Martínez de Hoz: dictadura y burguesía nacional
Frente a la posibilidad de perderlo todo, la mayoría de la burguesía se alineó con su programa golpista.
Por Verónica Baudino
Martínez de Hoz, fallecido hace pocos días, fue un cuadro destacado de la burguesía nacional. Sí, suena polémico. Sobre todo por la existencia de una visión muy generalizada que atribuye al ex ministro de Economía la representación de los intereses de los grandes capitales monopólicos y extranjeros. Desde esta mirada del proceso histórico, la gestión de Martínez de Hoz, y la dictadura en general, habría expresado el programa de una burguesía reaccionaria que se opuso y luchó contra la alianza de la burguesía «progresista y nacional» y la clase trabajadora. Esta perspectiva divide a la burguesía entre una «buena» (productiva, preocupada por el desarrollo nacional y proclive, dado su cariz progresista, a establecer alianzas con la clase obrera) y una «mala» (financiera, antinacional y antipopular). La dictadura militar iniciada en 1976 habría sido pergeñada por miembros de este último grupo. Pero, ¿existe realmente tal distinción?
En los años previos a 1976, el capitalismo argentino se encontraba en una profunda crisis de acumulación que manifestaba las dificultades de la burguesía en general para sostener su dominación. La apertura de un proceso revolucionario, que se extendió entre 1969 y 1976, fue el punto más álgido de esta crisis orgánica del capitalismo argentino. El intento de la burguesía por resolver la crisis la llevó a su unificación detrás del retorno del peronismo en 1973. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Confederación General Empresaria (CGE) se inclinaron por un nuevo gobierno peronista en tanto salida institucional que prometía reencauzar dentro de los marcos del sistema una situación social que comenzaba a desbordarlo. Incluso sectores internos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la tan mentada «oligarquía», se acercaron a las posiciones reformistas y respaldaron el Pacto Social. El alza espectacular de los precios agrarios en 1973 constituyó un aliciente no despreciable para mirar con buenos ojos un proyecto reformista, y hasta lacrar la unificación de la UIA y la CGE, hasta ese entonces impensada. El fin de la bonanza económica y la muerte de Perón, volvieron a poner sobre el tapete las disputas internas de la burguesía y la reactualización de la marcha de las organizaciones revolucionarias de masas.
Frustrada esta salida a la crisis, comenzó a gestarse la opción golpista que atrajo progresivamente a todos los sectores de la burguesía. Fue liderada por APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), una megacorporación ideada por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y la Cámara de Comercio, a la que pronto se sumaron COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines), SRA y la Bolsa de Comercio. El Consejo Empresario Argentino, integrado entre otros por Martínez de Hoz, se constituyó también en uno de los impulsores del golpe. Posteriormente se sumaron las voluntades de un número cada vez más importante de empresarios. Primeramente la UIA, actitud que no sorprendería a nadie, con los que luego convergieron la FAA y un vasto número de empresarios hasta ese entonces miembros de la CGE.
Frente a la posibilidad de perderlo todo ante el peligro revolucionario (el «caos»), la inmensa mayoría de la burguesía (grande y chica, nacional y extranjera, industrial, agraria y comercial) se alineó con el programa golpista delineado por Martínez de Hoz y APEGE. Era necesario un profundo ajuste de la economía que iba a recaer, en buena parte, sobre los hombros de una clase obrera reacia a pagar los costos de la crisis. Por esa razón, la imposición del programa económico demandaba un estado de excepción e ingentes dosis de represión, que permitieran disciplinar a las masas para así aplicar un plan profundamente impopular. Aquí las diferentes posiciones existentes en el interior de la burguesía pasaron a un segundo plano, privilegiando una opción estratégica que garantizase el restablecimiento de sus condiciones de acumulación de capital. La dictadura fue una necesidad de la burguesía como clase antes que de una fracción o capa sobre otra. La distinción entre «progresista» o «reaccionaria», «buena» o «mala», a la luz de estos hechos no parece tener asidero. El avance general sobre las condiciones de vida de la clase obrera, vía represión, tortura y muerte, que implicaron una disminución brutal del salario real benefició al conjunto de la burguesía que opera en Argentina.
Podría objetarse que muchas empresas quebraron, dando muestra de un plan tendiente a favorecer a ciertos capitales por sobre otros. Es cierto, pero ello no implicó el predominio de capitales financieros y extranjeros por sobre los industriales nacionales. Entre los ganadores contamos (junto con capitales internacionales) a aquellos exponentes de la burguesía nacional más productiva y concentrada, como Arcor y Techint, que apoyaron el plan de Martínez de Hoz. Los perdedores no acumulaban de manera diferente sino a una escala menor: por su ineficiencia, sucumbieron ante la competencia promovida por las medidas tendientes a concentrar y centralizar el capital para resolver la crisis económica. El proyecto económico de la dictadura fomentó el avance de los exponentes de la burguesía nacional (y extranjera que opera en Argentina) más grande por sobre la pequeña. Dos capas de una misma clase en disputa por liderar la acumulación de capital. Martínez de Hoz fue, entonces, un preciado dirigente político de una fracción de la burguesía nacional.
