Pablo Estere
OME-CEICS
El progresismo, en general, clama por más y mejores políticas sociales para acabar con la pobreza y lograr un capitalismo más humano. Aunque se opongan al kirchnerismo, proyectan hacer lo mismo pero de otra manera. Lea esta nota y vea cómo sus limitaciones los llevan a propuestas que rayan en lo ridículo.
La conciencia progresista ahora se ha dividido entre aquellos que apoyan y los que se oponen al Gobierno. No obstante, ambos reclaman que el Estado motorice la inclusión de millones de “marginados” y garantice plenamente los “derechos humanos” de todos. Eso sí, sin afectar los intereses de los capitalistas.
Un libro de Pautassi y Gamallo[1] resume gran parte del programa político del progresismo opositor, que puede ir desde el izquierdista Lozano, pasando por Alfonsín y Stolbizer, hasta las mismísima Carrió. Los autores se paran desde “el enfoque de derechos”: un conjunto de principios y reglas para orientar el diseño, la evaluación y la ejecución de políticas públicas. Desde allí, advierten límites en las políticas sociales k para resolver la desigualdad y la “marginación social” y proponen, en su lugar, implementar “políticas integrales” y discutir “modelos económicos respetuosos de los derechos humanos”. Es decir, más de lo mismo.
El mundo desde un manual
Como todo abordaje de la realidad social que se hace desde el Derecho, el libro argumenta sobre la base de un discurso normativo. Para diluir un poco este marcado posicionamiento del lado del deber ser de su planteo, los autores introducen una caracterización (“el ser”) de la sociedad argentina. Se presenta a nuestro país, al igual que al resto de Latinoamérica, como semicapitalista: un sistema económico que combina sectores “dinámicos” con otros “marginales” y que en consecuencia produce múltiples “marginalidades”. Así, muchos de los problemas sociales presentes se deberían a la “falta de capitalismo (puede verse nuestra crítica a esta idea en numerosos artículos de El Aromo[2]). Los pobres, para ellos, son marginales porque estarían fuera del sistema. Aunque reconocen que son producto del “mercado”. Pero “por suerte” está el Estado, concebido como un ente por fuera de las relaciones sociales, y por lo tanto, no determinado por éstas. Este Estado sería capaz de corregir las “fallas” que el mercado tiene “por naturaleza”, a saber: la imposibilidad de incorporar a todos en el consumo mediante su participación activa en la economía. Por un lado la sociedad política y su ordenamiento jurídico, por otro lado, la “sociedad civil”.
La mala crítica
Los autores observan que hay una relación de condicionamiento mutuo entre las políticas sociales K y la desigual estructura social argentina: las primeras son las que requiere la sociedad para conservarse así como es, y por lo tanto, no la transforman. A nivel descriptivo, podríamos estar de acuerdo en cuanto a la impotencia transformadora de la AUH, más allá del error de hablar de “excluidos” y de reproducir la (falsa) visión oficial según la cual es un programa social superador a los previos con una cobertura y remuneración superior.[3] Pero, para los autores, la razón de este problema es legal. Limitan su crítica al hecho de que la AUH haya sido producto de un Decreto presidencial en lugar de una Ley y a la falta de universalidad real que, aducen, sería resultado de la ausencia de debate parlamentario.
Sobre el plan Argentina Trabaja, sostienen que no alienta un “cooperativismo puro”, ni una verdadera “economía social y solidaria”. Para ello, se necesitaría una “nueva institucionalidad” que coordine mejor la labor de los distintos ministerios. Se lamentan porque el Gobierno no aprovecha la potencialidad que tendría el “autoempleo” y la “economía social” para “empoderar” ciudadanos y combatir la pobreza. Solo alguien que entiende muy poco cómo funciona el capitalismo puede plantear semejante disparate.[4]
Queda muy claro que de estos análisis “críticos” no surgen alternativas superadoras. Surgen en cambio, los límites de la conciencia progresista. Pautassi y Gamallo muestran la hilacha y nos plantean que dentro del capitalismo sí existen otro tipo de políticas sociales que vale la pena ensayar y con las que sí podrían enfrentarse y corregirse “aquellas distorsiones, desarreglos, inequidades e injusticias que provoca la acción de los mercados sobre la estructura social” (p.15). Estas “buenas políticas” serían las que atienden al “enfoque de derechos”. Se trata de un “marco conceptual y de acción” que incorpora estándares internacionales que establecen lo que debe y lo que no debe hacer el Estado, constituyendo un piso de derechos cuantitativa y cualitativamente superior al actual que busca lograr el “desarrollo con inclusión social”.
