba de subversivos, y actuaba en consecuencia
Notas:
[1]La teoría de la lucha de clases de Marx es uno de los pocos modelos procesuales existentes en la teoría social -al menos es el más riguroso, pese a su escaso desarrollo- puesto que señala la sociogénesis de las fuerzas motrices del cambio y del desarrollo social. En él están incluídos estos tres universales en funcionamiento -la producción y reproducción económica, el control o dominio de los subordinados y la producción de las ideas y del conocimiento (Elías N., 1987, 1994, pág. 201 y ss.) si bien sólo hay un completo desarrollo teórico del primero de ellos, cuyo texto básico es El Capital. En otros textos, El 18 Brumario, Las luchas de clases en Francia, La guerra civil en Francia, se avanza sobre el conocimiento empírico de procesos históricos concretos de lucha de clases y de guerra de clases, de los que más tarde Lenin, en los trabajos sobre la Comuna y en el Qué Hacer (Cfr. R.Jacoby, 1986) y más cerca nuestro, Antonio Gramsci en sus famosas notas sobre «Análisis de situaciones. Relaciones de fuerzas» (Notas sobre Maquiavelo… 1962, p. 65) hacen un desarrollo metodológico y analítico.
[2]El reciente Informe 1999 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, revela que este proceso mundial, cuya última crisis de expansión se inicia a comienzos de los 70, muestra hoy como resultado los mayores niveles de desigualdad de toda la historia de la humanidad, verificando una vez más la vigencia de la ley general de acumulación capitalista. El 20% de población más rica se apropia del 86% del PBI mundial, en tanto el 20% de población más pobre subsiste con sólo el 1% de ese producto. En cuanto al 60% restante, intermedio entre aquellos dos extremos, sólo accede al 13% del PBI del mundo. En Argentina, el proceso de exacción de los bienes sociales a cargo de las grandes asociaciones financieras con los mayores grupos económicos trasnacionalizados, que se inicia en el período que estudiamos y prosigue hasta nuestros días, a través de distintos mecanismos (endeudamiento externo y periódicas renegociaciones de la deuda y sus intereses, ventas a precio vil de las grandes empresas estatales de servicios y subsidios estatales a los consorcios compradores) está siendo estudiado con precisión por el economista Eduardo Basualdo, (Basualdo, 1999) en un trabajo todavía inédito a la fecha de redacción de este trabajo, que ha tenido la generosidad de enviarme, cuya reseña inicial ha presentado Horacio Verbitsky en el diario Página 12 de los días 22 y 25 de julio de 1999.
[3]Curiosamente, el Operativo Independencia no tuvo un «final oficial», salvo la presencia y el discurso del Gral. Videla en Tucumán, el 9/2/76, celebrando el «triunfo del ejército argentino sobre la guerrilla». Un mes antes, el 5/1/1976, el capellán Victorio Bonamin había anunciado también ese triunfo en la Iglesia Stella Maris, lugar habitual de celebraciones castrenses (datos proporcionados por J. L. D’Ándrea Mohr).
[4]El período 1) se inicia con las elecciones del 11/3/73, donde el peronismo gana por casi el 50% de los votos, y llega hasta el 25/5/73, con el acceso al gobierno de Héctor Cámpora. El período 2) abarca el breve e intenso período del gobierno de Cámpora, que es obligado a renunciar el 14/7/73. Un hito que marcamos dentro de este período es el del combate de Ezeiza el 20/6/73, iniciado por grupos de extrema derecha del peronismo contra las conducciones y militancia montoneras, en medio de la gigantesca concentración de masas reunida en Ezeiza para recibir a Perón. El período 3) corresponde al gobierno de Raúl Lastiri, que llega hasta el 12/10/73, fecha en que Perón asume el gobierno. El período 4) corresponde al gobierno de Perón hasta su muerte el 1/7/74. Dentro de éste marcamos un subperíodo que se inicia el 1/5/74, en que Perón rompe públicamente con las conducciones montoneras en la Plaza de Mayo, las que se retiran de la plaza escoltadas por gran parte de los presentes. El período 5) corresponde al gobierno de Isabel Perón y llega hasta que la presión de las masas movilizadas logra la salida del país de López Rega el 11/7/75. Dentro de ese año marcamos dos hitos: la semana del 20/3/75, momento en que se produce el primer gran operativo antisubversivo contra los obreros de Villa Constitución, acusados de «guerrilla fabril»; le sigue el Rodrigazo del 4/6/75, que se prolonga hasta la caída de López Rega. El período 6) se prolonga hasta el golpe que destituye a Isabel Perón, el 24 /3/ 1976.
