A principios del 2016, la provincia de Corrientes era una de las pocas jurisdicciones del país que cerraba la negociación de las paritarias sin ningún tipo de inconveniente ni contrapropuesta por parte de los sindicatos docentes. En efecto, el día 27 de febrero se hizo público el acuerdo entre el gobierno provincial y los gremios ACDP, AMET, UDA, MUD, SUTECO y SADOP, en el cual se consensuaba el blanqueamiento gradual de $980 al básico, a realizarse en tres etapas: en marzo, julio y noviembre, y la correspondiente garantía del cumplimiento del calendario escolar (o sea, ningún paro durante el año). El “blanqueamiento” elevó el sueldo básico docente de $3.800 a $4.800. El acuerdo, sin trabas, fue saludado por los representantes de la patronal quienes se regocijaron en que “por sexto año consecutivo logramos ponernos de acuerdo con los sindicatos”. Pero debemos preguntarnos si esa relativa calma se debe a la ausencia de problemas en el sector docente o en cambio es síntoma de la ausencia de una herramienta política eficaz que organice a estos trabajadores alrededor de sus propios intereses de clase. Conviene ver cómo están los trabajadores de la educación en relación a otros sectores en la provincia.
Uno de los indicadores básicos para ver las condiciones de vida de los docentes correntinos es medir la evolución de su salario en relación a la Canasta Básica Total (CBT), es decir, la posibilidad que tienen para acceder a una cantidad de bienes y servicios mínimos para sostener a una familita tipo (dos adultos y dos niños menores). En el caso de un maestro de grado con un año de antigüedad en el sistema educativo (corresponde el 10% del concepto “antigüedad” en relación a su salario básico), al ver la evolución de su salario desde 1995 encontramos que, hasta el año 2004, el docente podía comprar la mitad de los bienes necesarios para subsistir (el 50% de la CBT) con una gran pérdida de poder adquisitivo entre 2002 y 2003 producto de la devaluación donde apenas logra acceder al 35% de los bienes mínimos. Entre 2004 y 2005, el salario se recompone y pasa a cubrir más del 70% de la CBT, para
en 2011 alcanzar el 80,4% del valor del costo de vida promedio. En adelante, su capacidad de compra salarial cae, una vez más, hasta ubicarse en 2015 en un 73,64% (valores similares a los de 2006).
El panorama para los docentes con mayor antigüedad en el sistema no es muy diferente. Un docente con 10 años de
antigüedad (al que le corresponde el 50% del concepto “antigüedad” en relación a su salario básico) no escapa a esta misma tendencia: la serie deja ver que durante la década de 1995 hasta el 2005, su poder de compra apenas se ubicaba por encima de la mitad del costo de la Canasta básica, siendo el 64,95% el mejor panorama en el año 2001. Recién a partir del 2006 y hasta el 2013 su salario asciende hasta llegar a cubrir en el mejor escenario el 89% del valor del costo de vida en el año 2013. Por su parte, un docente con 20 años de antigüedad en el sistema educativo (corresponde el 100% del concepto “antigüedad” en relación a su salario básico) recién en el 2012 y el
2013 pudo cubrir el 100% de esta CBT, valor que cae por encima del 90% en 2015.
Este panorama pone de manifiesto una serie de cuestiones muy importantes a considerar por parte de quienes defendemos los intereses económicos de los trabajadores de la educación pero también su necesidad de formación intelectual como trabajadores de la cultura. En primer lugar, esta CBT no representa los verdaderos gastos que un docente tiene (o debería tener) en relación con su propia tarea. Apenas representa su reproducción biológica inmediata, pero deja fuera todo el universo de bienes culturales como libros, recreación disciplinar (los museos, teatros y cines no son gratuitos), los cursos de perfeccionamiento mayoritariamente arancelados, incluso
un servicio tan esencial como Internet domiciliario no está incluido en la canasta del INDEC, sin considerar siquiera el costo de traslado tan propio de los recién iniciados que tienen sus horas cátedra repartidas en muchas escuelas.
Y como se ha visto en la descripción anterior, ni en los denostados años 90 ni durante los años de bonanza kirchnerista la situación de los maestros y profesores ha cambiado; el panorama es igual de desalentador para un recién iniciado que para un docente que realizó 20 años de carrera docente. Otro elemento a tener en cuenta, por todo lo dicho, es la cantidad de horas que los docentes deben trabajar para cubrir el alimento de todos los días y un lugar donde vivir.
Con un cargo (o 15hs cátedra) no alcanza y nos vemos obligados a trabajar extensas jornadas luego de las cuales todo intento de perfeccionamiento, formación, planificación, etc., se reduce a una cuestión de fuerza de voluntad más que
a una posibilidad real.
El mal mayor
Podría decirse, a pesar de todo, que en esta situación los docentes siguen siendo uno de los sectores mas dinámicos de la economía provincial en relación a los demás trabajadores; por lo tanto, aunque precarizados, no lo están tanto como otros trabajadores. Falso. La tendencia del poder adquisitivo del promedio de asalariados registrados de Corrientes muestra, en relación con el poder de compra docente, que los primeros están en mejores condiciones económicas.
Su poder adquisitivo durante los años 2003-2009 superaba al de un docente recién iniciado con un cargo a razón de 15 puntos porcentuales y desde 2009 hasta el 2015 lo superaba a razón del 21%.
