La rebelión estudiantil y docente en Chile.
Romina De Luca*
La defensa de la educación ha logrado articular las luchas de secundarios y de universitarios. Y han esgrimido una clara consigna: renacionalización de la educación como primer vía para paliar el desfinanciamiento actual de la educación básica.
La rebelión estudiantil y docente en el país trasandino lleva cuatro meses en curso. La chispa inicial se originó en el ámbito universitario –en abril– cuando los estudiantes de la Universidad Central de Chile –una de las privadas más antiguas– decidieron tomarla en repudio a la reforma de sus estatutos y a la venta del 45% de los inmuebles de la Universidad al grupo empresario Norte-Sur. En la práctica, la reforma permite la constitución de sociedades anónimas y los fondos de inversión. En un primer momento, los universitarios decidieron tomar la facultad pero hacia mediados del mes de mayo salieron a las calles. El 12 de mayo se registró una de las primeras marchas nacionales con más de 15 mil estudiantes y para la del 26 se plegaron los secundarios.
Frente a la falta de respuestas oficiales, el 1 de junio se convocó a un paro general con marcha, en Santiago. Ese momento inauguró un ciclo ascendente en el conflicto que se extiende hasta hoy: marchas cada vez más masivas con tomas de universidades y liceos que se propagan como “efecto dominó”. También la escalada represiva del gobierno fue en aumento: el 8 de junio se reprimió a universitarios frente al Ministerio de Educación, lo que dio lugar al lanzamiento de otra marcha, con paro nacional educativo, para el 15 y 16 de junio. A los estudiantes y profesores se unieron los trabajadores en huelga de la mina El Teniente, lo que dio lugar a una nueva reprimenda. En repudio, al día siguiente, en Santiago de Chile, marcharon más de 80 mil personas. El 23 de junio una nueva oleada de marchas secundarias recorrió Chile. Entre otros aspectos reclaman por el derecho a la educación y a la enseñanza, por la desmunicipalización de la educación y su inmediata nacionalización y por la tarifa escolar gratuita los 365 días del año (TNE).
Nuevas marchas se sucedieron el 30 de junio y el 14 de julio, esta última anticipa lo que ocurriría más tarde. En un primer momento, el gobierno prohibió a los estudiantes marchar por la Alameda, pero frente a los más de 80 mil manifestantes se retractó. No obstante, frente a un conflicto que no parece desactivarse, el gobierno resolvió que no aceptaría nuevas marchas por las calles de Santiago dando rienda suelta a la represión de los carabineros. El saldo de la medida fue la detención de 874 estudiantes y una “cifra negra” de heridos el 4 de agosto, cuando los estudiantes se disponían a concentrarse para la marcha de ese día. Cinco días más tarde, 150 mil estudiantes, profesores y trabajadores marcharon por la ciudad de Santiago en repudio a la brutal represión registrada el día 4. En esta oportunidad, la marcha dejó un saldo de 396 detenidos. El gobierno de Piñera apela al desgaste, a la represión, al aislamiento de la protesta y al miedo. Pero contrariamente, cada marcha resulta más masiva y, en cada enfrentamiento, se multiplican los cacerolazos en apoyo a los estudiantes.
Sebastián Piñera, el secretario general del gobierno chileno Andrés Chadwick, el ministro de Educación que se ha llevado el conflicto, Lavín, y el actual, Bulnes, han acusado a los estudiantes de intransigentes, obstinados y subversivos. Ahora bien, ¿qué es lo que permite explicar la duración del conflicto y también su carácter cíclico y recurrente: 2006, 2008, 2011?
La Rebelión Pingüina “modelo 2011” reactualiza un viejo problema: el desfinanciamiento de la educación chilena, producto de la aguda descentralización de su sistema educativo. Como fenómeno no es nuevo en tanto los orígenes de la municipalización educativa pueden remontarse a 1973. En ese momento, la dictadura militar pinochetista dispuso iniciar la “desburocratización” de la administración pública colocando en la agenda educativa la descentralización escolar. El resultado fue la completa municipalización de la educación chilena en lo que refiere a gestión, al financiamiento y a los diseños curriculares. El conflicto actual, al igual que el de 2008, salta por su lado más sensible: el (des)financiamiento de la educación pública. El sistema educativo chileno es un botón de muestra de una realidad que afecta al conjunto de la educación latinoamericana: el gigantesco desfinanciamiento de la educación de masas (liceos) –sin importar el tipo de gestión bajo la que se encuentre– y la generación de limitados nichos de ganancia para el capital en una educación dirigida y específica (universidad). La defensa de la educación ha logrado articular las luchas de secundarios y de universitarios. Y han esgrimido una clara consigna: renacionalización de la educación como primer vía para paliar el desfinanciamiento actual de la educación básica. También han identificado el origen de la riqueza de la sociedad: el cobre. Por ello, el lema de estudiantes y obreros es la renacionalización del cobre bajo control obrero para disponer de recursos legítimos para educación. No han hecho más que elevar la apuesta. Algo que la burguesía chilena no está dispuesta a realizar ya que implicaría avanzar en una dirección antagónica a sus intereses. Así, al igual que Bachelet unos años antes sólo puede hacer promesas en el viento. “Defendemos la calidad y evaluaremos reformas a la LOCE”, como en su momento sostuvo. Hoy día, la medida habitual para esos casos: dos ministros de Educación y dos proyectos rechazados en menos cuatro meses. Caras nuevas para viejas medidas. El problema se halla menos en la forma –central o municipal– que en el contenido: la magnitud de recursos que la burguesía se ve dispuesta a comprometer para educación básica. Sobre este punto no pareciera ceder y su única estrategia viable es la de la cachiporra justificando la represión como la “defensa de los derechos de todos los ciudadanos”.
* Docente de la UBA, investigadora del CEICS y miembro de Razón y Revolución.
