Propagandistas no, científicos sociales
19.05.2014 | contraeditorial. pobreza: el debate
Por Tamara Seiffer*.
«Nuestra investigación intenta explicar en forma científica esa aparente contradicción entre el sentido común kirchnerista expresado por Robba y la realidad.»
El 10 de mayo Alejandro Robba en una nota de opinión sobre el tema de la pobreza hizo alusión a mis intervenciones en otros medios. Le agradezco a Tiempo Argentino la posibilidad de continuar el debate. El eje de su nota es que hay un montón de charlatanes que afirman que la pobreza en la Argentina hoy tiene un peso importante, desconociendo una década de crecimiento de empleo y de transferencias estatales. En su nota me menciona como parte de ese conjunto de charlatanes que, encima de todo, es financiado por el mismísimo CONICET. Desagradecidos los que contando con el favor de trabajar en el organismo tenemos la osadía de criticar al gobierno y encima difundimos nuestras ideas en medios opositores. El CONICET nos contrata en tanto científicos sociales, no como propagandistas oficialistas, tal como le gustaría a Robba. Robba, como único argumento para desacreditarnos, dice que es imposible que haya tanta pobreza con todo lo bueno que hizo el gobierno y apela al viejo truco de comparar cifras con el año 2001 y no en una perspectiva histórica de más largo plazo. Pero los investigadores del CONICET que cita y para quienes reclama un lugar en los medios también muestran que la pobreza es alta. Nuestra investigación intenta explicar en forma científica esa aparente contradicción entre el sentido común kirchnerista expresado por Robba y la realidad. Porque justamente nuestra tarea es ver más allá de las apariencias. Vamos entonces a nuestro argumento y dejamos a evaluación del lector si le cabe el calificativo de «liviano», tal como plantea en su nota. Para explicar la contradicción entre aumento del empleo y los planes y persistencia de la pobreza mostramos que con el kirchnerismo no revierte un largo proceso de pauperización que se inicia a mediados de los ’70. Lo que mostramos, en base a investigaciones propias y de otros autores, es que el poder de compra del salario promedio de la última década pese a su fuerte crecimiento, sirve para comprar la mitad de lo que se compraba en 1975 y todavía se encuentra un poco por debajo del promedio de los ’90. Esto se produce porque el empleo que se crea en los últimos años se concentra en las ramas de salarios más bajos (mientras en 2003 ocupaban el 58,5% del mercado laboral privado, hacia 2012 ocupaban el 61,46%), por el alto nivel de trabajo en negro y por el estancamiento del salario en el empleo público. El dato de los últimos años es que no basta con tener un empleo para salir de la pobreza. Por último, no omitimos la importancia de las políticas asistenciales y de transferencia de ingresos. Al contrario, señalamos su crecimiento tanto en cantidad de beneficiarios como en el gasto que el Estado hace en tal sentido. Lo que señalamos es que esta expansión es la contracara de la situación precaria del mercado de trabajo. En la medida en que aun con empleo no hay garantías de salir de la pobreza, las políticas asistenciales se convierten en complemento salarial y condición para la reproducción de amplios sectores de la población. Planteamos que este aumento era una tendencia mundial tanto de gobiernos que se dicen populares como de los neoliberales como expresión del empeoramiento de las condiciones laborales a nivel mundial (de 2003 a 2009, que es hasta donde hay datos oficiales de gasto público consolidado, el gasto en asistencia por habitante creció a un promedio del 18% anual con una tasa idéntica a la de EE UU, durante los ’90 lo hizo a un promedio anual del 23%, mientras en EE UU lo hizo al 13% promedio). Pero a su vez mostramos que su bajo monto no alcanza para que nadie salga de la pobreza. La Asignación Universal por Hijo, que es la política de trasferencia de ingresos más importante y que expandió notablemente el gasto, va a significar con el incremento del 40% anunciado ayer $ 1288 por familia promedio sin tener en cuenta el 20% que se retiene (y devalúa) hasta la presentación de certificados escolares y sanitarios; el Plan Progresar $ 600; el Plan Argentina Trabaja $ 2000. Con esta suba no llega siquiera a compensar la pérdida de poder adquisitvo desde el último aumento, y dados los altos índices de inflación actuales, rápidamente se perderá lo otorgado. Además, nadie vive hoy dignamente con $ 2000, mucho menos con $ 1288 o 600. Si la situación de estas familias mejoró después de 2001 (para llegar a niveles de vida similares a los de los ’90 y muy por debajo de los ’70) fue sobre todo por el aumento de empleo, aun precario, aun con bajos salarios. Un empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo como el que se expresa con la última devaluación y con el aumento de los despidos y suspensiones masivas que se están llevando adelante en el sector automotriz, pone blanco sobre negro los límites de esta estrategia. La explicación de fondo de todo esto es que las empresas que acumulan en la Argentina son ineficientes por su baja escala. Por ello, para sobrevivir a la competencia necesitan compensaciones. La renta agraria y la deuda externa han sido dos fuentes para estas compensaciones, pero la ineficiencia relativa es cada vez mayor y el avance sobre los salarios se convierte en nueva fuente de compensación. Gobierno y oposición se plantean defender los mismos intereses, como se demostró en la coincidencia en apoyar la devaluación como forma de bajar los salarios. Como el fin último es la ganancia de algunos, la pobreza, más allá de la fluctuación de los indicadores clásicos, no es una deuda pendiente del modelo sino la condición para su funcionamiento. Si realmente queremos enfrentarla, debemos atacar la raíz del problema. En este sentido, y a diferencia de Robba, reivindicamos el derecho de los científicos sociales a desarrollar su tarea crítica más allá de que pueda enfrentar los intereses de su patronal y muestre los límites del relato.
*Investigadora GIyAS-CONICET y miembro del CEICS.
