La CGE, entre Illia y Onganía
¿Usted cree todavía la fábula en la que los pequeños empresarios son progresistas? Lea esta nota sobre la actuación de la CGE en los momentos previos al golpe del ’66. Verá qué lejos estaban de los intereses de la clase obrera.
Por Verónica Baudino (Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía Argentina-CEICS)
Los defensores del pequeño capital han construido una visión apologética, que, del tamaño del capital, deriva estrategias políticas inmutables a lo largo de la historia. Por un lado, los grandes capitales, que dado un supuesto poder monopólico y su orientación al mercado externo habría propugnado políticas liberales anti-obreras, anti-nacionales y anti-democráticas. Por el otro, los capitales pequeños, conceptualizados como “burguesía nacional”, defensores del desarrollo, la democracia y las políticas distributivas, consideradas pro-obreras.
Si observan virajes en la estrategia, como por ejemplo en el apoyo de la mayoría de las corporaciones burguesas otrora “gorilas” al tercer gobierno peronista, cierran el caso apelando al “oportunismo” de la gran burguesía. Por su parte, las etapas oscuras de las corporaciones de pequeños capitales, como Federación Agraria y la Confederación General Económica (CGE), son escondidas bajo la alfombra. En este artículo desempolvaremos el comportamiento de la CGE, entre el derrumbe del gobierno de Illia y el golpe de Onganía, que lejos está de ajustarse a la imagen progresista que se intentó imprimir a la corporación.
Los más pequeños
La Confederación General Económica (CGE) nucleaba, hasta 1976, a una fracción importante del empresariado que operaba en el espacio nacional. Fue creada en 1952, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, y se nutría de capitales pequeños. Solo cuatro de sus empresas han formado parte de los rankings de las más vendedoras de Argentina, evidenciando el lugar marginal de la mayoría de los capitales de la CGE en el mercado nacional. A esto se suma que los capitales miembros de su dirección acumulaban en ramas de la producción con poca incidencia en las exportaciones, dando cuenta de su debilidad frente a la competencia extranjera. Los estudios han dado por supuesto que la CGE se vinculaba con pequeños capitales industriales nacionales, mientras la UIA representaba a los grandes capitales dedicados a la obtención de rentas financieras. Pero la reconstrucción de su composición social muestra que los empresarios que han participado de la dirección de la CGE acumulaban preferencialmente en la rama comercial y financiera, seguidos de cerca por los industriales manufactureros y en menor proporción por el agro, la construcción o la minería. El predominio de empresas comerciales y financieras frente a las industriales, en la dirección de la CGE, dan cuenta de una falsa, pero muy extendida, polarización industrial-financiero.
De la reforma…
Los trabajos sobre la CGE suelen destacar los momentos en que confluyó con la CGT: este sería el núcleo duro de la alianza peronista. Uno de esos momentos lo encontramos promediando la presidencia de Illia, cuando la CGT arremetió con un plan de lucha que concretó la ocupación escalonada de 11 mil establecimientos fabriles entre mayo y junio de 1964.1 Fueron ocupadas fábricas de 92 de las 127 empresas industriales comprendidas en el ranking de ventas de las principales empresas radicadas en Argentina. Es decir, las tomas fueron dirigidas a los capitales más grandes que operaban en el país. Además de reivindicaciones económicas inmediatas, el plan de lucha de la CGT planteaba la democratización del sistema político (es decir, el fin de la proscripción al peronismo) y un programa de desarrollo industrial asentado en el capital nacional. Las reivindicaciones, promovidas por las “62 organizaciones”, apuntaban claramente a promover el retorno de la alianza reformista que encabezaba Perón. Aquí, la CGT coincidía con la CGE, que a pesar de poner resguardo hacia los “métodos” que podían resultar peligrosos, no condenó las acciones e incluso instó al gobierno de Illia a no reprimir:
“La ocupación de los establecimientos, por otra parte –señalaron dirigentes de la CGE–, fue absolutamente tranquila por la serenidad de ambas partes: patronos y obreros. Reiteraron que estiman debe reanudarse –a la brevedad– el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los obreros.”2
Sin embargo, la alianza que parecía viable en un momento de bonanza económica, se diluyó en cuanto dejaron de soplar vientos a favor. Hasta 1964, la renta agraria, que sostenía a través de distintos mecanismos tanto a la ineficiente industria nacional como la posibilidad de realizar concesiones materiales al proletariado, venía en ascenso. En ese año, la renta alcanzó su nivel más alto en toda la década de 1960. Pero en 1965 comenzó una estrepitosa caída, que arrastró hacia abajo al resto de las variables económicas: cayó el producto y la tasa de ganancia. Los salarios, que venían en ascenso recuperándose de la caída post ’55, comenzaron a aparecer como un problema. En este contexto, incluso la “reformista” CGE comenzó a exigir que se contenga las aspiraciones obreras. A esa tarea fue convocado Onganía, que todo el arco burgués apoyó, desde la Sociedad Rural hasta la CGE.
