Méritos, premios y castigos. Clasificación y disciplinamiento docente en la Ciudad de Buenos Aires

Si usted es docente, seguro está preocupado por el proyecto de Macri. Lo que debería saber es por qué puede perjudicarlo. Los sindicatos, por caso, ¿defienden sus intereses? ¿Qué planea en realidad Macri?¿Qué debe hacerse con las juntas? Aquí va a encontrar más de una respuesta.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de la Educación Argentina- CEICS

Los últimos días encuentran al mundo docente en estado de convulsión. En menos de un mes, la docencia de Capital Federal, encabezada por sus gremios, ha protagonizado dos paros, quebrándose así lo que se percibía como un horizonte tranquilo. Precisamente, si algo diferenciaba al 2011 de años anteriores era una relativa calma en lo que refiere a movilizaciones docentes o estudiantiles. Sin embargo, el proyecto macrista de supresión de las Juntas de Clasificación vino a agitar las aguas, adosando a la agenda de discusión un conjunto de iniciativas concatenadas. El examen de la serie de problemas que el episodio de las Juntas destapó, nos permitirá caracterizar hacia dónde va la política macrista en materia educativa. Por último, revisaremos la actuación sindical en la contienda.

El detonante: a favor…

Para comprender del debate actual en relación a las Juntas debemos alejarnos de lo que se señala de uno y otro lado. En ese sentido, mientras Bullrich declaró “no entiendo por qué hacen paro”¹ y Macri agregó que era “absurdo e inentendible”², desde el ala sindical, Mariano Denegris de UTE, destacó que “el ministro no entiende que buscamos que ningún gobierno pueda designar arbitrariamente a los docentes y que la defensa del Estatuto está en el ADN de los maestros”.³

En septiembre pasado, el Bloque Propuesta Republicana (PRO) elevó un proyecto de Ley a la Legislatura a través de su diputada Victoria Morales Gorleri y Enzo Pagani.⁴  La primera preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del parlamento porteño. El proyecto se presentó en coautoría con el Bloque de la Coalición Cívica quienes intentan ahora salir ilesos de la volteada. El plan en cuestión reza en su título “Democratización, transparencia, y organización del sistema de clasificación docente” y, al mismo tiempo que viene a resolver un problema real, es portador de una novedad. Si bien el proyecto modifica varios artículos del Estatuto del Docente⁵, el eje de las miradas fue colocado en su artículo 10º que innova la forma en la que se desarrolla la inscripción. Grosso modo, se reemplaza a las tradicionales Juntas de Clasificación Docente -14 en total; 8 de ellas destinadas solo al nivel medio- por una Oficina Única de Clasificación Docente (OUCD), siendo el Ministro de Educación el responsable de la misma y el ámbito ministerial el encargado de llevar adelante la clasificación.

Además, la forma de la inscripción se modifica. Hasta el momento, un docente de secundario que quisiera aparecer en los listados de todo el nivel debía inscribirse en ocho juntas -I a V, artística, normales y CENS-, debía completar formularios específicos para cada una y elevar la misma documentación a cada Junta. Si bien algunas de las divisiones de las juntas guardan alguna lógica -artísticas, técnica, adultos- otras resultan caprichosas y arbitrarias. Valgan de ejemplo, las tres juntas que nuclean escuelas técnicas: IV, V y I. Lo mismo sucede con las juntas II, III y normales. Conclusión, el docente tiene que repetir la inscripción ocho veces. Como las inscripciones se realizan durante el mes de abril buena parte del mes puede irse en completar planillas, fotocopiar documentación, firmar y foliar, etc. Lo que luego se traducirá en tantas vistas de puntaje como juntas, presentación de recursos y vuelta a vista de puntaje hasta que se publica el orden de mérito definitivo.

El cuadro se agrava porque es el propio docente debe seleccionar el grupo de materias a las que aspira a concursar específicamente, situación que resulta un verdadero intríngulis, sobre todo para los novatos. En relación a ese punto, valga como ejemplo la situación de los docentes de historia. Muchas veces, desconocen que su título los habilita para dictar materias como “Instrucción Cívica” además de “Educación Cívica” o a materias tales como “Introducción a la Economía” o a los “problemas contemporáneos”. El resultado es que terminan inscriptos en un puñado de asignaturas -Historia y Educación Cívica- aumentando la competencia entre ellos, cuando su título los faculta para el dictado de otras que ni siquiera sospechan. Un largo proceso de ensayo y error cada año los llevará a una inscripción más amplia -y por ende, a mayores posibilidades laborales- previa consulta a la dirección de títulos. Sólo esos dos aspectos dan cuenta del tinte darwiniano del sistema de inscripción actual.

La iniciativa macrista viene a simplificar radicalmente el proceso a través de la creación de un sistema de inscripción unificado vía internet. El software de inscripción le asignará automáticamente un puntaje al docente que luego será ratificado una vez que, cita mediante, presente la documentación probatoria de aquella información declarada previamente online. Esa simplificación al extremo de la tarea torna atractiva la propuesta para cualquier docente promedio. Atracción que tiene una base real y, nos guste o no, allana la forma en la que se venía desarrollando hasta el momento la tarea.

