Por Martín Rodríguez y Romina De Luca
El Operativo de Evaluación Aprender 2016 está en boca de todos. Casi desde su asunción Bullrich unió su idea de “revolución educativa” al lanzamiento de las Pruebas Aprender y la creación de la Secretaria de Evaluación Docente. La mejora de la calidad educativa y la elaboración de un diagnóstico aparecen como los principales temas de este 2016 para el Ministro. No lo hace solo. Recordemos que todas las provincias dieron su acuerdo tanto en la Declaración de Purmamarca (donde las pruebas aparecieron como uno de los puntos en la agenda a seguir), como en las distintas resoluciones del Consejo Federal que le están dando carnadura al operativo de evaluación.
Conviene que pensemos de qué se trata el nuevo operativo de evaluación. Quién, cómo y para qué se lo impulsa y qué tenemos que hacer nosotros. ¡Y hagámoslo rápido porque las pruebas serán el próximo 18 y 19 de octubre en todas las escuelas del país!
¿Qué hay de nuevo?
El 18 y 19 de octubre tendrá lugar el operativo Aprender. Aprender es el examen al que se van a someter alumnos de tercero y sexto grado de la escuela primaria, y de segundo y tercero del secundario en las áreas de lengua y matemática. A los de quinto y sexto año del secundario se les suma también ciencias sociales y naturales.
A diferencia de los operativos de evaluación a los que veníamos ya acostumbrados, Aprender es un programa censal, es decir, se va a examinar a todos los alumnos del país y no solo a un grupo particular, tal como se hacía en el pasado. Por eso, esos días se suspenden las clases. Todos los alumnos de todo el país deberán responder a un mismo cuestionario; por eso se dice que las pruebas son “estandarizadas”. También se dice que son “externas”: no emergen directamente de las actividades de evaluación que cada docente hace a su grupo de alumnos durante el año, sino que se trata de un cuestionario que fue pensado por especialistas que están fuera del espacio escolar de trabajo y que se aplicará por única vez.
Las evaluaciones “Aprender” tienen dos antecedentes inmediatos. Primero: las evaluaciones “externas” cuentan con una larga tradición en el sistema educativo. Ya en 1993, el gobierno de Menem lanzó los Operativos Nacionales de Educación, también conocidas como pruebas ONE. La Ley Federal de Educación en su Título IX incorporó la evaluación permanente como una característica intrínseca del sistema educativo. Si bien en esos años se limitaba a la adecuación curricular.
Desde fines de los ’90, Argentina participa de los operativos internacionales PISA y TERCE. Aquel “instrumento menemista” continuó durante el kirchnerismo pero se alteró la regularidad y la difusión de los resultados. Por ejemplo, a partir del 2010, los directivos tenían la capacidad de consultar los resultados de “su” escuela.
La LEN reforzó la maquinaria evaluadora y especificó sus componentes. Allí se comprometió a llevar adelante “una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94 a 97”(artículo 85).
El kirchnerismo también propuso una lista larga de los evaluables: entraban desde los alumnos, su rendimiento y contexto socioeconómico, y las políticas educativas, pasando por los docentes, sus prácticas y las de los directivos. También en esos años se ideó la evaluación integral: “la evaluación institucional participativa”.
El segundo antecedente inmediato se encuentra en la creación del Instituto de Evaluación y Equidad Educativa en CABA. Precisamente, esa experiencia ilumina algunos de los peligros de la iniciativa actual que el gobierno busca ahora desmentir. Veamos: Ya en 2011 Bullrich inició su campaña por una evaluación censal a los alumnos, y sendas evaluaciones a los docentes. En esa oportunidad, el Ministro sostuvo que un análisis de la calidad, debe incluir varios factores: un buen salario para los docentes, buenos edificios escolares, materiales de estudio, “tics” y un buen diagnóstico. Bullrich dijo en esos años que la evaluación debía ser integral y por eso los docentes debían ser uno de los factores examinados. Inicialmente, su proyecto contemplaba destinar entre un 5 y un 10% de plus salarial para los docentes. Plus que se ligaría con los resultados que obtuvieran en las evaluaciones. En criollo: los “mejores” docentes cobrarían más. Se les ofrecería también un nuevo cargo en el escalafón: el de formador de formadores o maestro de maestros cuyo sueldo sería similar al de un vicedirector de escuela. Los rubros que se propusieron evaluar en Ciudad durante esa avanzada iban desde el conocimiento de la propia disciplina, las prácticas, la pedagogía y la “contención social”. Como si todo lo dicho fuera poco, el proyecto evaluador original buscaba condicionar la estabilidad laboral al resultado de las pruebas: quienes no aprobasen para mantener el cargo debían rendir exitosamente al año siguiente. Solo el rechazo de los docentes al proyecto (batallas campales incluidas) hizo que el PRO abandonara el perfil inicial de su iniciativa, que implicaba de hecho, el avasallamiento al Estatuto del Docente y su reemplazo por una evaluación optativa.