…a la reacción
En los meses previos al golpe, el abandono de la línea reformista se verifica en varias intervenciones. Frente a la crisis azucarera, la CGE promovió la racionalización (o sea, el cierre de los ingenios ineficientes), en línea con la política posteriormente promovida por Onganía que dejó a cientos de zafreros tucumanos sin trabajo.3 Supieron exigir también el “aumento de la eficiencia”,4 eufemismo para pedir una mayor tasa de explotación. Sin embargo, la intervención más escandalosa se produjo a raíz de una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, a la que la CGE se opuso. Frente a la posibilidad de que la ley genere mejores condiciones para la venta de fuerza de trabajo la CGE puso el grito en el cielo: “Las reformas a las leyes laborales […] constituirán un importante factor de perturbación en la política de precios y salarios esbozada por el Poder Ejecutivo.” Por si no quedaba claro, lo que cuestionaban, como explicitan en la cita que sigue, era la posibilidad de que aumenten los sueldos:
“Resulta evidente que la espiral inflacionaria acelerará su ritmo y, si bien los sectores laborales aparecerían como directos beneficiarios, las consecuencias negativas que sobre la economía general del país tendrán estas reformas, harán ilusorios esos beneficios, con el agravante de un serio deterioro en las relaciones obrero-empresarias.”5
Sin ocultar nada, cuestionaban también el aumento de los montos indemnizatorios: “La industria del despido que atenta contra la productividad de la empresa, se verá nuevamente alentada y trabará su normal desarrollo”.6 La corporación propuso modificaciones al proyecto en tratamiento tendientes a reducir los días de vacaciones y los montos de indemnización, eximir de indemnización por despido en casos no imputables al empleador, y habilitar el despido sin derecho a indemnización a trabajadores que se plieguen a una huelga declarada ilegal. En esta batalla, la CGE unificó su posición con la UIA y la Bolsa de Comercio, con las que firmó una declaración conjunta que solicitaba no se sancionen las modificaciones dado que la nueva ley fomentaría las huelgas, la indisciplina y el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los trabajadores. Todo un canto al reformismo…
Incluso condenó en duros términos la huelga promovida por la CGT, cuando Illia finalmente vetó la Ley de Contrato de Trabajo. La CGE denunció la existencia de “agresiones personales, destrozos en establecimientos comerciales y todo tipo de desmanes, cometidos impunemente, [que] dieron una tónica repudiable al paro de actividades resuelto por sectores laborales”. Exigió el castigo penal a los culpables, y exigió al Gobierno:
“que se extremen las previsiones del Estado para que la seguridad personal, la propiedad y la libertad de trabajo, no estén a merced de los irresponsables, de los provocadores o de los sembradores de odios”.7
El ajuste, claramente, debía venir de la mano con la represión.
La crisis económica encontró así a la CGE en la misma vereda que sus supuestos enemigos naturales: la UIA, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural. El golpe militar de Onganía resultó ser la opción de la burguesía para restablecer la hegemonía y las condiciones necesarias para la acumulación del capital. “Restablecer el orden”, como decía los patrones en aquella época. La “democrática” y “popular” CGE expresó claramente su apoyo al gobierno de facto:
“El compromiso contraído ante la Nación por el Jefe de Estado [Onganía] tras esos fines revolucionarios [el golpe], que interpretan sentimientos y aspiraciones manifiestas de los empresarios, obligan al concurso leal de la CGE. Dicho concurso habrá de efectivizarse sin reticencias.”8
La entidad incluso mantuvo buenas relaciones con Salimei, quien ocupó el Ministerio de Economía. Celebraron la devaluación de la moneda y se opusieron a un acuerdo de precios. Festejaron así el ajuste, logrado a punta de bayoneta. También aprobaron la implementación del Operativo Tucumán, un plan de desmantelamiento de ingenios con el consecuente despido de sus obreros. La puja entre los capitales más pequeños, referenciados con Salimei, y los grandes se dirimió finalmente a favor de los últimos, quienes lograron imponer a través de Krieger Vasena un programa en defensa de los intereses de la burguesía industrial más concentrada. Esta disputa, que puede aparentar divergencias insalvables entre grandes y chicos, obedece al procesamiento de la puja intercapitalista. Pero esa divergencia recién se manifestó luego del acuerdo que unificó a los patrones cualquiera sea su tamaño: que sean los bolsillos obreros los que paguen las peores consecuencias del ajuste. Hoy, frente a una crisis similar, vemos nuevamente a los patrones, grandes y chicos, unificarse para pedirle a Cristina devaluación y ajuste. Y si los obreros hacen huelga y piquete, duro con ellos. Es extraño que en estas circunstancias sectores que se dicen “progresistas” sigan insistiendo en la alianza de la clase obrera con el pequeño capital que hoy, como ayer, vuelve a mostrar sus garras.
Notas
1 Cotarelo, M. y F. Fernández: “La toma de fábricas. Argentina, 1964”, en Razón y Revolución, nº 3, invierno de 1997.
2 La Nación, 30/05/64.
3 Cronista Comercial, 4/1/66.
4 Cronista Comercial, 2/2/66.
5 Cronista Comercial, 9/2/66.
6 Ibid.
7 Cronista Comercial, 11/6/66.
8 Memoria y Balance de la CGE, 1966.
