Las patronales agrarias frente a las huelgas de peones de 1964-1966
Frente a las huelgas de peones que, entre 1964 y 1966, sacudieron el sur de la provincia de Santa Fe, las corporaciones rurales, más allá de sus diferencias, hicieron causa común al enfrentar los conflictos laborales.
Por Gonzalo Sanz Cerbino (Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía Argentina-CEICS)
Los trabajos académicos sobre el agro pampeano han sobredimensionado una tendencia al enfrentamiento interno dentro de las corporaciones rurales, que ubica de un lado a los pequeños productores representados por la Federación Agraria Argentina (FAA) y de otro, a los grandes terratenientes agrupados en la Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales (CRA). Sin embargo, esta división podría ser relativizada si pusiéramos sobre la mesa una serie de conflictos muy poco estudiados: los que enfrentaron a toda la burguesía agropecuaria con los trabajadores rurales. En este artículo veremos la intervención de la burguesía rural frente a las huelgas de peones que, entre 1964 y 1966, sacudieron el sur de la provincia de Santa Fe. Allí los reclamos de los trabajadores fueron enfrentados con igual dureza por todas las corporaciones, llegando a solicitar incluso la más enérgica represión.
El Plan de Lucha de la CGT y las huelgas rurales
La crisis de acumulación abierta en los ’50 impuso como tarea para la burguesía avanzar sobre las posiciones conquistadas por la clase obrera. Perón lo intentó con el Congreso de la Productividad pero fracasó. La Libertadora, que avanzó reprimiendo e ilegalizando la actividad sindical, sentó las bases para una importante reducción de los salarios reales que se concretó bajo el gobierno de Frondizi, de la mano del Plan de Estabilización de 1958 y el CONINTES. Pero la situación no pudo sostenerse en el tiempo y, bajo la presidencia de Illia, los sindicatos comenzaron a recuperar parte de las posiciones perdidas. La CGT recibió a Illia con un Plan de Lucha votado en 1963. Exigían, en primer lugar, terminar con la represión a la actividad sindical, reclamando la libertad de los presos políticos, la derogación de la legislación represiva y el levantamiento de la clausura a los locales sindicales. En materia económica, exigían una recomposición salarial y, en política, la vigencia de las libertades democráticas, en particular el levantamiento de la proscripción del peronismo. Luego de una serie de paros escalonados, en 1964 comenzó la segunda etapa del plan de lucha, en la que se movilizaron cerca de 4 millones de trabajadores que participaron de la toma de unos 11.000 establecimientos fabriles en todo el país. Entre 1965 y 1966 el plan continuó con huelgas parciales y nuevas tomas. Illia, que nunca fue a fondo contra los sindicatos, se ganó así el cuestionamiento de la burguesía, que le exigió detener la “avanzada sindical” imponiendo el orden. Es que, aunque las demandas de la CGT nunca superaron los marcos reformistas ni abandonaron una posición defensiva, el saneamiento de la economía exigía disciplinar a la clase obrera organizada que buscaba evitar mayores pérdidas.
Los conflictos que sacudían las ciudades se trasladaron también al campo, donde no faltaban motivos para ir a la huelga. Los salarios de los peones rurales en la Argentina han sido históricamente bajos y en el período 1958-1963 habían sufrido una caída abrupta con la política económica de Frondizi y Guido, apoyada en un fuerte despliegue represivo. La situación era tan acuciante que la propia CGT incorporó a sus reclamos la elevación de los salarios y condiciones de vida de los obreros rurales.
Sin embargo, el deterioro salarial no era el único problema que alimentó la conflictividad laboral en el agro pampeano en aquella época. En el contexto de una ofensiva patronal contra las condiciones de trabajo en general, dos conquistas obtenidas por los obreros rurales en las décadas previas intentaron ser barridas: el control sindical sobre las bolsas de trabajo y las disposiciones legales sobre la conformación de las cuadrillas. La existencia de bolsas de trabajo se remonta a principios de siglo y encuentra su razón de ser en las características estacionales del trabajo en el agro. Durante los meses de cosecha, la demanda de brazos en el campo se incrementa fuertemente. Por esa razón, afluyen a la zona amplios contingentes de mano de obra de provincias vecinas. Esto requiere la centralización de la oferta y demanda de fuerza de trabajo, que durante mucho tiempo estuvo bajo control sindical. Esta potestad fortalecía la posición de los sindicatos, garantizando la agremiación y otorgándoles herramientas para presionar sobre los niveles salariales, impidiendo la contratación de obreros por fuera de los convenios. A través de las bolsas, también se aseguraban que las patronales respetaran las categorías laborales establecidas en los convenios, impidiendo la contratación de cuadrillas que no contaran con el número establecido de peones.