…y en contra

Ahora bien, tan lindo como parece, el proyecto tiene su costado perverso. Parte del problema ha sido denunciado por los sindicatos al evidenciar que la nueva oficina de clasificación suprimía el único ámbito de gobierno colegiado del sistema educativo: las Juntas. Hasta el momento, cada junta se halla conformada por 9 vocales: seis elegidos por sus pares docentes y 3 designados por el Ministerio. La tarea de las juntas consiste en la calificación y clasificación de los docentes por orden de mérito, en la resolución de permutas, traslados, ascensos y llamados a concursos de titularización. La oficina “pro” absorbería todas esas tareas. Como eliminar el órgano colegiado resulta impopular -si bien el PRO tiene un prontuario frondoso al respecto- el proyecto lo confina a una Junta de Disciplina con carácter de vigilancia. El resultado: si antes el conjunto de los docentes elegían, dentro de sus pares, a 84 vocales encargados de clasificarlos ahora no mandatan a ninguno para esa tarea, eligiendo apenas a 8 para desempeñarse en Juntas de Disciplina como policías. En el mejor de los casos, las juntas se transforman en oficinas de reclamos, obviamente desbordadas para hacer frente a una tarea gigantesca con un personal diez veces menor.

Dicho sea de paso, el proyecto no detalla cuáles serían sus tareas y funciones. En los hechos, el cambio implica una pérdida de derechos ya que elimina la tradicional auto-calificación y auto-evaluación de los docentes por el conjunto de sus pares delegando esa potestad a un burócrata. Va de suyo que, concentrándose esa función en el seno del Ministerio, cualquier posibilidad de reclamo por parte del docente sobre su evaluación pierde fuerza. La mayor parte de los docentes que apoyan la iniciativa no perciben este aspecto más general, que es el que verdaderamente importa, porque no es un problema administrativo, sino de poder.

En efecto, al margen del personal sindical de turno que lleve adelante la clasificación, de las relaciones “clientelares” que pueden generarse, de los amores y odios entre clasificadores y clasificados propios de la dialéctica de la relación, lo cierto es que el proyecto avanza en dirección de cercenar derechos sindicales. El conjunto de los docentes pierde cuando quien califica ya no depende, en forma directa, del calificado. Este aspecto ha sido denunciado por los sindicatos como la instauración de un sistema a “dedo” subordinado a los gobiernos de turno.

Tanto va el cántaro a la fuente

La intentona macrista en torno a las Juntas no es la única reforma proyectada al Estatuto del Docente. En septiembre de este año, el PRO junto a la Coalición Cívica, suscribieron el proyecto “Maestro de Maestros”. La iniciativa se presenta por sus bondades: la creación de un cargo de ascenso que no implica dejar el trabajo en el aula tal como presuponen, hasta el momento, los cargos jerárquicos. El “maestro de”, a decir de sus defensores, constituiría un vector para apuntalar la calidad educativa. Su función: “acompañar y aconsejar” a los docentes novatos. El cargo sería ocupado por docentes titulares con quince años de antigüedad quienes oficiarían, además, como un nuevo canal de comunicación en la institución. En suma, un evaluador del joven docente cuya hidalguía residiría en su vejez o, dicho de otro modo, en la cantidad de años en el sistema.

Dejando de lado que llegar a viejo no es garantía de nada, la nueva figura, en la práctica, apunta a aumentar la jerarquía interna y dividir al cuerpo docente creando nuevas instancias de control. El rol que ahora se le otorga al nuevo cargo antes era asumido por el director de la escuela, quien realizaba la evaluación anual del docente y la plasmaba en una calificación. Dicha calificación surgía, por un lado, de lo establecida por el director y, por el otro, de la auto-evaluación del docente en cuestión. Se buscaba que fuera consensuada entre ambas partes. Ahora la calificación se determinaría por las condiciones y aptitudes objetivas del legajo y por “la evaluación del docente y su superior inmediato”. Un sutil cambio por el que se pasa de la “auto-evaluación” a la “evaluación”. Asimismo, la vaguedad del proyecto permite colocar al “maestro de” cómo superior inmediato del docente. Se trata de otra forma de avance del poder estatal sobre el conjunto de los trabajadores de la rama educativa.

Dichos cambios se entroncan con otros oficializados anteriormente. En agosto de 2011, el Boletín Oficial de la Ciudad, dio a conocer la Resolución 8.664 encargada de difundir la creación de un programa piloto en el interior del Ministerio de Educación: la “evaluación para la mejora de la enseñanza 2011”. Se trata de un ensayo que prevé la incorporación voluntaria de docentes, del primer ciclo de la escuela primaria, en ejercicio con cinco años o más de antigüedad, en cualquier situación de revista. Resulta interesante observar una de las pautas que serán evaluadas: la selección de los documentos y materiales bibliográficos para el desarrollo de las clases.⁶  Una especie de policía curricular. Se considera que el docente superó los objetivos si saca más de 70 puntos, caso contrario ha fallado. A los docentes que pasen les espera un certificado (¿de buena conducta?) mientras que a los desaprobados una entrevista personal donde se les dará cuenta de sus ¿errores? Los resultados generales serían difundidos en los distintos ámbitos educativos. En forma previa, un Decreto de 2007 -Decreto nº 2075- preparaba lentamente el terreno para ello en tanto fijaba como atribuciones de la Dirección General de Planeamiento Educativo el evaluar a los distintos componentes del sistema tales como instituciones o docentes.