Los autores festejan el invento de este “umbral de derechos” gracias al cual se puede exigir a los gobiernos que lo respeten o lo superen, y denunciarlos si no lo alcanzan. Por ello es central “empoderar a la ciudadanía”, mostrando la importancia que ha tenido el discurso “de los derechos” para muchos actores al momento de reclamar o de exigir rendición de cuentas al Estado. El “enfoque” habría influido en el Poder Judicial, que obedeció a sus principios en fallos ejemplares, como cuando tuvo que dirimir sobre el grado de satisfacción, insatisfacción o violación de derechos, y exigir una reparación o el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
En suma, destacan el rol político que ejerció su “enfoque” en las últimas dos décadas como guía de las políticas sociales, “cuyo basamento ético y su potencial instrumental suponen un avance en confrontación con otros paradigmas tecnocráticos o economicistas sostenidos especialmente durante la década de los ‘90” (p.66).
Un capitalismo sin clases
Para los autores, la salida a la crisis consiste en implementar cambios en el funcionamiento de los poderes del Estado y en las relaciones políticas de la sociedad (la similitud con el discurso republicano de Lilita no es coincidencia). Habría que revertir la baja participación del Congreso de la Nación tanto en el diseño normativo de los principales programas sociales implementados en los últimos años, como en el rol de controlador, las dos máximas responsabilidades que le atribuyen a este poder. A su vez, verifican una falta de interés del Ejecutivo Nacional en buscar en el debate parlamentario la fuente de legitimidad de la política. Como resultado, las políticas sociales no son fruto de “debates plurales” porque no participa el órgano de la “voluntad general” por excelencia. El cambio necesario del Estado, por tanto, es lograr su normal funcionamiento, el diseñado por la Constitución (“un país en serio”, diría Binner).
El problema entonces no es el de la clase que gobierna, sino de la falta de acuerdo de una parte de su personal dirigente. La culpa no es del sistema, ni del Estado que trata de garantizarlo, sino de ciertos desequilibrios en su administración. Ahora bien, no se entiende por qué la AUH o el plan Argentina Trabaja serían más eficientes si en lugar de ser promulgados por el Poder Ejecutivo, fuera una ley del Parlamento.
En cuanto a las relaciones políticas de la sociedad, plantean que “sería deseable promover alternativas de mayor cooperación entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y la familia, fomentando sinergias positivas entre todos los ámbitos” (p.304). Lo que se necesita es una colaboración más provechosa “para todos”. Omiten que en las sociedades de clase, la existencia de intereses antagónicos hace imposible este “para todos”. En todo el libro, no hay una sola mención a las clases ni mucho menos a la lucha de clases. Las luchas que se presentan, se reducen a la mezquina disputa en el reducido ámbito de la administración. La única referencia social a la que atinan es a los “movimientos sociales” (de cuya composición nada se dice) que clamarían por demandas particulares, con el objetivo de hacer cumplir “sus derechos”. Es decir, nadie se moviliza por nada que no esté estipulado por la normatividad burguesa.
De tal palo tal astilla
Al igual que el oficialista, el progresismo anti K no tiene otra alternativa para los trabajadores que prometer administrar mejor el capitalismo. Se necesita, dicen “de la conjunción de múltiples voluntades y acciones de actores sociales, políticos, económicos, legislativos, judiciales, que promuevan un proceso integral de transformación de la realidad de las marginaciones sociales” (p.305). O sea, lo mismo de lo que habla Cristina cuando pide un Pacto Social para hacer posible el “desarrollo productivo” que permita la “integración social”. El progresismo lucha por mantener una sociedad de clases. Cuando pide “integración” significa, en realidad, encontrar la forma de disciplinar a la clase obrera.
Por mejores intencionados que sean sus deseos de “justicia social”, mejor bienestar o “disfrute de derechos”, el progresismo es incapaz de pensar en otras relaciones sociales. La integración es la plena hegemonía burguesa. La “justicia social” es la aceptación de la explotación. Los “derechos” que se deben disfrutar son los que marca la Constitución burguesa. Claro que no quieren pobres, claro que les gustaría una sociedad mejor. Por eso son reformistas. Pero sus soluciones no pueden superar el marco que da origen al problema. Por eso, se portan como niños inexpertos o tercos que intentan meter un cubo donde solo cabe un círculo.
1Pautassi, Laura y Gamallo, Gustavo: ¿Más derechos, menos marginaciones?, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2012. Los entrecomillados que siguen corresponden a este texto.
2Para la caracterización de Argentina como país plenamente capitalista desde sus orígenes, veáse Harari, Fabián: La Contra. Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy. Ediciones RyR, Buenos Aires, 2013.
3Véase Seiffer, Tamara: “La Asignación Universal en el banquillo”, en El Aromo, n° 73, julio-agosto de 2013.
4Para una crítica a estas propuestas, véase Kornblihtt, Juan: “Profetas de la autoexplotación. Los límites de los micro-emprendimientos, las pymes y otras yerbas por el estilo”, en Contra la cultura del trabajo, Ediciones RyR, Buenos Aires, 2007. Sobre el AT específicamente, véase Diaz, Ema y Reisner, Bárbara: “Solidaridad y explotación. Las condiciones de trabajo en el Plan Argentina Trabaja – Ingreso Social”, en El Aromo, n° 69, noviembre-diciembre de 2012.