El control sindical sobre las bolsas de trabajo era un viejo problema que la burguesía agropecuaria siempre intentó desterrar. La novedad en 1964, y el detonante de la conflictividad, era el problema salarial, que se imponía como reclamo general de todo el movimiento obrero. La inflación, que se ubicó durante todo el período por encima del 20% anual, obligaba a renegociar salarios año a año. En el caso de los peones rurales, la división interna de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) intensificaba el conflicto. Las seccionales del sur santafesino, principal foco huelguístico, se encontraban dominadas por el Movimiento pro Unificación y Fortalecimiento de FATRE, una línea interna opuesta a la conducción nacional del gremio. Según algunas fuentes, este movimiento estaba alineado a nivel nacional con el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), que agrupaba a los sindicatos dirigidos por el Partido Comunista. Los salarios rurales se establecían anualmente en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Rural (CNTR), con acuerdo de la dirección nacional de FATRE y las patronales agrarias. Sin embargo, entre 1964 y 1966, los gremios locales del sur santafesino desconocieron los acuerdos nacionales de salarios para las cosechas de granos. Aprovechando el poder que les daba el control de la oferta de mano de obra, y el apremio de los patrones durante los meses de cosecha (ya que de no recogerse a tiempo, podría malograrse), los sindicatos locales iniciaron una ola de reclamos y huelgas para conseguir mejores salarios.
La reacción patronal
Cada conflicto fue acompañado por el repudio patronal, que condenó los “salarios abusivos” exigidos por los peones y atacó las bases de poder sindical, en particular, el control de las bolsas de trabajo exigiendo la “libre contratación”. Ya en abril de 1964, la Sociedad Rural de Rosario, integrada a CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), exigió que el gobierno declare “zona libre de trabajo” a los departamentos del sur santafesino. En una reunión convocada por la Secretaría de Agricultura de la Nación en septiembre de 1964, a la que asistieron representantes patronales y obreros para encontrar soluciones a los conflictos, los delegados de SRA cuestionaron fuertemente la bolsa de trabajo, considerándola “inconstitucional”. Allí sostuvieron que no podía imponerse en el país la agremiación obligatoria ni limitarse la contratación de mano de obra. Otro reclamo que se hizo sentir fue la exigencia de dotar a la CNTR de la suficiente autoridad para que los acuerdos alcanzados allí en materia salarial no pudieran ser cuestionados zonalmente. Ese fue el reclamo de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), dirigida por elementos cercanos a la FAA (Federación Agraria Argentina). Claramente, se intentaba reforzar el ámbito en el que las patronales tenían mayor ventaja en la negociación salarial, dado que podían pactar con la burocracia del sindicato. FACA denunciaba también la existencia de “factores de perturbación” en las relaciones obrero-patronales, y advertía, anticipando el tono que adquirirían posteriormente las intervenciones patronales, que de no mediar cambios se llegaría a la “anarquía”.
En 1965, cuando por segundo año consecutivo se asistió a una ola de huelgas en el sur de Santa Fe, las patronales agropecuarias elevaron la voz. Los días 13 y 14 de febrero de 1965 sesionó en Río Cuarto, Córdoba, la Asamblea Nacional Agropecuaria organizada por SRA (Sociedad Rural Argentina) y CRA. Uno de los reclamos que protagonizó las deliberaciones fue el referido a los conflictos laborales durante las cosechas. El documento votado en el encuentro, además de criticar los salarios rurales, señaló que debía resolverse urgentemente una reglamentación del derecho a huelga, del cual estaría haciéndose un “uso abusivo” que pondría en peligro la “paz social”. Ya con huelgas en marcha en el sur santafesino, SRA y CRA emitieron un comunicado “deplorando” la actitud de los dirigentes obreros, en el que calificaron los reclamos salariales de “exorbitantes” y recomendaron a los patrones no pagar jornales por encima de los previamente acordados.
