Por Ezequiel Flores
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondiente al último trimestre de 2019, el 73,4 % de la población del aglomerado Posadas utilizaba internet; el 83,5 % utilizaba celular; y apenas el 37 % empleaba una computadora. Si vemos los datos discriminados por edad, en la franja etaria de 3 a 12 años el 27,8 % no usaba internet, mientras que el 63 % no utilizaba computadoras. En la franja de 13 a 17 años, casi 1 de cada 10 no tenía internet (0,8 %) y casi el 44 % no empleaba computadora; la mayoría sí tenía celular (88 %). En estas condiciones llegamos a la virtualidad 2020.
Frente a una población que básicamente se encuentra desprovista de computadoras, el gobierno entregó apenas 10.000 netbooks en Misiones. Estamos ante un número muy bajo si consideramos una población escolar de 400.000 individuos en la que, como vimos, solo en el Gran Posadas 6 de cada 10 niñas y niños no utilizaba computadora. Así, el vínculo pedagógico se estableció vía WhatsApp, algo naturalizado por el gobierno a tal punto que dispuso la no obligatoriedad de dar clases por Zoom (o sincrónicas) para el esquema bimodal. De este modo, para 2021 ya no importaba si durante la virtualidad el alumno estaba presente o no, lo cual le ahorró al gobierno de tener que resolver el problema de la conectividad, es decir, le ahorró un dineral.
El año pasado, la falta de conectividad y de computadoras provocó que muchos estudiantes quedaran en el camino. La Renovación, además de dinero, ahorró todos los esfuerzos que pudo para localizar a la población desertora y diagnosticar su situación. Corrección: hizo algo peor. Terciarizó esos esfuerzos en los propios estudiantes, a los que se les suministró una aplicación para que, desde su celular, identificaran a esos compañeros y compañeras que habían abandonado la escuela.
En ese cuadro, el gobierno provincial reconoció este año que 30.000 estudiantes “se desvincularon”: la mitad serían estudiantes de primaria y la otra mitad, de secundaria. Para estos estudiantes el gobierno creó los Centros de Apoyo Pedagógico y Tecnológico (CAPT) destinados a quienes cursan desde 6° grado de primaria hasta nivel superior no universitario, para acompañar “las trayectorias educativas desde las condiciones habilitantes del aprendizaje en diferentes ámbitos o entornos educativos no formales”. Veamos en qué consiste la propuesta.
Los CAPT
Los 85 CAPT con los que cuenta hoy Misiones funcionan en espacios físicos no escolares. Existe uno por cada municipio y en algunos casos, como Posadas y Eldorado, hay más de uno. El gobierno los puso en marcha progresivamente, desde febrero, según iba firmando convenios con cada municipio.
El primero problema que vemos es que no se trata de llevar estudiantes “desvinculados” a la escuela, sino de “contenerlos” en un espacio paraestatal. ¿Dónde funcionan estos espacios? Básicamente, en cualquier lugar: en el SUM de un Centro Integrador Comunitario en Capioví, en el polideportivo de Apóstoles, en la Iglesia de Diosde Posadas… Allí, cualquier estudiante puede recibir orientación, hacer un trabajo práctico o asistir a una clase por Zoom si lo necesita. Eso sí: antes debe sacar turno a través de un sitio web y, una vez obtenido el turno, dispone de entre 60 y 90 minutos para estudiar en el CAPT.
El segundo problema reside en la precarización de la función docente. En vez de contratar a algunos de los miles de docentes desocupados que acumula la provincia, los CAPT funcionan con trabajadores ad honorem a los que se los reconoce puntaje en calidad de voluntario. O sea que al gobierno le cuesta cero pesos este acompañamiento, en lo que refiere al pago de salarios para nuevos docentes. Junto al docente voluntario, hay un facilitador municipal, asesores tecnológicos y tutores pares.
Resulta sorprendente la efectividad de esta estrategia, según declaró la Subsecretaria de Educación, Cielo Linares: gracias a los CAPT se habría logrado la revinculación del 70% de los estudiantes que dejaron la escuela en 2020. También aseguró que, actualmente, asisten a los Centros unos 8.000 estudiantes de primaria y secundaria. Lo cierto es que las cifras (desvinculados totales y revinculados) nos hacen sospechar, pero supongamos que son ciertas. ¿Cuáles son las condiciones en las que se desarrolla esta tarea? Con las cifras oficiales, cada centro debería atender a 352 estudiantes, con diversas trayectorias (ya que se ofrece tránsito a estudiantes de 6º grado de primaria hasta nivel superior). El SUM municipal de Jardín América está equipado con, apenas, 10 computadoras: ¿cómo recibe a tamaña población? En el mejor de los casos, un puñado recibirá alguna clase de apoyo, hará parte de algún trabajo y no mucho más. El impacto no pareciera ser tan auspicioso como sostiene Linares. Según testimonios recabados en febrero, una población de entre 20 y 45 estudiantes por día pasaba por el Centro de Apoyo de Montecarlo (y no todos asistían todos los días). Un diagnóstico se nos impone: el gobierno ni preparó la infraestructura adecuada ni presta atención a lo que allí ocurre.[1]
Pobreza + deserción
Esta no es la única respuesta precarizadora en marcha. El gobierno entiende que una tarea central para 2021 es apuntalar la trayectoria de los estudiantes de secundaria y, para ello, planea recurrir al programa Acompañar, de Nación. Linares entiende que hay que “intensificar” saberes para alumnos con una escolaridad baja. A decir de la subsecretaria, “lo que nos plantearon los directores de toda la provincia es que tenemos adolescentes que en el tiempo de alternancia no hacen la tarea y ahí lo que entra a jugar son las condiciones materiales de la casa o problemas de conectividad, a veces son adolescentes que los mandan a trabajar y en el tiempo de alternancia no tienen un momento real de estudio (…) son adolescentes o jóvenes involucrados con otras actividades”.[ii] “Otras actividades” es un eufemismo para decir que muchos estudiantes tienen que salir a trabajar para que ellos y sus familias puedan comer. En una provincia en la que 6 de cada 10 personas son pobres, el trabajo infantil y juvenil no es ninguna novedad sino más bien un dato estructural.
Tampoco es nuevo el dato de la deserción escolar, ya que la mitad de los estudiantes de nivel medio no termina la secundaria en tiempo y forma. Un porcentaje que seguramente crecerá, habida cuenta del aumento de población adolescente que, como la propia subsecretaria reconoce, sale a trabajar como otra consecuencia de la agudización de la crisis económica de la pandemia. El gobierno conoce el fenómeno pero no tiene ningún interés en combatir sus causas. Si quisiera resolverlo dotaría a las familias de esos estudiantes de un subsidio a la desocupación equivalente a dos canastas familiares, mejoraría las condiciones materiales de vida de esa población y dotaría a las y los estudiantes de herramientas para la virtualidad. En cambio, les ofrece una ficción, una mentira de educación.
Así, el gobierno conduce el año 2021 por el camino de la enfermedad y la muerte provocadas por la presencialidad en pandemia, además de profundizar la estafa pedagógica que afecta a decenas de miles de estudiantes misioneros. Para el gobierno, estos estudiantes sobran. Por eso les ofrece un programa basado en la precariedad, el trabajo gratuito y paraestatal.
Es hora de organizarnos para batallar por la educación de nuestras niñas y niños, que son el presente y el futuro de la clase obrera.