El proyecto original de Bullrich para Ciudad se inspiraba en los distintos mandatos impuestos por la agenda internacional fijada por la OCDE, Banco Mundial, OIT y la UNESCO, hace ya más de treinta años. El Banco Mundial y la OIT tienen una larga trayectoria señalando que los incentivos privados deben implementarse en la profesión docente. Cuestionan, incluso, la rigidez del Estatuto del Docente como convenio colectivo de trabajo. El Banco Mundial sostuvo en 2011 que “los docentes se comprometen más con la mejora educativa cuando deben rendir cuentas” (léase: ser evaluados). Asociado a la evaluación de estudiantes, la publicación de los resultados o los incentivos económicos por escuela, suelen ser los mecanismos más propuestos. El rendimiento escolar de los alumnos vía pruebas estandarizadas también registra una larga marcha. En general, los países se agrupan en dos modelos: aquellos que publican rankings por escuela con los resultados y quienes no lo hacen. Aunque ello no implica que no se den a conocer los resultados a cada una de las escuelas. Gran Bretaña, Estados Unidos y Chile se encuentran dentro del primer grupo; Finlandia, Bélgica y Cuba dentro del segundo. Hasta el momento, nuestro país no formó parte ni de uno ni de otro exactamente, ya que la información se publica agrupada, y solo un año está disponible para ser consultado por la propia escuela examinada.
Bullrich y Elena Duro (secretaria de evaluación) juran y perjuran que la difusión de los resultados Aprender preservarán el anonimato y se hará con un formato amigable bajo el único fin de “mejorar”. Obtener información periódica y estratégica, para “empoderar” al Estado y diseñar políticas públicas, es la frase más repetida por estos días en Palacio Pizzurno. Pero, por lo bajo, la secretaria de educación desliza que la calidad se ve afectada por el gran ausentismo docente; y en otras dependencias, como el Instituto Nacional de Formación Docente, que se debería seleccionar mejor a los futuros maestros.
A esto agregan que tomarles examen a los graduados sería una buena idea. Para darnos confianza, señalan que la “revolución” se inició en CABA cuando los funcionarios entendieron que los alumnos no deben ser “buscadores de trabajo sino creadores”. La escuela debería cambiar su paradigma porque las actividades tradicionales ya no darán abasto. Entonces, se deben crear nuevos trabajos. Para afirmar sus dichos citan a Steve Jobs, Bill Gates y otros “emprendedores” por el estilo: hay que “formar para crecer y progresar en la incertidumbre”. En esa agenda, los padres deberán ayudar a formar en habilidades socio-emocionales. En el mejor caso, las pruebas Aprender buscarían cumplir con metas muy elementales. A decir de Bullrich: salir del estancamiento que muestra que 1 de cada 3 no puede leer o realizar ejercicios matemáticos elementales… el único dato cierto en toda esta hermosa filosofía.
Y nosotros qué…
Las pruebas fueron rechazadas por todos los sectores del sindicalismo docente, tanto por la burocracia celeste como por los sectores combativos. El oportunismo de CTERAUTE-SUTEBA movería a risa si no tenemos en cuenta la confusión que puede generar en miles de compañeros. CTERA se coló en la campaña de oposición a las pruebas aduciendo que con ellas se toma a los alumnos y docentes como “objetos” sobre los que se pretende abstractamente medir la calidad; que son pruebas extranjerizantes, punitivas y toda una serie de argumentos ad hoc que deberían haberle espetado en su momento al kirchnerismo. Sin embargo, allí estuvieron defendiendo la “evaluación integral”. Por su parte, los sectores combativos iniciaron una férrea campaña en rechazo a la evaluación. En general, todos coinciden en señalar la avanzada sobre los docentes: destrucción de los estatutos, precarización laboral (vía plus salarial), posibles despidos y la responsabilización de los malos resultados sobre todos nosotros. Suponen que se generarán nuevos negocios (para las empresas que hacen, toman, tabulan resultados de las pruebas y venden libros de texto) o bien que es un nuevo camino hacia la privatización, vía charterización (recursos financieros para las escuelas con buenos rendimientos e incentivos económicos para los alumnos como premios). En términos más generales, algunos llegan a plantear que consideran que calidad y evaluación son conceptos reaccionarios porque miden a los alumnos como si fueran un producto más dentro del mercado, en un contexto aislado, dejando afuera el contexto socioeconómico del alumno, de su familia y de la escuela. Plantean también que ya se sabe que las pruebas van a dar mal (dada la devaluación del currículum que implementaron las reformas), el fin del trabajo asalariado y su reemplazo por formas más precarias como el llamado “emprendedorismo”. Dicen además que el resultado de las pruebas dará lugar a un mayor vaciamiento curricular: solo se enseñará aquello pertinente para los test. Por eso, la mayoría de las fuerzas de izquierda está organizando asambleas y/o paros los días de las evaluaciones, pidiendo que las familias no envíen a sus hijos a las escuelas para que las pruebas no se tomen. Como la campaña se centra en un “no a la evaluación”, Bullrich acusa de “oscurantistas” a unos y otros.