Los primeros trazos del programa piloto macrista se delinearon en el marco de una reunión en el hotel Sheraton en la que también participaron representantes de la Nación. En el marco del seminario internacional de análisis de las experiencias regionales de evaluación el Ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, destacó que “la sociedad tiene derecho a saber cómo les va a sus hijos y quiénes los educan. Pero hay que debatir y definir con qué objetivo vamos a evaluar”.⁷ Dicho sea de paso, además de Bullrich, participó la CTERA. Allí se explayaron diversos países, como Chile y Ecuador, que atan la evaluación docente a bonificaciones salariales.⁸  Otra vez, se trata de dividir a los trabajadores incitando a la obsecuencia y la auto-explotación, generando una situación en la cual no habrá reclamos comunes porque cada uno tendrá una estructura salarial distinta.

Los unos y los otros

Todas esas iniciativas dan cuenta de un proyecto macrista más general, que trasciende el problema educativo. En primer término, se apunta a disminuir el poder de los sindicatos docentes, en particular, y de la clase obrera agremiada en general, al socavar la organización de una de sus fracciones más combativas. En última instancia, el vocal de clasificación no es más que un militante rentado, destinado a un espacio específico para defender los intereses de sus pares a través de una relación que, como vimos, no deja de ser contradictoria. La defensa de los vocales por parte de los sindicatos apunta, entonces, a no ceder un ámbito de la vida política gremial docente. La disminución del poder sindical buscada por el macrismo habilita a la instauración de mecanismos de división interna y de mayores jerarquías en el interior del cuerpo docente.

En ese sentido, el cargo “maestro de maestros” y la introducción de instancias de evaluación docente -directas e indirectas- apuntan a fortalecer una estructura graduada que cobra sentido si ella se expresa en un nivel salarial desigual. Al respecto recordemos que, en 2009, el PRO, presentó en la legislatura un Proyecto de Ley⁹  donde sentaba las bases de una Ley General de Educación. Allí se pautaba que la remuneración debía contemplar en algún modo el mérito, esto es la “acción que hace al hombre digno de premio o castigo”. La disminución del poder sindical es funcional a la instauración de esos mecanismos de división salarial, de mayor control y, por ende, de aumento de la explotación docente. Un largo anhelo de la burguesía, aplicado en otras partes del mundo, a la espera de implementarse en estas pampas.

Lamentablemente los sindicatos docentes no se han comportado a la altura de las circunstancias. Proyectos y problemas educativos de diverso tipo no han generado una respuesta tan virulenta como la que desató el affaire de las Juntas. Frente a la avanzada macrista, el principal objetivo sindical pareciera residir en la defensa de una estructura de supervivencia gremial solventada en la existencia de militantes rentados. O, por lo menos, eso se desprende cuando ellos argumentan que las Juntas actuales no tienen ningún problema, cosa que, como vimos, no es cierto. El interés de la burocracia sindical choca de lleno con el de los docentes que reclaman la simplificación de los procesos de inscripción. Al no reflexionar sobre ese punto, la burocracia lo único que hace es llevar agua al molino de Macri, quien, como vimos, tiene intenciones más amplias que digitar designaciones. Que la iniciativa de resolución de un problema real haya provenido de las filas del macrismo da cuenta de los déficits de la intervención gremial, ya que deberían ser los sindicatos quienes propusieran la instauración de un sistema de inscripción único y automático. Deberían ser ellos mismos los que defendieran el sistema de concursos, en lugar de exigir titularizaciones masivas cada cinco años (1994, 1999, 2004 y 2010) que dividen al cuerpo docente, en tanto si bien benefician a los docentes con poco puntaje, provocan un malestar anti-sindical en los mejor ubicados, que ven cómo sus esfuerzos por desarrollar la carrera docente son sistemáticamente boicoteados por sus propios dirigentes.

Un sindicato al servicio de la clase obrera debería reclamar por la instauración de un sistema de inscripción claro y eficiente, transparente, soportado en la autoevaluación docente. Un sistema que inscriba automáticamente al docente en todas las materias que lo habilita su título. Debería militar por la realización de concursos en tiempo y forma, acabando con los chantajes demagógicos de la titularización automática, que destruyen la carrera docente y abonan aún más la degradación educativa. En lugar de redistribuir la miseria debemos elaborar intervenciones a la altura de las circunstancias: por una oficina única de clasificación docente bajo dirección obrera al servicio de la docencia y no de su enemigo.

Notas