En este contexto, las patronales redoblaron su presión a las autoridades para eliminar la bolsa de trabajo bajo control sindical. En abril de 1965, la Comisión Especial de Representantes de las Entidades Agrarias para las Relaciones Laborales (CEREA), integrada por sociedades rurales del sur de Santa Fe que formaban parte de CRA y por cooperativas de la zona vinculadas a FAA, se pronunció contra las bolsas de trabajo. Luego de fustigar contra los salarios exigidos por los peones y contra los dirigentes zonales, “hombres de ideologías foráneas de extrema izquierda”, advirtieron del peligro que representaba el control sindical de la oferta de trabajo:
“La producción agrícola del país está en manos de los sindicatos de obreros rurales, y puede ocurrir el impacto fuerte que signifique, en un momento dado, que una simple orden de los dirigentes irresponsables haga que nos veamos privados de movilizar una cosecha.”1
En virtud de esta situación, exigían eliminar la bolsa de trabajo, como única forma de superar el estado de “anarquía” y “caos” en la campaña rural. En mayo de 1965, SRA exigió en una nota al Ministerio de Trabajo de la nación la creación de bolsas de trabajo oficiales a las que pudieran concurrir “trabajadores libres”, es decir, no agremiados. Denunciaron que el control sindical de las bolsas constituían un “monopolio” que había que erradicar, ya que terminaban elevando los salarios de tal forma que convertían en “antieconómica” la contratación de peones para tareas estacionales. La presión de las corporaciones agropecuarias pareció surtir efecto a fines de septiembre de 1965, cuando obtuvieron la sanción del decreto Nº 8.341, que quitó a los obreros el control de la bolsa de trabajo. Así, para la cosecha de 1966, los patrones intentaron recurrir a la “contratación libre” de peones, amparados por la normativa recientemente sancionada. Sin embargo, la ofensiva empresaria no hizo más que intensificar los conflictos. Los sindicatos locales del sur de Santa Fe no solo repudiaron el decreto, sino que llamaron a enfrentarlo. Convocaron a la huelga y se movilizaron a los campos que intentaron recurrir al trabajo libre para garantizarla, impidiendo la cosecha con piquetes. Esto derivó en la denuncia de ocupaciones de campos y amenazas, aunque no se llegó en ningún caso a enfrentamientos. Una nota dirigida por la SRA a las autoridades nacionales, a fines de marzo de 1966, describía los sucesos en el pueblo de San Eduardo, donde tras una asamblea de peones que decidió ir a la huelga en reclamo de mejores salarios, se organizaron comisiones sindicales que recorrieron los campos paralizando las máquinas. En Maggiolo la situación parece haber sido más extrema, ya que, siempre según SRA:
“En la misma fecha, sesenta personas del Sindicato, dirigidos por el Secretario del mismo, don Deolindo Oviedo, invadieron el campo del señor Humberto Forréis, con armas de fuego, garrotes, fustas, palos, etc. y con amenazas de muerte detuvieron la máquina del señor Pedro Rodríguez […] Ocho personas también se introdujeron en el campo del señor Jacinto Aramendi, intimando la paralización de las cosechadoras y usando revólveres.”2
Como en los años anteriores, las huelgas solo cedieron en la medida en que los patrones fueron aceptando en cada localidad los reclamos sindicales. Sin embargo, las corporaciones agropecuarias intensificaron sus denuncias y se impuso con fuerza el reclamo al gobierno para que intervenga reprimiendo a los huelguistas. FAA exigió al gobernador de Santa Fe “una actitud firme” frente a los alzamientos. Posteriormente condenó los reclamos sindicales y a los dirigentes, que estarían “al servicio de intereses internacionales que pretenden subvertir el orden y la paz en el mundo”. Denunció, a su vez, “la pasividad asombrosa de las autoridades” que permitía que se imponga “la prepotencia impune de pseudosindicalistas obreros”. Así, los dirigentes sindicales santafesinos, “agitadores profesionales […] pagados por algún comité internacional”, exigirían “salarios abusivos” con el único fin de “engendrar el caos […] y así servir a sus amos foráneos, materialistas y ateos”. De este balance derivaban un pedido claro, en el que coincidían con CRA y SRA: reprimir la actividad sindical. “La situación laboral en localidades del sur santafesino es insostenible”, plantearon, por lo que solicitaron “medidas que asegurarán el orden de las tareas laborales”.3
La Sociedad Rural, en una nota remitida al Ministerio del Interior el 31 de marzo de 1966, demandaba también la intervención de las fuerzas del orden para aplacar el conflicto. Allí exigieron al gobierno nacional que “disponga con la mayor urgencia y energía la intervención de la fuerza pública nacional”, ya que éste sería “el único medio viable para poner fin de inmediato a la gravísima situación que se vive en los establecimientos rurales del sur de la provincia de Santa Fe”.4 En la misma nota, la entidad denunciaba la “pasividad” de las autoridades locales ante las ocupaciones de campos, en donde los sindicatos habrían recurrido a la violencia, la amenaza y el secuestro de patrones para garantizar la huelga.