Nuestra campaña no puede centrarse solo en el rechazo a las pruebas por varios motivos. Por un lado, si el gobierno pretende evaluar a los docentes e introducir salario por mérito, dados los salarios de hambre es probable que muchos de nuestros compañeros se vean tentados a defender el criterio. Tenemos que explicarles las consecuencias de ese proceso. Este tal vez sea el punto más fácil.
No está claro cuántos alumnos harán las pruebas el próximo 18 y 19. ¿Qué vamos a hacer nosotros si el operativo triunfa de todos modos? Es claro que el gobierno usará los resultados como variable de ajuste. Es probable que las Aprender arrojen los mismos resultados que en los últimos veinte años, con mayor nivel de detalle: uno de cada tres tiene dificultades serias de lecto-comprensión y no puede realizar operaciones matemáticas elementales, uno cada dos no puede resumir ni inferir información no textual. Esos resultados se agravan en las provincias más pobres de nuestro país: la mitad no comprende lo que lee. Esa es la educación que recibe la población que a este sistema social le sobra, aumento de la obligatoriedad mediante.
Nuestro argumento no puede limitarse a la filosofía k de “no te lo cuento para no estigmatizar” tal como Kicilloff hizo con la pobreza. Si en este proceso queremos defendernos como colectivo y defender a nuestros alumnos tenemos que usar las pruebas (que ya tenemos) para mostrar y explicar la raíz profunda de este proceso: la barbarie educativa a la que lleva este sistema social. Podemos hacer charlas, asambleas en las escuelas, jornadas; mostrando cómo el resultado de las pruebas tiene una explicación que ni por casualidad es la que el gobierno va a usar para cumplir su cometido.
Nosotros tenemos que explicarle a nuestros alumnos, a los padres, a los auxiliares de la escuela, a los equipos de orientación; que el problema principal que atravesamos en la actualidad es la constante degradación educativa en todas sus variantes: degradación salarial, de infraestructura, curricular, etc. Que la degradación tiene múltiples formas (en la escuela común, en los Fines, en la jornada extendida), las cuales todas son instancias donde nos piden simplemente que nuestros alumnos no repitan, que hagamos un esfuerzo y nos convirtamos en perfectos tituladores, asistentes sociales, contenedores y cuánto más; colocando en décimo plano el rol educativo.
El origen del problema está fuera de la escuela. El capitalismo argentino atraviesa desde hace varias décadas un periodo de derrumbe cuyos rasgos se trasladan al sistema educativo en su conjunto. ¿Para qué va a querer la burguesía nacional que sus futuros explotados adquieran algo más que las simples habilidades básicas si el trabajo se descalifica e inmensas masas de la población le sobran? Las escuelas públicas para los hijos de los trabajadores van a seguir promoviendo conocimientos cada vez más degradados. Los resultados van a ser usados para convencernos con argumentos neodarwinianos, (falta de inteligencia, de esfuerzo, de “emprendedorismo” y de voluntad).
Hagamos una campaña única denunciando no solo las pruebas sino todas las formas que asume la degradación: reforma de régimen académico, para-estatalización educativa (Fines, Jornada Extendida), ficción de los indicadores de rendimiento, compulsión a la promoción, inexistencia de materiales para el aula, etc. No se trata de un parche aquí o allá en el sistema educativo. Debemos atacar las causas internas (educativas) desde un planteo global, y las externas (del sistema social)en la lucha política, de manera organizada en base a un conocimiento serio de la realidad que queremos cambiar. Solo con una agenda completa podremos abroquelar al conjunto de la población detrás de una intervención que no se limite a decir “no a la evaluación”. Por empezar, tenemos que responder a su evaluación con nuestra evaluación: por una campaña nacional de evaluación de las políticas educativas de los últimos treinta años.
