Morales reprime y espía a los que luchan

El día lunes 18 de julio se hicieron públicas las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy, cuyo fin era realizar espionaje sobre las organizaciones sociales y sindicales, en particular a los referentes de cada organización, presentes en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados encabezada por el gobernador Gerardo Morales. Entre casi una centena de organizaciones, se encuentra la Corriente Nacional Docente Conti Santoro Jujuy, que viene de participar en el proceso de lucha docente de la provincia.

Lo que en principio aparece como una novedad sobre el uso del aparato estatal para perseguir a los luchadores, no es más que la continuidad de una serie de acontecimientos que se repiten constantemente aquí y en todo el país. Pero vayamos a nuestra provincia y a lo acontecido estos últimos días. Hace dos semanas atrás se realizaron 16 operativos en sedes de organizaciones de desocupados y en domicilios particulares sus militantes, acusados de asociación ilícita y extorsión. En abril se produjo la detención de los dirigentes del Polo Obrero y del Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril (MTR). Podríamos seguir recapitulando acontecimientos que muestran el avance de Morales contra la protesta social, pero lo importante es poder conocer por qué lo hace.

En un momento al Estado le sirvió relegar a los desocupados a las organizaciones sociales para que estos se hagan cargo de su alimentación y administración de los planes sociales. Amén de que le servía al partido del gobierno de turno para mostrar su fortaleza política. Hoy el mismo Estado, que le confirió esa posibilidad, es el que quiere recuperar su botín. La mayor demostración de estas intenciones la encarna Cristina Kirchner cuando pide que los planes sociales lo administren los intendentes. Gerardo Morales, en este sentido, fue el profesor de Cristina, pues luego de la desestructuración de la Tupac Amaru, pasó a cientos de desocupados a la Secretaría de Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (SUCEPPI). Es decir, los puso bajo estricto control estatal.

La SUCEPPI se encarga de administrar los planes sociales y provinciales, y es la que manda a los trabajadores a realizar distintas tareas en barrios e instituciones públicas o privadas. Para los ojos de cualquier ciudadano parecen empleados públicos, pero lejos están de serlo. En apariencia, cumplen tareas como cualquier estatal, en los hechos no tienen los derechos laborales ni los ingresos de estos. Son mano de obra baratísima y negreada por el propio gobierno provincial. Morales y Cristina actúan en sintonía. Morales desde el inicio de su gestión como gobernador y Cristina para fortalecer a los intendentes de la provincia de Buenos Aires y punteros peronistas, en especial a los de La Cámpora.

Lo que existe es una embestida contra los movimientos de desocupados, que han sido en estos últimos dos años los que más se han movilizado por distintos reclamos. Jujuy es hoy el foco de persecuciones, detenciones y espionaje. Dentro de los más de 80 expedientes contra organizaciones de lucha, se encuentra la de nuestra Corriente Sindical Conti-Santoro. Los compañeros y compañeras de la corriente venimos participando de todas las luchas docentes, y fuimos una de las principales agrupaciones que impulsó la agitación docente contra las paritarias de hambre de Morales, avaladas por la burocracia entreguista de ADEP y CEDEMS. Con esos planteos, fuimos a las elecciones de ADEP el año pasado y lo volveremos a hacer en el CEDEMS en pocas semanas. La unidad entre los trabajadores desocupados y ocupados para terminar con esta situación se cae de maduro. Harían bien en tomar nota de esto los compañeros del partido de Alejandro Vilca (PTS) que inicialmente en su portal de noticias (La Izquierda Diario) nos mencionaba como organización espiada, pero luego decidieron borrarnos. ¿Por qué? porque nuestra corriente, que forma parte de la Lista Morena, está enfrentando a su lista en las elecciones del nivel medio. Una actitud miserable que se vuelve criminal en los tiempos que corren. En este contexto, desde el Movimiento Evita reclaman la intervención federal de la provincia, o sea, pretenden pasarnos a manos de Cristina Kirchner, quien va a realizar las mismas tareas que Morales. Dentro del arco trotskista se plantea a los sindicatos que realicen un paro nacional. Ninguna de estas propuestas responde a los problemas de los millones de desocupados. Si el Estado quiere recuperar a los desocupados, nosotros debemos decirle sí, pero con todos los derechos laborales que ello implica.

Argentina tiene cerca de un millón y medio de desocupados. Se trata de un valiosísimo recurso sin utilizar, que podría agregar una masa de riqueza sustantiva a una sociedad que hace una década que no crece. El Estado debe emplearlos a todos. Esa población desocupada debe recibir un sueldo “decente”, que en la situación de miseria en la que nos encontramos, debiera ser, por lo menos el doble del salario mínimo, vital y móvil, con todos los derechos que corresponden a los empleados “en blanco”.

La unidad en las calles no alcanza para terminar con el hambre y con gobiernos represores. La unidad requiere de un plan, de un horizonte hacia dónde ir, los desocupados y el país los necesitan. Ese plan se llama Argentina 2050: productividad + bienestar social.

Corriente Nacional Docente Conti Santoro Jujuy 20-07-2022

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