[5]Las cifras fueron calculadas de la base de datos respectiva, cedida generosamente por Juan Carlos Marín, autor de la investigación del mismo nombre. Cfr. Juan Carlos Marín, (1984) 1996.
[6]Cada conflicto se desagregó en 31 variables -y cada una a su vez en categorías- que refieren conceptualmente a los siguientes atributos del conflicto: tiempo, lugar geográfico, ámbito social o domicilio del hecho, cantidad de cuerpos involucrados, tipo de hecho, sujetos que inician el hecho y sujetos contra los cuales se inicia, sujetos aliados de cada una de las partes, atributos de los sujetos según fueran del ámbito gremial, empresario, político, político-sindical o burocrático, rama, objetivos explícitos del hecho, resultados, instrumentos del enfrentamiento, tipo legal o extralegal del enfrentamiento. El modelo teórico que ordena los conceptos es el modelo del encuentro. Esta metodología fue creada inicialmente por Juan Carlos Marín para el análisis de hechos armados. Nosotros la hemos desarrollado para el análisis de los conflictos obreros.
[7]Marín (op.cit.) muestra cómo, desde fines de 1974, la curva de muertos va desplazando lentamente a la de heridos y prisioneros, y también cómo, lentamente, los muertos del campo popular van superando a los de las fuerzas armadas del régimen, hasta llegar a una relación de 2 a 1 en los meses previos al golpe. No obstante, tal como lo he comprobado en entrevistas con militantes armados del período que formaban parte de distintos grupos, recién a fines de 1976 se comienza a tomar conciencia de la derrota.
[8]Cfr. Izaguirre, Inés, «Recapturing the memory of Politics» en Revista NACLA, Report on the Americas, Vol. XXXI No. 6, mayo-junio de 1998. En dicho trabajo la autora analiza datos del Informe CONADEP, Anexos, 1984 y de la Asociación de ex-Detenidos-Desaparecidos, proporcionados por Jorge Watts.
[9]Se construyó una muestra de asalariados desaparecidos en base a los 6000 testimonios obrantes en la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), que son anteriores a la creación de la CONADEP. Ya a fines de los 80 trabajamos una muestra del 11% del total de esos testimonios cuyos datos direon lugar a nuestro primer trabajo sobre el tema (Izaguirre, 1992). De aquellos 6000 testimonios, el 60% (3600) tenía información ocupacional. De esos 3600 casos, el 67% (2412) eran asalariados desaparecidos. Sobre este universo restringido se construyó una muestra sistemática del 30%, que componen los 711 casos de la muestra cuyos datos presentamos aquí. Este trabajo forma parte del proyecto El genocidio… (citado en p.1)
[10]Obsérvese que en los dos últimos años, tan sólo en los recordatorios del diario Página 12, cuyo registro lleva adelante Fanny Brudny, miembro del equipo, se han publicado datos de 500 nuevos nombres de personas desaparecidas que no figuraban en los registros de CONADEP. Forman parte de los más de 2000 nuevos casos denunciados en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en los años posteriores a CONADEP.
[11]Para llegar a ese cálculo en aquel momento tomamos en cuenta las tiradas de las ediciones de libros políticos, que no superaban los 3000 ejemplares, las tiradas de la prensa política y gremial, y la concurrencia a actos partidarios, generalmente hechas en locales cerrados. Advertimos que hoy las ediciones son más pequeñas, aún para una población potencialmente mayor, lo que estaría indicando no sólo una situación de crisis económica de las editoriales locales, sino un mayor desarme intelectual de los potenciales lectores.
[12]En nuestro análisis de la muestra general de desaparecidos (Izaguirre,1992) encontramos que, entre los casos con información de militancia y con suficiente información sobre pertenencia de clase, no había correlación entre militancia conocida y clase social. Pero es cierto que en aquella muestra había un número importante de casos sin información suficiente sobre pertenencia social, (lo que no ocurre con la presente muestra de asalariados) y en esos casos, también la información sobre militancia era muy baja. Hoy, con mayor información, deberemos volver sobre aquellos resultados y establecer si cambian aquellas correlaciones.
[13]Ana Bas Cortada, Marta Danieletto y Pablo Scarpitta están realizando el análisis de género dentro del proyecto.
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