Los dirigentes sindicales locales, al igual que el gobernador de Santa Fe, denunciaron que las patronales “magnificaban” el conflicto para exigir una “enérgica represión”. Sin embargo, tanto FAA como CEREA ratificaron la existencia de ocupaciones de campos y hechos de violencia. El fantasma del “peligro comunista” era un tópico recurrente en las alocuciones patronales, y un argumento central que justificaba el pedido de una intervención represiva del Estado. El presidente de FAA, en una reunión oficial tendiente a acercar a las partes, sostuvo que el clima de tensión con los peones, que se incrementaba año a año, era obra de “elementos perturbadores, que son comunistas” y “catequizan” al obrero. En la misma reunión, el vicepresidente de CEREA señaló que “los comunistas siguen perturbando”.5
Los acuerdos obrero-patronales no significaron el fin de las quejas de la burguesía agraria local. Tanto por FAA como CEREA, recriminaron que se trató de una solución en la que los productores se vieron obligados a “pactar” con sindicatos “dirigidos por comunistas”, accediendo a pagar “salarios desmedidos”. Fustigaron contra las autoridades locales y nacionales, cuya “actitud permisiva” no dejó a los productores agropecuarios mejores opciones:
“Entre afrontar una huelga en detrimento de sus quebrados intereses y pagar lo que imponen prefieren esto último, con lo que por lo menos preservan sus vidas, las de sus familiares y sus haciendas. ¿De qué, entonces, se pretende culparlos? ¿Puede recriminársele al productor someterse a la presión sindical y el ser extorsionado por la misma, sea comunista o no, si no tiene el amparo que por derecho le corresponde y está situado ante una única alternativa?”6
Pero el problema no se circunscribía, para las corporaciones rurales, solo a las huelgas de peones. La multiplicación de conflictos gremiales, sobre todo los producidos en ramas como el transporte (marítimo y ferroviario) que las afectaban directamente por las dificultades para comercializar su producción, era visualizada como un problema al que había que poner fin. La Sociedad Rural creía que la conflictividad en el campo era apenas una parte de un problema mucho más vasto: “la ola de paros, huelgas, delitos y otros hechos similares que afectan a todo el país y tuvieron comienzo con el ‘Plan de Lucha’ ejecutado por la CGT”. Hacía falta “mano dura” para detener la ofensiva sindical: “sin duda, se ha quebrado el principio de autoridad […] como consecuencia de la debilidad con que se procede […] es imprescindible restablecer […] el orden sin el cual la República no podrá recuperarse de la crisis moral y material que la afecta.”7 También FAA se mostraba preocupada por una “avanzada sindical” que no solo afectaba a las cosechas: “Avergüenza y entristece el panorama desolador que ofrece la República cuando contemplamos azorados la proliferación de las huelgas que vienen repitiéndose a diario.” La ofensiva sindical se relacionaba con la “proliferación de ideologías extrañas”, “ateas y materialistas”, dispuestas a destruir la nación de “bases occidentalistas y cristianas”.8
De esta manera, de la preocupación frente a las huelgas de peones rurales, las corporaciones rurales fueron avanzando hacia un balance altamente negativo del gobierno y, en particular, del peligro representado por el ascenso de los conflictos sindicales en todo el país, que Illia no enfrentaría con la dureza necesaria. Fueron confluyendo de esta manera con el balance que hacían otras fracciones de la clase dominante y los medios de prensa que promovían el golpe, en donde se cuestionaba el “desborde sindical” y el “avance comunista” que no parecían tener solución dentro de los marcos del régimen democrático. Todos coincidían en exigir la intervención de las Fuerzas Armadas para “restaurar el orden”.
Por el mismo camino
El golpe finalmente se consumó a mediados de 1966. El nuevo presidente, Onganía, avanzó a paso firme contra el movimiento obrero, y logró contener toda expresión de protesta recurriendo a la represión. Hacia 1967 las huelgas ya eran cosa del pasado: por primera vez en tres años, los patrones pudieron levantar sus cosechas sin conflictos. Tanto FAA como SRA aplaudieron la política de Onganía, que impuso la paz social a fuerza de palos. Vemos así cómo, más allá de sus diferencias, las corporaciones rurales hicieron causa común al enfrentar los conflictos laborales. Ante el ciclo de huelgas iniciado en 1964, todas terminaron promoviendo una intervención represiva que eliminara el problema. Confluyeron, finalmente, en una ofensiva que involucró al conjunto de las corporaciones empresariales, que denunciando la pasividad del gobierno frente al “desborde sindical” y el “peligro comunista” terminó respaldando un golpe de estado cuyo principal objetivo era disciplinar al movimiento obrero para imponer el ajuste que demandaba el restablecimiento de las condiciones de acumulación de capital en la Argentina.
Notas
1 Mascali, Humberto: Desocupación y conflictos laborales en el campo argentino (1940-1965), Buenos Aires, CEAL, 1986, pp. 101-102.
2 Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 73.
3 La Tierra, 4 y 25/3/1966.
4 Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 72.
5 La Nación, 9, 11 y 16/4/1966.
6 Comunicado de CEREA, citado en La Nación, 11/4/1966.
7 Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 72.
8 La Tierra, 20 y 22/4/1966.