En comparación con un maestro con 10 años en el sistema, el promedio de trabajadores registrados ubicaba su poder de compra promedio en un 12% por encima de los primeros durante toda la última década. Los docentes con 20 años de antigüedad mejoraron su poder adquisitivo recién el año pasado superando al promedio de asalariados registrados a razón de un 8%. En los años que van desde el 2003-2007 y 2010-2012, oscilaron su capacidad de compra entre un 6% y un 3% respectivamente por debajo de los primeros.
También es verdad que el poder de compra de los docentes en relación a la CBT es muy superior a la situación de los empleos no registrados: el maestro de grado con 1 año, con 10 años y con 20 años de antigüedad en el sistema educativo lo superan en un 36%, 42% y 62% respectivamente. No obstante, en Corrientes Capital y los grandes aglomerados urbanos como Goya donde se concentran la mayor cantidad de docentes de la provincia, el porcentaje de empleo en negro es del 35% y los asalariados registrados asumen un 65% del total de trabajadores. De nuevo, la situación de la mayor parte de los educadores es en suma precaria.
Ahora bien, como ya nos tienen acostumbrados a migajas que, para colmo, debemos siempre considerar como un
logro ventajoso, para el año 2015, el sector docente se ubicaba como uno de los que mayores aumentos del salario bolsillo recibieron durante el año en relación a otros sectores: 33% educación, 25% penitenciarios y policías, 25% vialidad provincial, 25% salud y 25% administración publica. No obstante, ese porcentaje redundó en $250 blanqueados en marzo, $150 en junio y $550 hasta en lo que restó del año elevando el sueldo
básico a $3.832. Exactamente lo mismo que acordaron hacer en el trascurso de este año, dando continuidad a los adicionales aportados por Nación como el denominado “Plus 2.016” que garantizó el cumplimiento del salario mínimo resuelto en la paritaria nacional de $7.800 desde marzo y $8.500 desde julio del 2016. Finalmente se dice que Corrientes tiene los sueldos de directores de primaria y secundaria más alto del norte
argentino, las cuales están cubiertas en un 85% con arcas provinciales. Así un director de primaria y un rector de se
cundaria, con diez años de antigüedad, en junio del 2015 tenia un sueldo bruto mayor a los $15.900. En tanto que la
media en la región fue de $12.580 para un director de primera de primaria, y de $14.104 para un rector de secundaria. Pero lo que no se dice es la capacidad de compra de ese salario nominal, que, como vimos, en el caso de los docentes al frente de aulas repletas de alumnos no llegan a cubrir ni el total de su reproducción biológica; como no se habla de ello, menos vamos a pensar en aquellos gastos propios de un sector que no puede acceder (al menos en el mediano plazo) a una vivienda propia y que destina gran parte de su salario a cubrir el costo del alquiler. En los centros urbanos de todo el país, en promedio los alquileres aumentaron desde noviembre del 2015 a esta parte del año en un 75%. En términos reales, eso quiere decir que en los aglomerados urbanos correntinos el alquiler
de una casa para cuatro personas cuesta, en promedio $6.000, y el conjunto de servicios mínimos cuesta $1.400 (agua, luz, Internet y teléfono). Además, varios docentes entrevistados concuerdan que el costo mensual del traslado en trasporte público oscila entre $800 y $1.000. Por ultimo y solo para tener un elemento más en cuenta que es propio de la tarea docente, en promedio un curso de capacitación arancelado cuesta $1.500, una diplomatura va desde $3.000 a $3.500 y una jornada de formación de cualquier tipo ronda los $300.
¿Y entonces?
Luego de ver los diversos factores que dan cuenta de la precarización de la docencia correntina, es evidente que el
problema es de índole político. Más precisamente, se trata de la ausencia total de una herramienta política que le dispute a toda la burocracia de la CTERA la conducción del movimiento sindical docente de Corrientes. Si hace más de seis años vienen cerrando por migajas las paritarias con la patronal sin ningún tipo de obstáculo ni palabra en contra, es porque tienen el camino allanado para hacerlo. La gran tarea que queda por delante es organizar a los más de 25.000 docentes correntinos en una gran corriente sindical nacional cuyo horizonte de lucha sea frenar el proceso de degradación educativa que viene atacando su poder adquisitivo hace muchos años y sus condiciones laborales en general. Para ello se hace imprescindible oponerse a la descentralización educativa que descarga el sostenimiento del sistema educativo en jurisdicciones insolventes y que divide la organización y la lucha de los trabajadores. Nos queda la gran tarea de explicarle al conjunto de la docencia que detrás de cualquier estadística falaz está la realidad, la viven todos los días; que es posible una mejor calidad de vida y que es sumamente necesario recuperar el carácter educativo y científico de la escuela pública. Por ello, el primer eslabón es defender el derecho de todos los trabajadores de la educación a acceder a su propia formación intelectual, con un salario que como mínimo equivalga a dos Canastas Básicas Totales. No se trata de una reivindicación que involucra solo a los docentes sino al conjunto de los hijos de la clase obrera que asiste a esas escuelas. Queremos una educación centralizada y homogénea para todos los niños y jóvenes obreros, docentes formados y bien pagos y una herramienta política que nuclee y desarrolle sus intereses de clase. Debemos empezar a construir el camino.
