La situación de la Escuela N° 663 de Posadas se hizo conocida a partir de una serie de medidas de fuerza desarrolladas por la comunidad educativa durante la primera semana de noviembre, en reclamo de la finalización de las obras edilicias del establecimiento. El edificio, en su estructura general, ya está terminado aunque falta la instalación de los baños. Los reclamos fueron motorizados mayoritariamente por padres, quienes cortaron por 5 horas la Ruta Nacional 12 a la altura del km 85, en el acceso a la capital. Sin respuestas de ningún tipo los siguientes dos días, acompañados por una docente, decidieron la toma de la escuela como medida para irrumpir el dictado de clases. Esta decisión tampoco tuvo respuestas de las autoridades, por lo que al día siguiente se decidió cortar la ruta por 12 horas. Esta vez recibieron un “compromiso” por parte del gobierno de la entrega del edificio para el 2017 pero con la condición de que la adecuación de las calles para la instalación del sistema de cloacas debía correr por parte del Municipio. Al día siguiente, a través de una audiencia con el intendente de la localidad de Garupá, consiguen un acta de compromiso para iniciar el tratamiento de las calles.
Los docentes que participaron de las protestas lo hicieron por su cuenta sin el apoyo de ninguna central sindical. La
burocracia Celeste provincial (UDPM) se encargó de poner trabas para coartar la participación docente. Ante el reclamo de sus afiliados para que acompañen las medidas, la única respuesta que dio el sindicato fue que, dado que los docentes estaban en horarios de trabajo, del reclamo debían encargarse los padres. Con ello, la participación de los docentes asistentes fue computada como falta y el sindicato encarnó el interés de la patronal. La oposición sindical no actuó de mejor manera que la burocracia. El Frente Unido de Trabajadores de la Educación (FUTE), convocó a parar por 24hs la misma semana en que se desarrollaba el conflicto y no hubo ni siquiera una alusión a la problemática que estaban atravesando los trabajadores de esta escuela. UTEM tuvo una participación por fuera del frente que se limitó a la elaboración de un acta donde se planteaba únicamente que la escuela se encontraba en estado de asamblea; similar participación testimonial hizo el MPL mientras el resto de las organizaciones brillaron por su ausencia.
Ruinas escolares
La historia de esta escuela es el ejemplo de una situación generalizada. Ya desde su fundación la escuela comenzó
a funcionar con problemas de infraestructura. El Estado jamás invirtió en la creación del edificio y su construcción
fue impulsada por una monja y la comunidad del barrio. De esta manera, la escuela se fue construyendo “a pedazos”
y así fue abriendo nuevas secciones. La problemática se agravó cuando en diciembre del 2013 un temporal derrumbó el techo de la galería del viejo edificio; en ese entonces el CGE autorizó la suspensión de las clases y el Estado provincial asumió la responsabilidad de crear un nuevo edificio que sería entregado a mediados del 2014. Durante ese año, la escuela funcionó en salones de una iglesia de la localidad y en abril se mudaron a un galpón vecinal, lugar
donde actualmente todavía funciona. La situación del edificio es miserable. Las aulas son espacios dentro del gran galpón divididos por machimbres (que formaban parte del cielo raso de la antigua escuela). Las paredes en algunas partes están cubiertas con hules para evitar que entre el frío. Las puertas, si las hay, están improvisadas con cortinas de baño sostenidas por hilos o, en el mejor de los casos, son construidas por los propios padres. Posee solamente un baño para 320 personas incluidas el personal docentes y los alumnos. Al carecer de agua potable, los alumnos toman agua de un “bebedero” improvisado con un balde y un cucharón. Como si todo esto fuera poco, en los días de lluvia el dictado de clases se hace imposible debido a la cantidad de goteras que se filtra desde el techo, ni hablar de otras inclemencias del tiempo como viento, frío, calor. En esta situación se encuentran desde hace dos
años y la única ayuda que recibieron por parte del Estado fue la mano de obra para levantar “las aulas”, focos para la iluminación y promesas que contribuyeron a dilatar la entrega del nuevo edificio.
Un viejo conocido
El último Censo Nacional de Establecimientos Educativos, (CNDEE `94) registraba que de los 984 edificios públicos de la provincia, apenas 144 se encontraban en estado “aceptable”. A pesar de la batería de programas que se propagandizó durante el kirchnerismo, la situación sigue igual. No se atacó el origen del problema: cada jurisdicción solo podía aspirar a la refacción integral de escasas cinco escuelas. Si bien el Ministro de Educación Nacional, Bullrich, habla de destinar 1.000 millones de pesos para erradicar las escuelas rancho y de su voluntad de trabajo, solo en la segunda mitad del año hubo ocho escuelas reclamando por condiciones edilicias. Lo más preocupante es que toda la actuación de los gremios opositores se reduce, en el mejor de los casos, a acompañar a la comunidad educativa una vez que los problemas estallan o que alguna estructura se desploma. Se está a la retaguardia del proceso.
La única solución real es que el conjunto de la comunidad educativa decida cuáles son las necesidades sanitarias e infraestructurales de las escuelas, a través de un Plan Estructural de Obras Públicas. Se deben organizar comisiones integradas por todos los afectados, encargadas de definir qué obras son necesarias, dónde, en cuánto tiempo deben estar finalizadas y cuál es el presupuesto requerido para concretarlas; presupuesto que debe ser garantizado por el Estado nacional. Ante una educación que se degrada a ritmo acelerado, la tarea de relevamiento de la situación de las escuelas de la provincia, el acompañamiento real a los procesos de lucha iniciados por la comunidad educativa, y propuestas claras para exigir al Estado edificios en condiciones óptimas para la tarea docente; se convierte en una prioridad fundamental. Si las organizaciones sindicales docentes no nos planteamos en serio este problema, terminaremos por adaptarnos a estas y a peores condiciones de trabajo.
• Declaración de la Emergencia de la Infraestructura Educativa en la provincia.
• Por una Comisión de Infraestructura que defina y ejecute un Plan Estructural Integral de Obras Públicas bajo control de la comunidad Educativa.
• Rechazamos la tercerización de la infraestructura y los mecanismos de para-estatalización. Queremos educar en escuelas.
